La Policía denuncia una red criminal del exconsejero
andaluz Ojeda para «enriquecerse» con cursos
- La UDEF destapa el «tráfico» de favores entre la Junta de Andalucía y el empresario a través de comprometedores correos electrónicos,
La
«galaxia» de empresas de Ojeda acaparó 52,6 millones de euros en fondos
públicos para cursos.
- La Junta tendrá que pagar cuatro millones en ayudas bajo sospecha por no revisar los expedientes.
29-4-2018.
La juez Núñez devuelve sin investigar cientos de
expedientes de cursos de formación.
- La documentación estaba abandonada en un calabozo de San Fernando desde 2014
María José Segarra, la fiscal que se
vio desbordada por los casos de corrupción en Andalucía.
- El PP la acusó de guardar en un cajón la grabación del 'caso Mercasevilla'
Máxima difusión. Importante. Alaya cree que el «clientelismo político» ha favorecido que sólo haya gobernado el PSOE en Andalucía + La juez Mercedes Alaya denuncia el control político del poder judicial + “El peor enemigo de la Justicia” por Max Estrella; “En Andalucía el primer y principal enemigo de la Justicia son, sin duda, los jueces. Después los fiscales.” = Alaya, habla de nuevo, alto y claro. También lo hace nuestro compañero Max; ambos coinciden. Gracias. Las cosas son así: si el Fiscal, no actúa que es el principio inquisitorio, y obedece a ¿instrucciones políticas?, en lugar de defender el interés general de los ciudadanos, como presumiblemente es su obligación……todos los políticos corruptos se librarán. Esto ocurre por qué como dice la Ilma. Sr. Magistrada Doña Mercedes Alaya, "hay una comunicación abierta entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado" y "esas directrices pueden afectar a cualquier procedimiento en marcha". No sólo eso también hemos visto lo que ha hecho el PSOE, durante la instrucción de los ERE…..Hay que tener presente que este partido gobierna ahora España ¿¿¿???? se habla de 6.000 millones defraudados......Un partido, con credibilidad cero. Además, como todos sabemos la Junta de Andalucía ha renunciado, en el procedimiento penal de los ERE, a recuperar los 850 millones de euros de subvenciones públicas dados presuntamente de forma irregular. «¿Cómo se quedan ustedes al saber esto? …..Estupefactos. Y así están los españoles al ver como el líder del PSOE, sin ganar elección alguna, se encuentra instalado en la Moncloa y cuenta ya con ¿su equipo de seguidores.....?, un Gobierno con 17 ministerios……Si los partidos controlan las instituciones, poder judicial, gobierno y administración pública, lo controlan todo. Para el Sr. Sanchez los ciudadanos son súbditos y los hace rehenes de sus designios, sin haber ganado elección alguna. Ha decidido que NO PODEMOS VOTAR…… TIENE PANICO ¿a que los ciudadanos podamos pensar ….?; mejor una operación de marketing, nos distrae para no reflexionar.....lo llaman ciberpolítica. Mientras prosigue la función seguimos degenerando.....
28-5-2018. La juez Núñez paraliza dos años las pesquisas sobre un caso de corrupción en la Agencia IDEA de la Junta = La Andalucía imposible; ¿la Sra. Bolaños, busca la impunidad juntera? ¿Su cuñada en IDEA y sigue con la causa, sin haberse abstenido? Esto es jauja: Andalucía comunidad sin ley y sin ni justicia. ¡¡¡¡ La corrupción es el sistema; aquí no hay quien viva!!!!
Y lo de la Sra. Bolaños no tiene nombre ¿como es que no está ya inhabilitada, ni sancionada.....? : Veamos algunos enlaces de prensa:
- La juez Núñez desoye el riesgo de «impunidad» en el caso ERE y sigue desimputando a ex altos cargos ¿¿???
- La juez Núñez desprecia, por "irrelevantes", los expedientes de cursos abandonados en San Fernando ¿¿???
En Andalucía como ocurre con los independentistas en Cataluña, el régimen lo controla todo;¿también la justicia?
Los ciudadanos, reflexionamos y pensamos.
