FONDOS PÚBLICOS. El Gobierno andaluz detecta "duplicidades" y "malgasto" en los 12 entes analizados por la Intervención.
- El ex ministro Bernat Soria, presunto trabajador 'fantasma' de la Junta con un sueldo de unos 150.000 euros anuales, el más alto de toda la Administración andaluza
En el informe de auditoría, que consta de 585 páginas y se encuentra en fase de alegaciones por parte de las agencias estudiadas, la Intervención General de la Junta recomienda que se "devuelvan competencias" a la propia Administración o revisar la naturaleza jurídica de dichas agencias.
- Los entes analizados por la Intervención reciben al año 2.407 millones del Gobierno andaluz. Las nóminas de los 9.641 empleados suponen un gasto de 286.321.000 euros
AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO. La Junta pagaba nóminas de sus ‘embajadas’ en Madrid y Bruselas a través de Idea.
- El informe del Gobierno de PP y Cs desvela que, pese a no tener competencias, libraba los pagos. Esta agencia actuó de pagadora en los ERE y es investigada por la Justicia.
AUDITORÍA EN LOS ENTES PÚBLICOS.
- El Gobierno andaluz presenta el informe provisional tras auditar 12 agencias públicas: hay duplicidades y recursos mal utilizados y se examinarán "uno a uno" todos los contratos.
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/04/30/5cc82ef8fc6c83db278b45e4.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/04/30/5cc8ac55fc6c83d05d8b4579.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-05-01/auditoria-junta-nominas-embajadas-madrid-bruselas-agencia-idea_1976730/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-05-01/auditoria-junta-nominas-embajadas-madrid-bruselas-agencia-idea_1976730/
- Los entes analizados por la Intervención reciben al año 2.407 millones del Gobierno andaluz. Las nóminas de los 9.641 empleados suponen un gasto de 286.321.000 euros
El Gobierno andaluz destinó en el año 2018 un total de 286.321.000 euros a pagar las nóminas de la plantilla de estas 12 agencias. Los 83 directivos con contratos de alta dirección cobran al año 5.620.000 euros.
Estos datos aparecen en el informe elaborado por la Intervención General sobre 12 entes que forman parte del entramado de empresas públicas, agencias y fundaciones de la conocida como 'administración paralela' de la Junta, en la que trabajan unas 27.000 personas. Tras las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre y la llegada al poder el PP y Ciudadanos, que puso fin a 37 años de gobierno del PSOE, el presidente de la Junta, el 'popular' Juanma Moreno, anunció que analizarían qué hay detrás del «descontrol y la opacidad» que había reinado en el sector público instrumental, utilizado por el PSOE en ocasiones para enchufar a afines y familiares.
Sin embargo, el primer informe de la Intervención nada dice sobre posibles enchufados o trabajadores 'fantasma' que hubiera en estas 12 agencias. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, que este martes presentó los resultados del análisis de la Intervención al Consejo de Gobierno, puntualizó que este informe no versa sobre enchufados o empleados 'fantasma', ya que se circunscribe a determinar si los fines para los que fueron creados los entes siguen vigentes, si éstos son el medio más idóneo para alcanzarlos y si existe duplicidad entre las tareas que desarrollan éstos y la propia administración de la Junta.
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, lanzó un mensaje de tranquilidad porque no habrá despidos masivos entre los 9.641 trabajadores adscritos a los 12 entes instrumentales que no son funcionarios. Sin embargo, sí se analizará «caso a caso» en cada una de las agencias porque «hay de todo», apostilló.
Además de los 83 directivos con contratos de alta dirección, en las 12 agencias supervisadas hay 177 mandos intermedios, cuyos sueldos suponen un gasto de 11.409.000 euros. El personal no directivo se eleva a 9.381 empleados. Entre los 9.641 trabajadores de los 12 entes hay 2.932 licenciados, un 30% del total.
Otra situación anómala en la administración paralela que detectó la Cámara de Cuentas es que hubo un ente, la Agencia Andaluza del Conocimiento, que no aplicó el recorte salarial del 5% que se impuso a todo el personal de la Administración. Según explicó el consejero Bravo, se han abierto expedientes de reintegro para reclamar las cantidades que estos trabajadores han percibido de forma indebida.
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/04/30/5cc82ef8fc6c83db278b45e4.html
El Gobierno andaluz detecta "duplicidades" y "malgasto" en los 12 entes analizados por la Intervención
FONDOS PÚBLICOS.
El Gobierno andaluz detecta "duplicidades" y "malgasto" en los 12 entes analizados por la Intervención
- El ex ministro Bernat Soria, presunto trabajador 'fantasma' de la Junta con un sueldo de unos 150.000 euros anuales, el más alto de toda la Administración andaluza
El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos ha detectado "duplicidades" y "malgasto" de fondos públicos en 12 entes públicos instrumentales con una plantilla de 9.461 trabajadores, entre los que "sólo hay 498 funcionarios".
