FUNCIÓN PÚBLICA. El grueso de los
trabajadores proceden de la extinta Faffe. Díaz afronta
el problema de los 'enchufados' con otro 'decretazo'
- El Gobierno andaluz lleva al Parlamento una atribución de funciones para 1.500 empleados que cobran sin tareas.
La Junta hará empleados públicos a 963 laborales de una fundación.
- El anteproyecto de la Ley Andaluza de Fomento de Emprendimiento "cuela" en una nueva agencia al personal de Andalucía Emprende.
¿Tras los pasos de la Ley del "echufismo"?.
- Un decreto regulariza al personal externo que llegó a Empleo.
- El Parlamento votará esta iniciativa dentro del Plan Empleo@joven.
Los junteros siguen ERE que ERE con sus desmanes....
Pero que está pasando en Andalucía....
Ver mas recordatorio a enlaces:
Sentencia clave del Tribunal Superior andaluz contra la usurpación de funciones de la administración "paralela"+ Una sentencia del TSJA pone en solfa la 'administración paralela' de la Junta; La sentencia señala el desprecio al Derecho Administrativo y a la misión pública de los funcionarios que practica la Junta desde su constitución en 1982 = Conclusión: El modelo de Administración puesto en marcha por el PSOE para Andalucía fue y es una tela de araña partidista
Máxima difusión. La junta merma la carrera de los funcionarios según los jueces - TSJA sentencia Agencia IDEA + Noticias de Andalucía por Luís Marín Sicilia, sin desperdicio = Los hechos y los datos siguen hablando....en Andalucía la actuación del PSOE va encaminada a perpetuarse y mantenerse al frente del Gobierno andaluz; entre otras actuaciones ¿ha instaurado un marco institucional para utilizar el empleo público y las instituciones para la colocación y el enchufismo de parientes, amigos, parejas y correligionarios? pero el sistema está agotado y se cae, porque resulta insostenible el mantenimiento de la estructura clientelar e ineficiente montada en Andalucía.
Los junteros, prosiguen con sus desmanes. Carecen de límites. ¿Normativa de contenido imposible? ¿Entregan competencias y funciones públicas a personal laboral de "selección digital", que no es personal funcionario; y lo hacen por Decreto Ley? ¿Hay prevaricación juntera? = Se incumple, la Constitución, el bloque de constitucionalidad y los pronunciamientos tanto del Tribunal constitucional, como del Tribunal Supremo y del TSJA- ver reciente Sentencia sobre la Agencia IDEA-? Como todos sabemos la Administración pública es preferentemente funcionarial ; entonces como es posible que el texto recoja que ¿las funciones correspondientes a los servicios y programas que se presten en las oficinas de empleo en ejecución de las funciones relativas a la gestión de las Políticas Activas de Empleo por la agencia del Servicio Andaluz de Empleo, podrán ser desempeñadas por el personal "laboral" - subrogado y de selección digital - de la citada Agencia, del Servicio Andaluz de Empleo , como recoge este Decreto-ley? ¿Evitan a los funcionarios y utilizan al personal de selección digital subrogado, sin hacer Oferta de Empleo alguna, desde la Ley del "enchufismo", lesionando el derecho de los ciudadanos al acceso al empleo público- lesión por omisión-o inactividad- , art,23.2 de la CE, de acuerdo con los principios de igualdad, merito y capacidad, con publicidad?.¿No tendría que intervenir la Fiscalía y llevar a los junteros a la vía penal? ¿Que hacen los partidos politicos de la oposición? ¿Se suprimen, sine die las Ofertas de Empleo Público, ya que la junta selecciona a sus propio personal "ad hoc" a través de sus "nuevas agencias, según el nuevo diseño de "administración pública juntera", a medida, sin funcionarios y sin fiscalización previa ?
De lectura inexcusble: 27 marzo 2016. La corrupción y la burocracia política paralizan la Junta de Andalucía, por Javier Carballo. Las estimaciones que se han realizado hablan de más de un millar de imputados o investigados, y cinco o seis mil millones de euros defraudados en varios casos. = Han creado en la Junta de Andalucía, un monstruo ingobernable, ‘administración paralela’, el entramado de empresas públicas, agencias y fundaciones para eludir los controles públicos que se exigen en la Administración pública.
Máxima difusión. Empleo, corrupción imparable + La Junta descontrola los fondos FSE y FEDER , ambos por Luis Escribano = Las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad; ¿En Andalucía, por ingeniería jurídica dictada "ex profeso" y "ad hoc" se permite sistemáticamente que las competencias y funciones públicas reservadas a personal funcionario, se realicen por personal laboral, privado y de selección digital; versus institucionalmente se permite la comisión de delitos - "usurpación de funciones públicas"-? ¿Todo esto ocurre a la vista de todos; es un fraude de ley, realizado "a sabiendas" por los junteros,? y ¿que hace la "Fiscalia" al respecto para proteger el interés general?. En Andalucía el dinero publico de todos desaparece y vuela, por obra y gracia del "sistema de gestión" implantado por los "einsteins psociolistos", con quiebra irreversible del ordenamiento jurídico constitucional, art. 149.1.18 y 103 CE, que determina que la Administración, poder ejecutivo, cambie de naturaleza, su personal ya no es preferentemente funcionario, sino laboral privado; digital y clientelar; Andalucía historia enciclopédica del mundo al revés: ?
