- La plantilla de los entes instrumentales públicos en Andalucía ha crecido un 13 por ciento desde 2015.
El entramado de empresas públicas, agencias, fundaciones, consorcios y entes satélites de todo tipo no ha parado de crecer durante los últimos cuatro años. Ni la crisis ni los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno central desde 2012 para reducir el déficit han hecho mella en los gastos de personal de la llamada «administración paralela» de la Junta de Andalucía. Actualmente, los entes instrumentales tienen en nómina a 2.993 personas más de los que había a finales de 2015.
En el
mismo periodo, los funcionarios y laborales que realizan trabajos
administrativos dentro de la Junta de Andalucía no han dejado de descender,
debido a la congelación de ofertas de empleo público y las limitaciones en la
tasa de reposición —el número de contrataciones públicas por cada baja— para
servicios esenciales que el Estado impuso durante la crisis.
El proyecto de presupuestos revela que la plantilla de la Administración General cuenta con 45.458 efectivos. Son 1.599 menos que a finales de 2015. Se han perdido un 3,4 por ciento de las plazas ocupadas en la Administración, mientras el personal a sueldo de la «red paralela» crecía un 13 por ciento.
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El proyecto de ley de presupuestos para 2019 aprobado por el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos pone números al personal de las entidades instrumentales. Actualmente, tiene a sueldo a 26.045 personas frente a los 23.052 que componían la plantilla media a fecha de 31 de diciembre de 2015, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de dicho ejercicio.
La
Cámara de Cuentas ha cuestionado la opacidad de procesos selectivos en la
«administración paralela», que emplea actualmente a 26.045 personas
Por
primera vez, el plan presupuestario incluye un anexo que desglosa el personal
al servicio de los distintos entes: 16.499 trabajadores pertenecen a las
agencias públicas empresariales, 5.307 a sociedades mercantiles, 4.100 a
fundaciones y 139 a consorcios. De los 3.036,5 millones de euros que la Junta
inyectará a estas entidades durante 2019, mediante transferencias y
subvenciones para mantener su funcionamiento, un tercio (1.073,69 millones) se
emplea en gastos de personal, principalmente el pago de sueldos.
Los 26.045
trabajadores del sector público andaluz se suman a las 250.058 personas que
emplea la Junta de Andalucía, entre funcionarios y laborales de las
Consejerías, profesores, profesionales sanitarios y personal de las distintas
sedes judiciales. Otros 434 puestos se reparten entre altos cargos (218) y
asesores (216), según el plan presupuestario. En total, la Junta da trabajo
directo a 276.103 personas. La Administración autonómica es la mayor empresa de
Andalucía, que emplea por sí sola al 9 por ciento de la población ocupada en la
comunidad.
Procesos
selectivosLa falta de convocatorias públicas en los entes instrumentales, crítica recurrente de la Cámara de Cuentas de Andalucía en sus informes de fiscalización, ha creado un caldo de cultivo para las contrataciones «a dedo» y la entrada de excargos municipales y autonómicos sin vida laboral fuera de la política.
En un
atestado entregado hace dos años a la juez que investiga las irregularidades de
la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida por sus
siglas (Faffe), la Guardia Civil detectó «la vinculación, directa o indirecta,
de más de 200 empleados con diferentes fuerzas políticas y sindicales»,
principalmente con el PSOE. Sus 1.600 empleados recalaron en 2011 en el
Servicio Andaluz de Empleo cuando el Gobierno de José Antonio Griñán aprobó la
controvertida Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, bautizada como
«ley del enchufismo».
La
Junta da empleo directo al 9 por ciento de la población ocupada en Andalucía
Ante
este mastodóntico conglomerado administrativo heredado de anteriores
ejecutivos, compuesto por casi un centenar de entidades, el «Gobierno del
cambio» ha pactado con Vox «explorar» distintas vías para reciclar a su
personal infrautilizado haciendo una regulación que posibilite asignarle tareas
administrativas que ahora tiene vedadas por ley. Quiere trasladarlos a las
consejerías en lugar de que aplicar un ERE a gran escala que acarree costes
indemnizatorios elevados.
