domingo, 10 de marzo de 2019

Máxima difusión. C’s cesa a los 20 días sin dar ningún motivo al “comando antifraude” de Andalucía que iba a “tirar de la manta” + El twiitter de Albert Rivera el 3 de febrero de 2019 "La Consejería de Empleo fue el epicentro de la corrupción del PSOE en #Andalucía. Hoy, dirigida por Ciudadanos, es el epicentro de la lucha contra la corrupción. El cambio que votaron y merecen los andaluces." enlace noticia del Confidencial : NUEVO GOBIERNO ANDALUZ. El 'comando antifraude' llega a Empleo: el epicentro de la corrupción en la Junta " = Sin palabras.




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Se eleva a 41,7 millones el fraude de UGT-A con subvenciones de la Junta; “ingente facturación falsa presentada por UGT para justificar subvenciones + UGT Andalucía empleó de forma irregular más de 40 millones en subvenciones de la Junta, según el perito + El marido de Susana Díaz cobró de dos subvenciones de la Junta que UGT-A desvió = ¿Financiación irregular de UGT con fondos públicos; entre los años 2009 y 2013; es el precio que pagó la Junta a su sindicato amigo, UGT, por avalar con CCOO la Reordenación del Sector público y la creación de la Administración paralela del Régimen andaluz? ¿Colocación de la familia socialistas, pagada con fondos públicos….? ; La defensa de UGT es como la de los imputados de la Junta : ¿son cuestiones de carácter administrativo y no penal donde hay que aplicar el principio de intervención mínima….? Conclusión: el despilfarro, la corrupción y el enchufísmo lo pagamos todos. Las cosas no ocurren por casualidad; hay causalidad.


Se eleva a 41,7 millones el fraude de UGT-A con subvenciones de la Junta.





Registro de la Guardia Civil en la sede regional de UGT Andalucía en el año 2013

  • Los informes entregados al juez revelan que el sindicato usaba por sistema a sus empresas para justificar las ayudas. 

El experto detecta como gastos no subvencionables facturas emitidas por las empresas Soralpe I+D Asociados S.L. y el Instituto de Formación y Estudios Sociales(IFES) de Andalucía en concepto de alquiler de aulas o material para los cursos. IFES tuvo en nómina como auxiliar administrativo a José María Moriche, marido de Susana Díaz cuando ésta era secretaria general del PSOE de Sevilla, a quien la expresidenta de la Junta de Andalucía definió como un «tieso» durante su comparecencia en la comisión de investigación del fraude de la formación en mayo de 2016.

Al expediente 98/2009/M/2111, que corresponde con una ayuda de 2,89 millones para la realización de 88 cursos, se imputaron seis nóminas de Moriche. El perito cifra en 510.163 euros el dinero empleado de forma irregular y detecta el endoso de nóminas «de lo que parece personal de la propia UGT Andalucía». El experto considera que «no se infiere razón o motivo que justifique la inclusión de esos gastos entre los subvencionables».




  • Entre las 14 ayudas analizadas por el perito figuran dos que suman 11 millones a las que se cargaron las nóminas de Moriche, auxiliar administrativo de Ifes y UGT-A durante casi una década. 

José María Moriche, el marido de la ex presidenta del Gobierno andaluz y líder del PSOE-A, Susana Díaz, cobró de dos subvenciones millonarias concedidas por la Junta a la federación andaluza de UGT, en las que el perito judicial ha detectado desvíos importantes de fondos públicos.

…..Entre las 14 subvenciones analizadas por el perito figuran al menos dos -que suman 11.008.656,75 euros- de las que cobró el marido de Susana Díaz. José María Moriche estuvo casi una década trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) de UGT. Primero, estuvo contratado un año en el sindicato y, después, durante ocho años más en Ifes, hasta que su esposa fue nombrada consejera de Presidencia en 2012 por el entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.

Entre los gastos millonarios de Ifes cargados a la ayuda de la Junta estaban las nóminas de todos sus empleados, entre los que figuraba entonces el marido de Susana Díaz, como consta en la documentación en poder de este diario.

