CASO ERE ANDALUCÍA. El juez exige a los acusados del caso ERE que se
comporten en el juicio porque no es «un acto lúdico»
- El presidente del tribunal pide que doten de solemnidad a la vista porque decidir sobre la culpabilidad de una persona «no es una tontería»
El ex director de IDEA pagó los ERE para darle "continuidad" a unas ayudas que llevaban ocho años
- Ex altos cargos de la Junta se mofan del 'club' de los ERE
Tribunales. La ex consejera Aguayo
"nunca" informó a Griñán porque no les avisaron de nada
"ilegal" en los ERE.
CASO ERE ANDALUCÍA. La juez Núñez desimputa a un empresario que veía a
Guerrero «un Dios» tras darle un millón de euros
- La magistrada da carpetazo a la causa contra la sociedad Centro de Limpieza Industrial Huevar, subvencionada con la partida de los ERE.
- El doctor Jesús Candel ha sido sancionado con un mes de suspensión del ejercicio profesional por infringir el código dentológico
Recordatorio noticia 2011.
FUNCIÓN PÚBLICA | Convocatoria de una
manifestación el sábado 22
El PSOE llama 'fascistas' a los funcionarios por
oponerse al decreto del 'enchufismo'
- Jiménez sostiene que hay "elementos fascistas enmascarados"
- La Junta tomará las "acciones precisas" contra los empleados absentistas
Conclusión: Lo que es se ve.
CASO ERE ANDALUCÍA.
El juez exige a los acusados del caso ERE que se
comporten en el juicio porque no es «un acto lúdico»
- El presidente del tribunal pide que doten de solemnidad a la vista porque decidir sobre la culpabilidad de una persona «no es una tontería»
El
presidente del tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía
en la pieza política del caso ERE ha lanzado una advertencia este miércoles a
los acusados para que mantengan la compostura
para dotar de «solemnidad» a este juicio.
El
magistrado Juan Antonio Calle Peña ha asegurado que «no es ninguna broma ni una tontería decidir sobre la culpabilidad de
una persona». Dada la responsabilidad que tiene encomendada el tribunal de la
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga, entre otros, a
los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán,
el juez ha emplazado a los acusados a «acompasar y adecuar la conducta en esta
sala» a dicha solemnidad.
Este
aviso del magistrado, al inicio de la sesión, se produce un día después de que llamara la atención del ex consejero de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta, Francisco Vallejo, acusado en este
proceso, para que se sentara bien.
En este sentido, Calle Peña ha recordado que cuando le hizo esta
llamada de atención fue porque tenía «las piernas extendidas y cruzadas y los
pies encima de los estrados». Una actitud, dijo, que es propia de «un acto
lúdico, no de un juicio». «Los estrados no son una banqueta
para apoyar los pies», indicó.
Por todo ello, el presidente de la
sala insistió en adecuar la compostura «al acto que se está celebrando para
«evitar que yo tenga que llamarles la atención».
Con
posterioridad, la letrada de Vallejo, Encarnación Molino, tomó la palabra en el
juicio para aclarar que su defendido no mantiene una
actitud «irrespetuosa» en la sala ni se comporta como si
estuviera en un acto lúdico. Ha relatado que «padece una hernia de disco y
cuando lleva tres horas sentado se encuentra dolorido y con molestias».
Tribunales. La ex consejera Aguayo
"nunca" informó a Griñán porque no les avisaron de nada
"ilegal" en los ERE.
Carmen Martínez Aguayo, la ex 'número 2' de José Antonio Griñán en la Consejería
andaluza de Hacienda, sigue haciendo de parapeto de su antiguo jefe en los ERE que se están juzgando en la Audiencia de
Sevilla. Este caso ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de
la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y el citado Griñán, por
repartir de forma arbitraria y opaca durante una década más de 741 millones de
euros en ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis.
Martínez Aguayo, que se enfrenta
a seis años
de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y
malversación, ha declarado este lunes que "nunca" informó al entonces
consejero de Hacienda Griñán porque ningún informe de la
Intervención de la Junta sobre los ERE concluyó que las ayudas sociolaborales
que estaba pagando el Gobierno andaluz fuesen algo "ilegal".
"Nunca se nos requirió para nada que tuviera que ser transmitido o elevado
al consejero", ha dicho este lunes la ex viceconsejera de Hacienda entre
2004 y 2009, que fue ascendida a consejera cuando Griñán asumió la Presidencia
del Gobierno andaluz.
