martes, 27 de marzo de 2018

Importante. Editorial. El olvido, una mala defensa en el caso ERE + El ex consejero Fernández señala a los funcionarios por los ERE: "Quienes escriben no son los políticos" + El juez de Invercaria envía a juicio el pufo de EDM, la empresa que también recibió ayudas de los ERE = En Andalucía la corrupción es el sistema, ingeniería jurídica "ad hoc" para hacer lo indamisible. Todo es un monumental fraude, ver recordatorio a enlace ya publicado, 1º transferencias de financiación, convenio de los EREs, 2º encomiendas de gestión y 3 º Administración paralela. Hay un plan, diseñado por los "einsteins psociolistos" para mantenerse en el poder, en el que los 22 imputados han participado por acción u omisión. IFA ahora IDEA, Egmasa ahora Amaya, DAPSA ahora Agapa..... el mismo perro con distinto collar, son las mismas personas y el mismo ente ¿reorganizar y cambiar las cosas para seguir haciendo lo mismo.....?.Prescinden de los funcionarios y montan su propia Administración paralela y ahora resultan que el colectivo profesional de funcionario es el responsable del fraude de los EREs? Por cierto en IDEA, la agencia pública empresarial juntera, son todos laborales digitales, subrogados por a Ley del Enchufísmo ¿¿???, Los hechos ya hablan.


En Andalucía, la corrupción es el sistema.


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Editorial. El olvido, una mala defensa en el caso ERE.


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Causa perplejidad que los andaluces hayan tenido la mala suerte de contar durante décadas como gobernantes con políticos aquejados de un gravísimo síndrome de desmemoria. Un mal, por lo que se ve, sumamente contagioso. Al menos es lo que se desprende de la estrategia que están siguiendo los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía juzgados por el gravísimo caso de corrupción de los ERE. Sin salirse del guión de omertá, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández se atrincheró ayer diciendo que no recuerda nada y trató de escurrir el bulto pasando toda la responsabilidad a los técnicos.




Claro que presumiblemente necesitará algo más que dejar la mente en blanco para defenderse Fernández, paradigma del sistema arbitrario y opaco de reparto de fondos públicos de la Junta durante casi una década. Porque el ex consejero fue él mismo beneficiario de una ayuda de 386.000 euros como afectado por el ERE de una empresa de la que era trabajador en excedencia. Todo un escándalo que ejemplifica el modus operandi de la gigantesca telaraña de la corrupción en Andalucía. No pueden ser el olvido y la omertá coartadas para la impunidad ni para que se siga sin acometer una profunda regeneración en el régimen socialista en esta comunidad.


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El ex consejero Fernández señala a los funcionarios por los ERE: "Quienes escriben no son los políticos". 

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  • "Quienes escriben son los funcionarios, no los políticos", dice el acusado para eludir su responsabilidad.

Evangelio de la corrupción.


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Si hubo irregularidades en los ERE no fue por culpa de los políticos. Aunque muy resumido, ése es el mensaje que este lunes quiso transmitir el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández al tribunal que le juzga en la Audiencia de Sevilla. 

En este sentido, Fernández ha seguido los pasos de la mayoría de los compañeros de banquillo que ya han declarado y que han aludido, más o menos explícitamente, a los funcionarios.


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Conclusión:  Etica, su valor es CERO.





Los ciudadanos y funcionarios públicos andaluces no nos merecemos a esta panda de "gogernantes"

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El juez de Invercaria envía a juicio el pufo de EDM, la empresa que también recibió ayudas de los ERE









Recordatorio enlace ya publicado: 