- 'Si no ganamos las elecciones no vais a seguir trabajando en la Junta', amenaza
- 'Os quiero a todos en la calle haciendo campaña electoral. La gestión la dejáis aparte'
- 'Visitad empresas a las que hemos dado subvenciones. Como los testigos de Jehová'
Hay que atacar al origen de la corrupción, ver enlaces ya publicados el 25 de mayo, Lo demás sobra.
El triángulo de la corrupción + FUERA DE GUIÓN Especuladores de sentimientos; “insolventes profesionales, indigentes curriculares y extraños apóstoles del siempre impreciso bien cívico”….que “se dedican a la política tal vez porque no tenga mejor cosa que hacer…” = Es hora de Reflexionar. La lista con los enchufados de la Faffe conecta el 'caso ERE' y el fraude de los cursos de Formación, algo que en Andalucía sabemos todos y que también lo apuntó la Sra. Magistrada en su entrevista, ver enlace del 21-5-2018: ERES, Cursos de Formación, Faffe. En Andalucía, es patente y notorio que la corrupción es el sistema y eso lo sabe también el Sr. Pedro Sanchéz, el PSOE gobierna aquí mas de 39 años y no es por casualidad, hay una tela de araña un Régimen clientelar que lo destruye todo. ¿Los tentáculos del Régimen llegan incluso a sede judicial, y por ahora los socialistas andaluces, como los catalanes, gracias a determinados jueces que aparecen por “arte de magia” se libran de escándalos como el caso Gúrtel; casos como los ERES, los cursos de formación, IDEA, Invercaria..... o el 3% catalán, que curiosamente no tienen la misma difusión mediática…..? ¿Es evidente que hay algo más, tanto en Cataluña como en Andalucía?. El PSOE con Pedro Sánchéz a la cabeza, presenta ahora, una moción de censura, avalado por la nueva “casta podemita”, liderada por el Sr. Iglesias, un populista que explota los sentimientos de las personas, y ¿todo ello en plena crisis secesionista?. ¿Pero el Sr. Sanchez, ha perdido la cabeza; es un absoluto irresponsable que junto al Sr. Iglesias y los que secunden esto, nos quieren llevar al abismo?. Mejor deberían callarse, y ponerse todos a legislar y exigir penas de cárcel y responsabilidades penales en condiciones de igualdad para todos los políticos que infrinjan las leyes y prevarican para malversar, porque a algunos les sale “gratis” como dice la Ilma. Sra. Magistrada Doña Mercedes Alaya. Regulen las penas de cárcel,eviten la impunidad, y protejan de la colonización política al poder judicial y a la administración pública. En ambas tiene que imperar la neutralidad y la imparcialidad, profesionales al servicio de los ciudadanos, personas de selección constitucional, en los que estos puedan confiar; los políticos españoles actuales, salvo honrosas excepciones, dejan mucho que desear.
áxima difusión. La justicia se activa : Huelga de jueces y fiscales: "Nos han mareado y al final hemos tenido que hacer algo".+ Mercedes Alaya: «Susana Díaz podría malversar si no reclama los 850 millones de los ERE» + Mercedes Alaya: «La prevaricación debería castigarse con cárcel. Es la madre de todos los delitos de corrupción» = Gracias, Sra. Magistrada; habla alto y claro. La politización de la Justicia (No conceden la comisión de servicios a la Ilma. Sra. Magistrada Doña Mercedes Alaya), de la Administración Pública (Administración paralela de Andalucía, clientelar y digital = “ingeniería jurídica ad hoc” para hacer lo inadmisible; ¿ejercicio de potestades públicas sin ser funcionario ni estar habilitado para ello, es usurpación de funciones públicas y posible prevaricación? ), de la Sanidad (Unidades de Gestión Pública de Andalucía), Educación (Inspección educativa y aprobados de despacho de la junta)…… hace que los ciudadanos estemos indefensos ante la colonización política de las instituciones que nos protegen y al interés general; ningún partido político vendrá a cambiar las cosas, sus intereses partidistas, obtener votos para alcanzar el poder. Es hora de que los profesionales, que trabajan para el servicio público, alcen la voz y defiendan los bienes públicos colectivos, sanidad, justicia, educación, administración pública. Basta de impunidad política, no al despilfarro y la corrupción institucional. Con esto perdemos todos.
