miércoles, 21 de marzo de 2018

El juez exige a los acusados del caso ERE que se comporten en el juicio porque no es «un acto lúdico» + El ex director de IDEA pagó los ERE para darle "continuidad" a unas ayudas que llevaban ocho años +Tribunales.La ex consejera Aguayo"nunca" informó a Griñán porque no les avisaron de nada "ilegal" en los ERE +La juez Núñez desimputa a un empresario que veía a Guerrero «un Dios» tras darle un millón de euros + El Colegio de Médicos de Granada inhabilita a Spiriman por «insultar» + Recordatorio enlace 2011: FUNCIÓN PÚBLICA | Convocatoria de una manifestación el sábado 22. El PSOE llama 'fascistas' a los funcionarios por oponerse al decreto del 'enchufismo' = En Andalucía, la corrupción es el sistema. Las cosas no ocurren por casualidad; hay causalidad juntera. O estas con ellos y el Régimen te protege o contra ellos. Es un secreto a voces: ¿¿ La junta colabora con quien colabora ??. Sra. Aguayo, usted utilizo el Derecho Laboral para integrar a por “subrogación laboral” y “a dedo” al personal digital y clientelar juntero, hablamos de Empleo público, se actúa a sabiendas ¿más de 25.000 personas se integran en el Empleo público al margen de los procedimientos legalmente establecidos porque así lo decide el rodillo socialista en la “Ley del Enchufísmo"? ¿Decisión motivada por razones de eficacia o lo que es lo mismo, el objetivo es evitar los controles de derecho administrativo, que incluye a los funcionarios para poder hacer lo que les de la gana? y dice la Sra. Aguayo, que siempre ha cumplido la legalidad, o dicho de otro modo, será ¿la legalidad que ella misma determina y establece previamente con los “acólitos” del Régimen?. Hablamos del dictado de “ingeniería jurídica ad hoc, para hacer lo inadmisible, crean una apariencia de legalidad formal, y por la vía de los hechos actúan. Así, para lograr el objetivo, una Administración paralela al servicio del Régimen, se diseñó lo que llaman “un nuevo modelo de Administración Pública”, una reorganización necesaria pero que les sirve de excusa para alcanzar otro objetivo. ¿Lo mismo que han hecho para hacer mobbing al testigo protegido? . El “modus operandi” de los junteros, siempre se repite. Primero se diseña el plan, como los catalanes, después a los intereses del Régimen hay que darle apariencia de legalidad, ¿como?: “por ingeniería jurídica ad hoc”, como botón de muestra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, “Ley Enchufismo”. Es lo mismo que hicieron con los convenios que permitieron el fraude de los EREs pero a lo grande, visten a sus entes instrumentales, la caja pagadora de los EREs ahora es IDEA, como ¿Agencia pública empresarial de personal laboral, con potestades públicas? ……...las agencias instrumentales junteras, son el brazo ejecutor del Régimen y les sirven para gestionar el dinero público de todos. Como las trasferencias de financiación sabían que eran ilegales, lo que aflora ahora en los Eres, utilizaron para vestir el muñeco y después de estas, las encomiendas de gestión, y como estas también se impugnaban y las tumbaban los tribunales, diseñan la Ley de Reordenación del Sector Público para lograr su objetivo: consolidar una Administración del Régimen, digital y de acceso clientelar, laboral para manejar el dinero de todos; todas las corruptelas que están ahora en los tribunales, Eres, Invercaria, IDEA, Formación…..se realizan ¿por razones de eficacia sin funcionarios y con su propio personal?.Todo esta pensado y