La impunidad de Chaves
El hombre que gobernó la Junta de Andalucía durante casi dos décadas como si se tratase de la finca particular de su familia y su partido ha vuelto a salir indemne de una sentencia judicial, a pesar de que su intervención fue decisiva para otorgar ilegalmente un incentivo de 10,1 millones de euros a la empresa en la que trabajaba su hija. Fue en 2009, tres meses antes de que Manuel Chaves abandonara su cargo. Entonces, el Consejo de Gobierno que él mismo presidía ratificó la millonaria ayuda a Matsa, la compañía minera que había contratado como abogada a su hija Paula año y medio antes.
El presidente andaluz no solo no se abstuvo, algo a lo que estaba obligado por la ley de incompatibilidades, según demostró EL MUNDO cuando destapó el caso. Además, votó favorablemente aun sabiendo que la subvención no era legal, ya que el proyecto para el que se solicitó estaba ya iniciado, algo que prohíbe expresamente la legislación por exigencias de la Unión Europea. De esta forma, Matsa deberá devolver el dinero más los intereses acumulados (alrededor de 16 millones), pero queda sin juzgar lo que es sin duda un claro ejemplo de prevaricación, ya que el Supremo dio carpetazo a la denuncia interpuesta por el PP contra el presidente andaluz.
La sentencia del TSJA ratifica las informaciones de este periódico y por las que fue duramente atacado tanto por Chaves como por algunos dirigentes socialistas, que exigieron que EL MUNDO pidiese perdón. Chaves está ahora siendo juzgado por el reparto del botín de los ERE, el caso de corrupción más grave de la democracia española destapado también en estas páginas.
La Justicia condena a Matsa, la empresa de la hija de Chaves, a devolver a la Junta la ayuda de 10,1 millones
- El TSJA falla contra Minas de Aguas Teñidas, Matsa, y le obliga a reintegrar el incentivo millonario más los intereses
- EL MUNDO descubrió las irregularidades en 2009 pero el Gobierno andaluz las ignoró y no actuó hasta 2014
- La clave de la sentencia es que se incentivó una obra ya iniciada, algo ilegal
La impune vulneración de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos
El 20 de enero de 2009, el entonces presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves votó en el Consejo de Gobierno que presidía a favor de la ratificación de la ayuda de casi 10,1 millones a la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matsa, en la que trabajaba entonces su hija Paula como apoderada, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta le obligaba a inhibirse por la relación de parentesco.
Pese al flagrante incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades -hasta el punto de que Paula Chaves fue quien aceptó en nombre de Matsa la subvención minera ratificada por su propio padre-, el Gobierno andaluz presidido por José Antonio Griñán se negó a abrir expediente sancionador contra Chaves incluso cuando recibió la orden expresa del TSJA, finalmente revocada por el Tribunal Supremo, al negar al PP andaluz legitimidad judicial activa para exigir al Ejecutivo autonómico sancionar a los políticos de la Junta que infrinjan la citada normativa anticorrupción.
El Gobierno andaluz siempre mantuvo que Paula Chaves no intervino en el procedimiento hasta un mes después de firmar su padre la concesión de la subvención, por lo que al ex presidente no se le podría acusar de haber incurrido en incompatibilidad alguna. Sin embargo, el ex apoderado que gestionó la ayuda de Matsa ante la Administración andaluza, Francisco Javier López Rubio, admitió que la hija de Chaves supervisó y validó todo el proceso de la ayuda desde el principio.
La declaración del ex apoderado dejó en evidencia a Chaves, quien había llegado a afirmar en el Congreso: «Es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada». Paula Chaves empezó a trabajar en Matsa en julio de 2007. Ha sido la directora del departamento de recursos humanos y ahora es la responsable de la asesoría jurídica, relaciones institucionales y comunicación en Minas de Aguas Teñidas, Matsa.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/10/15/5bc317a2468aeb37228b462b.html
La Justicia condena a Matsa, la empresa de la hija de Chaves, a devolver a la Junta la ayuda de 10,1 millones
- El TSJA falla contra Minas de Aguas Teñidas, Matsa, y le obliga a reintegrar el incentivo millonario más los intereses
- EL MUNDO descubrió las irregularidades en 2009 pero el Gobierno andaluz las ignoró y no actuó hasta 2014
- La clave de la sentencia es que se incentivó una obra ya iniciada, algo ilegal
Casi una década después, los tribunales
dan la razón a las informaciones de EL MUNDO sobre las irregularidades en el polémico incentivo de casi 10,1 millones de euros que en 2009 el entonces presidente del Gobierno
andaluz, el socialista Manuel Chaves, concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matsa, en la que trabaja su
hija Paula
Chaves, ahora como
directora de la Asesoría Jurídica, Relaciones Institucionales y Comunicación de
esta sociedad.
El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) acaba de fallar contra Matsa en una sentencia en la que
condena a la empresa minera a devolver a la Junta el incentivo de 10,1 millones
de euros más los intereses legales acumulados (la suma total podría rondar los 16 millones) por las irregularidades descubiertas en la concesión de la ayuda, según
pudo confirmar este diario.
