La Junta de
Andalucía reconoce que se delinquió en los ERE porque no había funcionarios
- Los letrados autonómicos afirman en un escrito enviado al juzgado que sólo fue posible mantener las irregularidades porque se recurrió a personal de confianza.
¿Y POR QUÉ para
que crean y consolidan, los “einsteins sociolistos”, a la Administración paralela, esa que carece
de funcionarios y no tiene fiscalización previa; esa donde el dinero de todos desaparece
y vuela?. Pues todos lo sabemos- ahora también el abogado de la Sra. Rofa. Y el Letrado del Gabinete Jurídico, acaba de descubrir que el resultado "de la creación de una administración paralela" es el saqueo institucional de fondos
públicos: EREs. Pues queda, si la Sra. Bolaños quiere investigar, los Fondos de Formación, los avales de IDEA, Invercaria, Faffe……
Por cierto ya hemos visto como funciona
el Régimen con quien levanta la voz, sea funcionario o no……testigo
protegido, Luis Escribano, Jesús Candel…o en la noticia asi se ganan las
elecciones en Andalucía; ahora va por la Sra. Rofa....
En Andalucía la corrupción es el sistema, todo vale,
no tenemos ni Estado de Derecho ni justicia ….Y como esto es un Régimen la Unta,
también pide en el escrito ¿a la Sra. Bolaños? LA IMPUTACIÓN DE LA SRA. ROFA…..por decir la verdad
……Ignacio Clemente Rivas,
el abogado de Rofa, presentó un escrito el 10 de marzo pasado solicitando que
sea desestimado por la juez el recurso de reforma que ha registrado la Junta de
Andalucía contra el archivo en la pieza separada del caso ERE. En primer lugar,
recuerda que Rofa «no tenía ningún poder decisorio en la tramitación de las
ayudas».
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Además, la
defensa de la ex asesora considera que «lo más inquietante de las
afirmaciones de los letrados» de la Junta «son las distinciones que se realizan
entre funcionario público y otros empleados y, lo peor, la consideración de que la Dirección General
de Trabajo se dotó de una estructura paralela, sin
funcionarios públicos, para delinquir».
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Rivas Clemente recuerda a
la Administración que «hay 23.899 empleados públicos
de la Junta que nos son funcionarios» y que según los
letrados autonómicos están a merced de superiores que «pueden compelirlos a realizar hechos penalmente perseguibles o
delictivos». Esto
llevaría a «otra conclusión más absurda» y es que la Junta contrata a otro personal, no
funcionarial, a sabiendas de que están desprotegidos, y quedan a merced de sus
superiores «para realizar los trabajos más siniestros dentro de la
Administración». Es decir, «casi un
sindicato del crimen», subraya.
- 'Si no ganamos las elecciones no vais a seguir trabajando en la Junta', amenaza
- 'Os quiero a todos en la calle haciendo campaña electoral. La gestión la dejáis aparte'
- 'Visitad empresas a las que hemos dado subvenciones. Como los testigos de Jehová'
- Los letrados de la administración autonómica afirman que se creó una «estructura paralela» de personal no funcionario que gestionaba los expedientes y arremete contra la asesora que ha implicado a Chaves y Griñán.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/05/31/5b1038e122601d0f598b45fd.html
Y nuestro compañero Luis, en twiter: "Y como dice el abogado de Rofa, la Junta contrata personal no funcionario a sabiendas de que están desprotegidos, quedando a merced de superiores, para realizar “los trabajos más siniestros”. Los letrados de la junta han confirmado esa realidad que llevamos denunciando años".
Blanco y en Botella.
La Junta de Andalucía reconoce que se delinquió en los
ERE porque no había funcionarios
- Los letrados autonómicos afirman en un escrito enviado al juzgado que sólo fue posible mantener las irregularidades porque se recurrió a personal de confianza
El texto entrecomillado aparece en un escrito que los letrados que
ejercen la acusación por parte de la Junta de Andalucía han presentado en el
juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga los ERE. En el
escrito, que está fechado el pasado 14 de febrero, los abogados María Victoria
Gálvez e Ignacio Camacho, impugnan el archivo de la
causa abierta contra dos ex trabajadores de la Dirección General de Trabajo que ha dictado la juez María Núñez Bolaños en la pieza separara de la
macrocausa que investiga la ayuda concedida al Centro Geriátrico Obispado de
Cádiz.
