GOBIERNO ANDALUZ. La administración
paralela de la Junta de Andalucía paga mil millones al año en sueldos del
personal
- El consejero de la Presidencia anuncia que los «enchufados del PSOE van a dejar de estarlo».
No obstante, explicó que cualquier decisión que tome al respecto estará respaldada por las auditorías exhaustivas que se van a hacer de todos los entes instrumentales y advirtió que ya hay algunas conclusiones: Las únicas empresas y agencias que sí cumplen con su objetivo son la Agencia AVRA (de vivienda y rehabilitación) y el IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) que tienen competencias muy bien delimitadas y las ejercen. Además, estas auditorías concluyen que las agencias públicas empresariales no son una fórmula que logre sus objetivos de forma más eficaz que la propia administración de la Junta.
Asimismo, Bendodo aseguró que los informes sugieren» que se devuelvan a la administración estas competencias», es decir, que se cierren algunos de estos entes administrativos.
Conclusión: Hay que devolver las competencias y potestades públicas a la Administración de base constitucional.
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CASO ERE ANDALUCÍA. La Junta de Andalucía
reconoce que se delinquió en los ERE porque no había funcionarios tramitando
ayudas.
- Sus letrados acusan a Rofa, testigo clave, con el argumento de que Empleo recurrió a «personal de confianza» de la Faffe para cometer irregularidades
Para la defensa de la exasesora de Trabajo, «lo más inquietante de las afirmaciones de los letrados» de la Junta «son las distinciones que se realizan entre funcionario público y otros empleados y, lo peor, la consideración de que la Dirección General de Trabajo se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos, para delinquir».
Rivas Clemente recuerda a la Administración que «hay 23.899 empleados públicos de la Junta que no son funcionarios» en la conocida como «administración paralela». Según los argumentos de los letrados autonómicos, estos trabajadores están a merced de superiores que «pueden compelirlos a realizar hechos penalmente perseguibles o delictivos»
GOBIERNO ANDALUZ
La administración
paralela de la Junta de Andalucía paga mil millones al año en sueldos del
personal
- El consejero de la Presidencia anuncia que los «enchufados del PSOE van a dejar de estarlo»
Los
entes instrumentales de la Junta, agencias públicas, fundaciones y consorcios gastan cada año mil millones (1.073,69 euros exactamente) en pagar las nóminas de los 26.045 trabajadores que tienen a día de hoy. Así lo desveló el
consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en su comparecencia en el
Parlamento a a petición del grupo socialista que insiste en que el principal
objetivo del Gobierno del cambio son los despidos en este sector instrumental.
Bendodo
dejó claros varios mensajes, no habrá despidos masivos, los trabajadores que han entrado en condiciones de
igualdad, mérito y capacidad «pueden estar tranquilos», pero está dispuesto a echar a «los enchufados del PSOE». « En los que entraron por la puerta de
atrás sí que tenemos mucho que recortar». «Todos los enchufados del PSOE van a
dejar de estar enchufados, eso se lo dejo claro. Ustedes han
creado el problema y les dijo a los enchufados del PSOE que
se alarmen».
El
consejero reconoció que hay una partida de 20 millones de euros, 1,5 en este ejercicio 2019 y otros
18,5 millones en 2020, para «actuaciones liquidatorias» en sociedades mercantiles o fundaciones, una cantidad
que el PSOE entiende que está destinada a sufragar el coste de los despidos de
este personal.
Bendodo sí que fue más contundente en lo que se refiere a quienes prestan servicios esenciales y puso como ejemplo el Infoca. Para este plan hay destinados 170 millones de euros, lo que supone 2,1 millones más que en 2018, por lo que este verano trabajarán 4.462 bomberos forestales en este programa.
No
obstante, explicó que cualquier decisión que tome al respecto estará respaldada
por las auditorías
exhaustivas que se van a hacer de todos los entes instrumentales y advirtió que
ya hay algunas conclusiones: Las únicas empresas y agencias que sí cumplen
con su objetivo son la Agencia AVRA (de
vivienda y rehabilitación) y el IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico) que tienen competencias muy bien delimitadas y las ejercen. Además,
estas auditorías concluyen que las agencias públicas empresariales no son una
fórmula que logre sus objetivos de forma más eficaz que la propia
administración de la Junta.
Asimismo, Bendodo aseguró que los
informes sugieren» que
se devuelvan a la administración estas competencias», es
decir, que se cierren algunos de estos entes administrativos.
Desde el PSOE el
diputado Rodrigo Sánchez Haro
defendió la profesionalidad de los trabajadores de la administración paralela al tiempo
que le recordó a Bendodo que hay sentencias del Tribunal Supremo de los años
2012, 2013 que avala la legalidad de sus contratos.
Sánchez
Haro recordó al consejero de la Presidencia un informe de la Cámara de Cuentas
sobre la Diputación de Málaga que Bendodo gobernó ocho años. «El criterio de legalidad es desfavorable, el 24% del personal incumple los principios de
igualdad, mérito y capacidad y sólo hizo una oferta de empleo obligado
por la Fiscalía. ¿Ese es su modelo?».
CASO ERE ANDALUCÍA
La Junta de Andalucía reconoce que se delinquió en los
ERE porque no había funcionarios tramitando ayudas
- Sus letrados acusan a Rofa, testigo clave, con el argumento de que Empleo recurrió a «personal de confianza» de la Faffe para cometer irregularidades
El
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía reconoce en un recurso dirigido al
juzgado que investiga el caso ERE que «el mantenimiento durante tanto tiempo de
una conducta irregular» en la Dirección General de Trabajo, el departamento que
concedía las ayudas irregulares, «sólo era posible acudiendo a
personal de confianza», procedente
de la disuelta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que
estaba adscrita a la Consejería de Empleo.