Motivos del aumento
En la
«administración paralela» convive personal diverso con cualificación y
funciones muy diferentes. La Memoria del Presupuesto de 2019 ofrece una
explicación al aumento del personal en el sector público. «Las entidades
instrumentales del sector sanitario y de servicios sociales y dependencia
alcanzan crecimientos muy significativos», «derivados de la apertura de nuevos
centros hospitalarios, del crecimiento de los servicios en materia de
dependencia y servicios sociales, y del carácter prioritario otorgado a la
investigación sanitaria», señala.
Las
agencias, empresas y fundaciones adscritas a la Consejería de Salud elevan un
25 por ciento sus partidas de personal respecto a 2018 y se prevé crear un
único ente público que integre también el Servicio Andaluz de Salud. En la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia el gasto crece un 9,3 por ciento
debido a las nuevas contrataciones. En cambio, «las entidades de carácter no
social experimentan un crecimiento medio solo del 3,37 por ciento», indica la
memoria.
El
proceso ha sido inverso en la masa laboral que trabaja en la Administración
pura y dura. Si a 31 de diciembre de 2015 había 47.057 funcionarios y
laborales, la cifra actual es de 45.458. Es un grupo heterogéneo que incluye
desde ingenieros agrónomos a conservadores del patrimonio, pero también
vigilantes de museos, ayudantes de biblioteca, informáticos, conductores,
cuidadores en residencias de mayores o administrativos que elaboran
resoluciones o tramitan subvenciones. En suma, todo el personal que trabaja en
la Junta excluyendo los cuerpos de Educación, Sanidad y Justicia.
Administración paralela = ERES, Formación, FAFFE, Invercaria, IDEA, Caso Avales, Transferencias de financiación....los hechos ya han hablado.
- El Sindicato Andaluz de Funcionarios amenaza con irse al juzgado si usurpan sus tareas públicas.
El
Ejecutivo andaluz que lideran el PP y Ciudadanos ha centrado hasta ahora su
objetivo en cerrar entidades «superfluos» que el PSOE ha ido creando en los
últimos 37 años de monopolio del poder en Andalucía. Pero ese proceso de adelgazamiento no se ha traducido
en despidos.
La
Junta defiende que ha desmantelado 101 organismos públicos, de los cuales eran
82 antiguas unidades territoriales de empleo, cuyo proceso de extinción inició
el Gobierno del PSOE en 2010. Desde enero sólo ha prescindido del investigador
y exministro Bernat Soria y del director del Centro Cabimer, Shomi
Bhattacharya. El primero por ocultar sus negocios privados y el segundo, por
permitir que un subordinado cobrara sin trabajar.
Para la nueva Junta, éstos son casos aislados y descarta «despidos ideológicos», porque considera que hay muchas personas que realizan funciones «valiosas» en la tupida «red paralela».
Para la nueva Junta, éstos son casos aislados y descarta «despidos ideológicos», porque considera que hay muchas personas que realizan funciones «valiosas» en la tupida «red paralela».
El acuerdo suscrito con Vox el pasado viernes, que propició que el partido de Santiago Abascal levantara en el último minuto su veto a las primeras cuentas del Gobierno del PP y Ciudadano, va en esa línea. De hecho, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), negó que el pacto abra la puerta a despidos en la «administración paralela» de la Junta: «Hablamos de racionalización, de poner las cosas en su sitio, de redimensionar el sector público, de eliminar trabas y duplicidades», matizaba el viernes.
En su punto 18, el acuerdo con Vox apuesta por «integrar sus habilidades profesionales para agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos desarrollados en las diferentes consejerías». En paralelo, compromete al bipartito a contratar auditorías privadas para abordar «la reducción o reorganización de funciones de dichos entes o del personal asignado a los mismos».
El
acuerdo del PP, Cs y Vox prevé asignar tareas administrativas al personal de
entes instrumentales.
