Las 'tarjetas
black' de la Junta costearon trece juergas en cinco prostíbulos por importe de
32.000 euros.
- La Guardia Civil descubre nuevas irregularidades con las tarjetas de la Faffe que usaban sus directivos.
- La Junta califica de "lamentables y deleznables" los "posibles usos indebidos" de las tarjetas de la Faffe.
La Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)
20 AÑOS DE EL
MUNDO DE ANDALUCÍA. La función pública
SILVIA MORENO
25/11/2016 18:01
La Junta de
Andalucía y su entramado de empresas públicas, fundaciones, consorcios y todo
tipo de entes satélites no han hecho más que crecer y engordar en los últimos
veinte años, por mucho que la crisis y las restricciones impuestas por el
Gobierno central ante la presión de Bruselas hayan obligado a la Administración
a apretarse el cinturón en los últimos tiempos.
Actualmente, ya
hay más de 270.000 trabajadores con nómina de la Junta, la mayor empresa de la
comunidad andaluza. El capítulo de personal acaparará el próximo año nada menos
que 10.241 millones de euros del presupuesto del Gobierno andaluz, que ascenderá
a 33.239.509.031 euros. El pago de los salarios de los empleados públicos
representa un 30% de las cuentas andaluzas, la mayor partida de todas y el
triple de lo reservado, por ejemplo, a la inversión pública por el Gobierno
andaluz, que preside la socialista Susana Díaz.
En las dos últimas
décadas, el gasto de la Junta en su gigantesca y voraz función pública no ha
hecho más que aumentar. Comparando las cuentas andaluzas de los últimos años se
puede comprobar que tan sólo hubo un par de años, 2011 y 2013, en los que hubo
leves reducciones en la partida de personal. Fue el efecto de los recortes
salariales sufridos por los empleados públicos de todo el país impuestos por el
Gobierno central ante los ajustes solicitados por la Unión Europea (UE).
Pero la dieta de
los últimos años ha sido insuficiente para recuperar la línea y perder grasa
después del festín de contrataciones a dedo y de allegados al PSOE en la
conocida como administración paralela andaluza. Durante la última década, el
conglomerado de entes instrumentales del Gobierno andaluz ha ido también al
alza. Bajo la excusa de que son mucho más ágiles que la administración pura y
dura para acometer cualquier trabajo, el Gobierno andaluz ha recurrido a ellos
para hacer y deshacer a su antojo, saltándose los férreos controles que imperan
en las consejerías.
Actualmente, el
Gobierno andaluz cuenta con más de 200 entes instrumentales. Es la segunda
comunidad autónoma del país con más administración paralela, seguida de
Cataluña. Según el inventario elaborado por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, Andalucía pasó de tener 307 empresas públicas,
consorcios y fundaciones el 1 de enero de 2004 a 367 seis años después, el 1 de
julio de 2010. Sin embargo, el 1 de enero de 2016 la cifra bajó hasta los 326.
Las cantidades
globales se han reducido, pero la partida de personal no. Menos entes, pero más
gasto en el pago de nóminas. De hecho, el Gobierno andaluz suele presumir de
haber bajado la cantidad de agencias, pero no haber despedido a nadie. Las
cifras del presupuesto así lo corroboran. En la última década, los gastos de
personal de las agencias públicas y los entes instrumentales andaluces han
crecido un 18%, al pasar de los 3.781 millones de euros del presupuesto del año
2007 a los 4.596 millones de las cuentas para el próximo ejercicio. En ese
mismo periodo, la partida para pagar las nóminas de los funcionarios de las
consejerías de la Junta ha pasado de los 5.033 millones de euros de 2007 a los
5.645 millones para 2017, un 11% más.
La tasa de
crecimiento de los presupuestos fue de un 13% entre 2007 y 2017. De esta forma,
las nóminas de los trabajadores de los entes instrumentales aumentaron 5 puntos
por encima de la media de subida del presupuesto, mientras que los gastos en
personal de las consejerías se situaron dos puntos por debajo.