Estas 12 agencias públicas reciben transferencias de la Junta por importe de 2.411 millones de euros, de los que 283 se destinan a pagar nóminas. Sus plantillas representan el 34% del entramado de fundaciones y empresas públicas que constituyen la conocida como 'administración paralela' de la Junta, en la que trabajan unas 27.000 personas.
Se trata de una de las conclusiones a las que han llegado los funcionarios de la Intervención de la Junta, quienes recibieron el encargo, en el primer Consejo de Gobierno celebrado en la localidad malagueña de Antequera el pasado 26 de enero, de analizar 12 entes públicos que forman parte la 'administración paralela', en la que durante los 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía hubo "opacidad y descontrol", como denunciaron el PP y Cs.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha trasladado este martes al Consejo de Gobierno los informes de la Intervención sobre los 12 entes analizados y los pasos que se van a dar para "racionalizar" el sector instrumental de la Junta.
De hecho, se ha acordado "iniciar la liquidación de siete nuevos entes, distintos a los 12 analizados por la Intervención, que se encuentran con una actividad mínima desde hace varios ejercicios", para lo cual han encargado un informe sobre cada uno de ellos a las consejerías correspondientes para tomar una decisión sobre su "extinción o disolución". Estos siete se unen a los 82 consorcios ya extinguidos semanas atrás, como ha destacado este martes el consejero e la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo.
En el informe de auditoría, que consta de 585 páginas y se encuentra en fase de alegaciones por parte de las agencias estudiadas, la Intervención General de la Junta recomienda que se "devuelvan competencias" a la propia Administración o revisar la naturaleza jurídica de dichas agencias.
Aunque se devuelvan competencias, el Gobierno andaluz ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque no habrá despidos masivos entre los 9.461 trabajadores adscritos a los 12 entes instrumentales. Sin embargo, sí se analizará "caso a caso" en cada una de las agencias porque "hay de todo", ha indicado Bendodo.
Sobre los posibles enchufados o trabajadores fantasma que hubiera en estas agencias, el consejero Bravo ha puntualizado que el análisis de la Intervención no versa sobre este asunto, ya que se circunscribe a determinar si hay duplicidad, si los fines para los que fueron creados los entes siguen vigentes y si éstos son el medio más idóneo para alcanzarlos.
BERNAT SORIA
Aunque la Intervención no lo haya analizado sí ha aflorado ya un primer caso de un presunto trabajador 'fantasma' en la Junta de Andalucía, que además percibe el sueldo más alto de toda la Administración andaluza. Se trata de Bernat Soria, que fue ministro durante la etapa del socialista Zapatero como presidente y fue fichado por los gobiernos del PSOE en Andalucía con un sueldo de 170.438 euros brutos anuales inicialmente, si bien en la actualidad percibe en torno a 150.000 euros, como ha publicado Abc. El salario del presidente de la Junta es de 65.090,88 euros.
"Es el trabajador de la Junta que más cobra; actuaremos con firmeza ante posibles fraudes laborales a la Administración. No podemos tolerar que haya trabajadores fantasma o sueldos astronómicos sólo por haber sido de un determinado partido o de un gobierno anterior", ha dicho Bendodo.
Precisamente la situación de Bernat Soria se analizará el próximo 2 de mayo en una reunión del patronado de la Fundación Progreso y Salud de la Junta que paga la nómina del ex ministro. Ahí se verá si procede o no su despido tras salir a la luz que compaginó su contrato con la administración andaluza con negocios privados, algo prohibido por el régimen de incompatibilidades.
DUPLICIDADES
Sobre los 12 entes analizados, la Intervención considera que los fines para los que se crearon estas agencias y el servicio público que deben prestar "siguen vigentes", si bien manifiesta que las competencias que desarrollan estos entes y las consejerías de adscripción "no están bien delimitadas", lo que favorece la existencia de "duplicidades" de funciones.
Sólo en dos de los doce supervisados -la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)- está justificado que sean agencias públicas empresariales, lo que no significa que no haya detectado áreas de mejora en su gestión.
En cuanto a si las agencias públicas empresariales constituyen el medio más idóneo para el cumplimiento de sus fines, la respuesta general de la Intervención es negativa, ya que no aprecia evidencias de que la fórmula jurídica de agencia pública empresarial logre sus objetivos de una manera más eficaz que la propia Administración de la Junta.
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-05-01/auditoria-junta-nominas-embajadas-madrid-bruselas-agencia-idea_1976730/
La Junta pagaba nóminas de sus ‘embajadas’ en Madrid y Bruselas a través de Idea.