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-juez-nunez-devuelve-sin-investigar-cientos-expedientes-cursos-formacion-201804290829_noticia.html#ns_campaign=mod-
sugeridos&ns_mchannel=relacionados&ns_source=la-juez-nunez-devuelve-sin-investigar-cientos-de-expedientes-de-cursos&ns_linkname=noticia.foto.andalucia&ns_fee=pos-2
sugeridos&ns_mchannel=relacionados&ns_source=la-juez-nunez-devuelve-sin-investigar-cientos-de-expedientes-de-cursos&ns_linkname=noticia.foto.andalucia&ns_fee=pos-2
La Policía denuncia una red criminal del exconsejero
andaluz Ojeda para «enriquecerse» con cursos
- La UDEF destapa el «tráfico» de favores entre la Junta de Andalucía y el empresario a través de comprometedores correos electrónicos
El exconsejero andaluz de
Hacienda Ángel Ojeda Avilés es «la cúspide» de una «organización criminal perfectamente estructurada» ideada
y controlada por él «con la única finalidad de
obtener el mayor número de subvenciones de la Junta de Andalucía posible y enriquecerse mediante
métodos irregulares e ilícitos».
Esta es la contundente
conclusión a la que llega la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF)
de la Policía Nacional tras analizar montañas de documentación (facturas, bases
de datos, informes y tablas de Excel) requisadas en las oficinas del Grupo
Prescal, buque insignia del «entramado empresarial» dirigido por el antiguo
político socialista. Entre 2008 y 2011 acaparó 52,6 millones de euros a través de fondos
públicos para cursos de formación de
parados y trabajadores.
En un informe policial al que
ha tenido acceso ABC, entregado hace pocos días a María Núñez Bolaños, la juez
que investiga el supuesto desvío de dinero público por parte del empresario, la
UDEF destapa una red de favores hacia él por
parte de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la agencia autonómica
encargada de gestionar estos programas de ayudas. El examen de numerosos correos
electrónicos intervenidos y enviados por los principales actores de la trama
pone de manifiesto «un posible tráfico de
influencias en relación con determinados cargos y empleados de la Junta de
Andalucía, algunos de ellos con capacidad de decisión dentro del SAE», señala
el atestado.
La «galaxia» de empresas de Ojeda acaparó 52,6 millones
de euros en fondos públicos para cursos.
El rastro de los cibercorreos
conduce a la Policía hasta la cuñada del ex alto cargo, María Teresa Florido Mancheño, entonces directora
general de Formación Profesional para el Empleo en la Junta. Ángel Ojeda, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, envió en 2011 mensajes
electrónicos a su familiar para «intentar influir de un modo u otro en las adjudicaciones de
subvenciones», según advierte la UDEF.
Este «trato de favor» adoptó
distintas formas: contratación de familiares
de cargos de la Administración en sociedades de
Ojeda, entrega de regalos a funcionarios, «la obtención de información
privilegiada» sobre la baremación de las solicitudes de ayudas y «concesiones
irregulares» de subvenciones excepcionales para formar y contratar a
extrabajadores de la factoría automovilística Delphi.
La UDEF describe un engranaje
complejo en el que el exconsejero utiliza a presuntos «testaferros», familiares y socios que sitúa en «puestos
visibles» de sus asociaciones, fundaciones y demás entes «para intentar
desvincular éstos de su persona y la supuesta relación entre ellas mismas». Los
investigadores no dudan en señalar al exconsejero como ideólogo de esta
mecánica. Aluden a la confesión que hizo a su yerno en un correo en enero de
2012: «El despegue comienza cuando habiendo visto que la forma de conseguir más cursos de la Junta era a través de
asociaciones, creé varias de ellas».
Serpro S.L. constituía una
pieza importante del Grupo Prescal. Es la empresa «ideada por Ojeda y sus
colaboradores, con el asesoramiento jurídico de Fernando Yélamos, para la contra facturación a los
docentes de los cursos impartidos, por servicios ficticios, logrando con ello el desvío de más del 50 por ciento de
los fondos públicos que deberían haber sido destinados a la docencia», recoge el atestado policial. La norma obliga a destinar
por lo menos el 40 por ciento de la cuantía de las ayudas a los profesores de
los cursos de formación.