diseñado, ocurre igual que en Cataluña, y ya hemos visto lo que ha pasado con el "proces" y los "Mossos de Esquadra" ¿al servicio de quien están?. Para los junteros, eso de utilizar funcionarios y una Administración profesional, de base constitucional para la gestión del interés general, no va con ellos, el interés general, es el de ellos. Dentro del Régimen andaluz mandan “los Einsteins psociolistos”, su comportamiento en el Tribunal es reflejo de esto, una mera formalidad que cumplir nada más, como los pujols y su impunidad. El Régimen lo controla todo, e incluso crea y consolida a su propia administración paralela, para mantenerse en el poder. Tienen su propia estructura y a su propio personal, más de 25.000 personas forman la estructura. Si no obedeces, irán a la calle, ya lo saben todos, actúan como los testigos de Jehova, ya lo dijo la “Sabalete”. Si Sra. Aguayo, con este nuevo modelo, aprobado por el rodillo socialista y convertido en Ley, por obra y gracia de usted y de su equipo técnico de la Consejería de Hacienda y Administración pública, dice cumple con la legalidad, esa legalidad que “a priori” se diseña, para darle cobertura y que es un monumental fraude de ley, pues el objetivo real es que el dinero público de todos pase de la Administración General de la Junta de Andalucía, Administración de base constitucional, donde rigen los controles que impone el derecho administrativo, funcionarios, intervención general, fiscalización previa….., a la Administración del Régimen, la de los entes instrumentales y sus agencias, esa donde se producen todos los fraudes y que es de acceso y selección digital. Así se diseña un modelo para “transferir” el dinero público de todos a la Administración juntera, por Ley, para que los ciudadanos no la pueda impugnar, solo cabe el recurso de inconstitucionalidad. Y cuando el dinero desaparece y vuela es porque previamente se diseño el sistema, como el convenio de los EREs, y según los imputados ¿resulta que todo es legal y que nadie sabe nada? …..En todas las actuaciones subyace lo mismo, los instrumentos jurídicos se diseñan con un único objetivo, seguir detentando el poder para vivir de lo público y hacer lo que les da la gana, ocurre lo mismo que en Cataluña, la ingeniería jurídica ad hoc da para mucho y el dinero publico de todos también, ya llevan casi 40 años en el poder, ¿anomalía política o Régimen clientelar, sufragado con dinero público de todos?……..Todos los imputados, ahora en el banquillo, participan en el engranaje, por acción u omisión y mientras ¿mantiene, la Audiencia que no hay asociación ilícita ni trama criminal para desviar los fondos públicos, ni diseño institucional? .¡¡¡Venga ya!!!! Los fraudes millonarios y el saqueo institucional de fondos públicos, no es algo pueda ocurrir por casualidad, hay un diseño institucional pagado con fondos públicos, como ocurre en Cataluña, en ambas comunidades, la corrupción es el sistema. ¿Que es lo que paso con la Ilma. Sra. Doña Mercedes Alaya y que está pasando ahora con la Sra. Bolaños? ¿Que es lo que esta pasando con Spiriman? ¿Como es posible que a los funcionarios por rebelarse contra la Ley del “Enchufismo”, los “psocialistas” los llamaron fascistas? Lo que es se ve, hay distintas varas de medir, y esto también ocurre en sede judicial:¿Maridaje y Tela de araña a la andaluza? La impunidad del Régimen, un camino sin retorno, esto también pasaba con la familia del “honorable Pujol”…...Conclusión: ¡¡¡¡ Hay que botarlos!!!!