El perito no los da por buenos y han sido, por tanto, cantidades presuntamente defraudadas porque "no consta" el contrato o convenio que exige la ley entre UGT-A e Ifes para que el instituto ejecutara los cursos, dice la pericial sin añadir nada más sobre Moriche o cualquier otro trabajador.

No obstante, la propia Junta de Andalucía, durante la etapa de Susana Díaz como presidenta, abrió un expediente de reintegro a UGT-A para que devolviera una subvención en el que rechazaba categóricamente que se cargaran las nóminas de personal no docente como si lo fuera a la hora de justificar los cursos.

El escrito redactado por funcionarios del que ya informó este diario subraya que "no es posible imputar personal con funciones meramente administrativas, al carecer de la calificación profesional pertinente", a las "funciones docentes", para las que "se exige una cualificación técnica adecuada". Es el caso de Moriche, que, pese a estar contratado como auxiliar administrativo, figura como "tutor, evaluador y preparador" de los cursos subvencionados.

El escrito redactado por funcionarios del que ya informó este diario subraya que "no es posible imputar personal con funciones meramente administrativas, al carecer de la calificación profesional pertinente", a las "funciones docentes", para las que "se exige una cualificación técnica adecuada". Es el caso de Moriche, que, pese a estar contratado como auxiliar administrativo, figura como "tutor, evaluador y preparador" de los cursos subvencionados.

El perito judicial tampoco lo menciona en su informe, pero el expediente 98/2009/J/0217 en el que figura la nómina del marido de Susana Díaz está plagado de otras irregularidadesde las que alertaron años atrás la Fiscalía Superior de Andalucía y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Auxiliar administrativo.

A pesar de que Moriche era auxiliar administrativo del Ifes de UGT, para justificar la subvención ante la Junta aparecía como "tutor, evaluador y preparador" de todo tipo de acciones formativas. Como informó este diario años atrás, UGT coló la nómina de Moriche en 102 cursos distintos de tres subvenciones por valor de 25 millones de euros.

 ¿Complicidad ?


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jueves, 7 de marzo de 2019

Noticia sin desperdicio: La Consejería de Cultura quiere cambiar el organigrama y reducir el personal de su agencia, gracias compañero por el envío, nos dice: "Espero que pronto hagan un estudio parecido en AGAPA. Van a darse cuenta la cantidad de millones que se malgastan.......".


La Consejería de Cultura quiere cambiar el organigrama y reducir el personal de su agencia.


Fernando Francés este miércoles junto a Ana Barriga y Soledad Sevilla

  • El secretario general de Innovación Cultural y Museos ve incomprensible que el cien por cien de las ayudas se las lleven artes escénicas, cine y flamenco.




Además, estima necesario efectuar un ajuste de personal en una agencia que cuenta con unos 500 trabajadores, muchos más que en la propia Consejería, al entender que no es asumible para la cultura de Andalucía que de los 28 millones que tiene de presupuesto, 18 se dediquen a personal, 6 millones a gastos generales y solo 4 para inversiones.




#YoNoVoy8M, por Artículo de Cornelia Cinna + Contra la mentira de la ideología feminista, por Max Estrella = Artículos de opinión.



Artículo de Cornelia Cinna






Artículo de Max Estrella.



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miércoles, 6 de marzo de 2019

Máxima difusión de lectura imprescindible: LA REGENERACIÓN Y LA MUJER DEL CÉSAR, por Max Estrella, (José lus Roldan) + Comentario de la compañera sobre las noticias contenida en el enlace ya publicado: "La nueva secretaria de Regeneración y Transparencia de la Junta no puede explicar su currículum y Dudas sobre el currículo de la nueva secretaria general de Regeneración y Transparencia de la Junta de Andalucía" = Sobran las palabras, gracias a ambos.



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Por Max Estrella, mágnifica pluma naranja; siempre gracias.