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-preve-hacer-empleados-publicos-963-laborales-macrofundacion-201604042339_noticia.html
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/04/05/570389b1ca4741ac1e8b45fc.html
FUNCIÓN PÚBLICA
Díaz afronta el
problema de los 'enchufados' con otro 'decretazo'
En pleno debate sobre la necesidad de recortar la grasa acumulada durante décadas de expansión del sector público andaluz, el Ejecutivo andaluz ha iniciado los trámites para convertir su macrofundación Andalucía Emprende en una agencia pública empresarial. El cambio de personalidad jurídica, recogido en el anteproyecto de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de marzo, no es un mero ajuste cosmético. Afectará de forma significativa a los 963 trabajadores que componen su plantilla.
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/04/05/570389b1ca4741ac1e8b45fc.html
FUNCIÓN PÚBLICA
El grueso de los trabajadores proceden de la
extinta Faffe
Díaz afronta el
problema de los 'enchufados' con otro 'decretazo'
- El Gobierno andaluz lleva al Parlamento una atribución de funciones para 1.500 empleados que cobran sin tareas.
El Gobierno andaluz
intentará colar el miérconles de rondón en el Parlamento una solución a los más
de 1.500 trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que, hoy por hoy, cobran sin tener atribuidas
unas tareas concretas.
Se trata de varios colectivos que han
tenido que ser readmitidos tras sentencias que anulaban su
despido y que
trabajaban en labores de empleo, como los 182 ex asesores laborales del plan Memta; los
74 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) o los 167 de los consorcios escuela de formación integrados ahora en la Administración.
Pero el grueso son unos 1.300 trabajadores
procedentes de la extinta Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se integró en
el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló
en una ley.
Se denominó así porque supuso integrar en
la Administración a más de 20.000
trabajadores externos del
conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la Faffe había
contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas.
Ahora, la Consejería de Empleo tiene un
problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas
tareas administrativas, que están reservadas por ley a los funcionarios. Por
tanto, se da la paradoja de que cobran sin tener asignadas funciones concretas,
mientras que algunas oficinas de este organismo malviven sin apenas personal.
Un director y un auxiliar administrativo en
algunos casos -según los sindicatos- a pesar de la vital importancia de las
oficinas de empleo en una comunidad «con
índices que superan el 10% de la tasa de desempleo a nivel nacional» y que «no permiten garantizar una
prestación continua y eficiente de los programas y servicios que deben
ofrecerse en todo el territorio nacional», según la Consejería de Presidencia.
En este contexto, el Gobierno de Susana
Díaz ha aprovechado una proposición no de ley aprobada el pasado 25 de febrero
con los votos del PSOE y Ciudadanos, que instaba a la Junta a eliminar requisitos
contemplados en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública
andaluza a los
ayuntamientos, para que pudieran acogerse a los planes de empleo Empleo@Joven;
Iniciativa @emprende+ y Emple@30+, aprobados en otro decreto ley de abril de
2014.
La mala situación económica de numerosos
consistorios, con sentencias laborales en contra y deudas con la Seguridad
Social, les impedía legalmente acogerse a esos programas. Por ese motivo, PSOE y Ciudadanos acordaron
eximirles de esos
requisitos legales.
Esa proposición parlamentaria se plasmó el
22 de marzo en un decreto ley de la Junta que, sorpresivamente, incluye una
disposición adicional hasta ahora imprevista. Ese decreto se votará mañana en
el Parlamento para su convalidación.
En la disposición adicional se establece la
«participación del personal laboral en la prestación de servicios y desarrollos
de programas» de las oficinas de empleo del SAE. Es decir, se les da una serie
de atribuciones que el Sindicato
Andaluz de Funcionarios (SAF) considera que sólo corresponde a los
funcionarios. Por
este motivo, ha enviado un informe legal a los cinco grupos parlamentarios con
el objetivo de que voten en contra.
Según explica el presidente del SAF, Carlos
Sánchez, el personal laboral de las administraciones se crea para los casos en
los que no hay cuerpo funcionarial, como pueden ser los cocineros o los
chóferes. Para la orientación en el empleo, ya existe el Cuerpo Superior
Facultativo de Ciencias Sociales y del Trabajo.
«Ese decreto atribuye a personal laboral
potestades públicas que corresponden a un cuerpo de funcionarios, formado por
trabajadores sociales. Se les intenta quitar esa función y además no se respeta el derecho de los
ciudadanos a que esas funciones públicas se ejerzan por los garantes del servicio
público, que son los funcionarios», explica.
