Sra. Alaya y Max Estrella, hablan alto y claro, gracias.
CLUB
SIGLO XXI. Alaya cree que el «clientelismo político» ha favorecido que sólo
haya gobernado el PSOE en Andalucía
- La juez instructora de los ERE pide endurecer las penas para los delitos corrupción «para que el que la haga, la pague»
Sobre las fianzas que impuso como instructora para
garantizar las responsabilidades penales, ha expresado su estupor por el hecho de que el Gobierno andaluz haya
renunciado en el procedimiento penal de los ERE a
recuperar los 850 millones de euros de subvenciones públicas dadas
presuntamente de forma irregular.
«¿Cómo se quedan ustedes
al saber esto? Igual que me quedé yo».
……La magistrada de la sección séptima de la Audiencia Provincial
de Sevilla ha recordado que a elección del Fiscal General del Estado es elegido directamente por el
Gobierno y, «en este caso, no eligen a personas
por su excelencia profesional, sino personas por afinidades políticas, a personas que estén dispuestas a cumplir las directrices de los
partidos políticos de turno». La instructora
de los ERE ha añadido que el Fiscal General del Estado es el que nombra a todos los fiscales
jefes y es el que le puede dar directrices directamente impartidas por el
Gobierno», lo que -a su juicio- puede afectar a
cualquier procedimiento judicial en marcha.
……Asimismo, recomienda que «a la mayor
urgencia» se elija a un Fiscal General del Estado absolutamente imparcial,
ya que suele ser en la mayoría de las ocasiones el
principio acusatorio,
salvo que haya acusación popular en casos de
corrupción. Por ello, recomienda que si no
se encuentra otra manera de elección de una persona independiente para ese
cargo, el Fiscal General del Estado podría ser nombrado por el Gobierno, como dice la
Constitución, «pero elegido por las principales fuerzas políticas, que son tan dispares, que al final tendrían que ponerse de
acuerdo en una persona imparcial».
….. La falta de medios económicos y personales que padece el
poder judicial han sido puestos de nuevo
sobre la mesa por esta combativa juez, que ha traído a colación la falta de
medios que sufre ella misma, ya que tiene que trabajar con otros cuatro magistrados
de la Audiencia «metidos» en una sala de apenas 12 metros cuadrados. «Sin embargo -matiza- la única
reforma que se ha realizado en la Audiencia ha sido para reformar los baños
para que los políticos que iban a declarar hicieran sus necesidades en unos
baños en condiciones».
- La magistrada que inició la investigación del caso de los ERE reprocha al Gobierno convertir al CGPJ en un "miniparlamento" y pide independencia
"Tenemos
al poder político metido en el poder judicial". Así, sin cortapisas y con
firmeza, se expresó hoy la juez Mercedes Alaya, magistrada que inició la
investigación del caso de los ERE de Andalucía, acusando a los gobiernos de haber convertido al
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un "miniparlamento",
con un "reparto entre partidos por cuotas", que
"responde al poder ejecutivo". "Tenemos
al lobo metido dentro del gallinero", ironizó.
…..En
apenas 45 minutos, Alaya pasó revista al poder judicial y echó por tierra el
sistema que se sigue para nombrar al fiscal general del Estado. "La Justicia está en una situación
absolutamente deplorable",
denunció, poniendo sobre la mesa que en España "si
interesa ahora perseguimos, sino, lo dejamos pasar". "Se ha dado un gran hachazo a la
independencia judicial".
Dicho esto, la juez acusó
al poder político de presionar a los fiscales a través del fiscal general del
Estado,
"que es elegido directamente por el Gobierno por afinidades
políticas", reprochó.
En este sentido, recriminó al
Ejecutivo que sea el poder que "da todas las directrices" al fiscal
general, porque "hay una comunicación abierta entre el
Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado". En palabras de Mercedes Alaya, "esas directrices pueden afectar a cualquier
procedimiento en marcha".