Estas 12 agencias públicas reciben transferencias de la Junta por importe de 2.411 millones de euros, de los que 283 se destinan a pagar nóminas. Sus plantillas representan el 34% del entramado de fundaciones y empresas públicas que constituyen la conocida como 'administración paralela' de la Junta, en la que trabajan unas 27.000 personas.
Se trata de una de las conclusiones a las que han llegado los funcionarios de la Intervención de la Junta, quienes recibieron el encargo, en el primer Consejo de Gobierno celebrado en la localidad malagueña de Antequera el pasado 26 de enero, de analizar 12 entes públicos que forman parte la 'administración paralela', en la que durante los 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía hubo "opacidad y descontrol", como denunciaron el PP y Cs.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha trasladado este martes al Consejo de Gobierno los informes de la Intervención sobre los 12 entes analizados y los pasos que se van a dar para "racionalizar" el sector instrumental de la Junta.
De hecho, se ha acordado "iniciar la liquidación de siete nuevos entes, distintos a los 12 analizados por la Intervención, que se encuentran con una actividad mínima desde hace varios ejercicios", para lo cual han encargado un informe sobre cada uno de ellos a las consejerías correspondientes para tomar una decisión sobre su "extinción o disolución". Estos siete se unen a los 82 consorcios ya extinguidos semanas atrás, como ha destacado este martes el consejero e la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo.
En el informe de auditoría, que consta de 585 páginas y se encuentra en fase de alegaciones por parte de las agencias estudiadas, la Intervención General de la Junta recomienda que se "devuelvan competencias" a la propia Administración o revisar la naturaleza jurídica de dichas agencias.
Aunque se devuelvan competencias, el Gobierno andaluz ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque no habrá despidos masivos entre los 9.461 trabajadores adscritos a los 12 entes instrumentales. Sin embargo, sí se analizará "caso a caso" en cada una de las agencias porque "hay de todo", ha indicado Bendodo.
Sobre los posibles enchufados o trabajadores fantasma que hubiera en estas agencias, el consejero Bravo ha puntualizado que el análisis de la Intervención no versa sobre este asunto, ya que se circunscribe a determinar si hay duplicidad, si los fines para los que fueron creados los entes siguen vigentes y si éstos son el medio más idóneo para alcanzarlos.
BERNAT SORIA
Aunque la Intervención no lo haya analizado sí ha aflorado ya un primer caso de un presunto trabajador 'fantasma' en la Junta de Andalucía, que además percibe el sueldo más alto de toda la Administración andaluza. Se trata de Bernat Soria, que fue ministro durante la etapa del socialista Zapatero como presidente y fue fichado por los gobiernos del PSOE en Andalucía con un sueldo de 170.438 euros brutos anuales inicialmente, si bien en la actualidad percibe en torno a 150.000 euros, como ha publicado Abc. El salario del presidente de la Junta es de 65.090,88 euros.
"Es el trabajador de la Junta que más cobra; actuaremos con firmeza ante posibles fraudes laborales a la Administración. No podemos tolerar que haya trabajadores fantasma o sueldos astronómicos sólo por haber sido de un determinado partido o de un gobierno anterior", ha dicho Bendodo.
Precisamente la situación de Bernat Soria se analizará el próximo 2 de mayo en una reunión del patronado de la Fundación Progreso y Salud de la Junta que paga la nómina del ex ministro. Ahí se verá si procede o no su despido tras salir a la luz que compaginó su contrato con la administración andaluza con negocios privados, algo prohibido por el régimen de incompatibilidades.
DUPLICIDADES
Sobre los 12 entes analizados, la Intervención considera que los fines para los que se crearon estas agencias y el servicio público que deben prestar "siguen vigentes", si bien manifiesta que las competencias que desarrollan estos entes y las consejerías de adscripción "no están bien delimitadas", lo que favorece la existencia de "duplicidades" de funciones.
Sólo en dos de los doce supervisados -la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)- está justificado que sean agencias públicas empresariales, lo que no significa que no haya detectado áreas de mejora en su gestión.
En cuanto a si las agencias públicas empresariales constituyen el medio más idóneo para el cumplimiento de sus fines, la respuesta general de la Intervención es negativa, ya que no aprecia evidencias de que la fórmula jurídica de agencia pública empresarial logre sus objetivos de una manera más eficaz que la propia Administración de la Junta.
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-05-01/auditoria-junta-nominas-embajadas-madrid-bruselas-agencia-idea_1976730/
AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO.
La Junta pagaba nóminas de sus ‘embajadas’ en Madrid y Bruselas a través de Idea.
- El informe del Gobierno de PP y Cs desvela que, pese a no tener competencias, libraba los pagos. Esta agencia actuó de pagadora en los ERE y es investigada por la Justicia.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) pagaba las nóminas del personal que la Junta tenía destinado en sus oficinas de Madrid y Bruselas. Es uno de los datos que arroja la auditoría elaborada por la Intervención de la Junta de Andalucía, por encargo del Gobierno de PP y Cs, y que pone en cuestión la eficacia y la necesidad de 12 agencias públicas empresariales que cuentan con 9.641 empleados públicos.