Además, el SAF reprocha que se utilice la
figura del decreto ley, considerada excepcional y motivada en necesidades de
urgencia, en vez de la tramitación de una ley, en la que se da audiencia y
participación a agentes sociales como los sindicatos.
Así llega mañana este decreto ley y su
sorprendente disposición adicional al Parlamento andaluz, donde Ciudadanos
tiene la última palabra para su aprobación.
Desde el partido de Albert Rivera aseguran
que aún no han decidido si volverán
a votar a favor de la medida con el PSOE, como hicieron con la
proposición no de ley. «Lo tenemos que estudiar con detenimiento. Por un lado,
no es sensato que haya personal cobrando sin trabajar. Pero por el otro, esta
medida no estaba incluida en la proposición que votamos juntos y ha sido una
sorpresa», explican.
La Junta de
Andalucía prevé hacer empleados públicos a 963 laborales de su macrofundación
- El anteproyecto de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento «cuela» en una nueva agencia al personal de Andalucía Emprende
En pleno debate sobre la necesidad de recortar la grasa acumulada durante décadas de expansión del sector público andaluz, el Ejecutivo andaluz ha iniciado los trámites para convertir su macrofundación Andalucía Emprende en una agencia pública empresarial. El cambio de personalidad jurídica, recogido en el anteproyecto de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de marzo, no es un mero ajuste cosmético. Afectará de forma significativa a los 963 trabajadores que componen su plantilla.
Con su
integración en el nuevo organismo, prevista en la disposición adicional segunda
de la citada norma, casi un millar de laborales que se dedican a asesorar a
emprendedores sobre la puesta en marcha de negocios, van a adquirir de forma
automática la condición de empleados públicos, estatus del
que hasta ahora carecían.
El anteproyecto da carta blanca a la nueva agencia para nombrar a
directivos
«El personal
de la agencia se rige, además de por la legislación laboral y por las demás
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público», reza el artículo 11 del anteproyecto, que, a
renglón seguido, reconoce «el ejercicio de las potestades públicas». La nueva
regulación también da carta blanca a la agencia para «disponer del personal directivo que
sus estatutos determinen» atendiendo a «la especial responsabilidad,
competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas», según el borrador de
la ley que deberá validar el Parlamento andaluz. El PSOE, sin mayoría absoluta
en la Cámara,necesitará
el apoyo de Ciudadanos o de otro grupo para aprobarla.
Los 963
empleados se incorporarán a la agencia «de acuerdo con las normas de sucesión
de empresas», sin necesidad de someterse a procesos selectivos adicionales.
Sólo saldrían a
convocatoria pública los nuevos contratos.
Más de
310 millones en ayudas
¿En que
cambia la situación de estos laborales? Con el cambio legislativo, podrían
ejercer tareas administrativas que desempeñan «de facto» bajo una regulación
difusa, mediante las denominadas encomiendas de gestión o
convenios, una fórmula cuestionada en sucesivas sentencias
judiciales.
Para
ejecutar dichos encargos, la Consejería de Economía y Conocimiento, a la que
está adscrita la fundación, le inyecta cada año cuantiosas subvenciones que
en su mayor parte (78%) se emplean en pagar las nóminas de
su personal. Desde 2009 hasta junio de 2015, Andalucía Emprende ha recibido ayudas por 310,7
millones de euros para financiar gastos de estructura y
planes de subvenciones para fomentar la cultura emprendedora.
El nuevo
estatus de los trabajadores de la fundación pasó inadvertido en la presentación
del anteproyecto que realizó hace justo una semana el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano,
que puso el foco sobre las expectativas de la futura Ley de Emprendimiento
solapando aspectos que pueden suscitar más polémica entre los funcionarios,relegados a los párrafos
finales del texto.
De hecho,
existe el polémico precedente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo (Faffe), que se integró en la agencia de régimen especial Servicio
Andaluz de Empleo al amparo de la ley de reordenación o del
«enchufismo» en el año 2011. Arellano destacó que entre
2017 y 2020 el nuevo anteproyecto impulsará la creación de 60.000 empresas y
72.000 empleos.
A lo largo
de los 29 artículos que componen la norma no se explican las razones para
liquidar la fundación actual, creada en 1999, y convertirla en una agencia.
De hecho, las funciones que asumirá son las mismas, con pocos cambios, que ya
establecen los
estatutos de la fundación, que se resumen en la promoción de la
cultura y actitud emprendedora.
Para ello
cuenta con una red de 880 oficinas repartidas por todo el territorio andaluz y 215 Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial atendidos por equipos «cualificados
de especialistas», estructura que absorberá la agencia. Como novedad, se
ampliará el servicio a empresarios que han fracasado en anteriores negocios, se
fomentarán las cooperativas en el mundo rural y se creará el Portal del Emprendimiento.
El caudal de fondos
públicos que recibe Andalucía Emprende causó asombro al juez de lo Social
número 2 de Córdoba, Manuel Oteros. En una sentencia a favor del despido de un
trabajador, el magistrado criticó «el dineral» que cuesta «al
sufrido contribuyente» mantener un ente «ineficiente».
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