CASO ERE ANDALUCÍA. El juez exige a los acusados del caso ERE que se comporten en el juicio porque no es «un acto lúdico»


Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el juicio

  • El presidente del tribunal pide que doten de solemnidad a la vista porque decidir sobre la culpabilidad de una persona «no es una tontería» 

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El ex director de IDEA pagó los ERE para darle "continuidad" a unas ayudas que llevaban ocho años

  • Ex altos cargos de la Junta se mofan del 'club' de los ERE 


Tribunales. La ex consejera Aguayo "nunca" informó a Griñán porque no les avisaron de nada "ilegal" en los ERE.



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CASO ERE ANDALUCÍALa juez Núñez desimputa a un empresario que veía a Guerrero «un Dios» tras darle un millón de euros


Javier Guerrero, en el juicio de la pieza política de los ERE

  • La magistrada da carpetazo a la causa contra la sociedad Centro de Limpieza Industrial Huevar, subvencionada con la partida de los ERE.


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  SANIDAD. El Colegio de Médicos de Granada inhabilita a Spiriman por «insultar»


El médico Jesús Candel. ha sido sancionado con un mes de suspensión del ejercicio profesional.

  • El doctor Jesús Candel ha sido sancionado con un mes de suspensión del ejercicio profesional por infringir el código dentológico

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Recordatorio noticia 2011.


FUNCIÓN PÚBLICA | Convocatoria de una manifestación el sábado 22

El PSOE llama 'fascistas' a los funcionarios por oponerse al decreto del 'enchufismo'
  • Jiménez sostiene que hay "elementos fascistas enmascarados"
  • La Junta tomará las "acciones precisas" contra los empleados absentistas
Conclusión: Lo que es se ve.

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CASO ERE ANDALUCÍA.

El juez exige a los acusados del caso ERE que se comporten en el juicio porque no es «un acto lúdico»

Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el juicio

  • El presidente del tribunal pide que doten de solemnidad a la vista porque decidir sobre la culpabilidad de una persona «no es una tontería»
El presidente del tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política del caso ERE ha lanzado una advertencia este miércoles a los acusados para que mantengan la compostura para dotar de «solemnidad» a este juicio.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña ha asegurado que «no es ninguna broma ni una tontería decidir sobre la culpabilidad de una persona». Dada la responsabilidad que tiene encomendada el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga, entre otros, a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el juez ha emplazado a los acusados a «acompasar y adecuar la conducta en esta sala» a dicha solemnidad.

Este aviso del magistrado, al inicio de la sesión, se produce un día después de que llamara la atención del ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, Francisco Vallejo, acusado en este proceso, para que se sentara bien.







En este sentido, Calle Peña ha recordado que cuando le hizo esta llamada de atención fue porque tenía «las piernas extendidas y cruzadas y los pies encima de los estrados». Una actitud, dijo, que es propia de «un acto lúdico, no de un juicio». «Los estrados no son una banqueta para apoyar los pies», indicó.


Por todo ello, el presidente de la sala insistió en adecuar la compostura «al acto que se está celebrando para «evitar que yo tenga que llamarles la atención».

Con posterioridad, la letrada de Vallejo, Encarnación Molino, tomó la palabra en el juicio para aclarar que su defendido no mantiene una actitud «irrespetuosa» en la sala ni se comporta como si estuviera en un acto lúdico. Ha relatado que «padece una hernia de disco y cuando lleva tres horas sentado se encuentra dolorido y con molestias».



Tribunales. La ex consejera Aguayo "nunca" informó a Griñán porque no les avisaron de nada "ilegal" en los ERE.




 Carmen Martínez Aguayo, la ex 'número 2' de José Antonio Griñán en la Consejería andaluza de Hacienda, sigue haciendo de parapeto de su antiguo jefe en los ERE que se están juzgando en la Audiencia de Sevilla. Este caso ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y el citado Griñán, por repartir de forma arbitraria y opaca durante una década más de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis.

Martínez Aguayo, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, ha declarado este lunes que "nunca" informó al entonces consejero de Hacienda Griñán porque ningún informe de la Intervención de la Junta sobre los ERE concluyó que las ayudas sociolaborales que estaba pagando el Gobierno andaluz fuesen algo "ilegal". "Nunca se nos requirió para nada que tuviera que ser transmitido o elevado al consejero", ha dicho este lunes la ex viceconsejera de Hacienda entre 2004 y 2009, que fue ascendida a consejera cuando Griñán asumió la Presidencia del Gobierno andaluz.


En sintonía con lo expresado por otros ex altos cargos enjuiciados en los ERE como argumento exculpatorio, la ex consejera ha restado valor a la quincena de informes de la Intervención de la Junta que detallaban numerosas irregularidades relacionadas con las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo y pagaba el ente instrumental IFA reconvertido posteriormente en la Agencia IDEA. Ha subrayado que la Intervención jamás detectó menoscabo de fondos públicos y tampoco emitió informe de actuación alguno, lo que habría obligado al Gobierno andaluz a actuar.


