Chaves minimiza en el Supremo el caso ERE: 'Los jueces dirán si hubo fraude y si fue grande o pequeño'
- 'Las ayudas sociolaborales tuvieron un efecto positivo en la lucha contra el paro'
- La Justicia 'determinará si hubo fraude o no y si el fraude fue pequeño o grande'
Las palabras de Chaves, que ni siquiera da por hecho ya la existencia de fraude, contrastan con la de su sucesor en la Junta, José Antonio Griñán, que la semana pasada, en el mismo escenario y tras el mismo trámite ante el juez instructor, dijo que lo sucedido con los ERE fue "un gran fraude". Al juez le dijo que había sido "una barbaridad". Ahora Chaves dice que aún está por ver.
El ex presidente autonómico ha negado cualquier ilegalidad por su parte. "He reiterado [ante el juez] que durante el tiempo que he sido presidente de Andalucía, en los 19 años que he sido presidente, nunca jamás se ha adoptado en un Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca. En los años que yo he presidido ni se ha mantenido ni se ha decidido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad."
La
Guardia Civil presenta a Zarrías como "cortafuegos" de Chaves en los
ERE
- El informe entregado al Supremo sugiere que la trama afecta a todo el Gobierno pero que sólo Empleo y el consejillo de viceconsejeros debían figurar
- La segunda línea fraccionaba las ayudas para que no fuera obligatoria su ratificación por los consejeros y Chaves, quien declara este martes ante Barreiro
- Los agentes de la UCO informan al juez Barreiro de que Zarrías presidió 12 consejillos en los que se aprobaron ayudas fraudulentas
La trama de los ERE diseñó un plan, con líneas “trazadas”
a modo de “cortafuegos”, para impedir que el incendio de las ayudas irregulares
terminara por abrasar al escalón más alto del Gobierno de la Junta de Andalucía. A esta
conclusión llegan los investigadores de la Guardia Civil en el informe que ya tiene en
su poder el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, quien este martes toma declaración a Manuel Chaves,
el político socialista que ocupó ese último escalón durante casi dos décadas.
Chaves, al igual que
su sucesor en la Presidencia de Andalucía, José Antonio Griñán, están imputados
al llegar la jueza Mercedes Alaya a la conclusión de que las subvenciones fraudulentas
respondían a un plan diseñado desde el corazón de la Junta, con objeto de
evitar los controles a los que la Ley somete la concesión de subvenciones. Según sugiere la Guardia Civil, ese plan incluyó que las
decisiones relevantes no salieran formalmente de la Consejería de Empleo y
tampoco trascendieran a los Consejos de Viceconsejeros, los denominados "consejillos", un órgano
inferior a la Junta de Gobierno y que tiene como misión elevar propuestas a
ésta.......
Por una parte, apuntan
los agentes, la trama preveía que “en la
sucesión de las ayudas concedidas con los fondos de la partida '31L' debían concurrir unas normas trazadas", consistentes en
que el ámbito de decisión no debería "superar" la Consejería de Empleo (al frente de la que se encontraba el también
imputado José Antonio Viera)
y el
IFA (Instituto de Fomento de Andalucía,
dependiente de Empleo)”. Como exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán atribuyó el
pasado a Viera la responsabilidad de
“cómo” gastar el presupuesto que le destinaba su departamento. Griñán y la
Guardia Civil coincidirían si no fuera porque el Instituto Armado sugiere que ese
estancamiento de los departamentos era solo en apariencia y tenía por objeto
que la Presidencia y otras Consejerías no se vieran salpicadas.
La mecánica queda
descrita en el atestado con varios casos, entre ellos, el de la empresa Pickman
Conclusión.