El
Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), mayoritario en la administración
general, está indignado. En un comunicado remitido a ABC, el presidente de este
colectivo, Carlos Sánchez, asegura que el acuerdo firmado por el PP, Cs y Vox «santifica el enchufismo». «No es cierto que se esté desmantelando la
administración paralela, podrán engañar a los ciudadanos, pero no a los
funcionarios de la Junta: miles de “enchufados” cambiarán de centro de trabajo,
convertidos dichos centros en “entes de acogida”», alega.
Desde
SAF instan al Ejecutivo a apostar por los funcionarios y «no desvivirse por los
“subrogados enchufados”». Asegura que estarán vigilantes y que «no les va a temblar
el pulso para acudir a la Fiscalía o al Juzgado» si este personal «usurpa
potestades públicas».
Para
Sánchez, es «una auténtica vergüenza en una comunidad autónoma con 800.000
desempleados» que se trate de asignar tareas administrativa a personal que «no
puede ejercer potestades públicas de ningún tipo». «Este acuerdo lo único que
hace es encubrir la participación de este personal en el desempeño de dichas
potestades públicas y esta forma de actuación nos recuerda a la mantenida por
el gobierno socialista y que ha supuesto la creación, aumento y mantenimiento
de la administración paralela», denuncia.
«Estamos
ante una declaración de guerra en contra de los funcionarios y la
administración constitucional», concluye. El SAF amenaza con protestas y movilizaciones
si se pretende «proteger al entramado de chiringuitos y a los miles de
“enchufados” que pululan por los mismos».
Bueno, pues quiero abrir una suscripción popular al estilo de como lo hizo Irlanda.
Prefiero contribuir con la parte que me corresponda pagar de la deuda que se genere para pagar las indemnizaciones que sean necesarias (seguro que si se hacen las cosas bien no son tantas) para echar a todo el personal superfluo y que entró además por la vía del amiguismo.
Prefiero mil veces eso a sentirme humillada pagando las nóminas de todos ellos y que, encima, les abran la puerta grande para hacerlos funcionarios con su plaza para toda la vida y nuestros hijos no tengan opción durante lustros.
¿Quién se apunta?
Ahora que dicen que han quitado el impuesto de sucesiones pueden poner uno destinado a "Devolución de la Administración a los andaluces"
- Tiene 483 trabajadores y 24 millones de los que sólo uno era para la gestión cultural
La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, un ente de la administración paralela de Consejería de Cultura, destinaba todo su presupuesto a pagar las nóminas de sus trabajadores y los gastos de funcionamiento y reservaba tan sólo un millón de euros para la promoción cultural y la realización de actividades acorde con los fines para la que fue creada.
Así lo desvelaron este lunes el consejero de la Presidencia y la consejera de Cultura quienes explicaron que esta agencia cuenta con 483 trabajadores que reciben 18 millones de euros en nóminas; otros cinco millones de euros se destinan a gastos generales de funcionamiento, mientras que un millón de euros es el dinero que se destinaba a promoción cultural.
Además hay una partida de 2,34 millones de euros en subvenciones destinados a empresas culturales, pymes y creadores que se concedían pero cuyo reintegro se solicitaba con criterios muy estrictos a juicio de la consejera de Cultura Patricia del Pozo. «Se convertía en una agencia de recaudación que, además, se quedaba con el dinero de esas subvenciones reclamadas en lugar de consignarlos a la Consejería de Hacienda que es lo que dice la ley. Un procedimiento no muy correcto desde luego», explicó la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
....«No había dinero para la actividad de esta agencia según ha descubierto la auditoría que encargamos al principio de la legislatura. Y eso vamos a cambiarlo radicalmente».....
....«De este modo, la agencia, una vez concedidas las subvenciones, se convertía en instrumento recaudador que ponía todo tipo de dificultades a los creadores y pymes de la cultura para dificultar su justificación y poder completar el presupuesto», lamentó la consejera, que aseguró que esto no se va a volver a repetir.
CONSEJO DE GOBIERNO. La 'administración paralela' de la Consejería de Cultura: 24 millones de presupuesto y casi todo para nóminas.
- El gobierno de PP y Cs introduce cambios superficiales en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que sólo dedica un millón a actuaciones y tiene una plantilla de casi medio millar de empleados.