Esta preferencia
del Gobierno andaluz por sus entes instrumentales y el temor de los socialistas
a perder el poder en las elecciones autonómicas de 2012 -las primeras que ganó
en Andalucía el Partido Popular, si bien el PSOE se alió con IU, alejando la
posibilidad de que gobernara Javier Arenas- derivaron en la polémica
reordenación del sector público andaluz, primero como decretazo en julio de
2010 y después como ley en febrero de 2011. Tanto rechazo generó la reforma que
la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público es más conocida como ley del
enchufismo, ya que supuso la integración en la Administración autonómica de más
de 20.000 empleados del entramado de empresas públicas. Tras treinta años
gobernando en Andalucía y ante las encuestas que vaticinaban la alternancia, el
PSOE quiso dejarlo todo bien atado ante su eventual marcha e hizo empleado
público por la puerta de atrás al personal de los entes, también a los
enchufados.
Buena parte de los
funcionarios se levantaron en contra de esta reforma, protagonizando
manifestaciones históricas, como la que recorrió el centro de Sevilla el 13 de
noviembre de 2010, con más de 30.000 personas pidendo la derogación del
'decretazo'.
![[foto de la noticia]](http://estaticos04.elmundo.es/elmundo/imagenes/2010/11/13/andalucia/1289655526_extras_ladillos_1_0.jpg)
El ex presidente
de la Junta, Manuel Chaves, y el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez
Monteseirín, recibieron la primera pitada de los funcionarios en un acto en la
Plaza de España el 17 de octubre de 2010. Más tarde, el entonces presidente e
impulsor de la reordenación del sector público, José Antonio Griñán, los
consejeros, altos cargos y hasta ministros socialistas fueron abucheados por
los empleados públicos en sus visitas por las ocho provincias.
"Pumba,
pumba, pumba, el cortijo se derrumba" o "Griñán, cariño, colócame a
mi niño" fueron los cánticos más repetidos durante el año largo de
protesta de los empleados públicos, que se lanzaron a la calle a criticar el
despropósito que suponía que quedaran integrados en la Administración andaluza
todos aquellos que habían sido colocados a dedo y sin superar ningún proceso de
selección en entidades como la Fundación pública Fondo de Formación y Empleo
(Faffe), que se extinguió en 2011, dejando un agujero de 48,8 millones de euros
en subvenciones sin justificar, tal y como detectó la Cámara de Cuentas de
Andalucía y ahora investiga una juez de Sevilla.
Esta fundación de
la Junta, creada en el año 2003, durante la etapa como consejero de Empleo del
investigado por los ERE José Antonio Viera, pasó de tener una plantilla de 120
trabajadores a 1.700. Durante los ocho años que mantuvo la actividad, gestionó
más de 300 millones de euros. En aplicación de la Ley de Reordenación del
Sector Público, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) absorbió a todo el personal
de la Faffe, entre los que había numerosos ex alcaldes, ex concejales y
familiares de destacados socialistas.
La Faffe encaja a
la perfección con uno de los lemas utilizados por los funcionarios para
combatir la ley del enchufismo: "La Administración partidista y clientelar
es otra forma más de corrupción", denunciaron entonces los empleados
públicos, anticipándose a todo lo que se ha sabido después de esta fundación y
de su papel en el presunto fraude de los cursos de formación. "Por la
transparencia y el control del dinero público de todos los ciudadanos; no cabe
la opacidad", clamaban los funcionarios, que salieron a la calle a decir
"basta ya al nepotismo, a la corrupción y al despilfarro".
Paradigma también
de despilfarro y clientelismo es el episodio ocurrido antes de las elecciones
autonómicas de 2000, cuando la empresa pública de la Junta Egmasa realizó
pequeñas obras en varios institutos andaluces a un coste superior al del
mercado y sin atender las prioridades de los centros.
Varios institutos
denunciaron que los presupuestos estaban inflados y que la Junta no consultó
con los responsables de los centros las necesidades de los mismos. En la
mayoría de los casos, Egmasa, empresa creada por la Junta para servicios
medioambientales, se limitó a pintar fachadas y realizar pequeños trabajos.
Según los testimonios publicados por EL MUNDO, se trataba de «lavar la cara» a
los edificios unos meses antes de que se celebraran las elecciones andaluzas.
Los casi 6.000 empleados de la extinta Egmasa se vieron beneficiados también
por la Ley de Reordenación del Sector Público y fueron integraron en la Agencia
de Medio Ambiente y Agua (Amaya).