"Ni la Intervención ni mis técnicos me advirtieron de ilegalidad alguna. No teníamos ninguna advertencia para actuar", ha remarcado la ex consejera de Hacienda entre 2009 y 2013.


Para terminar de sacudirse cualquier tipo de responsabilidad, la ex consejera Aguayo ha remarcado que cada año su departamento recibía una media de cien documentos elaborados por la Intervención, pero que ella no se los leía, sino que eran los técnicos que trabajaban con ella los encargados de hacerlo. "Esos informes directamente por mi mesa no pasaban", ha zanjado.


Tono arrogante.

Juan Antonio Calle, el presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia que está enjuiciado los ERE, ha reprendido a la ex consejera por el "tono arrogante" con el que estaba respondiendo al fiscal, lo que ha provocado que ésta se disculpara. "No pretendo tener un tono arrogante, sino explicar con claridad" lo sucedido, ha replicado Aguayo.

En otro momento del interrogatorio del fiscal, la ex consejera ha reconocido que "obviamente" trasladó a Griñán las "conclusiones" de algunos informes de la intervención de la Junta que alertaban sobre los ERE, pero ha puntualizado que "en general" ella hacía "énfasis"en las mejoras que proponía el interventor, sin entrar en pormenores.


En concreto, el fiscal le ha preguntado si informó a Griñán los problemas que había detectado el interventor con las transferencias de financiación, que no eran el medio "adecuado" para pagar las ayudas sociolaborales de los ERE, o la falta de fiscalización previa de estas subvenciones. "No, nunca" avisó a Griñán de estas irregularidades, ha respondido Aguayo.






El ex director de IDEA pagó los ERE para darle "continuidad" a unas ayudas que llevaban ocho años



El ente de la Junta de Andalucía que hizo de 'caja pagadora' de los ERE -el extinto IFA hoy Agencia IDEA- nunca suspendió ni frenó estas ayudas bajo sospecha porque sus directivos jamás tuvieron "ninguna sospecha" sobre la "más mínima irregularidad" de las mismas. Tampoco "tenía otra opción" más que abonarlas.

Es lo que ha declarado este martes en el juicio de los ERE Jacinto Cañete, ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y uno de los 22 ex altos cargos andaluces que están siendo juzgados en la Audiencia de Sevilla por prevaricación y malversación. Entre ellos están los ex presidentes Chaves y Griñán. Están acusados de repartir entre los años 2001 y 2010 más de 741 millones de euros de forma opaca y arbitraria a trabajadores de empresas en crisis.

Cañete, que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, ha explicado que, cuando él desembarcó en la Agencia IDEA en 2008, este ente instrumental del Gobierno andaluz ya llevaba ocho años pagando las ayudas de los ERE y él se limitó a "darle continuidad" al abono de unas subvenciones que eran de "conocimiento generalizado", pues figuraban en las memorias del presupuesto anual de la Junta.

"Nosotros lo único que teníamos que hacer era pagar", ha señalado el ex máximo responsable de la Agencia IDEA, que ha reconocido que no se leyó ni conocía en toda su literalidad el convenio marco del año 2001 que firmaron los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández y que la Fiscalía sitúa en el origen del fraude y del reparto discrecional de ayudas públicas, ya que con él se eludió la fiscalización previa. Este documento establece que las ayudas de los ERE las concede la Consejería de Empleo y las abona el IFA.

Fondo de reptiles.

Aunque el IFA/IDEA pagaba los ERE que salían de la partida presupuestaria 31L, también conocida como el 'fondo de reptiles', «jamás concedió ninguna ayuda sociolaboral ni nosotros controlábamos las justificaciones», remarcó Cañete, quien sólo estuvo en el cargo poco más de un año y medio, entre mayo de 2008 y diciembre de 2009.

Buena parte del interrogatorio del fiscal al ex director general de IDEA versó sobre los informes de control financiero en los que la Intervención de la Junta califica de «inadecuado» que la Consejería de Empleo usara transferencias de financiación como instrumento para enviar a la Agencia el dinero para pagar las ayudas sociolaborales de los ERE.