Alaya achaca al "clientelismo
político" que en Andalucía sólo gobierne el PSOE
Y nuevo
artículo de nuestra magnífica pluma naranja. Habla alto y claro como, sobre lo
ocurrido con la última denuncia sobre los enchufados de los “psociolistos” en
la FAFFE; ver enlace publicado el 2 de junio de 2018:
Máxima difusión. El juez archiva en solo 48 horas la denuncia de los 85 enchufados del PSOE en la fundación de la Junta. ¿Pero si lo de los enchufes de la Faffe es como lo de los ERES, lo sabe todo el mundo? = Los hechos siguen hablando, en Andalucía NO TENEMOS NI LEY NI JUSTICIA…..mientras Pedro Pacheco cumple pena de carcél por el tema Asesores, en Andalucía, en Andalucía enchufan y enchufan sin parar y “no pasa na de na”, porque los jueces, archivan y archivan sin parar….. y el Régimen continúa....
EL PEOR ENEMIGO DE LA JUSTICIA
En
Andalucía el primer y principal enemigo de la Justicia son, sin duda, los jueces. Después los fiscales. Lo he dicho en
innumerables ocasiones; otras, por no resultar cansino, me he callado. No hay
día aquí que los jueces no pisoteen la Justicia. Los
jueces aquí agravian más a la Justicia que los delincuentes.
Como nada ha cambiado, leo hoy en El Mundo que un
juez ha tardado sólo 48 horas en archivar la denuncia que el Sindicato Andaluz
de Funcionarios (SAF) puso contra la corrupción de este régimen, manifestada en, esta ocasión, en la contratación
de al menos 85 personas por criterios de clientelismo político y nepotismo.
¡Todo un record! Para que luego digan, quienes pretenden desprestigiar a
la justicia con sus infundios, que es lenta.
He leído el auto de archivo, he leído la denuncia y, como
estudié derecho y lo he practicado en mi vida profesional durante 42 años, algo
sé de lo que dice la ley al respecto. Pues bien, tengo la convicción de que el
juez no se ha leído siquiera la denuncia, ni tampoco el fiscal. Y, han actuado contra lo que dice la ley: “Formalizada
que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el Juez
o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo
que éste no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente
falsa. En cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o funcionario se
abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurran si desestimasen aquélla indebidamente” (Artículo 269 Ley de Enjuiciamiento criminal).
Se procederá inmediatamente a la
comprobación del hecho denunciado, dice la ley. Obviamente el
juez no ha comprobado absolutamente nada; ni
se ha molestado siquiera en disimularlo, es evidente. Por el contrario, sostiene el juez que “no está debidamente justificada la perpetración de
un delito”. Esto lo dice sin practicar
ninguna diligencia de investigación, sin realizar ningún acto de indagación y
averiguación de los hechos denunciados y sin molestarse en desvirtuar los
fundados indicios –algunos notorios, o sea, de dominio público, publicados por
la prensa y no desmentidos por los afectados- que se hacían constar en la
denuncia.
El juez considera que los hechos denunciados no son
constitutivos de delito. De delito de cohecho, dice exactamente. De verdad que
ni siquiera ha leído la denuncia, pues ésta va referida a 85 presuntos casos de
prevaricación, y sólo en uno de estos 85 se da, además, –a juicio del
denunciante- un presunto delito de cohecho. ¿Cabe acaso más desidia, descuido y desinterés?
Dice
el juez que no está debidamente justificada la perpetración de un delito; y
esto lo dice ignorando la doctrina jurisprudencial al respecto. La denuncia pone de
manifiesto una decena de casos muy similares –que
podrían ser varias decenas- en los que los tribunales han estimado que tales
hechos (es decir, la
contratación de personas como empleados sin seguir procedimiento alguno, con
absoluto desprecio de los principios constitucionales que rigen el acceso al
empleo público, sólo por criterios de clientelismo político o nepotismo)
constituyen graves delitos.
He leído varias sentencias del Tribunal
Supremo, en las que se afirma: …la quiebra que en los
ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que
ellas deben merecerle porque como custodios de la legalidad, son
(autoridades y funcionarios) los primeros
obligados, y esta quiebra puede producir efectos devastadores
en la ciudadanía pues nada consolida más el estado de
derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actúan de
acuerdo con la Ley y que por tanto el que se aparta de la norma recibe la
adecuada sanción que restablece aquella confianza rota...”