En
concreto, piden al juzgado de vuelvan a ser imputados el extrabajador de la
Dirección General de Trabajo Jesús Andrés Rodríguez Muñoz y María José Rofa
Vega, ex asesora técnica en la etapa
de los exdirectores Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
Rofa ha sido un testigo
clave para que la Guardia Civil, a la que entregó 1.627 archivos informáticos
para esclarecer las irregularidades de los ERE, según declaró el pasado martes en el juicio de la pieza
política del caso, por la que están procesados los expresidentes andaluces
Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Junto a 20 ex altos cargos más, les acusa
de implantar y mantener un sistema opaco y arbitrario de reparto de ayudas
públicas para prejubilados y empresas en crisis.
El letrado de Rofa recuerda
a la Junta que tiene 23.899 empleados públicos en la llamada administración
paralela
Los letrados autonómicos
afirman en su escrito contra el sobreseimiento que la Dirección General de
Trabajo, primero en la etapa de Francisco Javier Guerrero y, después, con Juan
Márquez «se dotó de una estructura
paralela, sin funcionarios públicos, integrada por personas
contratadas como la señora Rofa, el señor Rodríguez Muñoz o el señor Díaz
Alcaraz», en alusión a Ramón Díaz, el que fuera parlamentario andaluz del PSOE
que estaba contratado por la Faffe, aunque en realidad se dedicaba a asesorar a
Guerrero en conflictos laborales en la Dirección de Trabajo. Llegó a la Faffe
por recomendación del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, que está
también siendo juzgado por el sistema irregular.
«Los señores Rofa y
Rodríguez, como decimos, no eran funcionarios públicos, sino personal de
confianza del Sr. Márquez y, en esta condición, asumieron directamente junto
con éste la interlocución con las empresas, sindicatos, mediadoras y aseguradoras,
y la decisión de incluir a unas personas u
otras entre los beneficiarios de las pólizas de prejubilación o conceder las ayudas», expone el escrito dirigido
al juzgado.
Ignacio
Clemente Rivas, el abogado de Rofa, presentó un escrito el 10 de marzo pasado
solicitando que sea desestimado por la juez el recurso de reforma que ha
registrado la Junta de Andalucía contra el archivo en la pieza separada del
caso ERE. En primer lugar, recuerda que Rofa «no tenía ningún poder decisorio en la tramitación de las ayudas».
Además, la defensa de la ex asesora considera que «lo
más inquietante de las afirmaciones de los letrados» de la Junta «son las distinciones que se
realizan entre funcionario público y otros empleados y, lo peor, la
consideración de que la Dirección General de Trabajo se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos, para
delinquir».
Rivas Clemente
recuerda a la Administración que «hay 23.899 empleados públicos de la Junta que
nos son funcionarios» y que según los letrados autonómicos están a merced de
superiores que «pueden compelirlos a realizar hechos penalmente perseguibles o
delictivos». Esto llevaría a «otra
conclusión más absurda» y es que la Junta contrata a otro personal, no
funcionarial, a sabiendas de que están desprotegidos, y quedan a merced de sus
superiores «para realizar los trabajos más
siniestros dentro de la Administración». Es decir, «casi un sindicato del crimen», subraya.
Rofa empezó a trabajar
para la Administración al acceder a un puesto que llevaba tiempo vacante en una
de las extintas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y
Tecnológico (Utedlt) en Huelva y el 1 de julio de 2008 la contrata la Faffe como técnico y empieza a
trabajar en la Dirección General de Trabajo con el encargo de «poner orden» y elaborar una tabla de
Excel con los compromisos de ayudas asumidos por el anterior director general,
Francisco Javier Guerrero -también encausado en este procedimiento-.
La Faffe fue un ente creado por la propia
Junta de Andalucía que se financiaba con subvenciones excepcionales para impartir cursos de formación y que liquidó en 2011. Su personal se integró
en el Servicio Andaluz de Empleo donde sigue trabajando.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/05/31/5b1038e122601d0f598b45fd.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/05/31/5b1038e122601d0f598b45fd.html
La Junta señala a los
contratados 'a dedo' como responsables de los ERE
- Los letrados de la administración autonómica afirman que se creó una «estructura paralela» de personal no funcionario que gestionaba los expedientes y arremete contra la asesora que ha implicado a Chaves y Griñán
La
Consejería de Empleo creó una estructura paralela de asesores, de trabajadores contratados 'a dedo', que hizo posible hurtar a
los funcionarios, los que verdaderamente pueden ejercer con independencia las
funciones de control, la gestión de los expedientes de ayudas para los
expedientes de regulación de empleo. Ésta viene a ser la tesis de los letrados
de la Junta de Andalucía en el recurso presentado ante la Justicia por el
archivo de una de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE.