«Le mentiría si le dijera que me los leí en profundidad», reconoció este acusado, quien detalló que pidió a los técnicos de su equipo que le hicieran un resumen sobre los informes de la Intervención. Y «dijeron que, en términos generales, la Agencia cumplía con la normativa vigente», salvo en lo relativo a las transferencias de financiación.

Sin embargo, Cañete precisó que los interventores situaban «al mismo nivel» las anomalías relacionadas con los ERE con un retraso de 48 días en la resolución de ayudas que eran tramitadas por IDEA. Por ello, no le dieron la mayor importancia. Además, el uso de las transferencias de financiación «no era competencia de IDEA sino de Empleo, por lo que más que comunicarlo no podíamos hacer otra cosa».

El pufo de EDM

El fiscal preguntó a Cañete por la empresa Electronics Device Manufacturer (EDM), que recibió ayudas de los ERE y también 1.180.000 euros de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta que investiga un juzgado de Sevilla. Tras cobrar las subvenciones, la sociedad entró en concurso de acreedores y las inversiones del Gobierno andaluz resultaron fallidas.

Cañete justificó las ayudas y alegó que esta empresa fue premiada e incluso salió en prensa como «el milagro de Mancha Real», el municipio de Jaén donde estaba afincada. Por ello, vio «lógico» y asumió «con normalidad» que se le concedieran subvenciones y préstamos a una sociedad que en teoría iba bien, pero lo estaba pasando mal por la crisis. La póliza del préstamo de EDM y el convenio se hicieron «el mismo día», le recordó el fiscal. Pero a Cañete no le extrañó porque había que actuar con la «máxima celeridad» para combatir la crisis.

“Siéntese bien Sr. Vallejo.”


La anécdota de la jornada la protagonizó el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, a quien el presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que está enjuiciado los ERE, Juan Antonio Calle, llamó la atención para que se acomodara correctamente en su silla. «Siéntese bien señor Vallejo», le dijo el magistrado al ex consejero durante el interrogatorio de Jacinto Cañete, el ex director general de IDEA. Vallejo está en la primera fila del banquillo de los acusados y su postura retrepada sobre el asiento no pasó inadvertida al magistrado, quien el pasado lunes también recriminó a la ex consejera Carmen Martínez Aguayo el «tono arrogante» que estaba empleando para responder al fiscal.
  



CASO ERE ANDALUCÍA

La juez Núñez desimputa a un empresario que veía a Guerrero «un Dios» tras darle un millón de euros

Javier Guerrero, en el juicio de la pieza política de los ERE
  • La magistrada da carpetazo a la causa contra la sociedad Centro de Limpieza Industrial Huevar, subvencionada con la partida de los ERE
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones abiertas en la pieza separada en el marco de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por la ayuda de más de un millón de euros recibida en 2005 por la empresa Centro de Limpieza Industrial Huevar S.L., cuyo propietario es José Román Sánchez, para el que el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, con quien firmó el convenio, era «un Dios».

En un auto con fecha de 8 de marzo de 2018 y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez recuerda que la Unidad Orgánica de la Guardia Civil presentó el atestado 167/15 relativo a la ayuda concedida a la empresa de José Román Sánchez, cuyo abogado defensor es Juan Carlos Alférez, por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, con cargo a la partida presupuestaria 31L, y por auto de 17 de mayo de 2016 se acordó la incoación de la pieza.

En la pieza se investiga la ayuda concedida a través del convenio de colaboración de fecha 8 de septiembre de 2005, suscrito por la Dirección General de Trabajo -Francisco Javier Guerrero- y la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -el director general, Miguel Ángel Serrano-, en el que se acuerda conceder a la empresa 1.009.365,62 euros.

Por auto de 20 de julio de 2017, la Sección Séptima de Audiencia Provincial de Sevilla aparta del procedimiento a Serrano Aguilar y por auto de 31 de enero de 2018 se excluye a Guerrero.