La parte más comprometedora
de la investigación de la UDEF son los mensajes enviados a Ojeda y a socios y
colaboradores suyos «desde los propios correos oficiales de la Junta de
Andalucía» para «la solicitud de colocación
de familiares o amigos» de cargos públicos y jefes de servicios encargados de la gestión de las
subvenciones. Las peticiones de «enchufes»
le llegan desde distintos escalafones de la Administración. Su cuñada le remite a Ojeda currículos de varias personas
para que «les consiga un puesto de trabajo». Entre ellos, figuran los de la
propia hermana de Teresa Florido y de un sobrino de Aurora Cosano, quien fuera
delegada provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla.
Recomendaciones
Alonso Solís, entonces jefe
de Gestión y Programación Profesional de la Consejería de Empleo, envió un
currículum de M.A. Solís, contratada por Forpe. Otra empleada pidió a Federico
Díaz Barby, gerente financiero de Prescal, que colocara a «la recomendada
por Manuel Gavilán», jefe de Servicio de la
Delegación del SAE en Córdoba.
Otro técnico de Prevención
Riesgos Laborales en la Junta dirigió a Eugenio Díaz, socio de Ojeda, «el
currículum del hijo de una compañera de trabajo para que le metiera en algún
curso de aeronáutica». «Es inspector de la Junta y nos vendría muy bien»,
comenta Díaz al gerente de Prescal. En otro
correo, el propio exconsejero responde a la secretaria general de Instituto
Andaluz de Administración Pública, Julia Serrano, que le había enviado otro
currículum de un conocido: «Se lo paso a mi director a ver qué podemos hacer.
Lo tomamos con mucho cariño».
Junta tendrá que pagar
cuatro millones en ayudas bajo sospecha por no revisar los expedientes
- El gobierno de Susana Díaz acumula 28 sentencias por subvenciones irregulares que ahora va a tener que abonar
La
Junta de Andalucía va a tener que afrontar el pago de casi cuatro millones de
euros que corresponden a subvenciones para cursos de formación que están bajo sospecha y cuyos beneficiarios están siendo investigados
por la Justicia. Cerca de una treintena de sentencias condenan al gobierno de
Susana Díaz a abonar ayudas que podrían ser irregulares y que fueron paralizadas
por ese motivo.
El
descontrol de la propia Administración autonómica en la revisión de esas
subvenciones -que no ha completado- está detrás de las 28 condenas que acumula ya la Junta producto de los pleitos
iniciados por los empresarios a los que se concedieron las subvenciones. Lo
denunció ayer la portavoz de Empleo del PP, Teresa Ruiz Sillero, que pedirá
explicaciones al ejecutivo esta misma semana en el Parlamento.
El
empresario que recibirá la mayor parte de este dinero es el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, el principal
imputado en el escándalo de los cursos de formación y
también el mayor perceptor de estos fondos públicos: alrededor de 50 millones
de euros a través de un entramado de empresas que son objeto de investigación
por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
Ojeda,
según reveló ayer el PP Andaluz, podrá cobrar 2,3 millones de euros, el importe del
25% de los cursos que la Junta le subvencionó pero no terminó de pagar tras
estallar el escándalo.
Sólo
el ex consejero interpuso 60 demandas contra
la Junta ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía y de momento ha
ganado 22,
con lo que la cifra a la que tendría que hacer frente el gobierno
andaluz podría multiplicarse a medida que se resuelvan el resto de litigios.
Además,
a este dinero hay que sumar un millón más en concepto de los intereses devengados y
las costas. En total, más de cuatro millones de euros por unas subvenciones
sospechosas.
Esto
supone, a juicio de Ruiz-Sillero, un hecho «tremendamente grave», ya que supone
que la Junta tendrá que pagar más de cuatro millones de euros a empresas
receptoras de ayudas a la formación, «sin que se haya comprobado la legalidad de las mismas».
«Esas
empresas que han recibido ayudas que están bajo investigación judicial han
presentado recursos en el juzgado para solicitar la liquidación del 25% del
pago final de la subvención, y como la Junta de Andalucía no ha revisado esos
expedientes ahora se condena al gobierno andaluz al pago, cantidad a la que hay
que añadir el pago de los intereses y de las costas judiciales», remarcó la
parlamentaria del PP.