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Cuenta Plutarco en las ‘Vidas paralelas’ que César repudió a su esposa, aun sabiéndola inocente de las acusaciones de que era objeto; y preguntado por qué lo hacía entonces, respondió: “Porque estimé que mi mujer ni siquiera debe estar bajo sospecha”. Y es que en la política –como, especialmente, en la Justicia, y, en general, en todos los asuntos públicos- la apariencia de las cosas importa tanto como su esencia. Sin embargo, desde aquellos lejanos tiempos, la política ha degenerado lo bastante como para desplazar el quid de la cuestión desde la ética del ‘no sólo basta serlo, también hay que parecerlo’ a la del “no es necesario serlo, basta con parecerlo” para llegar en estos tiempos al “ni serlo ni parecerlo, lo importante es que la opinión pública se trague la mentira”, que es lo que se practica cuando el cuerpo social, la ciudadanía, sucumbe a la propaganda y carece de criterio. Lamentablemente, lo que aquí sucede.


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Esa es la política que practica el cónsul lúteo –Juan Marín para el registro civil-, y de esa mala índole da fe el hecho de que, no teniendo más currículo que un doctorado en chaqueteo camaleónico –ha pastado, por ahora, en el pesebre de cuatro partidos-, es tan osado o, como dicen aquí, tan ‘sobrao’ que -emulando al maestro Ciruela, que no sabía leer y puso una escuela- no le ha bastado alzarse con la Vicepresidencia de la Junta, sino que se ha nombrado a sí mismo tetraconsejero de Justicia, Turismo, Regeneración y Administración Local.

De modo que el cónsul junior –en la época actual, el Juanma Chico- que, ignorando tantas cosas necesarias para la buena marcha de la res pública, no ignora, sin embargo, lo que conviene a sus intereses personales y partidarios, y que no ha tenido pudor ni empacho a la hora de designarse onanísticamente, aplica la misma regla a la hora de designar a otros para las altas magistraturas de la Junta, despreciando no sólo la sabia máxima de César sino a la ciudadanía andaluza. Y así, para dirigir la oficina judicial y fiscal de Andalucía ha nombrado al abogado del famoso director general de los Eres, para el Turismo a un directivo de una de las agencias de la administración paralela, sostén y refugio clientelar del corrupto régimen socialista y, cómo no, para abanderar la ‘regeneración y la transparencia’ a la persona menos idónea para ello.




Juzgue el lector: la persona designada –lo de menos es su nombre- declara en su currículum, publicado en la Web oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, lo siguiente: “Ha sido asesora técnica en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio durante 15 años…”


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Pues bien, esa afirmación enmascara una mentira y una usurpación de funciones públicas. Y, lo que es peor, la realidad subyacente bajo la misma pudiera ser constitutiva de infracción penal; concretamente, prevaricación y fraude en la contratación.


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No es verdad que la señora designada haya sido ‘asesora técnica’ en la Consejería de Medio Ambiente, por la sencilla razón de que esta señora no es, ni ha sido, funcionaria –ni de carrera ni interina-. Sin embargo, la expresión “ha sido asesora técnica”, pretende dar a entender lo contrario; es decir, que ha sido funcionaria. Cualquiera puede saber, consultando las Relaciones de Puestos de Trabajo, que el puesto de ‘asesor técnico’ es un puesto estandarizado que existe en todas las consejerías de la Junta, y que, obviamente, para su desempeño se exige necesariamente ser funcionario de carrera o interino-. En la citada consejería, como en las demás, aparte de tales puestos, no existe ningún otro empleo de ‘asesor técnico’ que pueda ser desempeñado por alguien que no tenga la condición de funcionario.


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Pues bien, siendo así, el lector se preguntará por qué entonces se afirma tal cosa. Pues muy sencillo: para enmascarar la realidad. Realidad que no encaja muy bien con la naturaleza y funciones del cargo para la que es designada: nada menos que la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, con rango de viceconsejera.