De otro lado, la juez Núñez expone que Román Sánchez prestó declaración en calidad de imputado el 13 de octubre de 2016, donde «queda meridianamente clara la percepción que del procedimiento seguido para conceder la ayuda tenía el declarante, 'bastante serio', y de la confianza depositada en la Dirección General de Trabajo y en Guerrero, a quien consideraba un Dios: 'Guerrero era un Dios para mi'».

El empresario había obtenido de IFA/IDEA una ayuda del 35 por ciento pero necesitaba el 50 por ciento, "la ayuda máxima", según Román. «Un día le comunican que se lo concede la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para él, 'el máximo exponente desde su ignorancia'», indica el auto.

A Guerrero lo vio un minuto, después de concedida la ayuda, por lo que vuelve a decir el empresario que «Guerrero era un Dios para mí». Después le hace una auditoría IDEA y él hace otra con Deloite y que tampoco vio nada irregular. De la subvención se sigue hablando en todas las auditorías que le han hecho anualmente y «ninguna ha detectado irregularidad».

El empresario, una «víctima»

Según la instructora, «de todo el proceso detallado, de la actuación de Román, no se constata conducta alguna, que pueda ser constitutiva de ilícito penal alguno». Continúa exponiendo que los ciudadanos en la gestión y solicitud de las ayudas públicas se limitan a seguir el procedimiento que fijan las administraciones.

«No cabe la menor duda, de que la ayuda se solicita porque se considera justa yadecuada, con una finalidad lícita. Y, tampoco cabe la menor duda, de que se destina la ayuda a la finalidad para la cual se solicita, se realiza una inversión que generó puestos de trabajo, ahora más del doble de los que se exigía», añade.

Dicho esto, la juez señala que «debemos reflexionar sobre la posible responsabilidad penal del ciudadano que en la creencia de su derecho se dirige, solicita y recibe de la administración pública, ya sea estatal, local o autonómica, una subvención o ayuda, ante la posible falta de competencia, irregularidad procedimental u origen de la partida presupuestaria de la queproviene la ayuda».

«Salvo superior criterio, debemos entender que ninguna responsabilidad penalpuede tener el ciudadano que, bajo el principio de confianza en nuestras instituciones, asume la situación de sujeto en una relación jurídico-administrativa, ante una irregular actuación de la administración en el procedimiento de concesión», argumenta.

En este sentido, añade que para el empresario la Dirección General de Trabajo era «el máximo exponente" y su director -Guerrero-» un Dios" en el que, por supuesto, «confiaba y confiaba en los funcionarios y en su administración». «Román se ajusta, en su actuar, a lo que marca o señalan las administraciones», añade.

Por otro lado, la magistrada señala que se puede decir, después de todo lo actuado, tanto en estas diligencias como en otras, todas derivadas de las diligencias 174/11 -causa matriz-, que se podría calificar a la gestión y tramitación que llevaba Francisco Javier Guerrero como «caótica por el desorden en la tramitación de los expedientes».


«No existe el más mínimo indicio de responsabilidad penal que justifique mantener la investigación abierta sobre Román Sánchez, ni sobre cualquier otra persona beneficiaria de la ayuda, debiéndose acordar el sobreseimiento provisional de la misma», afirma


SANIDAD. El Colegio de Médicos de Granada inhabilita a Spiriman por «insultar»


El médico Jesús Candel. ha sido sancionado con un mes de suspensión del ejercicio profesional.

  • El doctor Jesús Candel ha sido sancionado con un mes de suspensión del ejercicio profesional por infringir el código dentológico

Jesús Candel, más conocido como Spiriman, ha sido inhabilitado por el Colegio Oficial de Médicos de Granada, cuyos órganos internos han reconocido la existencia de una falta «muy grave» las declaraciones hechas por el galeno en uno de sus populares vídeos. La resolución, que invoca al articulado estatutario de la institución, considera que Candel ha infringido el código deontológico y le impone una sanción de 30 días de «suspensión del ejercicio profesional», según han confirmado a ABC fuentes del Colegio de Médicos.