Explicó,
además, que es el propio abogado de la Junta el que contesta a la Justicia
pidiendo que se paralicen esas condenas, «ya que las subvenciones podrían ser
declaradas ilícitas penalmente» por la Justicia. «La Justicia dice que ese
asunto está siendo objeto de investigación en la macrocausa judicial,
y que la Junta debe
cumplir con su obligación y revisar los expedientes», prosiguió
la diputada popular, quien lamentó que no sólo «no se esté recuperando el
dinero» sino que además «lo sigamos perdiendo» al
tiempo que denunció que el gobierno andaluz haya «ocultado» estas sentencias,
que son, afirmó, «consecuencia de la estrategia de brazos
caídos de la Junta de Andalucía».
Once
millones recuperados de 149
La
portavoz de Empleo del PP Andaluz apuntó al «nerviosismo» de
los miembros del gobierno andaluz cuando el PP critica la actuación de Susana
Díaz en este asunto, «bien sea por acción o por omisión, lo que ha provocado,
continuó, «que el PSOE y Ciudadanos hayan censurado la comparecencia del
Interventor General de la Junta en el Parlamento».
En
este sentido, explicó que el gobierno andaluz está incumpliendo las
recomendaciones de los nueves informes y del informe de actuación de la
Intervención, y que sólo se han recuperado 11
millones, cuando
se reclaman 149 millones. «La Junta no está cumpliendo las recomendaciones
del interventor general y no se está recuperando el dinero», apostilló.
La juez Núñez devuelve sin investigar cientos de
expedientes de cursos de formación
- La documentación estaba abandonada en un calabozo de San Fernando desde 2014.
La juez de instrucción número
6 de Sevilla, María Núñez Bolaños,
ha ordenado a la Guardia Civil que devuelva al Ayuntamiento gaditano de San Fernando los cientos de
expedientes sin investigar desde finales de 2014 sobre cursos impartidos en el Centro
para la Formación en Técnicas Industriales.
La documentación fue solicitada por la
juez Mercedes Alaya,que investigaba las irregularidades
en cursos concedidos por la Junta de Andalucía al exconsejero de Hacienda
Ángel Ojeda, y se encontraba almacenada en
un calabozo de la Jefatura de la Policía Local de San Fernando desde el 18 de
noviembre de 2014.
El pasado 19 de marzo, la
Guardia Civil envió un oficio a la juez Núñez en el que solicitaba que «se
estima oportuno, se acuerde el traslado de la citada documentación a
dependencias judiciales». Mediante una providencia dictada el pasado día 23, la juez acuerda «su
retirada y devolución a su procedencia», es decir, al Consistorio, sin
trasladarla a las partes personadas en las diligencias que se centran en las supuestas
irregularidades en los cursos concedidos al exconsejero andaluz de Hacienda
Ángel Ojeda a
extrabajadores de la planta que tenía en Puerto Real (Cádiz) la multinacional
Delphi Automotive Systems.
Alaya abrió una investigación para
conocer el destino de 33,3 millones de euros que recibieron cinco asociaciones pertenecientes al grupo
Prescal, presidido por el exconsejero y empresario, para formar y pagar nóminas
a exempleados de la antigua fábrica de automoción cerrada en 2007.
Según cuenta a la juez Núñez
la Guardia Civil, en diciembre de 2014,
agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) examinaron con detalle la documentación incautada por orden de la entonces instructora del caso y
retiraron la que consideraron «de interés», que sirvió de base para elaborar un
atestado.
No es la primera vez que
expedientes se quedan varados en algunas dependencias. El pasado 5 de marzo el letrado
de Ojeda, Juan Carlos Alférez, pidió a la magistrada que se incorporaran a la causa abierta el 15 de
diciembre de 2015 contra su defendido «la totalidad de los expedientes Delphi», que estaban alojados desde hace casi cuatro años el
juzgado, según reveló un escrito por el que la Junta informaba de que los
documentos se encontraban allí desde mayo de 2014.
Los letrados de la acusación popular
que ejerce el PP andaluz, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, también
solicitaron a Núñez que se uniera la documentación a la causa y que fuera entregada a las partes la totalidad
de los expedientes a los que alude el escrito del abogado del exconsejero.
María José Segarra, la
fiscal que se vio desbordada por los casos de corrupción en Andalucía
La larga lista de casos de corrupción que afectan en Andalucía al PSOE y al Gobierno andaluz desbordaron varios juzgados y también a la fiscal jefe de Sevilla desde el 2004, María José Segarra, la nueva fiscal general del Estado.