Para combatir esta
reforma, los empleados públicos se organizaron en plataformas al margen de los
sindicatos tradicionales y organizaron colectas para litigar en contra de esta
ley. Inicialmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les dio
la razón, con demoledoras sentencias contrarias a la Junta en las que alertaba
sobre el "desprecio al Estado de Derecho" que suponía la reforma por
la "flagrante vulneración" de derechos fundamentales.
Sin embargo, el
Tribunal Supremo ha ido dando la razón al Gobierno andaluz y finalmente el
Tribunal Constitucional también dio su visto bueno a la Ley de Reordenación
andaluza en noviembre de 2015, al rechazar el recurso interpuesto por el PP y
descartar que la finalidad real de la ley sea realizar cambios para poder
desarrollar una administración paralela, como mantenía el recurso de los
populares. El Gobierno andaluz, como la banca en los casinos, vuelve a ganar.
'Fantasmas' en nómina
¿Por qué el
Gobierno andaluz, que preside ahora la socialista Susana Díaz y con
anterioridad Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se han resistido siempre a
entregar los listados de efectivos reales que trabajan en la Administración
andaluza? ¿Por qué la negativa pese a las más de veinte sentencias que lo
obligan? La clave está en que el Sindicato Andaluz de Funcionarios está
reclamando una información que podría poner al descubierto todos los
'enchufados', los privilegios de los que disfrutan y otras situaciones
anómalas, como las de los fantasmas a sueldo de la Junta.
Por inverosímil
que parezca, el Gobierno andaluz ha estado pagando la nómina de trabajadores
que no han pisado su puesto de trabajo. Los casos más recientes son los tres
cargos fantasma destapados en la investigación del magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau Liaño, que observa
indicios de prevaricación en la conducta del ex consejero de Cultura Luciano
Alonso por estos hechos.
El primero de los
cargos fantasma investigados fue el de Luis Guerrero Jiménez, nombrado por
Luciano Alonso director del Centro de Andaluz del Flamenco (CAF), una
institución que la Junta poco a poco ha ido vaciando de contenido hasta dejarla
prácticamente sin actividad. Guerrero era coordinador del grupo socialista en
la Diputación de Málaga en el momento de ser nombrado y nunca llegó a pisar las
oficinas del CAF, que tiene su sede en Jerez de la Frontera, como así reconoció
ante el juez.
Los otros dos son
Alejandro Cárdenas Peñalver y María Centeno Sánchez, que fueron nombrados
directores (en distintas fechas) de la Filmoteca de Andalucía, que tiene su
sede en Córdoba, pero que tampoco pisaron jamás. Ambos son hijos de destacados
dirigentes socialistas andaluces: Carmen Peñalver, ex alcaldesa de Jaén, ex
diputada y secretaria general de los socialistas jiennense; y Fernando Centeno
López, alcalde socialista durante 20 años en Genalguacil.
También las
Consejerías de Economía y Empleo han tenido su propia nómina de empleados fantasma.
El caso más sonado lo destapó la Agencia Tributaria cuando corroboró en un
informe que el ex alcalde socialista del municipio sevillano de Lebrija Antonio
Torres había cobrado durante 11 años de una fundación de la Junta sin ir a
trabajar. Torres cobró de la Fundación Pública Fondo de Formación y Empleo
(Faffe) 535.452 euros brutos entre 2006 y 2013, con anualidades que oscilan
entre los 53.136 euros (2013) y los 74.040,59 (2010, más que el presidente de
la Junta).
Fantasma o
mochilero fue también el sobrino de Felipe González, José María González
Mejías, quien cobró de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria,
61.000 euros anuales «como un trabajador fantasma o intruso», según la Policía
Judicial.
Las 'tarjetas
black' de la Junta costearon trece juergas en cinco prostíbulos por importe de
32.000 euros.
- La Guardia Civil descubre nuevas irregularidades con las tarjetas de la Faffe que usaban sus directivos
- La Junta califica de "lamentables y deleznables" los "posibles usos indebidos" de las tarjetas de la Faffe
El escándalo de las tarjetas black de la Junta de Andalucía sigue
creciendo. No sólo se costeó una juerga en un prostíbulo con dinero público,
sino que fueron al menos trece "bacanales" en cinco locales de
alterne diferentes de Sevilla, Córdoba y Cádiz por un importe de 31.969 euros. Doce se pagaron con las tarjetas y una
con dinero en efectivo. Además, el Gobierno andaluz ha tratado de encubrirlo,
ya que la contabilidad que le ha facilitado a los investigadores oculta los pagos irregulares en puticlubes.