.......«Un disparate», resumió el portavoz del ejecutivo de coalición entre el PP y Ciudadanos, que puso a este organismo como ejemplo de lo que, bajo los gobiernos socialistas, se ha hecho en toda la administración paralela. «Se crean órganos, se inflan de personal, la nómina consume la mayor parte del presupuesto, y una ínfima cantidad se dedica al objetivo para el que se constituyó», explicó.
....Pero, al menos por el momento, el ente instrumental de Cultura ni reduce personal ni reduce gastos. En lo referente a las subvenciones, la Intervención General detectó incumplimientos por parte de los beneficiarios, además de las «duplicidades» y «malgasto» que advirtieron los auditores en ésta y en las otra once agencias auditadas.
.....Otro de los males que compartía la AAIC con el resto de la administración paralela era el elevado número de directivos y el reducido de funcionarios. De hecho, en los doce entes analizados se encontraron 83 directivos en una plantilla total de más de 9.600 trabajadores de los que apenas medio millar eran funcionarios.
La Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales sólo pagaba sueldos
- Tiene 483 trabajadores y
24 millones de los que sólo uno era para la gestión cultural
La Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, un ente de la administración paralela de Consejería de Cultura, destinaba todo
su presupuesto a pagar las nóminas de sus trabajadores y los gastos de
funcionamiento y reservaba tan sólo un millón de euros para la promoción
cultural y la realización de actividades acorde con los fines para la que fue
creada.
Así lo desvelaron este lunes el consejero de la
Presidencia y la consejera de Cultura quienes explicaron que esta agencia cuenta con 483 trabajadores que reciben 18 millones
de euros en nóminas; otros cinco millones de euros se destinan
a gastos generales de funcionamiento, mientras que un millón de euros es el
dinero que se destinaba a promoción cultural.
Además hay una partida de 2,34 millones de euros en subvenciones destinados a empresas
culturales, pymes y creadores que se concedían pero cuyo
reintegro se solicitaba con criterios muy estrictos a juicio de la consejera de
Cultura Patricia del Pozo. «Se convertía en una agencia de recaudación que,
además, se quedaba con el dinero de esas subvenciones reclamadas en lugar de
consignarlos a la Consejería de Hacienda que es lo que dice la ley. Un
procedimiento no muy correcto desde luego», explicó la consejera de
Cultura, Patricia del Pozo.
Del Pozo detalló que se han reclamado 1,2
millones de euros de reintegro en subvenciones que se
destinaban a las actividades ordinarias, un dinero al que se suma otro millón
más que se detraía del destinado al pago de las nóminas de los trabajadores por
bajas o salidas que no se cubrían.
«No había dinero
para la actividad de esta agencia según ha descubierto la auditoría que
encargamos al principio de la legislatura. Y eso vamos a cambiarlo
radicalmente».Patricia del Pozo aseguró que su objetivo es hacer ágil y
eficaz esta agencia pública y para ello ha anunciado una reestructuración que,
por el momento, se circunscribe a un cambio de nombre de dos direcciones
generales, si bien ha anunciado que habrá cambios en la distribución del
personal. Ahora bien, ni Del Pozo ni el consejero de la Presidencia, Elías
Bendodo, se
pronunciaron abiertamente sobre la posibilidad de que haya despidos. «Es una
cosa muy seria y la abordaremos despacio y con serenidad».
CONSEJO DE GOBIERNO
La 'administración paralela' de la Consejería de
Cultura: 24 millones de presupuesto y casi todo para nóminas
- El gobierno de PP y Cs introduce cambios superficiales en la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, que sólo dedica un
millón a actuaciones y tiene una plantilla de casi medio millar de empleados
La Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales (AAIC), la cuota de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico en la llamada administración paralela, cuesta
cada año alrededor de 24 millones de euros. De ese
dinero, apenas un millón se destina a financiar programas culturales o a
subvencionar manifestaciones artísticas. El resto, que es la inmensa mayoría de
su presupuesto, se va en financiar sus propios gastos, su plantilla (más de 400 empleados) y
sus gastos de mantenimiento.
Según ha desvelado
este lunes el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo,
solamente para abonar nóminas,
la Agencia de Instituciones Culturales destina unos 18
millones de euros cada año, más otros cinco a mantenimiento y gastos generales.