El juez exige a los acusados del caso ERE que se comporten en el juicio porque no es «un acto lúdico» + El ex director de IDEA pagó los ERE para darle "continuidad" a unas ayudas que llevaban ocho años +Tribunales.La ex consejera Aguayo"nunca" informó a Griñán porque no les avisaron de nada "ilegal" en los ERE +La juez Núñez desimputa a un empresario que veía a Guerrero «un Dios» tras darle un millón de euros + El Colegio de Médicos de Granada inhabilita a Spiriman por «insultar» + Recordatorio enlace 2011: FUNCIÓN PÚBLICA | Convocatoria de una manifestación el sábado 22. El PSOE llama 'fascistas' a los funcionarios por oponerse al decreto del 'enchufismo' = En Andalucía, la corrupción es el sistema. Las cosas no ocurren por casualidad; hay causalidad juntera. O estas con ellos y el Régimen te protege o contra ellos. Es un secreto a voces: ¿¿ La junta colabora con quien colabora ??. Sra. Aguayo, usted utilizo el Derecho Laboral para integrar a por “subrogación laboral” y “a dedo” al personal digital y clientelar juntero, hablamos de Empleo público, se actúa a sabiendas ¿más de 25.000 personas se integran en el Empleo público al margen de los procedimientos legalmente establecidos porque así lo decide el rodillo socialista en la “Ley del Enchufísmo"? ¿Decisión motivada por razones de eficacia o lo que es lo mismo, el objetivo es evitar los controles de derecho administrativo, que incluye a los funcionarios para poder hacer lo que les de la gana? y dice la Sra. Aguayo, que siempre ha cumplido la legalidad, o dicho de otro modo, será ¿la legalidad que ella misma determina y establece previamente con los “acólitos” del Régimen?. Hablamos del dictado de “ingeniería jurídica ad hoc, para hacer lo inadmisible, crean una apariencia de legalidad formal, y por la vía de los hechos actúan. Así, para lograr el objetivo, una Administración paralela al servicio del Régimen, se diseñó lo que llaman “un nuevo modelo de Administración Pública”, una reorganización necesaria pero que les sirve de excusa para alcanzar otro objetivo. ¿Lo mismo que han hecho para hacer mobbing al testigo protegido? . El “modus operandi” de los junteros, siempre se repite. Primero se diseña el plan, como los catalanes, después a los intereses del Régimen hay que darle apariencia de legalidad, ¿como?: por ingeniería jurídica ad hoc”, como botón de muestra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, Ley Enchufismo”. Es lo mismo que hicieron con los convenios que permitieron el fraude de los EREs pero a lo grande, visten a sus entes instrumentales, la caja pagadora de los EREs ahora es IDEA, como ¿Agencia pública empresarial de personal laboral, con potestades públicas? ……...las agencias instrumentales junteras, son el brazo ejecutor del Régimen y les sirven para gestionar el dinero público de todos. Como las trasferencias de financiación sabían que eran ilegales, lo que aflora ahora en los Eres, utilizaron para vestir el muñeco y después de estas, las encomiendas de gestión, y como estas también se impugnaban y las tumbaban los tribunales, diseñan la Ley de Reordenación del Sector Público para lograr su objetivo: consolidar una Administración del Régimen, digital y de acceso clientelar, laboral para manejar el dinero de todos; todas las corruptelas que están ahora en los tribunales, Eres, Invercaria, IDEA, Formación…..se realizan ¿por razones de eficacia sin funcionarios y con su propio personal?.Todo esta pensado y diseñado, ocurre igual que en Cataluña, y ya hemos visto lo que ha pasado con el "proces" y los "Mossos de Esquadra" ¿al servicio de quien están?. Para los junteros, eso de utilizar funcionarios y una Administración profesional, de base constitucional para la gestión del interés general, no va con ellos, el interés general, es el de ellos. Dentro del Régimen andaluz mandan “los Einsteins psociolistos”, su comportamiento en el Tribunal es reflejo de esto, una mera formalidad que cumplir nada más, como los pujols y su impunidad. El Régimen lo controla todo, e incluso crea y consolida a su propia administración paralela, para mantenerse en el poder. Tienen su propia estructura y a su propio personal, más de 25.000 personas forman la estructura. Si no obedeces, irán a la calle, ya lo saben todos, actúan como los testigos de Jehova, ya lo dijo la “Sabalete”. Si Sra. Aguayo, con este nuevo modelo, aprobado por el rodillo socialista y convertido en Ley, por obra y gracia de usted y de su equipo técnico de la Consejería de Hacienda y Administración pública, dice cumple con la legalidad, esa legalidad que “a priori” se diseña, para darle cobertura y que es un monumental fraude de ley, pues el objetivo real es que el dinero público de todos pase de la Administración General de la Junta de Andalucía, Administración de base constitucional, donde rigen los controles que impone el derecho administrativo, funcionarios, intervención general, fiscalización previa….., a la Administración del Régimen, la de los entes instrumentales y sus agencias, esa donde se producen todos los fraudes y que es de acceso y selección digital. Así se diseña un modelo para “transferir” el dinero público de todos a la Administración juntera, por Ley, para que los ciudadanos no la pueda impugnar, solo cabe el recurso de inconstitucionalidad. Y cuando el dinero desaparece y vuela es porque previamente se diseño el sistema, como el convenio de los EREs, y según los imputados ¿resulta que todo es legal y que nadie sabe nada? …..En todas las actuaciones subyace lo mismo, los instrumentos jurídicos se diseñan con un único objetivo, seguir detentando el poder para vivir de lo público y hacer lo que les da la gana, ocurre lo mismo que en Cataluña, la ingeniería jurídica ad hoc da para mucho y el dinero publico de todos también, ya llevan casi 40 años en el poder, ¿anomalía política o Régimen clientelar, sufragado con dinero público de todos?……..Todos los imputados, ahora en el banquillo, participan en el engranaje, por acción u omisión y mientras ¿mantiene, la Audiencia que no hay asociación ilícita ni trama criminal para desviar los fondos públicos, ni diseño institucional? .¡¡¡Venga ya!!!! Los fraudes millonarios y el saqueo institucional de fondos públicos, no es algo pueda ocurrir por casualidad, hay un diseño institucional pagado con fondos públicos, como ocurre en Cataluña, en ambas comunidades, la corrupción es el sistema. ¿Que es lo que paso con la Ilma. Sra. Doña Mercedes Alaya y que está pasando ahora con la Sra. Bolaños? ¿Que es lo que esta pasando con Spiriman? ¿Como es posible que a los funcionarios por rebelarse contra la Ley del “Enchufismo”, los “psocialistas” los llamaron fascistas? Lo que es se ve, hay distintas varas de medir, y esto también ocurre en sede judicial:¿Maridaje y Tela de araña a la andaluza? La impunidad del Régimen, un camino sin retorno, esto también pasaba con la familia del “honorable Pujol”…...Conclusión: ¡¡¡¡ Hay que botarlos!!!!



