FUNCIÓN PÚBLICA. La milonga andaluza de la
jornada de 35 horas
- El Parlamento aprueba la nueva jornada para los 270.000 empleados públicos de la Junta. Pero tiene truco. Hay sentencias en contra del Constitucional
Los funcionarios son una suerte de casta
intocable para todos los partidos políticos andaluces. Por eso cada
iniciativa que les afecta se debate en el Parlamento con tanto tacto y
algodones que hasta las fronteras
ideológicas se diluyen. Da lo mismo qué se plantee o quién lo haga; cualquier
iniciativa que afecte a los 270.000 empleados públicos que tiene la Junta de Andalucía se aprueba sin mayores problemas.
PARLAMENTO Susana Díaz reta al Gobierno con las 35 horas de los
funcionarios
- Aprueba la reducción para los funcionarios a sabiendas de que carece de competencias
Susana Díaz ha lanzado un órdago al Ejecutivo de
Mariano Rajoy llevando al Parlamento andaluz, para su aprobación, un decreto
en el que se establece a partir del 16 de enero de 2017 la jornada de 35
horas para
los funcionarios andaluces.
La presidenta de la Junta
propone este proyecto siendo consciente de que carece de
competencias para llevarlo a cabo y pese a que tanto su gabinete jurídico
como el Consejo Consultivo de Andalucía le han advertido de la inconstitucionalidad
de la medida.
Los hechos siguen
hablando.
En Andalucía, ya hace tiempo que
los límites se han roto, menudo ejemplo; ¿Quien protege el
ordenamiento juridico constitucional vigente? ¿ahora todos tenemos que incumplir la
ley, única forma de hacer lo que a cada político de turno le de la gana? En su día se dicto la Ley de Reordenación
del Sector Público y aún nos preguntamos, porque el gobierno no la recurrio, y
no se declaró inconstitucional. ¿Demasiados votos en juego? ¿Se
politiza la Administración?¿Se juega y compra al personal con un empleo público
irregular....?¿La jornada de trabajo de
los funcionarios se utiliza como arma política? De aquellos barros estos lodos.... así es el Régimen
¿prevaricar, trae réditos electorales; pues sigamos con ello? Como todos sabemos, los fondos
públicos en la administración paralela, instrumental y juntera, desaparecen y vuelan; este es el resultado del modelo
juntero de los "Einsteins psociolistos"; pero ¿a quien le importa?
Por tanto, los junteros suman y siguen, ERE que ERE; ¿Te quieren
conceder un beneficio ilegal; y quien será señalado como culpable; el que no lo
permite?
Siempre es igual; esto es jauja, la Andalucía imposible, el mundo al revés. ¿Funcionario
te roban el "ius officium", potestades públicas, y siguen jugando contigo, ahora te venden una mejora de horario, para que te
calles?. Pero estó terminará porque cada vez hay
más ciudadanos y funcionarios andaluces que no están en venta.
"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.
FUNCIÓN PÚBLICA
La milonga andaluza de la jornada de 35
horas
- El Parlamento aprueba la nueva jornada para los 270.000 empleados públicos de la Junta. Pero tiene truco. Hay sentencias en contra del Constitucional
Los funcionarios son una suerte de casta
intocable para todos los partidos políticos andaluces. Por eso cada
iniciativa que les afecta se debate en el Parlamento con tanto
tacto y algodones que hasta
las fronteras ideológicas se diluyen. Da lo
mismo qué se plantee o quién lo haga; cualquier iniciativa que afecte a los
270.000 empleados públicos que tiene la Junta
de Andalucía se aprueba sin mayores
problemas.
En la sesión de este jueves, el Gobierno andaluz
planteó la convalidación de un decreto ley que devuelve la jornada de 35 horas a todos los empleados públicos a partir del 16 de enero de 2017, dejando así
sin efecto la medida decidida en 2012 por el Ejecutivo central de implantar la jornada
de 37,5 horas debido a la situación de
crisis. Pero no era una petición inocente sino
más bien todo lo contrario. El
Ejecutivo que preside Susana
Díaz es plenamente consciente de que se
trata de un
compromiso adquirido con los sindicatos andaluces, si bien el Tribunal Constitucional ha rechazado
una medida similar que se puso en marcha en Castilla La Mancha y en Cataluña. El motivo es que se trata de una normativa básica del Estado
que no pueden modificar las comunidades autónomas.
Se
trata de un nuevo frente contra el
Gobierno de Mariano Rajoy y en un asunto
particularmente sensible como lo prueba el hecho de que el PSOE plantease además otra
iniciativa parlamentaria para pedir al Gobierno central que no lo recurra ante
los tribunales. Nada mejor pues para los
intereses políticos de la Junta de Andalucía.
Por eso el decreto ley que ayer se debatió en el Parlamento
no contaba con ningún informe jurídico que lo avalase —lo que no es lo habitual ni mucho menos— y el presidente del
Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán,
no permitió que los letrados de la
Cámara se pronunciasen sobre si lo que se votaba era legal o no, a pesar de las
peticiones de los diputados del PP.
Hay otro dato revelador de la argucia
política que ha llevado esta reducción de
jornada de los funcionarios hasta el Parlamento. El Gobierno andaluz planteó en el Anteproyecto de Ley
de Presupuestos una Disposición
Adicional Quinta en la que se recogían las 35
horas semanales para los funcionarios públicos. Una disposición que ha desaparecido en el Proyecto de Ley que
ha llegado al Parlamento después de que el Consejo Consultivo advirtiera expresamente que la
jornada de 37,5 horas era normativa básica del Estado».