Queda apenas un millón de euros para cumplir la función con la que teóricamente
nació lo que primero fue una empresa pública y luego se reconvirtió, en un
proceso global impulsado por el PSOE, en
agencia pública.
«Un disparate»,
resumió el portavoz del ejecutivo de coalición entre el PP y Ciudadanos, que
puso a este organismo como ejemplo de lo que, bajo los
gobiernos socialistas, se ha hecho en toda la administración paralela.
«Se crean órganos, se
inflan de personal, la nómina consume la mayor parte del presupuesto, y una
ínfima cantidad se dedica al objetivo para el que se constituyó», explicó.
En el caso de la agencia
cultural, según ha detallado igualmente la consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico, Patricia del Pozo, la exigua cantidad que quedaba para inversión
obligaba a los anteriores gestores a recabar fondos de otras partidas.
Así, se escatimaban fondos en personal -ahorrando en excedencias o bajas por
enfermedad que no se cubrían- y se sacaba otro millón más. Pero como tampoco
era suficiente, «incorporaban 1,3 millones del apartado de las subvenciones en
reintegros, de subvenciones no ejecutadas o satisfechas, es decir, expedientes
de reintegro que ponían en circulación para rescatar de nuevo 1,3 millones que
no podía ir a actividades y no podía ni siquiera quedarse en la agencia», ha
detallado Del Pozo.
«De este modo, la agencia, una vez
concedidas las subvenciones, se convertía en instrumento recaudador que
ponía todo tipo de dificultades a los creadores y pymes de la cultura para
dificultar su justificación y poder completar el presupuesto», lamentó la
consejera, que aseguró que esto no se va a volver a repetir.
Con ese objetivo, el consejo de
gobierno ha aprobado una reorganización interna de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, aunque en el fondo es poco más que una
redenominación de sus departamentos y una reasignación de funciones con
criterios, eso sí, más coherentes.
La reorganización, resaltó la
consejera, «es la consecuencia directa de la auditoría de la
Intervención que se hizo al principio sobre doce entes, dos de ellos
culturales, y que puso de manifiesto una agencia claramente desorganizada,
con muchas dificultades para acceder a las subvenciones y con situaciones tan
extravagantes como que las unidades de comunicación y diseño dependieran del
servicio de comercialización de yacimientos arqueológicos»
Pero, al menos por el momento, el
ente instrumental de Cultura ni reduce personal ni reduce gastos. En lo referente a las subvenciones,
la Intervención General detectó incumplimientos por
parte de los beneficiarios, además de las «duplicidades» y «malgasto» que
advirtieron los auditores en ésta y en las otra once agencias auditadas.
Otro de los males que compartía
la AAIC con el resto de la administración paralela era el
elevado número de directivos y el
reducido de funcionarios. De hecho, en los doce entes analizados se encontraron
83 directivos en una plantilla total de más de 9.600
trabajadores de los que apenas medio millar eran funcionarios.
Comedores escolares sin
"línea fría"
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno de la Junta ha autorizado a la Agencia Pública Andaluza de Educación
el primer contrato con los nuevos pliegos de contratación
diseñados por la Consejería de Educación, que beneficiará a 39.330 estudiantes
de las ocho provincias. El contrato, por un importe total de 33,83 millones de
euros, es para el servicio de comedor escolar durante los próximos dos cursos
en 364 centros docentes.
Según ha explicado en rueda de
prensa el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías
Bendodo, estos cambios en los pliegos de contratación persiguen introducir
«mayor calidad» en los menús escolares y favorecer una «alimentación más
saludable», para lo que se incentivará la cercanía de las cocinas para evitar
«en la medida de lo posible» la denominada «línea fría».
Según Educación, para hacer más
accesible la participación de pymes, en esta licitación se han
configurado lotes con un diferente número de colegios, con predominio de
aquellos con un único centro escolar (43% de los 100 lotes licitados), de
manera que la exigencia de solvencia económica y técnica no suponga una barrera
de entrada para la participación de este tipo de empresas.
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