En sintonía con lo expresado por
otros ex altos cargos enjuiciados en los ERE como argumento exculpatorio,
la ex consejera ha restado valor a la quincena de informes de la Intervención
de la Junta que detallaban numerosas irregularidades relacionadas con las
ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo y pagaba el ente
instrumental IFA reconvertido posteriormente en la Agencia IDEA. Ha subrayado
que la Intervención jamás detectó menoscabo de fondos públicos y
tampoco emitió informe de actuación alguno, lo que habría obligado al Gobierno
andaluz a actuar.
"Ni la Intervención ni mis
técnicos me advirtieron de ilegalidad alguna. No teníamos
ninguna advertencia para actuar", ha remarcado la ex consejera de Hacienda
entre 2009 y 2013.
Para terminar de sacudirse
cualquier tipo de responsabilidad, la ex consejera Aguayo ha remarcado que cada
año su departamento recibía una media de cien documentos elaborados por la
Intervención, pero que ella no se los leía, sino que eran los técnicos que
trabajaban con ella los encargados de hacerlo. "Esos informes directamente por mi mesa no pasaban",
ha zanjado.
Tono arrogante.
Juan Antonio Calle, el presidente del tribunal de la Sección Primera de la
Audiencia que está enjuiciado los ERE, ha reprendido a la ex consejera por el
"tono arrogante" con el que estaba respondiendo al fiscal, lo que ha
provocado que ésta se disculpara. "No pretendo tener un tono arrogante,
sino explicar con claridad" lo sucedido, ha
replicado Aguayo.
En otro momento del
interrogatorio del fiscal, la ex consejera ha reconocido que "obviamente" trasladó
a Griñán las "conclusiones" de algunos informes de
la intervención de la Junta que alertaban sobre los ERE, pero ha puntualizado
que "en general" ella hacía "énfasis"en las mejoras que
proponía el interventor, sin entrar en pormenores.
En concreto, el fiscal le ha
preguntado si informó a Griñán los problemas que había detectado el interventor
con las transferencias de financiación, que no eran el
medio "adecuado" para pagar las ayudas sociolaborales de los ERE, o
la falta de fiscalización previa de estas subvenciones. "No, nunca" avisó
a Griñán de estas irregularidades, ha respondido Aguayo.
El ex director de IDEA pagó los ERE para darle
"continuidad" a unas ayudas que llevaban ocho años
El
ente de la Junta de Andalucía que hizo de 'caja pagadora' de los ERE -el
extinto IFA hoy Agencia IDEA- nunca suspendió ni frenó estas ayudas bajo
sospecha porque sus directivos jamás tuvieron "ninguna
sospecha" sobre la "más
mínima irregularidad" de las mismas. Tampoco "tenía otra opción"
más que abonarlas.
Es lo que ha declarado este martes en el juicio de los ERE Jacinto Cañete, ex director general de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y uno de los 22 ex altos cargos andaluces que están siendo juzgados en la Audiencia de
Sevilla por prevaricación y malversación. Entre ellos están los ex presidentes Chaves y Griñán. Están acusados de
repartir entre los años 2001 y 2010 más de 741 millones de euros de forma
opaca y arbitraria a trabajadores de empresas en crisis.
Cañete, que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de
inhabilitación, ha explicado que, cuando él desembarcó en la Agencia IDEA en
2008, este ente instrumental del Gobierno andaluz ya llevaba ocho años pagando
las ayudas de los ERE y él se limitó a "darle continuidad" al abono de unas subvenciones que eran de "conocimiento
generalizado", pues figuraban en las memorias del presupuesto anual de la
Junta.
"Nosotros lo único que teníamos que hacer era
pagar", ha señalado el ex máximo responsable de la Agencia IDEA, que ha
reconocido que no se leyó ni conocía en toda su literalidad el convenio marco
del año 2001 que firmaron los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández y que la Fiscalía sitúa en el origen del fraude y del reparto discrecional de ayudas públicas, ya que con él
se eludió la fiscalización previa. Este documento establece que las ayudas de
los ERE las concede la Consejería de Empleo y
las abona el IFA.
Fondo de reptiles.