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Al parecer, el vínculo jurídico mediante el cual esta persona prestó servicios en la Consejería de Medio Ambiente ha sido el de contratos administrativos de asistencia técnica o de servicios, sujetos al régimen jurídico regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, y no por el derecho laboral ni por el derecho administrativo funcionarial. Es decir, legalmente, su relación no era de carácter laboral. No era una empleada de la Junta de Andalucía, sino una contratista. Decimos ‘al parecer’, porque como la plataforma de contratación del portal de la Transparencia sólo ofrece datos desde 2008, sólo hemos podido constatar la existencia de dos contratos de servicios (Número de expediente: 883/08/I/00; y número de expediente: 300/2010/I/00), celebrados por procedimiento negociado sin publicidad, cuyo objeto, en ambos, era “apoyo a la gestión y seguimiento de las diferentes categorías de gastos del programa operativo FEDER de Andalucía (2007-2013)”, por importes, respectivamente, de 30.844,92€ y 55.295,24€. Curiosamente, el primero de esos contratos se adjudicó definitivamente por 30.844,92 Euros, cuando en la adjudicación provisional lo fue por un importe inferior: 26.590,45€.

Ello significa, por un lado, que la Consejería de Medio Ambiente celebró unos contratos ilícitos, pues la realización de las funciones que constituyen el objeto de dichos contratos corresponde exclusivamente a los funcionarios de la propia consejería, conforme a la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por otra parte, no podría argüirse para justificar la contratación externa la inexistencia de funcionarios para realizar tales funciones, pues tanto el Tribunal de Cuentas como la Cámara de Cuentas han señalado que ningún contrato de asistencia técnica justificado en la falta de funcionarios idóneos podría prolongarse en el tiempo más allá de lo necesario para crear las correspondientes plazas en la Relación de Puestos de trabajo. Así pues, el hecho de que esa situación se haya prolongado durante 15 años, como se afirma en el currículum oficial, no deja de ser otra prueba de su ilicitud.

Y, más aún, el hecho de celebrar varios contratos con idéntico objeto y escenario temporal (2007-2013) puede suponer un fraccionamiento ilícito de lo que pudiera ser un único contrato de –al menos- 86.000 euros y, en tal caso, podríamos hallarnos ante un posible delito de fraude en la contratación, en el que incurriría tanto el contratante como el contratista, es decir, el órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente y la adjudicataria del contrato.

Fraccionando el contrato en varios, se posibilitó que la adjudicación pudiera realizarse mediante el ‘procedimiento negociado sin publicidad’; es decir, que no se anunciara públicamente la licitación y así, como efectivamente sucedió, adjudicarse “a dedo”, sin que ninguna otra persona o entidad tuviesen la oportunidad de postularse para prestar el servicio. O sea, sin transparencia, de forma opaca y arbitraria.

Paralelamente, la ejecución del contrato supuso necesariamente que esta persona -la actual secretaria general de regeneración, racionalización y transparencia- estuviese desempeñando ilícitamente, durante ese largo período, funciones públicas reservadas por la ley exclusivamente a funcionarios públicos; todo ello sin ser funcionaria y en virtud de unos contratos asimismo ilícitos. O sea, usurpando funciones públicas.

Y ahora, responda el lector:

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Si esta persona era consciente de lo  irregular –llamémosle así- de su relación jurídica, ¿es idónea para el puesto de secretaria general de regeneración y transparencia?

Si no lo era, esto es, si no alcanzaba a distinguir lo que está bien de lo que está mal, ¿es idónea para el puesto de secretaria general de regeneración y transparencia?

Por cierto, la prensa está plagada de noticias sobre procesamientos de políticos por fraccionar fraudulentamente contratos. Claro que casi todos estos casos son en la Comunidad valenciana, o en Galicia o en Madrid; y sus protagonistas son, por supuesto, del PP. Aquí, obviamente, nunca se ha producido un fraccionamiento ilícito de contratos, pues, sin  duda alguna, la Fiscalía habría perdido el culo persiguiéndolo.