Con
funcionarios no habría sido posible perpetuar este sistema porque el personal
de la Función Pública está protegido por «las prerrogativas» que otorga la Ley «para, precisamente, evitarles
represalias en caso de que se nieguen a infringir el ordenamiento jurídico»,
asegura el escrito del 14 de febrero pasado que suscriben los letrados que
ejercen la acusación en representación de la Junta de Andalucía en el caso ERE,
recurso al que ha tenido acceso ABC.
Los
abogados autonómicos María Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco sostienen que la
existencia de una «estructura
paralela sin funcionarios» creó el caldo de cultivo perfecto
para que fructificara el fraude.
Éste
es uno de los principales argumentos que esgrimen para impugnar el archivo de
las causas contra María José Rofa y Jesús Andrés Rodríguez Muñoz, dos ex
trabajadores de la Dirección General de Trabajo, que estaban investigados en la
pieza separada de la macrocausa que analizaba la ayuda sociolaboral de 300.000
euros que el exdirector general Francisco Javier Guerrero concedió en 2009 al
Centro
Geriátrico del Obispado de Cádiz, causa
por la que también estaba imputado el obispo emérito de Cádiz, Antonio
Ceballos.
El
letrado de Rofa recuerda a la Junta que tiene 23.899 empleados públicos en la llamada
administración paralela
En su
recurso de reforma, la Junta pide a la juez María Núñez Bolaños que no exculpe
a la ex asesora técnica en la etapa de los exdirectores Juan Márquez y Daniel
Alberto Rivera. María José Rofa, testigo clave en la investigación de las
irregularidades de los ERE por la Guardia Civil, ha realizado esta semana las declaraciones más comprometedoras contra los
expresidentes andaluces que
se han escuchado en la sala donde son juzgados por establecer un procedimiento
opaco y arbitrario para repartir ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
La
técnico afirmó que Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían
una «información continua» sobre las subvenciones, sus beneficiarios y la
finalidad de las mismas.
Como
acusación, la Administración autonómica esgrime que bajo los mandatos de
Guerrero y de su sustituto, Juan Márquez Contreras, la Dirección de Trabajo «se dotó de una estructura paralela, sin
funcionarios públicos, integrada por personas contratadas como
la señora Rofa, el señor Rodríguez Muñoz o el señor Díaz Alcaraz», en alusión a
Ramón Díaz.
El
que fuera parlamentario andaluz del PSOE estaba
contratado por la Faffe, aunque en realidad se dedicaba a asesorar a Guerrero
en conflictos laborales. Llegó a la Faffe por recomendación del entonces
consejero de Empleo, Antonio Fernández, que está también siendo juzgado por el
caso ERE.
«Los
señores Rofa y Rodríguez, como decimos, no eran funcionarios públicos, sino
personal de confianza del Sr. Márquez y, en esta
condición, asumieron directamente junto con éste la interlocución con las
empresas, sindicatos, mediadoras y aseguradoras, y la decisión de incluir a unas personas u otras
entre los beneficiarios de
las pólizas de prejubilación o conceder las ayudas», expone el recurso
presentado en el juzgado.
Sin capacidad de decisión
Ignacio
Rivas Clemente, el abogado de Rofa, presentó un escrito el 10 de marzo pasado
solicitando a la instructora que rechace el recurso de reforma de la Junta.
Defiende que la exasesora «no tenía ningún poder decisorio
en la tramitación de las ayudas».
Para
la defensa de la exasesora de Trabajo, «lo más inquietante de las afirmaciones
de los letrados» de la Junta «son las distinciones que se realizan entre
funcionario público y otros empleados y, lo peor, la consideración de que la
Dirección General de Trabajo se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos,
para delinquir».
Rivas Clemente recuerda a la
Administración que «hay 23.899 empleados públicos de la Junta que no son funcionarios» en la conocida como
«administración paralela». Según
los argumentos de los letrados autonómicos, estos trabajadores están a merced
de superiores que «pueden compelirlos a realizar hechos penalmente perseguibles
o delictivos».
Esto
llevaría a «otra conclusión más absurda» y es que la Junta contrata a otro
personal, no funcionarial, a sabiendas de que están desprotegidos, y quedan a
merced de sus superiores «para realizar los trabajos más siniestros dentro de
la Administración». Es decir, para funcionar casi como «un sindicato del
crimen», subraya
Rivas en su escrito.
Rofa
empezó a trabajar para la Administración al acceder a un puesto que llevaba
tiempo vacante en una de las extintas Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) en Huelva y el 1 de julio de 2008 la
contrata la Faffe como técnico y comienza a trabajar en la Dirección General de
Trabajo con el encargo de «poner orden» en los compromisos de ayudas asumidos
por Francisco Javier Guerrero, según declaró en el juicio.
La
Junta de Andalucía creó en 2003 la Faffe, que financiaba con subvenciones
excepcionales para impartir cursos de formación. En 2011 decidió liquidarla. Sus 1.291 trabajadores se
integraron en el Servicio Andaluz de Empleo, que
gestiona las oficinas del paro en la región. La juez Núñez investiga irregularidades
en los contratos de esta antigua fundación dentro del caso Formación.
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