La investigación de la Unidad Central
Operativa (OCO) de la Guardia
Civil arroja nuevos datos sobre la polémica Faffe, la fundación
de la Junta que debía formar a los parados y que, sobre todo, se convirtió en
una gran agencia de colocación de afiliados y familiares del PSOE en la que se
gastaba el dinero público en comilonas, hoteles y... prostíbulos.
A las puertas del club de alterne Don Angelo
de Sevilla, donde se celebró la primera juerga conocida que fue costeada con
las tarjetas de la Junta, el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aportado este
lunes los detalles sobre la investigación de la UCO que el Gobierno de Susana
Díaz está «entorpeciendo» desde hace «dos años», ya que no facilita la
información que le reclama la Guardia Civil, según Moreno.
La UCO ha descubierto que los directivos de la
polémica Faffe contaban con ocho tarjetas bancarias que
estaban asociadas a una cuenta corriente que llegó a tener un saldo de 828
millones de euros. Con las tarjetas de gastaron 80.000
euros, que se distribuyen entre los 32.000 euros de los clubes de
alterne y 22.000 euros en restaurantes, entre otros gastos.
Aunque la UCO ha averiguado, a través de sus
gestiones con los bancos, que las tarjetas black de la
Faffe abonaron gastos por valor de 80.595,76 euros, el
aplicativo Navision que le ha entregado la Junta sólo refleja 16.771,51 euros por pagos
exclusivamente en restaurantes. En la información facilitada por la
Administración andaluza no hay ni rastro de los pagos en los
clubes de alterne. Y frente a los 16.771,51 reconocidos en la
documentación oficial de la Junta por gastos en restaurantes, la UCO ha
certificado una cantidad superior: 21.725,76 euros.
«En cuando al resto de gastos que se habrían
generado» con las tarjetas black de la
Faffe, como «hoteles, clubs de ocio para adultos, peajes y estaciones de
servicio, salvo error u omisión no han sido hallados asientos
en el aplicativo Navision que se correspondan con los mismos», advierte el
atestado de la UCO al que tuvo acceso este diario.
En una discoteca.
La Guardia Civil detalla un gasto de 136 euros
en una discoteca de Sevilla el 1 de diciembre de 2004 con una de las tarjetas
de la Faffe. Esa misma noche hay un pago de 254,56 euros en un hotel que está a
tan sólo 150 metros del establecimiento nocturno, precisa el
atestado. El gasto en hoteles con estas tarjetas se eleva a 1.805 euros.
Estos gastos se hicieron con la tarjeta que
tenía asignada Fernando Villén Rueda, que fue
director general de la Faffe y también fue secretario de Empleo en la Ejecutiva
regional del PSOE andaluz.
En cuatro años y medio, entre 2004 y 2009, se
hicieron un total de 43 cargos durante 12
"juergas" en cinco prostíbulos distintos: La Casita,
Don Angelo y Top Show Girls (en Sevilla), el Club Bahía 2 de la localidad
gaditana de Chiclana de la Frontera y la Sala Delux de Córdoba.
De las ocho tarjetas que ha localizado la
Guardia Civil, seis estaban a nombre de Fernando Villén (con un gasto de 72.486
euros) y otras dos de su hermano, Manuel Villén, que
era director de Administraciones Públicas de la Faffe, aunque este último las
habría utilizado exclusivamente para peajes de autopistas,
por importe de 8.109 euros.
El atestado revela que las cuentas de la Faffe
fueron posiblemente "maquilladas"para
enmascarar los pagos en los prostíbulos. Primero, se utilizaban las tarjetas en
los locales de alterne y posteriormente el entonces director gerente de la
Faffe, supuestamente, devolvía el dinero. Los investigadores creen que en
realidad el dinero no regresaba a las arcas públicas y que se trata de un
"falseamiento de las cuentas".
El líder del PP andaluz remarcó que las
conclusiones de la investigación de la Guardia
Civil son «de extrema gravedad» y criticó que a la UCO le haya
sido «imposible» comprobar los supuestos reintegros porque la Junta lleva dos
años «impidiendo» el acceso a la información por decisión de la presidenta,
Susana Díaz. Denunció que gastarse el dinero público en «bacanales» supone
«llegar a un extremo al que no se ha llegado en otra administración».