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Primero transferencias de financiacion, convenio de los ERES, después encomiendas de gestión y finalmente Administración paralela, actúan a "sabiendas" mediante "ingenieria jurídica ad hoc", no hay casualidad sino causalidad juntera, un "diseño institucional para manejar fondos publicos", a través de su propia estructura clientelar, es la forma de sostener al Régimen Andaluz y eliminar el control de los funcionarios. Resulta curioso que sólo se acuerden de este colectivo para ¿hacerles responsables de sus desmanes?,Sin comentarios, cada uno es quien es.



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http://www.elmundo.es/opinion/2018/03/27/5ab92eeb46163f98788b45e8.html

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/26/5ab8ca7de5fdeae6048b467e.html

El ex consejero Fernández señala a los funcionarios por los ERE: "Quienes escriben no son los políticos"




Si hubo irregularidades en los ERE no fue por culpa de los políticos. Aunque muy resumido, ése es el mensaje que este lunes quiso transmitir el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández al tribunal que le juzga en la Audiencia de Sevilla. Toda la responsabilidad la ha descargado el ex consejero en los funcionarios. «Quienes escriben no son los políticos, son los funcionarios», ha llegado a afirmar para tratar de convencer a los magistrados de que los cargos públicos -como él y los otros 21 que se sientan en el banquillo de los acusados- no hacían otra cosa que firmar lo que los técnicos les ponían por delante.

El ex consejero de Empleo -para el que la Fiscalía pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación- se ha escudado en su desmemoria, pero sobre todo en los técnicos para negar su papel como uno de los principales personajes en la trama de los ERE irregulares que se enjuicia.

Fernández ha defendido la legalidad de sus actuaciones, tanto en su época de viceconsejero como en la de consejero de Empleo, en relación con las ayudas sociolaborales a través de las cuales se defraudaron, según los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción, 741 millones.

Él fue vicepresidente y luego presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -luego rebautizado como Agencia Idea- desde el que se pagaron las prejubilaciones y estuvo detrás de la elaboración de la normativa específica que la Junta aprobó para los ERE fraudulentos. Pero, ha reiterado a preguntas de la Fiscalía, no tuvo conocimiento de irregularidad alguna, una ignorancia que ha tratado de justificar diciendo en alguna ocasión que sólo «hojeaba» los documentos que elaboraban los técnicos para que él los firmara.

