El Gobierno de Susana Díaz ignoró las recomendaciones de los interventores + Los interventores + el espectáculo de la verdad = La Junta es jauja...Dejaciones y descontrol con tres mil millones de fondos de Empleo: y esto es con hechos ¿el Régimen; el cortijo de los psociolistos, en Andalucía?

FRAUDE DE LA FORMACIÓN. Comparecencias ante la comisión de investigación El Gobierno de Susana Díaz ignoró las recomendaciones de los interventores

•  La Intervención emitió siete informes de actuación tras constatar que la Junta no adoptó las medidas para corregir las irregularidades
• La interventora de Sevilla no pudo expresar su opinión: la Administración no le envió 11 de los 75 expedientes que pidió

Los interventores.

El espectáculo de la verdad.

Algo ha cambiado, quizá definitivamente, tras el paso de los interventores por la comisión de investigación de los cursos. Al fin aquello ha sonado a verdad; y además esa clase de verdades que, sobre una ciénaga de mentiras, parecen casi un acto revolucionario. Desde ahora hay menos margen para la impostura política; y sobre todo para la batería de consignas con que la Junta viene difuminando el escándalo. En definitiva la lógica política opera con argumentarios a medida para pastorear a sus clientelas, esa clase de lenguaje, tan desalentador para Orwell, «diseñado para que la mentira parezca verdad». Todos tienen asumido que nadie o casi nadie va a creer desde la izquierda al PP o desde el centroderecha a Podemos o desde ninguna posición al PSOE, ya que actúan en función de sus intereses electoralistas. Pero de repente va un buen funcionario de Huelva y rompe esa inercia.

La verdad por sí sola puede ser un espectáculo subyugante y el interventor evitó la retórica: «100% irregularidades», «muchas y graves», «relajación de los controles», «menoscabo de fondos públicos». Parecía tener claro, como el viejo Einstein, que la verdad no requiere artificios... ¡la elegancia para los sastres! El diputado socialista de la comisión trató de amedrentarlo -éste sí con 'literatura fantástica' como le espetó Elena Cortés- insinuando que se protegía a sí mismo. No tuvo éxito. Contra las consignas balsámicas de San Telmo vendiendo que este escándalo no ha castigado las arcas públicas, ese funcionario con casi cuatro décadas de servicio habló de expedientes prescritos y levantó un retablo incómodo, como sus colegas, sobre dejaciones y descontrol con tres mil millones de fondos de empleo: «había carpetas que las abrías y no había nada».

En clave de ética pública, la sesión resultó demoledora. Claro que seguramente en el PSOE no preocuparán demasiado las consecuencias, con la certeza de que estas cosas apenas calan en la opinión pública. Bajo la herencia de plomo de los escándalos, el Susanato ya superó las elecciones de un año atrás con una victoria convincente. Pero, eso sí, años de clientelismo les persiguen, como en el relato implacable de los interventores. Vaya espectáculo. No es raro que el PSOE se resistiera a esta comisión.

http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/03/09/56df4e90e2704ef40a8b45c2.html

http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/03/09/56dfeab2e2704e20738b462c.html


FRAUDE DE LA FORMACIÓN.Comparecencias ante la comisión de investigación 

El Gobierno de Susana Díaz ignoró las recomendaciones de los interventores 

• La Intervención emitió siete informes de actuación tras constatar que la Junta no adoptó las medidas para corregir las irregularidades
• La interventora de Sevilla no pudo expresar su opinión: la Administración no le envió 11 de los 75 expedientes que pidió

Las comparecencias de los interventores provinciales ante la comisión de investigación por el fraude en las ayudas de formación han puesto de manifiesto que el Gobierno de Susana Díaz eludió implantar las recomendaciones de la Intervención General de la Junta, lo que llevó a ésta a emitir al menos siete informes de actuación. Ahora sostiene que las va a aplicar.

El plan de auditorías de 2013 incluyó un control financiero especial sobre la justificación de las ayudas concedidas en materia de formación profesional para el empleo entre 2009 y 2012 -gestionadas en cada una de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)- debido a «las numerosas e importantes irregularidades detectadas en esta materia» en los informes provinciales de control financiero permanente del SAE correspondientes al año 2012.

En junio de 2014, las intervenciones provinciales empezaron a emitir sus informes definitivos, que describían de forma coral un auténtico descontrol. Entre las irregularidades detectadas, llamaban la atención por la «práctica reiterada» por parte del SAE de «iniciar expedientes de reintegro sin darle continuidad al procedimiento», la concesión y justificación de subvenciones sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa reguladora, al margen de no atender requerimientos de documentación o presentarla desordenada y en algunos casos de forma ilegible.

Los interventores remitieron sus informes especiales a las direcciones provinciales del SAE y a las delegaciones territoriales de Educación, Cultura y Deporte -a la que se adscribieron las competencias en materia de formación profesional para el empleo en marzo de 2012, en la etapa de Griñán como presidente- para que, en el plazo de seis meses, implantaran las recomendaciones ante las graves irregularidades observadas.

Los interventores provinciales de Málaga (Juan José Delgado Utrera) y Sevilla (Victoria López Gutiérrez), que comparecieron ayer ante la comisión de investigación, explicaron que propusieron la emisión de informes de actuación al entender que seis meses después no se habían implantado las recomendaciones que les habían detallado.

Ello quiere decir que, si el Gobierno andaluz hubiera aplicado de manera inmediata las recomendaciones formuladas para corregir las deficiencias, la Intervención no habría tenido que dar un paso más con la emisión de los informes de actuación.

El informe de actuación es un mecanismo que prevé el decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía en aquellos casos «en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas» o si se apreciaran «circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos».

Con escasos precedentes hasta ahora en la historia de la autonomía, el presunto fraude de la formación ha motivado ya que el interventor general de la Junta haya emitido nueve informes de actuación, dos por posible menoscabo de fondos públicos -derivados del informe especial a las ayudas concedidas por el SAE entre 2009 y 2012 en Huelva y del informe de auditoría de cumplimiento de legalidad 2012 a los servicios centrales del SAE- y siete por no ejecutar las recomendaciones.

La fecha de emisión de estos informes de actuación oscila entre el 11 de mayo de 2015 -el derivado del informe especial al SAE en Córdoba- y el 22 de febrero de 2016, por las irregularidades en las ayudas concedidas en Málaga. Todos en la etapa de Díaz como presidenta.

En todos los casos, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha manifestado su conformidad con las medidas propuestas por la Intervención, con lo que evita elevarlo al Consejo de Gobierno para resolver la hipotética controversia.

En su comparecencia, la interventora de Sevilla expuso que no pudo expresar su opinión respecto a si el SAE cumplió con la normativa de aplicación debido a la «falta de documentación», la inclusión de papeles ilegibles o desordenados o la falta de remisión de expedientes -11 de 75, un 15%- solicitados para llevar a cabo la tarea de fiscalización. Es la única de los ocho que denegó su opinión.

Su homólogo en Málaga, Juan José Delgado Utrera, defendió la conveniencia de que se revisen «todos los justificantes» de las ayudas para cursos de formación ante las irregularidades detectadas en las muestras analizadas, lo que requeriría un «ingente volumen de personal» en las intervenciones que no se tiene.