Aunque
el IFA/IDEA pagaba los ERE que salían de la partida presupuestaria 31L, también
conocida como el 'fondo de reptiles', «jamás concedió ninguna ayuda
sociolaboral ni nosotros controlábamos las
justificaciones», remarcó Cañete,
quien sólo estuvo en el cargo poco más de un año y medio, entre mayo de 2008 y
diciembre de 2009.
Buena parte del interrogatorio del fiscal al ex director
general de IDEA versó sobre los informes de control financiero en los que la Intervención de la Junta califica de «inadecuado» que la Consejería de
Empleo usara transferencias de financiación como instrumento para enviar a la
Agencia el dinero para pagar las ayudas sociolaborales de los ERE.
«Le mentiría si le dijera que
me los leí en profundidad», reconoció este acusado, quien detalló que pidió a
los técnicos de su equipo que le hicieran un resumen sobre los informes de la
Intervención. Y «dijeron que, en términos generales, la Agencia cumplía con la normativa vigente»,
salvo en lo relativo a las transferencias de financiación.
Sin embargo, Cañete precisó que los interventores situaban «al mismo nivel» las anomalías relacionadas con los ERE con un retraso de 48
días en la resolución de ayudas que eran tramitadas por IDEA. Por ello, no le
dieron la mayor importancia. Además, el uso de las transferencias de
financiación «no era competencia de IDEA sino de Empleo, por lo que más que
comunicarlo no podíamos hacer otra cosa».
El pufo de EDM
El
fiscal preguntó a Cañete por la empresa Electronics Device Manufacturer (EDM), que recibió ayudas
de los ERE y también 1.180.000 euros de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la
Junta que investiga un juzgado de Sevilla. Tras cobrar las subvenciones, la
sociedad entró en concurso de acreedores y las inversiones del
Gobierno andaluz resultaron fallidas.
Cañete justificó las ayudas y alegó que esta empresa fue
premiada e incluso salió en prensa como «el milagro de Mancha Real», el municipio de Jaén donde estaba afincada. Por ello, vio
«lógico» y asumió «con normalidad» que se le concedieran subvenciones y
préstamos a una sociedad que en teoría iba bien, pero lo estaba pasando mal por
la crisis. La póliza del préstamo de EDM y el convenio se hicieron «el mismo
día», le recordó el fiscal. Pero a Cañete no le extrañó porque había que actuar
con la «máxima celeridad» para combatir la crisis.
“Siéntese bien Sr. Vallejo.”
La
anécdota de la jornada la protagonizó el ex consejero de Innovación Francisco
Vallejo, a quien el presidente
del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que está
enjuiciado los ERE, Juan
Antonio Calle, llamó la atención para
que se acomodara correctamente en su silla. «Siéntese bien señor Vallejo», le
dijo el magistrado al ex consejero durante el interrogatorio de Jacinto Cañete,
el ex director general de IDEA. Vallejo está en la primera fila del banquillo
de los acusados y su postura retrepada sobre el asiento no pasó inadvertida al
magistrado, quien el pasado lunes también recriminó a la ex consejera Carmen
Martínez Aguayo el «tono arrogante» que estaba empleando para responder al fiscal.
CASO ERE ANDALUCÍA
La juez Núñez desimputa a un empresario que veía a
Guerrero «un Dios» tras darle un millón de euros
- La magistrada da carpetazo a la causa contra la sociedad Centro de Limpieza Industrial Huevar, subvencionada con la partida de los ERE
La
juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado el
sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones abiertas en la pieza
separada en el marco de la causa de los expedientes de regulación de empleo
(ERE) por la ayuda de más de un millón de euros recibida en 2005 por
la empresa Centro de Limpieza Industrial Huevar S.L., cuyo propietario es José
Román Sánchez, para el que el director general de Trabajo Francisco Javier
Guerrero, con quien firmó el convenio, era «un Dios».
En
un auto con fecha de 8 de marzo de 2018 y al que ha tenido acceso Europa Press,
la juez recuerda que la Unidad Orgánica de la Guardia Civil presentó el
atestado 167/15 relativo a la ayuda concedida a la empresa de José Román
Sánchez, cuyo abogado defensor es Juan Carlos Alférez, por la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, con cargo a la
partida presupuestaria 31L, y por auto de 17 de mayo de 2016 se acordó la
incoación de la pieza.
En
la pieza se investiga la ayuda concedida a través del convenio de colaboración
de fecha 8 de septiembre de 2005, suscrito por la Dirección General de Trabajo -Francisco Javier Guerrero- y
la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -el director general,
Miguel Ángel Serrano-, en el que se acuerda conceder a la empresa 1.009.365,62
euros.