Fernández también ha negado la mayor al afirmar que ninguna de las decisiones que se tomaron sobre las ayudas iba encaminada a burlar los controles de la Intervención. «Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo», ha sentenciado para añadir, a continuación, que «podríamos haberlo hecho mejor o peor o haber tenido avisos o reparo, pero no es ni pensable». La concesión o el pago de las ayudas, dijo, «tiene un recorrido y deja su huella» y el mecanismo era «el que los técnicos habían pesando».

«Todo el mecanismo, por lo menos de mi nivel hacia arriba no lo conoce ni lo hace nadie», ha señalado Fernández apuntando, una y otra vez, a los técnicos. «Los criterios eran enormemente técnicos», ha apostillado.

El convenio entre la consejería y la Agencia Idea y el mecanismo que se arbitró para pagar las prejubilaciones -totalmente opaco a la fiscalización de la Intervención- es, de hecho, la clave de este juicio, que se centra en el denominado procedimiento específico y trata de esclarecer qué responsabilidad tuvieron los 22 acusados en su diseño y puesta en marcha.

En este sentido, Fernández ha seguido los pasos de la mayoría de los compañeros de banquillo que ya han declarado y que han aludido, más o menos explícitamente, a los funcionarios.

Además de a los funcionarios, el ex alto cargo ha apuntado al Gobierno central a la hora de repartir responsabilidades y ha asegurado que las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 «han servido de modelo e inspiración» a todo el procedimiento de ayudas sociolaborales de Andalucía.

En cuanto al equipo que gestionó los ERE en la Dirección de Trabajo, ha insistido en que eran "funcionarios de carrera" y que él no conocía la presencia de externos ni de la empresa Umax. "Nunca hubo personas extrañas", ha dicho Fernández, quien ha sido contundente a la hora de señalar que "en la Administración hay muy pocos puestos digitales".

Sí ha admitido Antonio Fernández su papel en el 'fichaje' del ex sindicalista y luego parlamentario del PSOE Ramón Díaz como asesor de la Dirección General de Trabajo. Aunque, ha precisado el ex consejero, su decisión fue que actuara como asesor sobre "conflictividad" laboral, nunca para que gestionase ayudas.

Lo cierto es que, según la Guardia Civil, participó en las negociaciones de algunos de los ERE que recibieron financiación con cargo al 'fondo de reptiles' de la Junta de Andalucía y fue contratado a través de la fundación Faffe, salpicada por escándalos de nepotismo y hoy investigada por contratos irregulares y por el fraude de la formación.

Sobre la promoción de Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo, el ex consejero ha explicado que fue nombrado por su antecesor, Guillermo Gutiérrez, y ratificado por el Consejo de Gobierno. Luego, fue ratificado por los consejeros sucesivos incluido José Antonio Viera y él mismo.

En el auto de procesamiento se le acusa de promover a Guerrero, como responsable del reparto de las subvenciones a sabiendas de que no tenía competencias para ello, y de permitir que los fondos públicos se distribuyeran sin control previo ni convocatoria pública o fiscalización alguna. Y con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados.

La Fiscalía reclama para el ex consejero Fernández penas de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

De los ex consejeros de la Junta de Andalucía sentados desde diciembre en el banquillo junto a Chaves y Griñán, Antonio Fernández es el único que ha pisado ya la prisión por su presunta responsabilidad en el desvío de fondos públicos en las ayudas destinadas a trabajadores y empresas en crisis, el conocido como caso de los ERE, cuya pieza principal se juzga actualmente en la Audiencia de Sevilla.



Fernández entró en el centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla) pasadas las 8 de la mañana del 24 de abril de 2012, tras el auto de prisión firmado por la juez Alaya de madrugada. Y no saldría hasta el 11 de agosto de ese mismo año, tras depositar una fianza de 450.000 euros que consiguió reunir con «cientos de aportaciones individuales de familiares y amigos», según explicó entonces su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.



http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/22/5ab3860f468aeb75738b45ef.html

El juez de Invercaria envía a juicio el pufo de EDM, la empresa que también recibió ayudas de los ERE.