Aplíquese el cuento la justicia y sepa, en efecto, que
si la credibilidad de las instituciones se resiente a ojos del ciudadano
porque las autoridades y funcionarios
–como custodios de la legalidad- no sean los primeros en
cumplirla, lo que más hace tambalear esa confianza
hasta destruirla totalmente es que los jueces
–que en última instancia son los garantes de la observancia de la ley y de los
derechos de los ciudadanos- ni observen ni hagan observar
las leyes. Eso
sí que quiebra la confianza del ciudadano en el estado de derecho y sus
instituciones.
Claro que, por otra parte, en la mayoría de los casos que la
denuncia del SAF señalaba como precedentes, los corruptos eran del PP, del
Partido Andalucista o del G.I.L., es decir, no eran del PSOE de Andalucía. Tal
vez eso ayude a comprender las cosas. Pero, necesariamente, eso le lleva a uno a preguntarse ¿pueden
unos hechos ser constitutivos de delito o no dependiendo de quién sea su autor?
Parece ser que la respuesta de este juez a la
pregunta es afirmativa. Es lo que la progresía judicial ha llamado derecho
penal de autor; y que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han
rechazado tajantemente (por propia convicción u obligados, como en tantos otros
temas, por el Tribunal de Estrasburgo; a la fuerza ahorcan…) Según la
Constitución todos somos iguales ante la Ley.
Ante lo cual, insisto, llego a la conclusión de que el juez no
ha leído siquiera la denuncia, aunque ha ordenado su archivo -¿por
qué?- o ha firmado lo que alguien -¿quién?- le ha puesto por delante. Y dudo también que al dictar el auto el juez tuviera a la
vista el escrito de la fiscalía al respecto. Sería casi un milagro que en 48 horas el juez
recibiera la denuncia, diera orden de abrir diligencias; ordenara su traslado
al Ministerio Fiscal; éste las recibiera, las estudiara y se pronunciara y
remitiera al juzgado su opinión al respecto y, por último, que, a la vista de
todo ello, el juez ordenara el archivo y firmara el auto de sobreseimiento.
No me lo creo. Ni aunque fuese el único asunto del
que tuviese que ocuparse un juzgado, me lo creería. Esa inusitada celeridad;
algo raro, muy raro, ocurre. Tal vez el Consejo General del Poder Judicial debería
echar una miradita, por lo anómalo del asunto y la
insólita diligencia en todos esos trámites. De récord.
Y, ante lo cual, uno también se pregunta por las razones del
juez. Y piensa: ¿tendrá el juez hipotecas?;
es decir, algún
pariente, cuñado, hijos, esposa, sobrinos, etc., que haya entrado en alguna de
las agencias de la Junta de la misma manera delictiva que está denunciando el
SAF. No lo sé, pero podría ser; la juez Núñez Bolaños, por ejemplo, tiene, al menos, que sepamos, a su
cuñada en la agencia IDEA.
¿O, acaso, el juez sólo mira por su carrera y es
consciente de que aquí, para medrar profesionalmente, es más fácil y hasta
conveniente, no molestar a los poderosos?
Así que dando vueltas al asunto, uno termina acordándose de
aquél pastor alemán, de nombre Ajax, como el mítico guerrero de la Ilíada, que
hizo por la Justicia más que todos los fiscales y jueces de Andalucía juntos (a
excepción de la ebúrnea Alaya; y no sé si de
algún otro que, aunque todavía no haya honrado a la Justicia y a la ciudadanía
con sus hechos, albergue, sin embargo, buenos propósitos). Vuelve uno a pensar
en eso y a desear que, si esta es toda la Justicia que los jueces son capaces
de ofrecernos, tal
vez sería mejor tener por jueces al mono de la fábula de Rubén Darío, o al
tribunal de hampones de “M” o al mismísimo don Vito Corleone.