Idea figuró también como pagadora de los ERE fraudulentos, caso pendiente de sentencia de la Audiencia de Sevilla y que sentó en el banquillo a la cúpula del Gobierno socialista durante una década. Actuaba como ‘banco’ librando las subvenciones de los extrabajadores. Esto llevó a abrir otra macrocausa, conocida como ‘caso de las transferencias de financiación’, que trata de delimitar si hubo más consejerías que acudieron a esta agencia pública para pagar subvenciones eludiendo los controles de la Junta de Andalucía. El sumario de esta causa, ahora paralizada en los juzgados sevillanos, recogía una cuantía bajo lupa de 2.915 millones de euros.
La Junta revisa 9.641 contratos públicos: solo el 5% son funcionarios y el 30% titulados. ISABEL MORILLO. SEVILLA
Sin competencias
Ahora, el informe provisional de la Intervención General de la Junta pone de nuevo en entredicho este ente público. “Hay que destacar que el hecho de que la agencia cuenta entre sus actuaciones (...) el mantenimiento de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y la Oficina de la Junta en Madrid, sobre las que la agencia no tiene competencias, ni en la realización de actividades de dichas oficinas ni en la coordinación de su actividad, limitándose exclusivamente a contratar el personal y sufragar gastos de mantenimiento”. La Delegación de la Junta en Madrid cuenta con cinco personas, y en Bruselas con cuatro.
El informe remarca que Idea, que tiene un presupuesto público de 173 millones de euros, no se creó con un fin definido porque en posteriores estatutos hubo “una enumeración de cometidos, funciones y acciones” que “genera confusión”. Tampoco hay una planificación estratégica que permita evaluar su eficacia o el éxito de su misión. Su papel es la promoción económica de Andalucía.
La auditoría de la Junta revela "importantes debilidades": no hay mecanismos de evaluación para detectar desviaciones
Idea ostenta competencias y funciones, señala la Intervención, que son a la vez de diversas entidades instrumentales del sector público andaluz y de diversas consejerías. Esto favorece, apuntan, “duplicidades” e “ineficiencias”. La agencia, señala la auditoría, presenta “importantes debilidades” en aspectos básicos y no cuenta con un plan estratégico que permita una evaluación. “No hay un mecanismo de evaluación de resultados”, dice el informe, que señala que “este hecho limita la capacidad de la agencia para detectar desviaciones y proponer medidas de corrección”.
Sin catálogo de puestos
La plantilla de Idea cuenta con 330 trabajadores y los gastos de personal anuales ascienden a 16,6 millones de euros. “Se encuentra trabajando actualmente en el desarrollo de una relación de puestos de trabajo, así como en la determinación de las responsabilidades y funciones atribuibles a cada uno de ellos”. El informe considera “relevante” que no exista ese catálogo de puestos de trabajo. No cuenta con personal funcionario.
El examen de la Intervención subraya además que Idea se financia principalmente con transferencias de la Junta y que “al margen de los recursos del Presupuesto de la Junta obtiene ingresos propios sobre todo procedentes de los repartos de dividendos de empresas de su grupo”, entre las que destaca Veiasa, Verificaciones Industriales de Andalucía, encargada de las inspecciones técnicas de vehículos.
Moreno abre ciclo en Andalucía con una auditoría a toda la Junta. ISABEL MORILLO. SEVILLA
Actualmente, el director de la Agencia Idea con el nuevo Gobierno de PP y Cs es Fernando Casas, que fue director general de Tesorería y de Presupuestos en el Gobierno de Susana Díaz.
Las 585 páginas del informe entregado por la Intervención General de la Junta a la Consejería de Hacienda andaluza sí da una idea de la maraña que es el sector público andaluz. No desvela fraudes ni irregularidades, ni analiza la situación de esta administración paralela desde un punto de vista contable. Se limita a comprobar la eficacia de 12 agencias públicas empresariales, si se ajustan a las funciones para que las que fueron creadas, si su personal es el adecuado y si hay duplicidades con las consejerías de las que dependen. Poco más.
Levantar alfombras
La mayoría de entes no dispone siquiera de un catálogo de puestos de trabajo. Por ejemplo, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, con un presupuesto público de 1.162 millones de euros, no tiene aún esa relación de puestos laborales “ocho años después de su constitución” y cuenta con “una estructura provisional desde 2011”.