El juez de Sevilla que investiga las ayudas y los préstamos sin control concedidos por la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, ha enviado a juicio el pufo de Electronics Devices Manufacturer S.A. (EDM), la empresa del municipio jiennense de Mancha Real que cerró tras embolsarse unos cuatro millones de euros de fondos públicos inyectados por diferentes consejerías y entes instrumentales del Gobierno andaluz. Esta sociedad también recibió ayudas de los ERE.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han detallado este jueves que el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha remitido a la Audiencia para su enjuiciamiento la pieza separada abierta por los préstamos participativos de 1.180.000 euros concedidos por Invercaria a EDM, cuyo objeto social era la fabricación y ensamblaje de productos y equipos electrónicos.

Se trata de la novena pieza separada desgajada de la macrocausa de Invercaria que el juez instructor ha enviado a juicio. En EDM serán enjuiciados por prevaricación y malversación el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex consejero de esta sociedad pública Bienvenido Martínez Martínez y tres representantes de la empresa (Juan Ruiz Cobos, Francisco González Mingote y Antonio Jiménez Morilla).

EDM recibió en 2008 dos préstamos participativos de Invercaria, uno por 450.000 euros y el otro por 730.000, haciendo un total de 1.180.000 euros. Al año siguiente, la sociedad entró en concurso de acreedores y las inversiones de la Junta resultaron fallidas. Esta sociedad nació con vocación de convertirse en un gran fabricante de ordenadores y contó desde el primer momento con el apoyo incondicional de varias consejerías.

La Cámara de Cuentas alertó en el informe que destapó el 'caso Invercaria' de que, además de los préstamos fallidos de la empresa pública de capital riesgo en 2008, en el ejercicio anterior, 2007, EDM había recibido 2.753.263,51 euros en ayudas de la Junta. La empresa estaba recién creada, ya que se fundó en julio de 2006.

Del 'fondo de reptiles' salió un «préstamo» de 384.481,65 euros para EDM en el año 2008. En el juicio de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el fiscal ha interrogado a los acusados sobre esta sociedad de Mancha Real, la "máxima celeridad" con la que se le concedieron ayudas y la forma de inyectarle fondos, "soslayando" embargos que pesaban sobre ella.

La Consejería de Empleo comenzó a concederle ayudas a EDM el mismo año de su fundación. En 2006 le bonificó el cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social y le otorgó una subvención de 146.161,71 euros para el mantenimiento del empleo. El año siguiente, en 2007, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa le concedió a EDM un incentivo a fondo perdido de 781.652,80 euros. La Consejería de Comercio y Turismo le otorgó 28.250 euros por «promoción comercial» y la de Empleo le concedió tres cuantiosas ayudas: una de 1.442.520 euros para creación de empleo; otra de 321.000 euros para eliminación de barreras arquitectónicas y una tercera de 33.679 euros para formación ocupacional.

En la pieza de EDM en la empresa de capital riesgo de la Junta, el Ministerio Público, en su escrito de acusación, pide para el ex presidente y el ex consejero de Invercaria 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por el presunto delito de malversación y otros 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Asimismo, reclama para los tres representantes de la empresa EDM 2 años y 6 meses de prisión y 5 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y 6 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Además, la Fiscalía solicita que los cinco acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed SCR en la cantidad de 1.368.954,98 euros.

Las otras ocho investigaciones concluidas

La pieza sobre EDM es la novena que el juez de Invercaria manda a juicio. La anterior fue la de la empresa Own Spa, que ocasionó «un perjuicio al erario público de 304.044,33 euros» tras recibir fondos de Invercaria y no devolverlos. Al frente de esta sociedad estaba el ex directivo del Sevilla y actual presidente del Cádiz C.F., Manuel Vizcaíno Fernández, que se sentará en el banquillo junto a su hermana y el ex presidente de Invercaria Pérez-Sauquillo.

Las otras siete piezas del caso Invercaria concluidas por Gutiérrez Castillas son las relativas a las ayudas a Fumapa, que recibió 300.000 euros; Servivation, donde Invercaria inyectó 1.180.000 euros y el ex consejero Vallejo ha resultado procesado; Operador Aéreo Andalus, donde hubo un quebrando para la Junta de 1,8 millones de euros y está acusado el ex consejero Martín Delgado; Lolita Canalla, que recibió 100.000 euros de Invercaria; Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), a la que la empresa de capital riesgo pública destinó 716.000 euros; la diseñadora Juana Martín, que acumula 949.749 euros en ayudas; y Aceitunas Tatis, con 100.000 euros.

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