Comentario de la compañera sobre las noticias contenida en el enlace ya publicado:

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Nos dice: 

Las explicaciones que los de Ciudadanos se quieren creer, porque, en realidad, esta señora hizo lo mismo que el resto de enchufados que, para remate de los remates, se han beneficiado de una sentencia laboral. Ella conocía perfectamente y participaba del fraude, pues la única forma que encontraron para saltarse la bolsa de interinos (no debe olvidarse que hay una bolsa legal), sabían tanto la susodicha como el jefecillo o jefecilla de la Consejería de turno que había que ponerse de acuerdo para "fingir" un contrato de servicios (por supuesto, sin publicidad, puesto que entonces había peligro de concurrencia). Con el paso del tiempo, todos estos contratados a través del correspondiente apartado del Boja (contrataciones, nada de apartado de Personal) se han ido a las jurisdicción laboral, que ha visto fraude en la contratación.


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Sin embargo, con lo grave que es que se detecte fraude en una Administración, ni el magistrado de lo laboral (quizás con poca formación administrativa o penal, o quizás con pocas ganas de meterse en complicaciones), ni la Administración contra la que se falla hacen nada para depurar responsabilidades por ese fraude y castigar al jefecillo o jefecilla de turno que hizo la contratación, ni a quien se benefició de la misma sabiendo que era la única forma de saltarse la bolsa de interinos.


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Moraleja: se premia el fraude, los autores del mismo "se crecen" y los ciudadanos pagamos todo (los salarios de tramitación que hay que abonarles por estar en su casa, el que los hagan laborales por la cara a costa de suprimir esas plazas al resto de ciudadanos, el haber permitido que hayan usurpado funciones públicas, el próximo nombramiento como funcionarios de todo este personal con las oposiciones que se están diseñando a medida...).

¡Y estos vienen a regenerar! ¡Y la señora se reivindica en lugar de tener algo de vergüenza torera! ¡Ole mis regeneradores!👏🏻👏🏻👏🏻


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Sánchez rinde las instituciones a su servicio; uso partidista de las instituciones de todos.... = No todo vale; hasta las elecciones, seguimos degenerando. Los funcionarios, son imparciales; no políticos y están al servicio del interés general de los ciudadanos y de la legalidad: Cuando se utilizan las instituciones de todos en beneficio propio, los resultados son los de Cataluña, y ios 39 años del Regimen socialista.


EDITORIAL. Opinión.

Sánchez rinde las instituciones a su servicio



  • El respeto a las instituciones es una exigencia insoslayable en cualquier democracia. De ahí que resulte inaceptable el uso partidista que hace el Gobierno de las mismas.


El respeto a las instituciones es una exigencia insoslayable en cualquier democracia. De ahí que resulte inaceptable y políticamente indecente el uso partidista que hace el Gobierno de nuestra arquitectura institucional, socavando su valiosa imparcialidad sin rebozo. La disolución de las Cámaras, rubricada ayer, debería dar paso a un periodo en el que el Ejecutivo se abstuviera de instrumentalizar la ventaja que otorga el control del aparato del Estado. Control que ha llegado a extremos sonrojantes: hoy publicamos que el Ministerio de Exteriores dio instrucciones a personal no político -funcionarios- para que redactara argumentarios para uso del grupo parlamentario socialista. Nunca como hasta ahora, en 40 años de democracia, el Gobierno había decidido usar las instituciones en beneficio propio con la insolencia y la irresponsabilidad que está exhibiendo Sánchez.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, salió ayer al paseo de este atropello. En una entrevista en la Cope advirtió con razón de que ningún Gobierno "puede ir dopado a unas elecciones". De otra forma no puede calificarse la guerra sucia decretada por Sánchez para capitalizar con descaro el tiempo que le queda en Moncloa antes del inicio de la campaña electoral del 28 de abril. Por un lado, Andrea Gavela Llopis, directora adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, pidió a los directores de gabinete de todos los ministerios "argumentos de ataque frente a otros partidos, sobre todo el PP", tal como consta en un correo electrónico al que tuvo acceso EL MUNDO. Por otro, la convalidación de reales decretos en la Diputación Permanente del Congreso revela la voluntad de los socialistas de usar en favor de su maquinaria electoral la capacidad de una figura jurídica pensada para atender situaciones de excepción o de verdadera urgencia. A ello se suma la laminación del prestigio del CIS, relegado a mero propulsor de la proyección de voto del PSOE; y de TVE, convertida en altavoz del sanchismo. El 24 horas utilizó una sección sobre "temas virales" para arremeter contra los líderes de los partidos de la oposición. Emitió un vídeo que llama "mequetrefe" y "fraude" a Pablo Casado, además de hacer hincapié en las palabras contra Albert Rivera que publicó The Economist por su negativa a pactar con el PSOE.