Por
auto de 20 de julio de 2017, la Sección Séptima de Audiencia Provincial de
Sevilla aparta del procedimiento a Serrano Aguilar y por auto de 31 de enero de
2018 se excluye a Guerrero.
De
otro lado, la juez Núñez expone que Román Sánchez prestó declaración en calidad
de imputado el 13 de octubre de 2016, donde «queda meridianamente clara la
percepción que del procedimiento seguido para conceder la ayuda tenía el
declarante, 'bastante serio', y de la confianza depositada en la Dirección
General de Trabajo y en Guerrero, a quien consideraba un Dios: 'Guerrero era un Dios para mi'».
El
empresario había obtenido de IFA/IDEA una ayuda del 35 por ciento pero
necesitaba el 50 por ciento, "la ayuda máxima", según Román. «Un día
le comunican que se lo concede la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social para él, 'el máximo exponente desde su
ignorancia'», indica el auto.
A
Guerrero lo vio un minuto, después de concedida la ayuda, por lo que vuelve a
decir el empresario que «Guerrero era un Dios para mí». Después le hace una
auditoría IDEA y él hace otra con Deloite y que tampoco vio nada irregular.
De la subvención se sigue hablando en todas las auditorías que le han hecho
anualmente y «ninguna ha detectado irregularidad».
El empresario, una «víctima»
Según
la instructora, «de todo el proceso detallado, de la actuación de Román, no se
constata conducta alguna, que pueda ser constitutiva de ilícito penal alguno».
Continúa exponiendo que los ciudadanos en la gestión y solicitud de las ayudas
públicas se limitan a seguir el procedimiento que fijan las
administraciones.
«No
cabe la menor duda, de que la ayuda se solicita porque se considera justa
yadecuada, con una finalidad lícita. Y, tampoco cabe la menor duda, de que se
destina la ayuda a la finalidad para la cual se solicita, se realiza una inversión que generó puestos de trabajo,
ahora más del doble de los que se exigía», añade.
Dicho
esto, la juez señala que «debemos reflexionar sobre la posible
responsabilidad penal del ciudadano que en la creencia de su derecho se
dirige, solicita y recibe de la administración pública, ya sea estatal, local o
autonómica, una subvención o ayuda, ante la posible falta de competencia,
irregularidad procedimental u origen de la partida presupuestaria de la queproviene
la ayuda».
«Salvo
superior criterio, debemos entender que ninguna responsabilidad penalpuede
tener el ciudadano que, bajo el principio de confianza en nuestras
instituciones, asume la situación de sujeto en una relación
jurídico-administrativa, ante una irregular actuación de la administración en el procedimiento de concesión»,
argumenta.
En
este sentido, añade que para el empresario la Dirección General de Trabajo era
«el máximo exponente" y su director -Guerrero-» un Dios" en el que,
por supuesto, «confiaba y confiaba en los funcionarios y en su administración».
«Román se ajusta, en su actuar, a lo que marca o señalan las administraciones»,
añade.
Por
otro lado, la magistrada señala que se puede decir, después de todo lo actuado,
tanto en estas diligencias como en otras, todas derivadas de las diligencias
174/11 -causa matriz-, que se podría calificar a la gestión y tramitación que
llevaba Francisco Javier Guerrero como «caótica por el desorden en la
tramitación de los expedientes».
«No
existe el más mínimo indicio de responsabilidad penal que justifique mantener
la investigación abierta sobre Román Sánchez, ni sobre cualquier otra persona
beneficiaria de la ayuda, debiéndose acordar el sobreseimiento provisional de
la misma», afirma
SANIDAD. El Colegio de Médicos de Granada inhabilita a
Spiriman por «insultar»
- El doctor Jesús Candel ha sido sancionado con un mes de suspensión del ejercicio profesional por infringir el código dentológico
Jesús
Candel, más conocido como Spiriman, ha sido
inhabilitado por el Colegio Oficial de Médicos de
Granada, cuyos órganos internos han reconocido la existencia de una
falta «muy grave» las declaraciones hechas por el galeno en uno de sus
populares vídeos. La resolución, que invoca al articulado estatutario de la
institución, considera que Candel ha infringido el código deontológico y le
impone una sanción de 30 días de «suspensión del
ejercicio profesional», según han confirmado a ABC fuentes del
Colegio de Médicos.