Y, vuelve uno a pensar y a desear que, por respeto a la Justicia
y a la memoria de Bías y Aristóteles y de tantos otros grandes hombres que la
amaron y la honraron, lo mejor fuera dejarla en manos de los perros.
Alaya cree que el «clientelismo político» ha
favorecido que sólo haya gobernado el PSOE en Andalucía
- La juez instructora de los ERE pide endurecer las penas para los delitos corrupción «para que el que la haga, la pague»
La juez Mercedes Alaya se ha referido este lunes, en una almuerzo-coloquio en el
Club Siglo XXI, al caso de los ERE y de los cursos de formación recordando que
en sus resoluciones judiciales ya denunció la presunta existencia de
«clientelismo político con independencia de lo que se hayan llevado o no
personalmente. Esto es una manera de que en Andalucía no hayamos conocido
ningún gobierno diferente del socialista».
Sobre los rumores que
circulan sobre su hipotética entrada en la política, la juez lo ha negado con
rotunidad al decir que tiene vocación de servicio público. Asimismo, ha
criticado «las puertas giratorias» que usan jueces para entrar en política.
«Deberían limitarse y que al menos esos jueces no volvieran a la jurisdicción
penal o contencioso administrativa», ha puntualizado.
Sobre su posible ascenso a
la Audiencia Nacional,
la juez ha dicho «que no sé por dónde irán
mis derroteros en mi cabeza, pero no me lo he planteado». A preguntas del
público sobre las repercusiones que tendrá en su carrera las denuncias hechas,
ha admitido que «seguro que sí» pero anuncia que «continuará» para intentar
cambiar las cosas.
Caso Gürtel
En lo que respecta al caso Gürtel, no ha querido pronunciarse
al conocer el procedimiento sólo por la Prensa. Tampoco ha querido compararlo
con el caso de los ERE, aunque ha precisado que el caso de la Gürtel en la que
se habla de responsabilidad a título lucrativo del PP «no es un tema penal».
«La corrupción que yo he
instruido es importantísima numéricamente y afecta a alto, bajos y medios
estamentos de la sociedad andaluza. ¿Que Andalucía no
tiene la trascendencia de Madrid? Eso es evidente y no trasciende al resto de
España como el caso de la Gürtel».
Sobre las fianzas que
impuso como instructora para garantizar las responsabilidades penales, ha
expresado su estupor por el hecho de que el Gobierno andaluz haya renunciado en
el procedimiento penal de los ERE a recuperar los 850 millones de euros de subvenciones públicas dadas
presuntamente de forma irregular. «¿Cómo se quedan ustedes al saber esto? Igual
que me quedé yo».
La magistrada ha
reconocido que los casos de corrupción son tan numerosos en este país «que
necesitamos un endurecimiento de las penas para que los ciudadanos tengamos la
garantía del que la hace, la paga».
Independencia judicial
Asimismo, ha censurado que
los vocales del Consejo General del Poder
Judicial son ahora elegidos por los
distintos partidos políticos, por cuotas, «con lo que tenemos el poder político metido dentro del poder
judicial». A ello se une, ha indicado Alaya, que el Consejo General
del Poder Judicial depende económicamente del poder ejecutivo porque no tiene
autonomía presupuestaria.
En su opinión, «los altos cargos de la
cúspide judicial se eligen por afinidad política. A mí me consta que a los miembros del Supremo les
preguntan qué harían en determinados procedimientos judiciales. Esto es muy grave que
ocurra en España».
En este sentido, ha manifestado haber
sufrido y comprobado absolutamente esa injerencia del poder
político en sus instrucciones cuando se ha criticado sus resoluciones
judiciales en la Prensa por políticos,
entre ellos Alfonso Guerra.
Incluso, se ha atrevido a
decir que el poder político siempre le va a interesar poner a «personajes
débiles» al frente de altos tribunales, como el Supremo, las audiencias o los
tribunales superiores de justicia. Entre el público atenta la escuchaba Clara Martínez de Careaga, vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y magistrado del
Tribunal Supremo.
