Luis
Escribano nos dice:
Este
hilo lo he puesto en Twitter:
1.-
Esta es una muestra más de cómo se las gasta el Gobierno de Susana Díaz para
seguir eliminando controles administrativun comos y alimentar la corrupción:
derogación del Decreto 90/1993, que forma parte de la "ingeniería
jurídica" del régimen andaluz.
2.-
A menor regulación de los procedimientos administrativos y sus operadores
jurídicos (funcionarios), más abonadas quedan de arbitrariedad las actuaciones
y menos normas podrán aplicar los jueces para controlar.
3.-
Se utiliza la vía sutil de hacerlo en una disposición final de otra norma que
nada tiene que ver con lo que se está regulando.
Todo
es de manual de cualquier régimen no democrático.
Este
es el verdadero rostro del Gobierno de @susanadiaz y del @psoedeandalucia
El
SAF alerta de que la Junta diseña otra vía al «enchufismo» en la administración
- El sindicato alegará ante la derogación de un decreto que «vacía de funciones al personal funcionario de alto rango» merced a una de las disposiciones finales incluidas en la tramitación de un decreto.
La
Junta de Andalucía aborda de forma simultánea dos proyectos de decreto con los
que implantar un nuevo modelo de relación de la Administración con la
ciudadanía. Este periódico informaba ayer de la remodelación «a coste cero» de
la red de oficinas de registro e información que implicará la fusión de muchas
sedes con la idea de optimizar recursos y costes. Una apuesta por la
administración electrónica, «sin papel», que de forma paralela lleva al
gobierno andaluz a elaborar un proyecto de «simplicación de procedimientos y
racionalización organizativa». A priori, la Junta se dota de un instrumento
normativo que regula «aspectos horizontales de la actividad administrativa para
hacerla más sencilla, simple, ágil, accesible a la ciudadanía y, por todo ello,
más productiva», pero desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF)
advierten a LA RAZÓN de una segunda intención: abrir una vía más al
«enchufismo» con la derogación de un decreto que «vacía de funciones» a
funcionarios de alto rango merced a una de las disposiciones finales incluidas
en el borrador de proyecto de decreto que desde el 1 de marzo se somete a
información pública.
La
Junta asegura que los fines que persigue con esta normativa son «mejorar las
eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa, garantizar e
implementar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la
Administración, y preservar la seguridad jurídica determinando las condiciones
de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos en las relaciones
jurídico-administrativas». Como ocurría con el decreto de relación con la
ciudadanía de la administración, el desarrollo de esta norma «no debe implicar
disminución de ingresos ni aumento de gasto», de hecho, el Director General
Rafael Carretero expone en la memoria económica que la ejecución «supondrá una disminución
considerable de costes y un ahorro para la Administración andaluza de recursos
personales y materiales (ahorro de papel y la reducción de a emisión de CO2).
Bruno
García, secretario general del Sindicato Andaluz de Funcionarios, alertó de que
el Gobierno andaluz pretende derogar un decreto «que no tiene nada de que ver»
con el asunto principal: la administración electrónica. «Como organización
sindical lo que más nos preocupa es que mientras que la Ley 39/2015 establece
que los registros administrativos tengan personal funcionario público, en
ningún momento del decreto se especifica que sean funcionarios de carrera,
cuando las labores de registro por ley deben corresponder a personal
funcionario, como también lo atestigua la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Nos preocupa que se pueda aprovechar este decreto para meter funciones al
personal laboral que tienen en las agencias. Todos sabemos que ya tienen
alrededor de 30.000 enchufados en agencias administrativas, públicas
empresariales y de régimen especial. Si no con funciones en los registros, sí
mantenerlos dentro de la Administración en las oficinas de atención a la
ciudadanía», explicó.
El
sindicato admite que en ocasiones hay personal laboral que está teniendo acceso
a los programas informáticos de registros. «No sabemos cómo, pero sobre todo en
las Oficinas Comarcales Agrarias y en la oficinas del SAE», señala García.
Además, el SAF afirma haber detectado
algo «muy grave»,
la inclusión en la disposición derogatoria de
Decreto 90/1993, de 13 de julio, por el que se asignan diversas funciones a
determinados órganos administrativos. «No tiene nada que ver con
esto, creemos que están aprovechando para vaciar de funciones al personal funcionario de
alto rango», dice el secretario general. En concreto, el mencionado
decreto hace referencia a las labores de los jefes de servicio, jefes de
sección y jefes de negociado. «Parece que no quieren que se sepan las funciones
del personal funcionario, no sabemos si para meter personal laboral. Nos parece
gravísimo. Si los jefes no tienen una funciones definidas, cualquiera puede
hacerlas. Es algo básico que tiene que existir», recalca. Sin este decreto
vigente, «cualquier personal laboral puede hacer un borrador de propuesta de
resolución de un procedimiento, por ejemplo». El sindicato trabaja en la
presentación de alegaciones que frenen las mencionadas medidas dentro del plazo
previsto.
La
oposición del SAF es frontal. El sindicato niega que las medidas a adoptar
supongan un ahorro significativo como detalla el borrador del proyecto. «El
personal será el mismo, con los mismos ordenadores, despachos y departamentos.
No habrá cierres de departamentos por la eliminación de un registro. Sí habrá
personal que pase de un sitio a otro, pero las sedes que cierren se pueden
quedar como oficinas de atención a la ciudadanía, de ahí que no haya ahorro,
sólo el de papel al conseguir que todo sea telemático».
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