En
concreto, el Colegio de Médicos ha dado la razón a la denunciante, Francisca Simón, una compañera del servicio de urgencias Candel,
al considerar que la «insultó» en un vídeo. Cabe
recurso contra esta resolución ante el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
Por el momento, la decisión aún no ha sido notificada a Jesús Candel, que aún
no se ha pronunciado al respecto, como tampoco lo ha hecho el Colegio de
Médicos, que tiene previsto emitir un comunicado en las próximas horas.
«Incitación al odio»
Quien
sí ha recibido ya la resolución es Francisca Simón. Su denuncia se enmarca
dentro de una campaña para inhabilitar a Candel por parte de algunos sectores
sanitarios y así como de otras profesiones; personas que se han sentido
agredidas verbalmente por las declaraciones vertidas en sus vídeos, en los que
recurre al insulto con asiduidad. Si bien algunas han sido archivadas, ya sea
por defecto de fondo o de forma, otras han seguido su cauce y ésta ha
sido la primera que conlleva la inhabilitación de
Candel.
Estas
quejas llegaron la pasada semana a la Fiscalía, ante quien el cantaor Juan
Pinilla y el periodista Juan Pérez han presentado un escrito de denuncia
apoyado en redes sociales por 2.500 personas que consideran
que Candel podría estar incurriendo en un delito de incitación odio por
los «continuos mensajes de odio, insultos, descalificaciones y
humillaciones» que ha vertido en sus vídeos. Pinilla y Pérez
hicieron lo propio ante el Colegio de Médicos, el cual se negó a admitir la
denuncia porque no pertenecen al gremio.
Candel
ha protagonizado diversos enfrentamientos con
muchas de estas personas prácticamente desde que empezó a movilizarse para
revertir la fusión hospitalaria de Granada. Entre ellos, los mismos Juan
Pinilla y Juan Pérez. Con este último mantuvo hace pocos días una tensa conversación en directo en Onda Cero Granada precisamente
sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.
Recordatorio enlace 2011.
FUNCIÓN PÚBLICA | Convocatoria de una
manifestación el sábado 22
El PSOE llama 'fascistas' a los funcionarios por
oponerse al decreto del 'enchufismo'
- Jiménez sostiene que hay "elementos fascistas enmascarados"
- La Junta tomará las "acciones precisas" contra los empleados absentistas
El portavoz
del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, no ha dudado en calificar
de "fascistas" a los representantes sindicales y
de plataformas de funcionarios que
amenazaron el lunes con boicotear actos electorales de los
socialistas en las próximas municipales, una actitud que calificó de "muy
grave".
Los sindicatos y plataformas de empleados
públicos han convocado para el sábado 22 de enero una
"macromanifestación" contra la reforma del sector después de la que tuvo lugar el 13 de
noviembre y auguraron que la campaña será
"calentita", en referencia al hecho de que, si no se produce una
rectificación por parte de la Junta, trasladarán sus protestas a los mítines y
actos electorales del PSOE.
Jiménez calificó este hecho de "agresión"
por parte de personas "descontroladas", ya que, en su
opinión, "en un sistema democrático no se puede atacar el derecho que
tiene un partido político a poder desarrollar su campaña electoral con
normalidad", ya que se lo contrario se está cayendo "en el
fascismo".
De esta forma, confió en que los sindicatos,
"que son organizaciones democráticas", no participen en este boicot a
los actos del PSOE, un hecho que "no se puede permitir en democracia"
y una amenaza "que refleja que hay elementos fascistas
enmascarados en la representación de los funcionarios", insistió.
El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz
adujo que los sindicatos "han pedido diálogo y hay diálogo sin
límites", en referencia al inicio de las comparencias en la cámara regional,
que, en su opinión, tienen como objetivo "modificar el proyecto de ley en
lo que sea preciso y se acuerde entre todos".
Respecto a la manifestación convocada para el
sábado 22 en Sevilla, el socialista explicó que su partido "respeta el
derecho a manifestarse de los españoles", pero avisó de que la Junta de
Andalucía tomará "las acciones precisas para el cumplimiento de la
legislación" contra aquellos funcionarios que decidan no acudir a sus
puestos de trabajo a pesar de que Jiménez no ostenta ningún cargo en el
organigrama de la Administración pública.
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