La
Junta no está de acuerdo precisamente con el archivo de las imputaciones contra
una de las trabajadoras contratadas en esa «estructura paralela» a la que acusa
de haber mantenido una «conducta irregular». Y se da la circunstancia de que
esta trabajadora es María José Rofa, la ex asesora de la Consejería de Empleo que esta
semana ha realizado una contundente declaración ante el tribunal, sosteniendo
que los ex presidentes de la Junta, Manuel
Chaves y José Antonio Griñán, tenían «información puntual» de los conflictos y las
ayudas que se articulaban para darle solución a esos conflictos laborales. Por
tanto, conocían a quién y cómo se daban las ayudas.
«Ningún
funcionario público protegido por prerrogativas
como la inamovilidad y dotado de presunción de legalidad en
su actuación (a diferencia de otros empleados) podía ser compelido a realizar
los hechos investigados», subraya la Junta en su recurso de apelación, según el
escrito al que han tenido acceso varias agencias de comunicación.
Los
letrados avalan de esta forma los riesgos para la legalidad de los actos
administrativos de la utilización de personal ajeno a las obligaciones y
derechos de los funcionarios públicos, pese a que se trata de una práctica
habitual, no ya en la época en la que dirigían la Consejería de Empleo los
altos cargos investigados por el fraude, sino también en la actualidad.
De
hecho, sin ir más lejos, la Justicia investiga también las irregularidades
detectadas en una fundación pública para la formación de parados, Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), que
llegó a tener una plantilla de 1.700 trabajadores y gestionó unos 300 millones
de euros. Pues bien, la mayor parte de esa plantilla, que accedió a la
fundación al margen de los procedimientos vinculados a la función pública,
fueron transferidos posteriormente al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde siguen prestando sus
servicios. Y, además, a ellos se encomendó en 2016 la revisión de los expedientes de
las ayudas para los cursos de formación, otra de las grandes bolsas de fraude detectadas
en la Junta de Andalucía e investigada por la Justicia.
Dejar
en manos de personal ajeno a la administración la revisión de las subvenciones
arroja muchos problemas formales, ya que la Justicia ya ha anulado
procedimientos porque los controles de esas subvenciones los realizaron
trabajadores 'externos'.
Los
letrados de la Junta parecen, por tanto, conocer los riesgos de esa práctica
tan extendida en la administración autonómica y así lo han dejado por escrito
en el recurso interpuesto contra el archivo de la causa sobre las ayudas dadas
al Centro Geriátrico del
Obispado de Cádiz.
En esa pieza ya archivada se investigan las ayudas otorgadas
a esta institución de la iglesia gaditana. Pues bien, la Junta ha recurrido el
archivo -decretado por la juez María Núñez Bolaños- en lo que respecta a Rofa y
a Jesús Andrés Rodríguez Muñoz. Y en su escrito subraya que la Dirección
General de Trabajo, «primero con el señor (Javier) Guerrero y después con el
señor (Juan) Márquez, se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios
públicos, integrada por personas contratadas como la señora Rofa, el señor
Rodríguez Muñoz o el señor (Ramón) Díaz Alcaraz» para mantener una «conducta irregular».
Alega que ello no
hubiera sido posible con funcionarios a los que la ley protege de «represalias
en caso de que se nieguen a infringir el ordenamiento jurídico».
En concreto,
señala a Rofa como «mano derecha del señor Márquez» y como tal, en la
tramitación de las ayudas, «actuaba al margen de
cualquier procedimiento administrativo».
La defensa de
Rofa, en sus alegaciones al recurso de la Junta, niega cualquier capacidad de
decisión de ella sobre la concesión de las ayudas y critica que se considera a
todo personal no funcionario «presuntos delincuentes», tras recordar que
en el Gobierno andaluz hay «23.899 empleados públicos» de la conocida como «administración paralela».
Denuncia que los
argumentos de la Junta apunten a que «puedan en cualquier
momento y en cualquier departamento crearse una estructura paralela, lista y totalmente
engrasada para resolver los trabajos más siniestros dentro de la administración. Es
decir, casi un sindicato del crimen», informa
EFE.
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