El ex presidente de la Junta declara como imputado
Chaves minimiza en el Supremo el caso ERE: 'Los jueces dirán si hubo fraude y si fue grande o pequeño'
- 'Las ayudas sociolaborales tuvieron un efecto positivo en la lucha contra el paro'
- La Justicia 'determinará si hubo fraude o no y si el fraude fue pequeño o grande'
"Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente lo fondos será la Justicia la que determine si esa actuación individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande, eso lo tendrán que determinar los tribunales de Justicia". Así se ha pronunciado el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves a las puertas del Tribunal Supremo tras prestar declaración como imputado por el caso de los ERE.
Las palabras de Chaves, que ni siquiera da por hecho ya la existencia de fraude, contrastan con la de su sucesor en la Junta, José Antonio Griñán, que la semana pasada, en el mismo escenario y tras el mismo trámite ante el juez instructor, dijo que lo sucedido con los ERE fue "un gran fraude". Al juez le dijo que había sido "una barbaridad". Ahora Chaves dice que aún está por ver.
Chaves, que ha declarado durante más de dos horas ante el magistrado Luciano Varela, ha sostenido que los ERE fueron beneficiosos. "Las ayudas sociolaborales recogidas en los Presupuestos de la Junta tuvieron un efecto positivo para los trabajadores".
El ex presidente autonómico ha negado cualquier ilegalidad por su parte. "He reiterado [ante el juez] que durante el tiempo que he sido presidente de Andalucía, en los 19 años que he sido presidente, nunca jamás se ha adoptado en un Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca. En los años que yo he presidido ni se ha mantenido ni se ha decidido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad."
Cinco aforados
La declaración de Chaves este martes responde a la llamada del magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, que ha citado durante el mes de abril ante el Supremo a cinco aforados -que lo son por ser parlamentarios-, para que comparezcan como imputados pero voluntariamente antes de que se decida si existen o no indicios para encausar a alguno de ellos.
El primero de los citados, el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, negó la semana pasada haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas investigada en el caso de los ERE en Andalucía y atribuyó la responsabilidad a sus subordinados.
Por su lado, el también ex presidente de la Junta y además ex consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, admitió durante su comparecencia, celebrada el pasado jueves ante el magistrado Barreiro, que en la gestión de los ERE hubo un gran fraude, pero no que estuviera planificado.
Negó asimismo haber recibido ningún informe de la intervención de la Junta alertándole de las irregularidades que se cometieron en la gestión de una parte de las citadas ayudas públicas y también apuntó que su departamento financió, pero no adjudicó las ayudas, y precisó que fue en este segundo punto en donde se produjo el fraude.
Además de Viera, Griñán y Chaves, en los próximos días comparecerán también ante Barreiro los ex consejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos como imputados.
Para poder interrogar a Zarrías, el instructor ya tiene sobre la mesa el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) sobre Zarrías y la senadora Mar Moreno, cuya comparecencia cerrará la ronda de declaraciones en el alto tribunal.
La investigación de la UCO se centra en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía y que pueden estar relacionados con los hechos que son objeto de la causa que le fue remitida por la juez de Sevilla Mercedes Alaya.
La ley permite que los diputados y senadores implicados en una causa penal se presten voluntariamente a ser interrogados como imputados para dar la oportunidad de que se despejen sospechas y no sea necesario pedir el suplicatorio contra ellos.
También puede suceder lo contrario y que el juez, después de su comparecencia, decida que sí corresponde pedir permiso a las Cortes para investigarles en relación con un determinado delito o delitos.
¿Prevaricador? ¿Malversador?
Con respecto a Chaves, al igual que el resto de aforados, fue citado en calidad de "imputado" en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas".
En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez de Sevilla que investiga la matriz de esta causa acusa indiciariamente a los aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.
A Chaves se le ha citado en relación a actos realizados como presidente de la Junta andaluza y al informe elaborado por los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), que cuestiona el sistema elegido para la otorgar las ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado "transferencias de financiación".
Lo que dicen los peritos
En su informe pericial, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas.
De esta ayudas se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.
Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la ex ministra Magdalena Álvarez, el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.