El ERE de la derrota del PSOE: 2.700 cargos a dedo y miles en la 'Administración paralela'. AGUSTÍN RIVERA. MÁLAGA
El Gobierno de PP y Cs, que llegó con la promesa de levantar alfombras, aprobó como primera medida una auditoria integral de la Junta tras 37 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas en Andalucía. Se han examinado 12 entes públicos donde trabajan 9.641 empleados, solo 498 funcionarios, y la mayoría (468) trabajan en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Estos entes se financian con transferencias públicas que suman 2.411 millones de euros anuales y 283 millones se destinan a nóminas. En estos entes, trabaja el 34% de toda la administración paralela de la Junta. El primer mensaje del Gobierno andaluz fue que se examinarán “uno a uno” estos 9.000 contratos para decidir qué hacer con estos trabajadores.
Los entes auditados y que suspenden en los parámetros analizados son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Agencia Pública Andaluza de Educación, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Aprueban dos, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. La Cámara de Cuentas tiene también en marcha una auditoría sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-04-30/junta-revisa-contratos-publicos-funcionarios-titulados_1975546/
30/04/2019 16:28 - ACTUALIZADO: 30/04/2019 23:54
El Gobierno andaluz de PP y Cs presentó este martes el Informe provisional de auditoría de Agencias Públicas Empresariales que se encargó por acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 26 de enero. Se han examinado 12 entes públicos donde trabajan 9.641 empleados, sólo 498 funcionarios y la mayoría (468) trabajan en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.
Estos entes se financian con transferencias públicas que suman 2.411 millones de euros anuales y 283 millones se destinan a nóminas. En estos entes trabaja el 34% de toda la administración paralela de la Junta.
El primer mensaje del Gobierno andaluz fue que se examinarán “uno a uno” estos 9.000 contratos para decidir qué hacer con estos trabajadores. Tanto el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, como el de Hacienda, Juan Bravo, negaron que se vaya a despedir a todo este personal e insistieron en que hay que estudiar cada caso. El mensaje fue que se actuará para “extinguir, liquidar, fusionar y reducir”. Se devolverán competencias a las consejerías del Gobierno andaluz y se reordenarán los recursos.
Moreno abre ciclo en Andalucía con una auditoría a toda la Junta. ISABEL MORILLO. SEVILLA
83 empleados son personal con contrato de alta dirección y los titulados superiores representan el 30 % del global de todas las agencias. A lo largo de los tres últimos años, de 2016 a 2018 se puede decir que prácticamente no ha habido variación ni en número de trabajadores ni en gasto de personal.
Niegan despidos masivos
Desde San Telmo, donde aterrizaron con la promesa de "levantar alfombras", insistieron en trasladar que no habrá despidos en bloque pero sí que se analizará uno a uno cada caso. “Si usted es director de un periódico y se encuentra gente que haya entrado por enchufe junto a gente que ha entrado por sus méritos, ¿qué haría? Nuestra responsabilidad es hacer las cosas bien y con los principios de igualdad, mérito y capacidad”, señaló el consejero de Hacienda cuando se le interpeló sobré qué harán con esos empleados públicos que, durante los años en los que el PP estuvo en la oposición, llamaba “enchufados”.
Una vez en el Gobierno el discurso cambia. Ahora aseguran que en esos contratos hay un abanico de supuestos “muy amplio”. “Hay quienes no sólo no han entrado de manera incorrecta sino que en muchos casos están haciendo un gran trabajo pero no nos podemos permitir como Junta de Andalucía que haya personal que no esté trabajando al cien por cien”, insistió el titular de Hacienda. Hay que recordar que el Gobierno andaluz, entonces del PSOE, ya llevó a cabo en 2010 un plan de reordenación del sector público que en un lustro permitió pasar de 353 a 303 entes instrumentales, aunque un informe de la Cámara de Cuentas desveló que esto sólo supuso reducir 61 empleos públicos porque el resto de trabajadores fueron "recolocados" en la administración. El actual Ejecutivo asegura que no son estos sus planes pero no aclara como procederá.
Cuánto cuesta el cambio: la Junta teme las indemnizaciones de eventuales y directivos. ISABEL MORILLO. SEVILLA
Hoy cesan 660 cargos de confianza del Gobierno saliente y los eventuales acudirán a los tribunales para cobrar sus despidos o convertirse en personal laboral en la Administración
La realidad es que será un trabajo arduo y difícil y que en muchos casos, admiten desde el Gobierno, si se despidiera a personas colocadas por ser afines al PSOE posiblemente ganarían en los tribunales porque ese no es un motivo para despedir a un trabajador.
Puntos débiles
Los entes auditados son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Agencia Pública Andaluza de Educación, Agencia Andaluza de la Energía, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Agencia Andaluza del Conocimiento, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. La Cámara de Cuentas tiene también en marcha una auditoria sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
El informe señala que uno de los “puntos débiles” encontrados es que no hay una Relación de Puestos de Trabajo completa y adecuada en las agencias. Se recomienda diseñar ese inventario de puestos de trabajo determinando que características, necesidades y requisitos deben cumplirse en cada puesto de trabajo, qué funciones son atribuibles a cada uno de ellos y qué responsabilidades conllevan. A partir de ahí, la Junta deberá “establecer los mecanismos para la evaluación y valoración del desempeño de cada uno de los puestos de trabajo”.