La
magistrada de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha
recordado que a elección del Fiscal General del Estado es elegido directamente
por el Gobierno y, «en este caso, no eligen a personas por su excelencia
profesional, sino personas por afinidades políticas, a personas que estén
dispuestas a cumplir las directrices de los partidos políticos de turno». La
instructora de los ERE ha añadido que el Fiscal General del Estado es el que nombra a todos
los fiscales jefes y es el que le puede dar directrices directamente impartidas
por el Gobierno», lo que -a su juicio- puede afectar a cualquier procedimiento
judicial en marcha.
Fiscal General del Estado
Sobre la obediencia debida
de los fiscales al Fiscal General del Estado, ha indicado que «los fiscales no tienen la
culpa, sólo están sometidos al sistema», aunque ha recordado «la
gran valentía mostrada por fiscales que llevaron el tema de la investigación
del expresidente de la comunidad de Madrid y que se negaron a seguir las
instrucciones del Fiscal General del Estado, algo absolutamente excepcional».
Sin embargo, donde más ha
cargado las tintas Alaya es sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que se ha intentado por el
PSOE y el PP, y que permitirá dejar la instrucción de los casos judiciales en
manos de los fiscales, «una persona dependiente de las directrices del
Gobierno. En un procedimiento judicial ordinario no se notaría, pero -advierte-
en un procedimiento contra la corrupción es como si tuviéramos metido al lobo
dentro del gallinero».
Además, la magistrada ha
advertido que con esa reforma lo que llegue al órgano de enjuiciamiento serían
los documentos que quieran los fiscales y no todos los existentes en la causa,
como interrogatorios a imputados o el atestado judicial. «Esto es lo que se
hace en países neoliberales como Estados Unidos, Alemania o Francia», según la
juez, pero su puesta en marcha sería «el gran hachazo a la independencia
judicial», de modo que se investigaría sólo lo que interesara. «Yo y muchos
jueces no queremos esto para nuestro país», ha dicho Alaya.
Tareas para Pedro Sánchez
A Mercedes Alaya le
gustaría que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez reformara el sistema de elección de los vocales del CGPJ «pero -ha dicho- ahora
mismo tendrá que atender asuntos de mayor urgencia» y además «las condiciones
políticas no son las más favorables». No obstante, ha indicado que el nuevo
ministro de Justicia «tendría que tomar nota de lo que exigen los jueces y
magistrados para que se refuerce la independencia judicial porque es un mandato
constitucional».
La que fuera instructora
de los casos de corrupción de los ERE o los cursos de
formación, propone varias actuaciones
para acabar con esa situación de injerencias del poder político en el judicial: que al menos 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos
por los jueces y no por el Parlamento; autonomía presupuestaria del CGPJ para
decidir los medios necesarios; un pacto de Estado por la Justicia que
impida que los partidos políticos se pongan de acuerdo para no imputar a una
persona por unos hechos cometidos, «algo -ha dicho- que yo he visto en
Andalucía», y que el Fiscal General del Estado sea elegido por las principales
fuerzas políticas en lugar del Gobierno.
Asimismo,
recomienda que «a la mayor urgencia» se elija a un Fiscal General del Estado absolutamente imparcial,
ya que suele ser en
la mayoría de las ocasiones el principio acusatorio, salvo que haya acusación
popular en casos de corrupción. Por ello, recomienda que si no se encuentra otra manera de
elección de una persona independiente para ese cargo, el Fiscal General del
Estado podría ser nombrado por el Gobierno, como dice la Constitución, «pero
elegido por las principales fuerzas políticas, que son tan dispares, que al final tendrían que
ponerse de acuerdo en una persona imparcial».
Sobre la sentencia de la
Manada y la crítica del ministro de Justicia realizó a la misma, ha dicho que
«cualquier crítica que se haga a las resoluciones judiciales no es que está
mal, es que es una deslealtad institucional». Ha confesado que «las manifestaciones de Rafael Catalá me
incendiaron. Espero que no se vuelva a producir algo así».