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Guardia Civil presenta a Zarrías como "cortafuegos" de Chaves en los
ERE
El informe entregado al Supremo sugiere que la trama
afecta a todo el Gobierno pero que sólo Empleo y el consejillo de viceconsejeros
debían figurar
- La segunda línea fraccionaba las ayudas para que no fuera obligatoria su ratificación por los consejeros y Chaves, quien declara este martes ante Barreiro
- Los agentes de la UCO informan al juez Barreiro de que Zarrías presidió 12 consejillos en los que se aprobaron ayudas fraudulentas
La trama de los ERE diseñó un plan, con líneas “trazadas”
a modo de “cortafuegos”, para impedir que el incendio de las ayudas irregulares
terminara por abrasar al escalón más alto del Gobierno de la Junta de Andalucía. A esta
conclusión llegan los investigadores de la Guardia Civil en el informe que ya tiene en
su poder el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, quien este martes toma declaración a Manuel
Chaves, el político socialista que ocupó ese último escalón durante casi dos
décadas.
Chaves, al igual que
su sucesor en la Presidencia de Andalucía, José Antonio Griñán, están imputados
al llegar la jueza Mercedes Alaya a la conclusión de que las subvenciones
fraudulentas respondían a un plan diseñado desde el corazón de la Junta, con
objeto de evitar los controles a los que la Ley somete la concesión de
subvenciones. Según sugiere la Guardia
Civil, ese plan incluyó que las decisiones relevantes no salieran formalmente
de la Consejería de Empleo y tampoco trascendieran a los Consejos de
Viceconsejeros, los denominados "consejillos", un órgano inferior a
la Junta de Gobierno y que tiene como misión elevar propuestas a ésta.
Como Griñán, Chaves y
otros tres miembros de sus gobiernos gozan de la condición de aforados, y es
por eso que el Tribunal Supremo es el encargado de investigarlos. Y en el marco
de esta instrucción, el juez Alberto Jorge Barreiro solicitó varias
diligencias, entre ellas un informe a la Guardia Civil sobre la responsabilidad de
los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno. En ese informe, al que ha tenido acceso
eldiario.es, los investigadores exculpan a Moreno por no haber participado en
los consejillos donde se adoptaron las decisiones sobre las transferencias de
financiación.
Por contra, el Grupo
de Delincuencia Económica precisa que Zarrías presidió ocho
sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros en los que se habrían
abordado acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias
del programa '31L' –que acogía las transferencias de financiación- y presidió
otras cuatro dedicadas a dar lectura y aprobación de los acuerdos adoptados en
consejillos anteriores.
Por una parte, apuntan
los agentes, la trama preveía que “en la
sucesión de las ayudas concedidas con los fondos de la partida '31L' debían concurrir unas normas trazadas", consistentes en que
el ámbito de decisión no debería "superar" la Consejería de Empleo (al frente de la que se encontraba el también
imputado José Antonio Viera)
y el
IFA (Instituto de Fomento de Andalucía,
dependiente de Empleo)”. Como exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán atribuyó el
pasado a Viera la responsabilidad de
“cómo” gastar el presupuesto que le destinaba su departamento. Griñán y la
Guardia Civil coincidirían si no fuera porque el Instituto Armado sugiere que ese
estancamiento de los departamentos era solo en apariencia y tenía por objeto
que la Presidencia y otras Consejerías no se vieran salpicadas.
La mecánica queda
descrita en el atestado con varios casos, entre ellos, el de la empresa
Pickman. A esta iba destinada una ayuda
de 1,8 millones de euros que, al sobrepasar la cantidad de 1,2 millones, debía
ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con su
presidente al frente. Pero la ayuda nunca llegó a ser abordada por Chaves y su
consejeros. El 25 de febrero de 2004, el consejillo decidió retirar la ayuda a
Pickman del orden del día. “Se deduce que nunca elevada y por tanto aprobada
por el Consejo de Gobierno”, escriben los agentes.