La auditoría encargada señala que hay “duplicidades” y tareas repetidas entre estos entes públicos y las consejerías del Gobierno. A partir de ahora, un grupo de trabajo se encargará también de revisar y limitar las competencias de las distintas agencias públicas.
El ERE de la derrota del PSOE: 2.700 cargos a dedo y miles en la 'Administración paralela'. AGUSTÍN RIVERA. MÁLAGA
El ERE previsto en los PLD (puestos de libre designación) y los 25.000 empleos de la Junta de Andalucía bis siembran las alarmas entre los empleados de la función pública sureña
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, aseguró, con datos de los informes de control financiero permanente que de forma periódica hace la Intervención de la Junta, que hay entes donde el Gobierno tenía constancia de que no se había aplicado el recorte salarial entre el 5 y el 10% impuesto por ley ante el estallido de la crisis en 2012. Entre esos entes está la Agencia Andaluza de Conocimiento, cuyo empleados públicos no sufrieron recortes. Ese dinero, explicó Bravo, tendrá que ser reintegrado y devuelto a las arcas públicas. Ya con un informe de la Cámara de Cuentas trascendió que en el Servicio Andaluz de Salud había pagado 2,1 millones de euros a pluses a un centenar de sus directivos mientras recortaba la nómina a los profesionales sanitarios.
El Gobierno advierte de que hay entes que no aplicaron los recortes salariales que sufrieron todos los empleados públicos
El informe de los interventores asegura que no deben adscribirse funcionarios “solo por la necesidad de justificar el mantenimiento de estas empresas” y que debe evitarse “la redundancia” tras la creación de nuevos puestos de trabajo. “La adscripción de personal funcionario, de producirse, debe conllevar la supresión de otros análogos”, señala el documento interno del Gobierno andaluz.
Otra de las recomendaciones apuntan a que las agencias públicas empresariales deben cumplir funciones asignadas pero no actuar como “meros actores intermediarios” o “simples brazos ejecutores” de las consejerías, sin aportar “valor añadido”. En esta línea, el grupo de trabajo diseñado por el Gobierno andaluz tendrá también que delimitar y definir claramente las competencias y funciones de las agencias, precisar “competencias exclusivas, compartidas e indistintas” y eliminar duplicidades.
El informe se ha remitido a las distintas consejerías para que hagan alegacionres. Será obligatorio que cada agencia tenga un plan estratégico que establezca fines y metas a corto y medio plazo y que esto sirva para realizar evaluaciones. Además las agencias se abrirán en sus consejos de administración y organos directivos a representantes de organizaciones profesionales. Por ejemplo la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha entrado en la agencia Extenda, de promoción exterior.
Idea figuró también como pagadora de los ERE fraudulentos, caso pendiente de sentencia de la Audiencia de Sevilla y que sentó en el banquillo a la cúpula del Gobierno socialista durante una década. Actuaba como ‘banco’ librando las subvenciones de los extrabajadores. Esto llevó a abrir otra macrocausa, conocida como ‘caso de las transferencias de financiación’, que trata de delimitar si hubo más consejerías que acudieron a esta agencia pública para pagar subvenciones eludiendo los controles de la Junta de Andalucía. El sumario de esta causa, ahora paralizada en los juzgados sevillanos, recogía una cuantía bajo lupa de 2.915 millones de euros.
La Junta revisa 9.641 contratos públicos: solo el 5% son funcionarios y el 30% titulados. ISABEL MORILLO. SEVILLA
Sin competencias
Ahora, el informe provisional de la Intervención General de la Junta pone de nuevo en entredicho este ente público. “Hay que destacar que el hecho de que la agencia cuenta entre sus actuaciones (...) el mantenimiento de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y la Oficina de la Junta en Madrid, sobre las que la agencia no tiene competencias, ni en la realización de actividades de dichas oficinas ni en la coordinación de su actividad, limitándose exclusivamente a contratar el personal y sufragar gastos de mantenimiento”. La Delegación de la Junta en Madrid cuenta con cinco personas, y en Bruselas con cuatro.
El informe remarca que Idea, que tiene un presupuesto público de 173 millones de euros, no se creó con un fin definido porque en posteriores estatutos hubo “una enumeración de cometidos, funciones y acciones” que “genera confusión”. Tampoco hay una planificación estratégica que permita evaluar su eficacia o el éxito de su misión. Su papel es la promoción económica de Andalucía.