En concreto, el Colegio de Médicos ha dado la razón a la denunciante, Francisca Simón, una compañera del servicio de urgencias Candel, al considerar que la «insultó» en un vídeo. Cabe recurso contra esta resolución ante el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Por el momento, la decisión aún no ha sido notificada a Jesús Candel, que aún no se ha pronunciado al respecto, como tampoco lo ha hecho el Colegio de Médicos, que tiene previsto emitir un comunicado en las próximas horas.

«Incitación al odio»

Quien sí ha recibido ya la resolución es Francisca Simón. Su denuncia se enmarca dentro de una campaña para inhabilitar a Candel por parte de algunos sectores sanitarios y así como de otras profesiones; personas que se han sentido agredidas verbalmente por las declaraciones vertidas en sus vídeos, en los que recurre al insulto con asiduidad. Si bien algunas han sido archivadas, ya sea por defecto de fondo o de forma, otras han seguido su cauce y ésta ha sido la primera que conlleva la inhabilitación de Candel.

Estas quejas llegaron la pasada semana a la Fiscalía, ante quien el cantaor Juan Pinilla y el periodista Juan Pérez han presentado un escrito de denuncia apoyado en redes sociales por 2.500 personas que consideran que Candel podría estar incurriendo en un delito de incitación odio por los «continuos mensajes de odio, insultos, descalificaciones y humillaciones» que ha vertido en sus vídeos. Pinilla y Pérez hicieron lo propio ante el Colegio de Médicos, el cual se negó a admitir la denuncia porque no pertenecen al gremio.


Candel ha protagonizado diversos enfrentamientos con muchas de estas personas prácticamente desde que empezó a movilizarse para revertir la fusión hospitalaria de Granada. Entre ellos, los mismos Juan Pinilla y Juan Pérez. Con este último mantuvo hace pocos días untensa conversación en directo en Onda Cero Granada precisamente sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.



Recordatorio enlace 2011.



FUNCIÓN PÚBLICA | Convocatoria de una manifestación el sábado 22

El PSOE llama 'fascistas' a los funcionarios por oponerse al decreto del 'enchufismo'
  • Jiménez sostiene que hay "elementos fascistas enmascarados"
  • La Junta tomará las "acciones precisas" contra los empleados absentistas

El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, no ha dudado en calificar de "fascistas" a los representantes sindicales y de plataformas de funcionarios que amenazaron el lunes con boicotear actos electorales de los socialistas en las próximas municipales, una actitud que calificó de "muy grave".
Los sindicatos y plataformas de empleados públicos han convocado para el sábado 22 de enero una "macromanifestación" contra la reforma del sector después de la que tuvo lugar el 13 de noviembre y auguraron que la campaña será "calentita", en referencia al hecho de que, si no se produce una rectificación por parte de la Junta, trasladarán sus protestas a los mítines y actos electorales del PSOE.
Jiménez calificó este hecho de "agresión" por parte de personas "descontroladas", ya que, en su opinión, "en un sistema democrático no se puede atacar el derecho que tiene un partido político a poder desarrollar su campaña electoral con normalidad", ya que se lo contrario se está cayendo "en el fascismo".
De esta forma, confió en que los sindicatos, "que son organizaciones democráticas", no participen en este boicot a los actos del PSOE, un hecho que "no se puede permitir en democracia" y una amenaza "que refleja que hay elementos fascistas enmascarados en la representación de los funcionarios", insistió.
El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz adujo que los sindicatos "han pedido diálogo y hay diálogo sin límites", en referencia al inicio de las comparencias en la cámara regional, que, en su opinión, tienen como objetivo "modificar el proyecto de ley en lo que sea preciso y se acuerde entre todos".
Respecto a la manifestación convocada para el sábado 22 en Sevilla, el socialista explicó que su partido "respeta el derecho a manifestarse de los españoles", pero avisó de que la Junta de Andalucía tomará "las acciones precisas para el cumplimiento de la legislación" contra aquellos funcionarios que decidan no acudir a sus puestos de trabajo a pesar de que Jiménez no ostenta ningún cargo en el organigrama de la Administración pública.

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