Después de que el
consejillo rechazara abordar el tema, el director de Trabajo, Francisco Javier
Guerrero, y el del IFA, Francisco Mendia, revocaron el 2 de marzo de 2004 la
ayuda de 1,8 millones a Pickman. Pero antes de que acabara la jornada, Pickman
iba a ser beneficiada por el IFA con
tres subvenciones: 625.000 para 2004,
600.000 en 2005 y 575.000 a recibir en 2006. En total, 1,8 millones de euros.
La ayuda a Pickan fue
concedida según el plan inicial: sorteando cualquier control y sin que la
primera fila del Gobierno andaluz se viera envuelta en la decisión. La reunión
en la que se concedió la subvención fraccionada estuvo presidida por el
consejero de Empleo, José Antonio Viera. Los agentes de la UCO afirman en su
atestado que el procedimiento “sugeriría que la Comisión de Viceconsejeros
habría impedido, a modo de cortafuegos, que el más alto Consejo de Gobierno de
Andalucía adoptara un acuerdo controvertido, a tenor de lo investigado en
relación a estas subvenciones y de la arbitrariedad con la que se concedieron
las del programa 31L”.
El decreto que nunca llegó
Otra de las
actuaciones a modo de cortafuegos que denuncian los investigadores del órgano
de viceconsejeros es el retraso y marginación del decreto que podría haber
regulado las ayudas investigadas, siempre que lo hubieran ratificado el
presidente y los consejeros. Pero ese decreto nunca pasó del consejillo,
quedando el sistema de transferencias de financiación regulado por un convenio
marco de 2001 firmado por Empleo.
Como recuerdan los
investigadores, el decreto pasó en “sucesivas” ocasiones por el consejillo, se
modificó por diferentes órganos de la Administración autonómica y, finalmente,
no prosperó hacia “instancias mayores”. Se trataba de, conscientemente, “no dotar
a esa actividad subvencionadora de un marco normativo singular y apropiado”,
añaden los agentes, que siempre que van a exponer una conclusión anteponen la
expresión "a juicio policial".
En otro punto del
atestado, los investigadores recuperan las intervenciones de Zarrías, en la
comisión de investigación del Parlamento andaluz, y de Guerrero, ante la jueza.
El primero habló de la necesidad de establecer “criterios de singularidad” para
conceder las subvenciones; el segundo, directamente de “criterios de discrecionales”.
Y es, precisamente, esa forma de actuar, la causante del del “uso descontrolado
de los fondos correspondiente al programa 31L”, esto es, las transferencias de
financiación investigadas, dicen los agentes.
A este respecto, los
investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) señalan al propio Gobierno
de la Junta: “Desde la perspectiva policial parece obvio ponderar que todo este
presunto marco de corrupción tiene su génesis en el abuso descontrolado de los
fondos públicos por parte de determinadas personas, y de un sistema arbitrario
supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos sociales que se
estaban produciendo en ese momento en Andalucía, así como a la consecución de
una concertación social planteada en un programa político”.
La Guardia Civil
dedica un apartado de su atestado de 175 páginas a “otros indicios vinculados”
a Gaspar Zarrías, como su “relación” con Juan Lanzas, conocido como “el
conseguidor”. En el mismo incluyen declaraciones de imputados, caso del
comercial de Vitalia Francisco González, quien asegura que “se decía que
Zarrías es la persona que había introducido a Juan Lanzas en el mundo sindical
y en las relaciones con el Partido Socialista”.
Juan Francisco
Trujillo Blanco, chófer de Guerrero y acompañante de correrías con cocaína y
prostitutas, aseguró que su jefe “presumía de tener línea directa con Gaspar
Zarrías, que podía pasar que le transmitiera a Guerrero alguna orden, petición
o consejo de Zarrías”. Otro abogado, imputado también, aseguró que en la sede
del Gobierno andaluzó se produjeron varias comidas con la asistencia de
Zarrías, Lanzas y miembros de la familia de Ruiz Mateos.
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