La auditoría de la Junta revela "importantes debilidades": no hay mecanismos de evaluación para detectar desviaciones
Idea ostenta competencias y funciones, señala la Intervención, que son a la vez de diversas entidades instrumentales del sector público andaluz y de diversas consejerías. Esto favorece, apuntan, “duplicidades” e “ineficiencias”. La agencia, señala la auditoría, presenta “importantes debilidades” en aspectos básicos y no cuenta con un plan estratégico que permita una evaluación. “No hay un mecanismo de evaluación de resultados”, dice el informe, que señala que “este hecho limita la capacidad de la agencia para detectar desviaciones y proponer medidas de corrección”.
Sin catálogo de puestos
La plantilla de Idea cuenta con 330 trabajadores y los gastos de personal anuales ascienden a 16,6 millones de euros. “Se encuentra trabajando actualmente en el desarrollo de una relación de puestos de trabajo, así como en la determinación de las responsabilidades y funciones atribuibles a cada uno de ellos”. El informe considera “relevante” que no exista ese catálogo de puestos de trabajo. No cuenta con personal funcionario.
El examen de la Intervención subraya además que Idea se financia principalmente con transferencias de la Junta y que “al margen de los recursos del Presupuesto de la Junta obtiene ingresos propios sobre todo procedentes de los repartos de dividendos de empresas de su grupo”, entre las que destaca Veiasa, Verificaciones Industriales de Andalucía, encargada de las inspecciones técnicas de vehículos.
Moreno abre ciclo en Andalucía con una auditoría a toda la Junta. ISABEL MORILLO. SEVILLA
Actualmente, el director de la Agencia Idea con el nuevo Gobierno de PP y Cs es Fernando Casas, que fue director general de Tesorería y de Presupuestos en el Gobierno de Susana Díaz.
Las 585 páginas del informe entregado por la Intervención General de la Junta a la Consejería de Hacienda andaluza sí da una idea de la maraña que es el sector público andaluz. No desvela fraudes ni irregularidades, ni analiza la situación de esta administración paralela desde un punto de vista contable. Se limita a comprobar la eficacia de 12 agencias públicas empresariales, si se ajustan a las funciones para que las que fueron creadas, si su personal es el adecuado y si hay duplicidades con las consejerías de las que dependen. Poco más.
Levantar alfombras
La mayoría de entes no dispone siquiera de un catálogo de puestos de trabajo. Por ejemplo, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, con un presupuesto público de 1.162 millones de euros, no tiene aún esa relación de puestos laborales “ocho años después de su constitución” y cuenta con “una estructura provisional desde 2011”.
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El Gobierno de PP y Cs, que llegó con la promesa de levantar alfombras, aprobó como primera medida una auditoria integral de la Junta tras 37 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas en Andalucía. Se han examinado 12 entes públicos donde trabajan 9.641 empleados, solo 498 funcionarios, y la mayoría (468) trabajan en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Estos entes se financian con transferencias públicas que suman 2.411 millones de euros anuales y 283 millones se destinan a nóminas. En estos entes, trabaja el 34% de toda la administración paralela de la Junta. El primer mensaje del Gobierno andaluz fue que se examinarán “uno a uno” estos 9.000 contratos para decidir qué hacer con estos trabajadores.
Los entes auditados y que suspenden en los parámetros analizados son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Agencia Pública Andaluza de Educación, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Aprueban dos, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. La Cámara de Cuentas tiene también en marcha una auditoría sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-04-30/junta-revisa-contratos-publicos-funcionarios-titulados_1975546/
AUDITORÍA EN LOS ENTES PÚBLICOS.
- El Gobierno andaluz presenta el informe provisional tras auditar 12 agencias públicas: hay duplicidades y recursos mal utilizados y se examinarán "uno a uno" todos los contratos.
El Gobierno andaluz de PP y Cs presentó este martes el Informe provisional de auditoría de Agencias Públicas Empresariales que se encargó por acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 26 de enero. Se han examinado 12 entes públicos donde trabajan 9.641 empleados, sólo 498 funcionarios y la mayoría (468) trabajan en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.
Estos entes se financian con transferencias públicas que suman 2.411 millones de euros anuales y 283 millones se destinan a nóminas. En estos entes trabaja el 34% de toda la administración paralela de la Junta.
El primer mensaje del Gobierno andaluz fue que se examinarán “uno a uno” estos 9.000 contratos para decidir qué hacer con estos trabajadores. Tanto el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, como el de Hacienda, Juan Bravo, negaron que se vaya a despedir a todo este personal e insistieron en que hay que estudiar cada caso. El mensaje fue que se actuará para “extinguir, liquidar, fusionar y reducir”. Se devolverán competencias a las consejerías del Gobierno andaluz y se reordenarán los recursos.
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83 empleados son personal con contrato de alta dirección y los titulados superiores representan el 30 % del global de todas las agencias. A lo largo de los tres últimos años, de 2016 a 2018 se puede decir que prácticamente no ha habido variación ni en número de trabajadores ni en gasto de personal.