Desde
que estallaron los escándalos, Segarra, de 54 años y miembro destacado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), reclamó
a sus jefes refuerzos para apoyar el trabajo de los fiscales de Anticorrupción
ante la complejidad de los casos de corrupción que se estaban indagando en los
juzgados. El asunto con mayor número de imputados y de mayor complejidad es el
de los ERE,
que comenzó a investigarse en 2011 y versa sobre el reparto de ayudas
millonarias de forma arbitraria por parte del Gobierno andaluz a trabajadores
de empresas en crisis afines al PSOE o con vínculos sindicales.
Precisamente
ahora se está juzgando en la Audiencia
de Sevilla la pieza principal de este caso, que ha
sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre
ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la ex ministra Magdalena Álvarez. Y todavía deben abrirse casi dos centenares de
piezas más por cada una de las ayudas concedidas.
En
los orígenes de los ERE está el caso Mercasevilla y
unas cintas de audio grabadas por los empresarios del grupo La Raza durante una reunión en la
que los directivos de la empresa pública Mercasevilla les exigieron una
comisión de 450.000 euros por la concesión de una subvención de 900.000 euros
de la Junta para financiar la puesta en marcha de una escuela de hostelería en
terrenos del mercado central de abastos de la capital andaluza.
El
PP la acusó de guardar en un cajón la grabación del 'caso Mercasevilla'
El PP acusó
en el año 2009 a la fiscal María José Segarra de guardar en un cajón aquellas
grabaciones de sonido «durante meses». La cronología, no obstante, matiza la
denuncia de los populares. El 27 de enero de 2009, los empresarios de La Raza
grabaron cómo les pedían la mordida y, con posterioridad, contactaron con el
jefe de gabinete de Manuel Chaves, Juan
Gallo, a
quien enviaron los audios.
Con
el material en bruto y sin ninguna transcripción que ayudara a las pesquisas,
la Junta llamó a la puerta de Segarra y le entregó los audios. En abril de
2009, tan sólo dos meses después de que se hiciera la grabación, el PP presentó
otra denuncia sobre este asunto.
En
septiembre de 2009, en pleno escándalo de la Gürtel,
el ex ministro Zoido, entonces
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, puso este caso como ejemplo de la «doble vara de
medir» de la Fiscalía cuando se trata de políticos del PP y del PSOE. La
Fiscalía de Sevilla replicó que las cintas de Mercasevilla no habían estado
guardadas en un cajón y que incluso le había dado instrucciones a la Policía,
si bien finalmente fue la denuncia del PP la que desatascó estas pesquisas.
Aunque
Segarra es una mujer de ideas progresistas, lo cierto es que ha renovado su
cargo al frente de la Fiscalía de Sevilla con gobiernos del PSOE, en la época
de Zapatero, y también del PP, en la etapa de Rajoy. En 2004, fue nombrada con Conde-Pumpido al frente de la Fiscalía
General del Estado por encima de otros candidatos como el ex consejero de
Justicia andaluz Emilio Llera, al
que las quinielas sucesorias señalaban como favorito. Entonces tenía 41 años y
se convirtió en una de las fiscales jefe más jóvenes del país y en una de las
primeras mujeres en llegar a ese cargo.
Es
feminista pero ha pedido condenas para mujeres por denuncias falsas
Fue
renovada por última vez en 2015 durante la etapa de Consuelo Madrigal en la Fiscalía General,
que optó por ella frente a otros candidatos de perfil teóricamente más afín al
PP. Su mandato estaba previsto que alcanzara hasta 2020. Compañeros de Segarra
de talante más conservador señalan su profesionalidad y amplia capacidad de
trabajo.
Aunque
es feminista, no le ha temblado el pulso al pedir condenas a mujeres que han
presentado denuncias falsas contra sus ex parejas por maltrato. En el polémico caso de María Salmerón, la mujer condenada por desobediencia al incumplir
la custodia compartida de su hija con el padre, condenado por maltrato, la
Fiscalía tampoco se puso de perfil y se opuso al indulto.
Segarra
comenzó en menores. Hace 20 años, su imagen fue portada en la prensa regional,
cuando trataba de proteger a María
Ángeles,
la niña del municipio granadino de Benamaurel que se disputaban dos
familias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...