El email enviado desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno obliga al titular de este departamento, Iván Redondo, a presentar su renuncia por ser incapaz de evitar la tentación de usar las instituciones con objetivos claramente electorales. En todo caso, la instrumentalización del Ejecutivo interpela especialmente a Pedro Sánchez. Incluso para un Gobierno de pasarela como el suyo, la indecente explotación del márketing político debería encontrar su límite en el respeto a las instituciones de todos.

El PSOE ocultaba medio millón de andaluces en las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud + Así se ocultaron 506.408 pacientes andaluces de las listas de espera del SAS + CASO UGT-A Nuevos imputados. Anticorrupción aprecia una "ingente facturación falsa" presentada por UGT-A para justificar subvenciones + PRESUPUESTOS, Las "facturas en el cajón" de la Junta se dispararon en 2017 un 36,2%, hasta los 1.073 millones = La Andalucía imposible


El PSOE ocultaba medio millón de andaluces en las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud

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  • El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, asegura que las cifras que presentaba el PSOE son «un gran engaño» y anuncia un plan de choque



SANIDAD. Así se ocultaron 506.408 pacientes andaluces de las listas de espera del SAS



  • El PSOE acusa al Gobierno de PP y Cs de "generar alarma para desviar pacientes a las clínicas privadas".
  •  El ejecutivo de Juan Manuel Moreno no descarta acudir a los tribunales si constata que se falsearon las listas de forma intencionada.


CASO UGT-A Nuevos imputados. Anticorrupción aprecia una "ingente facturación falsa" presentada por UGT-A para justificar subvenciones



  • La causa contra UGT-A que investiga un juez de Sevilla acumula ya 20 imputados, tras la citación para el 2 de abril del director territorial de IFES, el instituto donde se impartían los cursos,


PRESUPUESTOS, Las "facturas en el cajón" de la Junta se dispararon en 2017 un 36,2%, hasta los 1.073 millones



  • Un informe de la Cámara de Cuentas subraya que la administración andaluza incumplió la regla de gasto aunque sí cumplió el objetivo de déficit,

martes, 5 de marzo de 2019

Máxima difusión. La nueva secretaria de Regeneración y Transparencia de la Junta no puede explicar su currículum + Dudas sobre el currículo de la nueva secretaria general de Regeneración y Transparencia de la Junta de Andalucía = ¿Contrato a dedo, usurpación de funciones públicas y Secretaria general de Regeneración y Transparencia de la Junta de Andalucía?


 La nueva secretaria de Regeneración y Transparencia de la Junta no puede explicar su currículum

  • Nuria Gómez nunca fue asesora técnica ni funcionaria y enmascaró una usurpación de funciones públicas con contratos de servicios.

......En conclusión, como se ha recabado en expertos en Función Pública consultados por Libertad Digital, que la nueva secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia dependiente de la Consejería que rige Juan Marín fue contratada durante años por un procedimiento sin publicidad, al que por tanto no han podido concurrir otros postulantes.

Los contratos eran ilícitos porque la Consejería no podía celebrar contratos administrativos para realizar funciones que correspondía realizar a los funcionarios de la propia consejería. La prueba de la ilicitud es que esa situación se ha prolongado en el tiempo, durante 15 años, según declara la propia Junta de Andalucía en la reseña del Consejo de Gobierno que la nombra.


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Por consiguiente, Nuria Gómez ha estado desempeñandodel mismo modo en que lo vienen haciendo los empleados de la Administración Paralela- funciones cuyo ejercicio corresponde en exclusiva a los funcionarios públicos. Es decir, ha estado usurpando funciones públicas.


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Para estar al frente de una secretaría general que tiene por fin la Regeneración, que no la Degeneración, su currículo, en efecto, presenta importantes anomalías para encabezar y promover la regeneración y racionalización de la administración andaluza y ofrece un importante flanco de debilidad ante la resistencia al cambio del PSOE, el derrotado en las pasadas elecciones.