El próximo jueves está citado Villén en el
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que investiga este caso.
La
Junta ve el caso "deleznable"
La
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha calificado este lunes de
"deleznable" el "posible uso indebido" de las
tarjetas que usaban los directivos de la Faffe y que terminaron costeando
juergas en cinco prostíbulos.
A través de un comunicado, Empleo ha remarcado que el
Gobierno andaluz es el "primer interesado" en saber si hubo algún
tipo de irregularidad en el funcionamiento de la Faffe, para lo cual el
Gabinete Jurídico de la Junta "está personado como acusación particular, en
defensa de los intereses de la ciudadanía, y realizando o requiriendo todas las
actuaciones que estime oportunas".
Empleo afirma que ha remitido al juzgado que está
investigando el escándalo de la Faffe "más de 3 millones de registros contables correspondientes
a los años 2003 a 2011 -fecha de su liquidación y extinción de la Faffe-, en
papel y en CD, ordenada por años, así como las comunicaciones mantenidas a
través de cuentas concretas de correo electrónico de la entidad".
"Se ha entregado a la UCO acceso completo y sin
restricciones a los programas de contabilidad usados por
este organismo (SAP y Navision), así como un equipo informático, y se les ha
brindado la formación técnica necesaria para utilizarlos
convenientemente", afirma la Junta.
Sin embargo, los datos facilitados por la Administración
andaluza a los investigadores no coinciden con los hallazgos más comprometedores de
la UCO. Así, por ejemplo, todo lo relativo a los pagos con tarjetas en
prostíbulos no figura en los programas de contabilidad que la Junta entregó en
el juzgado, según recoge el atestado al que tuvo acceso ELMUNDO.es.
La
primera juerga
Según la información que se conocía hasta el
día de hoy, la tarjeta black del jefe
de la fundación de la Junta para formar a parados se usó quince veces en apenas
unas horas en el club de alterne Don Angelo de Sevilla, en concreto entre las
20.57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del día siguiente. Se
hicieron cargos de entre 310 y 1.490 euros en una noche de fiesta que acabó
costando 14.737 euros y que se costeó en ese momento con los
fondos públicos con los que se financiaba la Fundación Fondo Andaluz de
Formación y Empleo, la Faffe, una entidad hoy disuelta pero que funcionó como
una auténtica agencia de colocación para familiares y militantes del PSOE
andaluz y cuya gestión investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
Los números de aquella celebración vienen
reflejados en la documentación que hace sólo unas semanas ha enviado la Junta
de Andalucía al juzgado después de reiteradas peticiones de la juez María Núñez Bolaños a instancias de los
investigadores de la UCO de la Guardia Civil. Los extractos bancarios
evidencian el uso irregular del dinero público que manejaba la Faffe -que llegó
a gestionar hasta 300 millones- y cómo su máximo responsable hacía un uso
discrecional de las tarjetas de crédito que tenía a su disposición.
En lo que se refiere a la fiesta en el
prostíbulo sevillano, la documentación pone de relieve, además, una curiosa
coincidencia de fechas y horas. Los pagos con la tarjeta black de Villén en Don
Angelo comenzaron apenas unas horas después de que el entonces presidente de la
Junta, José Antonio Griñán, -juzgado estos días
por los ERE- llevase a cabo una remodelación de su
gobierno del que salió, entre otros, el consejero de Empleo del que dependía la
Faffe, Antonio Fernández, también en el banquillo por los ERE
desde diciembre. Los ceses y los relevos que Griñán decidió forzado por el
estallido del escándalo de los ERE se conocieron a última hora de la mañana de
aquel 22 de marzo de 2010 y la juerga se prolongó hasta el día antes de la toma
de posesión de los nuevos consejeros, el 24 de marzo, según apuntó el Partido
Popular.
Todos estos datos llegaron al Juzgado de Instrucción 6 el pasado 4 de junio, un
mes después de que tanto los dirigentes del PSOE andaluz como el consejero de
Empleo y la propia presidenta, Susana
Díaz, aseguraran en el Parlamento que se había remitido al juzgado
toda la información sobre las black, cuya
existencia previamente habían negado de forma tajante.
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