La
consejera de Hacienda, María Jesús
Montero, insistía en que en el Presupuesto
2017 sí están consignadas las cantidades necesarias para poner llevar a cabo
esta reducción horaria, además de un remanente disponible por si el Gobierno
central autoriza la subida del 1% en las nóminas de los empleados públicos.
PP y Ciudadanos, convencidos de su nulidad
Eso
sí, el texto propuesto por el Gobierno andaluz se aprobó contando con los votos del
PSOE, Podemos e IU y las abstenciones del PP y Ciudadanos que no se atrevieron a votar en contra de los
intereses de los funcionarios a
pesar de que estaban convencidos de su nulidad. Tanto Podemos
como IU eran plenamente conscientes de que estaban haciendo el juego político
al PSOE abriendo un nuevo asunto de
confrontación con Rajoy.
Otra
cosa muy distinta será si
el decreto se puede poner en práctica o los tribunales lo paran antes del
próximo 16 de diciembre. En cualquier
caso, el Gobierno andaluz ya habrá cumplido con su compromiso ante los sindicatos y
los funcionarios aplicándoles la reducción de jornada.
El
líder del PP andaluz, Juanma Moreno, lleva varias semanas preparando una
ofensiva sobre este asunto tratando de evitar el argumento que los socialistas
repetirán a partir de ahora y que culpa al Gobierno del PP de su recorte en los
derechos laborales. Se ha reunido con un catedrático de Derecho Constitucional
tratando de desactivar esta ofensiva. Por el momento, no ha encontrado el
camino.
PARLAMENTO
Susana
Díaz reta al Gobierno con las 35 horas de los funcionarios
- Aprueba la reducción para los funcionarios a sabiendas de que carece de competencias
10/11/2016
22:17
Susana
Díaz ha lanzado un órdago al Ejecutivo de Mariano Rajoy llevando al Parlamento
andaluz, para su aprobación, un
decreto en el que se establece a partir del 16 de enero de 2017 la
jornada de 35 horas para los funcionarios
andaluces.
La presidenta de la Junta propone este proyecto siendo consciente de que carece de
competencias para llevarlo a cabo y pese a que tanto su gabinete jurídico
como el Consejo Consultivo de Andalucía le han advertido de la inconstitucionalidad
de la medida.
La
intención del Ejecutivo andaluz es echar a rodar el decreto en el
convencimiento de que el Gobierno de la Nación recurrirá la norma ante el
Tribunal Constitucional que, previsiblemente -como ya ocurrió con una medida de
idéntico calado en Castilla-La Mancha-, la tumbará. En ese caso, Susana Díaz se encontrará en un
escenario de indudable rédito político -pues enarbola la defensa de la recuperación de derechos de
los empleados públicos- sin coste presupuestario alguno.
La
presidenta andaluza es plenamente consciente de la cuestionable
constitucionalidad del decreto, que incumple una norma de rango superior, la
aprobada en 2012 para recortar el gasto público en la administración española.
Fue entonces cuando la jornada de los empleados públicos españoles (también de
los andaluces) se fijó en un
mínimo de 37,5 horas semanales.
Esa
norma sigue plenamente vigente y así consta en dos informes jurídicos que el Gobierno de Susana Díaz «ha
ocultado» al Parlamento autonómico, según
advirtió este jueves el Partido Popular en Andalucía.
De hecho, el PP sospecha que el Ejecutivo andaluz ha optado
por dar a su iniciativa forma de decreto, y no de ley, para evitar tener que
someterla al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía. Pese a ello, este órgano se ha referido al controvertido
decreto con ocasión del
informe emitido sobre el anteproyecto de Ley de los Presupuestos de Andalucía
para 2017, recordándole al Gobierno andaluz que
existe «jurisprudencia constitucional» en relación a la presunta invasión de competencias. Además, se refiere a la existencia de un informe del
gabinete jurídico de la Junta en el que se recuerda que las 37,5 horas decretadas por el
Gobierno siguen en vigor. La Junta no ha dado traslado a la Cámara
de ese informe.
Por
todo ello, el diputado del Partido Popular Pablo Venzal acusó ayer a la
consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, de «incumplir la ley a sabiendas» con la única intención de
«confrontar» con el Gobierno central. «Usted
sabe que el Gobierno de Mariano Rajoy está obligado por ley a interponer un
recurso» en cumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional, añadió el
parlamentario popular.
La
invasión de las competencias del Estado no es la única trampa de la promesa de
la Junta para sus funcionarios. El decreto encierra otras salvedades,
como por ejemplo que la
recuperación de las 35 horas no se aplicará de la misma manera para los
funcionarios de la Educación y la Sanidad andaluzas. Los primeros verán reducido su horario de forma paulatina, pero nunca
antes del inicio del curso 2017-18 y en el transcurso de dos años; mientras que
para los segundos
la medida entrará en vigor a lo largo de 2017 y siempre que sea posible negociar nuevos turnos que garanticen la prestación de los servicios.
El decreto recibió este jueves el aval del Parlamento con los votos del PSOE, Podemos e IU, mientras que tanto el PP
como Ciudadanos se abstuvieron en la votación.
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