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Dudas sobre el currículo de la nueva secretaria general de Regeneración y Transparencia de la Junta de Andalucía  



  • Ocultó contratos comerciales con la Junta mientras se decía "asesora técnica" de la Administración.

En las noticias oficiales de la Junta, se dice que Nuria Gómez Álvarez, la flamante secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, nació en 1973 y "es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla. Empezó su carrera profesional como Account Manager del sector público en Andalucía Occidental en la empresa Desarrollo Informático S.A. y posteriormente como gerente y socia de la empresa Vector Desarrollo S.L., cuyo objeto social es la distribución y abastecimiento a "organismos no gubernamentales" fuera del territorio español".

Y sigue: "Ha sido asesora técnica en la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio durante 15 años, hasta que entró a trabajar como asesora económica en el grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía". Y es precisamente con esta última afirmación con la que empiezan los problemas del currículo. Libertad Digital trató de hablar con Ciudadanos y su servicio de prensa en dos ocasiones para aclarar estas dudas pero no fue posible.

Es más, en la red Linkedin, donde el interesado publica sus propios datos, Nuria Gómez Álvarez dice haber sido "Asesora Técnica en la Administración Autonómica. Nombre de la empresa: Consejería de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio. Fechas de empleo nov. de 2005-ago. de 2016. Duración del empleo: 10 años y 10 meses. Ubicación Sevilla, Andalucía, España".

¿Cuál es el problema? Que para ser asesora técnica, como puede comprobarse fácilmente en cualquier relación de puestos de trabajo de la Junta, hay que ser funcionario/a y Gómez Álvarez no lo es y no aparece como tal en la Consejería que señala en 2006, ni en 2007 ni en 2008, cuando menos.

Según el experto José Luis Roldán, hasta hace muy poco asesor jurídico del Sindicato Andaluz de Funcionarios y uno de los mejores conocedores de la Administración de la Junta de Andalucía, en su blog Ídolos y Llanto, su afirmación de haber sido "asesora técnica" enmascara "una mentira y una usurpación de funciones públicas. Y, lo que es peor, la realidad subyacente bajo la misma pudiera ser constitutiva de infracción penal; concretamente, prevaricación y fraude en la contratación".

Y sigue: "No es verdad que la señora designada haya sido 'asesora técnica' en la Consejería de Medio Ambiente, por la sencilla razón de que esta señora no es, ni ha sido, funcionariani de carrera ni interina–. Sin embargo, la expresión 'ha sido asesora técnica', pretende dar a entender lo contrario; es decir, que ha sido funcionaria".

¿Por qué afirma que fue asesora técnica? No hay otra explicación sino que la nueva secretaria de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Junta no quería desvelar la verdadera relación que mantuvo con la Junta, una relación que encaja mal con el cargo para el que ha sido nombrada porque tenía poco que ver con la regeneración y desde luego, nada con la transparencia.

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...... esto significa que Nuria Gómez Álvarez participó en una contratación ilícita porque "la realización de las funciones que constituyen el objeto de dichos contratos corresponde exclusivamente a los funcionarios de la propia consejería, conforme a la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Fraccionando el contrato en varios, se posibilitó que la adjudicación pudiera realizarse mediante el 'procedimiento negociado sin publicidad'; es decir, que no se anunciara públicamente la licitación y así, como efectivamente sucedió, adjudicarse "a dedo", sin que ninguna otra persona o entidad tuviesen la oportunidad de postularse para prestar el servicio. O sea, sin transparencia, de forma opaca y arbitraria.

Paralelamente, la ejecución del contrato supuso necesariamente que esta persona la actual secretaria general de regeneración, racionalización y transparencia– estuviese desempeñando ilícitamente, durante ese largo período, funciones públicas reservadas por la ley exclusivamente a funcionarios públicos; todo ello sin ser funcionaria y en virtud de unos contratos asimismo ilícitos. O sea, usurpando funciones públicas


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