El baño de los políticos
La
falta de medios económicos y personales que padece el poder judicial han sido
puestos de nuevo sobre la mesa por esta combativa juez, que ha traído a
colación la falta de medios que sufre ella misma, ya que tiene que trabajar con
otros cuatro magistrados de la Audiencia «metidos» en una sala de apenas 12
metros cuadrados. «Sin embargo -matiza- la única reforma que se ha realizado en la Audiencia ha
sido para reformar los baños para que los políticos que iban a declarar
hicieran sus necesidades en unos baños en condiciones».
La juez Mercedes Alaya
denuncia el control político del poder judicial
"Tenemos
al poder político metido en el poder judicial". Así, sin cortapisas y con
firmeza, se expresó hoy la juez Mercedes Alaya, magistrada que inició
la investigación del caso de los ERE de
Andalucía, acusando a los gobiernos de haber convertido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en
un "miniparlamento", con un "reparto entre partidos por
cuotas", que "responde al poder ejecutivo". "Tenemos al
lobo metido dentro del gallinero", ironizó.
La
juez sevillana aprovechó su intervención en un acto organizado por el Club
Siglo XXI en Madrid para arremeter contra
"el sistema al que
están sometidos los fiscales, que tienen la obligación de obedecer",
precisó, y pedir al futuro ministro de Justicia -o futura
ministra- "que tome nota y refuerce la independencia judicial". Es
más, pidió al recién nombrado presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que
establezca un nuevo sistema de elección de los miembros del CGPJ.
En
apenas 45 minutos, Alaya pasó revista al poder judicial y echó por tierra el
sistema que se sigue para nombrar al fiscal general del Estado.
"La Justicia está en
una situación absolutamente deplorable", denunció,
poniendo sobre la mesa que en España "si
interesa ahora perseguimos, sino, lo dejamos pasar".
"Se
ha dado un gran hachazo a la independencia judicial".
Dicho
esto, la juez acusó al poder político de presionar a los fiscales a través del
fiscal general del Estado, "que es elegido directamente por el Gobierno por afinidades
políticas", reprochó. En este sentido, recriminó al Ejecutivo que sea el
poder que "da todas las directrices" al fiscal general, porque "hay una comunicación abierta entre el Ministerio de Justicia y
la Fiscalía General del Estado".
En palabras de
Mercedes Alaya, "esas directrices pueden afectar a cualquier procedimiento
en marcha".
Alaya achaca al "clientelismo
político" que en Andalucía sólo gobierne el PSOE
La
magistrada aprovechó para aplaudir «la valentía» de algunos fiscales que se
resistieron a obedecer al "sistema". Sin decir nombres, Alaya se
refirió a los representantes del Ministerio Público en causas abiertas en
Cataluña y por el proceso independentista catalán, así como en el caso Lezo, en el marco de las imputaciones de Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón.
Alaya
no perdió la oportunidad para recordar que en los primeros meses del proceso de
instrucción del caso de los ERE, en 2011 -en la actualidad, esta investigación
está dirigida por la magistrada María
Núñez Bolaños-, se
sintió "amparada por el CGPJ anterior", mencionando a la actual
portavoz del PSOE en
el Congreso y
ex vocal del órgano de gobierno de los jueces, la magistrada Margarita Robles.
En
este sentido, criticó las llamadas puertas giratorias y
defendió que los jueces que son políticos no deben volver a la jurisdicción
penal. Es más, dejó claro que ella no entrará en política y que desea terminar
su vida laboral como juez.
La
magistrada aprovechó también para denunciar "clientelismo político"
en Andalucía y achacando a esta situación el hecho de que esta comunidad
"no haya conocido otro Gobierno que el socialista".
La Fiscalía General del Estado remitió a los medios
de comunicación una escueta nota de cinco líneas en la que dejó claro que Pleno
del Consejo Fiscal rechaza "de forma unánime" las declaraciones hechas por Mercedes
Alaya, reprochándole que "suponen un absoluto desconocimiento" del
Ministerio Público.
Es
más, advierte de que sus manifestaciones "ponen en entredicho, con el
menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del
Ministerio Fiscal y sus integrantes".
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