Niegan despidos masivos
Desde San Telmo, donde aterrizaron con la promesa de "levantar alfombras", insistieron en trasladar que no habrá despidos en bloque pero sí que se analizará uno a uno cada caso. “Si usted es director de un periódico y se encuentra gente que haya entrado por enchufe junto a gente que ha entrado por sus méritos, ¿qué haría? Nuestra responsabilidad es hacer las cosas bien y con los principios de igualdad, mérito y capacidad”, señaló el consejero de Hacienda cuando se le interpeló sobré qué harán con esos empleados públicos que, durante los años en los que el PP estuvo en la oposición, llamaba “enchufados”.
Una vez en el Gobierno el discurso cambia. Ahora aseguran que en esos contratos hay un abanico de supuestos “muy amplio”. “Hay quienes no sólo no han entrado de manera incorrecta sino que en muchos casos están haciendo un gran trabajo pero no nos podemos permitir como Junta de Andalucía que haya personal que no esté trabajando al cien por cien”, insistió el titular de Hacienda. Hay que recordar que el Gobierno andaluz, entonces del PSOE, ya llevó a cabo en 2010 un plan de reordenación del sector público que en un lustro permitió pasar de 353 a 303 entes instrumentales, aunque un informe de la Cámara de Cuentas desveló que esto sólo supuso reducir 61 empleos públicos porque el resto de trabajadores fueron "recolocados" en la administración. El actual Ejecutivo asegura que no son estos sus planes pero no aclara como procederá.
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La realidad es que será un trabajo arduo y difícil y que en muchos casos, admiten desde el Gobierno, si se despidiera a personas colocadas por ser afines al PSOE posiblemente ganarían en los tribunales porque ese no es un motivo para despedir a un trabajador.
Puntos débiles
Los entes auditados son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Agencia Pública Andaluza de Educación, Agencia Andaluza de la Energía, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Agencia Andaluza del Conocimiento, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. La Cámara de Cuentas tiene también en marcha una auditoria sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
El informe señala que uno de los “puntos débiles” encontrados es que no hay una Relación de Puestos de Trabajo completa y adecuada en las agencias. Se recomienda diseñar ese inventario de puestos de trabajo determinando que características, necesidades y requisitos deben cumplirse en cada puesto de trabajo, qué funciones son atribuibles a cada uno de ellos y qué responsabilidades conllevan. A partir de ahí, la Junta deberá “establecer los mecanismos para la evaluación y valoración del desempeño de cada uno de los puestos de trabajo”.
La auditoría encargada señala que hay “duplicidades” y tareas repetidas entre estos entes públicos y las consejerías del Gobierno. A partir de ahora, un grupo de trabajo se encargará también de revisar y limitar las competencias de las distintas agencias públicas.
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El consejero de Hacienda, Juan Bravo, aseguró, con datos de los informes de control financiero permanente que de forma periódica hace la Intervención de la Junta, que hay entes donde el Gobierno tenía constancia de que no se había aplicado el recorte salarial entre el 5 y el 10% impuesto por ley ante el estallido de la crisis en 2012. Entre esos entes está la Agencia Andaluza de Conocimiento, cuyo empleados públicos no sufrieron recortes. Ese dinero, explicó Bravo, tendrá que ser reintegrado y devuelto a las arcas públicas. Ya con un informe de la Cámara de Cuentas trascendió que en el Servicio Andaluz de Salud había pagado 2,1 millones de euros a pluses a un centenar de sus directivos mientras recortaba la nómina a los profesionales sanitarios.
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El informe de los interventores asegura que no deben adscribirse funcionarios “solo por la necesidad de justificar el mantenimiento de estas empresas” y que debe evitarse “la redundancia” tras la creación de nuevos puestos de trabajo. “La adscripción de personal funcionario, de producirse, debe conllevar la supresión de otros análogos”, señala el documento interno del Gobierno andaluz.
Otra de las recomendaciones apuntan a que las agencias públicas empresariales deben cumplir funciones asignadas pero no actuar como “meros actores intermediarios” o “simples brazos ejecutores” de las consejerías, sin aportar “valor añadido”. En esta línea, el grupo de trabajo diseñado por el Gobierno andaluz tendrá también que delimitar y definir claramente las competencias y funciones de las agencias, precisar “competencias exclusivas, compartidas e indistintas” y eliminar duplicidades.
El informe se ha remitido a las distintas consejerías para que hagan alegacionres. Será obligatorio que cada agencia tenga un plan estratégico que establezca fines y metas a corto y medio plazo y que esto sirva para realizar evaluaciones. Además las agencias se abrirán en sus consejos de administración y organos directivos a representantes de organizaciones profesionales. Por ejemplo la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha entrado en la agencia Extenda, de promoción exterior.
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