El 20 de enero de 2009, el entonces
presidente de la Junta, Chaves votó en el Consejo de Gobierno que
presidía a favor de la ratificación de la ayuda para la empresa que fichó a su
hija Paula en julio de 2007, antes de pedir el incentivo. A los tres meses de
avalar esta subvención, Chaves dejó el Ejecutivo andaluz, tras 19 años en la
Presidencia.
Precisamente ahora, el ex presidente
del Ejecutivo andaluz está siendo enjuiciado, junto a otros 21 ex altos cargos, en la Audiencia
de Sevilla por los ERE. La Fiscalía Anticorrupción, que eleva el botín de los ERE a 741 millones de euros, pide para él 10 años de inhabilitación por
prevaricación.
La clave de la sentencia sobre Matsa de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA es que
el Gobierno andaluz subvencionó un proyecto ya iniciado, algo totalmente
prohibido por la ley. De esta forma, la Justicia da la razón
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que el pasado 14
de enero de 2014 -durante la etapa del bipartito presidido por Susana Díaz con
el apoyo de Izquierda Unida- solicitó a Matsa el reintegro de la totalidad del
incentivo más los intereses acumulados. En esa fecha, la suma ascendía a 11.832.868,40
euros.
Este diario destapó las irregularidades del incentivo
millonario en 2009, pero el Gobierno andaluz las ignoró hasta 2014, cuando
decidió finalmente reclamar el reintegro.
Los argumentos de la sentencia del TSJA
para condenar a Matsa a devolver la ayuda -que inició el proyecto antes de pedir
la ayuda, en contra de la ley- son los
mismos que utilizó el PP para cuestionar la subvención de Chaves a la mina
apoderada por su hija. Y son los mismos que también esgrimió el último Gobierno
de Rodríguez Zapatero para denegarles la ayuda al proyecto.
Pese a que los incumplimientos eran de sobra conocidos, tal y como este diario ha venido
informando durante estos años, Minas de Aguas Teñidas cobró los 10,1 millones
de euros en tiempo récord, ya que el incentivo fue concedido en enero de 2009 y
el 4 de junio de 2010 la Administración se lo pagó.
La Unión Europea (UE) exige, con
carácter general, que las empresas no inicien los proyectos antes de la
presentación de la solicitud de ayuda. Es el conocido como «efecto
incentivador» que persigue el cambio de conducta del
sujeto que recibe el incentivo. Esta exigencia de la UE se refleja en las
órdenes reguladoras de cada una de las subvenciones, ya sean del Gobierno o de
la Junta de Andalucía.
El 24 de abril de 2008, el Ministerio
de Industria, entonces dirigido por Miguel Sebastián, rechazó incentivar la construcción de la planta de tratamiento mineral de
Matsa porque había solicitado la subvención estando ya iniciado el proyecto. Lo
ratificó el propio Sebastián en la sesión de control al Gobierno celebrada en
el Congreso de los Diputados el 17 de junio de 2009.
La solicitud de Matsa al Ministerio
tuvo entrada el 20 de julio de 2007, justo el mes en que Paula Chaves empezó a
trabajar en la firma minera. Si el Gobierno de Zapatero confirmó que antes de
esa fecha el proyecto de
Matsa estaba iniciado, también tenía que
estarlo tres meses más tarde, el 11 de octubre de 2007, que es cuando Matsa
pidió la ayuda para el mismo proyecto a la Junta bajo la presidencia de Chaves,
que finalmente va a tener que reintegrar.
La impune vulneración de la Ley de
Incompatibilidades de Altos Cargos
El 20 de enero de 2009, el entonces presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves votó en el Consejo de Gobierno que presidía a favor de la ratificación de la ayuda de casi 10,1 millones a la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matsa, en la que trabajaba entonces su hija Paula como apoderada, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta le obligaba a inhibirse por la relación de parentesco.
Pese al flagrante incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades -hasta el punto de que Paula Chaves fue quien aceptó en nombre de Matsa la subvención minera ratificada por su propio padre-, el Gobierno andaluz presidido por José Antonio Griñán se negó a abrir expediente sancionador contra Chaves incluso cuando recibió la orden expresa del TSJA, finalmente revocada por el Tribunal Supremo, al negar al PP andaluz legitimidad judicial activa para exigir al Ejecutivo autonómico sancionar a los políticos de la Junta que infrinjan la citada normativa anticorrupción.
El Gobierno andaluz siempre mantuvo que Paula Chaves no intervino en el procedimiento hasta un mes después de firmar su padre la concesión de la subvención, por lo que al ex presidente no se le podría acusar de haber incurrido en incompatibilidad alguna. Sin embargo, el ex apoderado que gestionó la ayuda de Matsa ante la Administración andaluza, Francisco Javier López Rubio, admitió que la hija de Chaves supervisó y validó todo el proceso de la ayuda desde el principio.
La declaración del ex apoderado dejó en evidencia a Chaves, quien había llegado a afirmar en el Congreso: «Es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada». Paula Chaves empezó a trabajar en Matsa en julio de 2007. Ha sido la directora del departamento de recursos humanos y ahora es la responsable de la asesoría jurídica, relaciones institucionales y comunicación en Minas de Aguas Teñidas, Matsa.
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