jueves, 10 de noviembre de 2016

La Junta pretende ser acusación y defensa en el caso Invercaria = Juntos y revueltos, Invercaria, IDEA y la Junta. La Administración Pública y la Paralela; la primera donde estan los funcionarios, esa donde se controlan los fondos públicos, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y seguridad jurídica; la segunda la paralela, agencias y demas entes instrumentales de los Junteros, a los que las Consejerias le transfieren las dotaciones presupuestarias de las primeras, para que el personal digítal y clientelar juntero, ejerza las competencias que en origen tienen las Consejerías. ¿Porque se dicta la Ley de Reordenación del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, para quitarles a los funcionarios sus competencias, versus potestades administrativas, pieza clave de su "ius officium" y se atribuye la gestión de los fondos públicos al personal digital y juntero? Las potestades administrativas, son prerrogativas públicas, que se reservan a los funcionarios, forman parte del ejercicio de su cargo, "ius oficium", así es nuestro ordenamiento jurídico constitucional; los laborales digitales junteros NO SON AUTORIDAD PÚBLICA. Esto no ocurre por casualidad, sino por causalidad. Y dixit el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que los Servicios Jurídicos de la Junta, es «el único Cuerpo de la Junta con autonomía propia» ¿¿¿¿venga ya..????

CORRUPCIÓN POLÍTICA



  • El Gobierno andaluz admite que se hará cargo de la defensa del ex consejero Francisco Vallejo




CORRUPCIÓN POLÍTICA
La Junta pretende ser acusación y defensa en el caso Invercaria

  • El Gobierno andaluz admite que se hará cargo de la defensa del ex consejero Francisco Vallejo


08/11/2016 21:40

Los abogados de la Junta de Andalucía han asumido la defensa del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, acusado de malversación de fondos públicos y prevaricación en una de las piezas investigadas en el conocido como caso Invercaria. El Gobierno andaluz coloca de esta forma a la Junta de Andalucía en una rocambolesca situación procesal, pues la administración actúa a la vez como acusación particular y como defensa en el mismo proceso, el que se instruye a raíz de las irregularidades detectadas en la participación de la Agencia Idea (un organismo de la Junta) en la empresa Servivation S.A. a través de la sociedad de capital riesgo (también de la Junta) Invercaria.

Esta doble condición de defensa y acusación constituye, a juicio del Partido Popular (que es también acusación en esta causa), un «disparate jurídico», según ha valorado su secretaria general, Loles López, quien anunció la presentación de un recurso contra la decisión de la Junta.En el escrito presentado ante el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que investiga la actuación de la Agencia Idea en la empresa Servivation, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se advierte de que la decisión de la Junta podría incurrir en un nuevo delito de prevaricación pues se está dando un «trato de privilegio» al imputado Vallejo y se está utilizando «el dinero público para fines discriminatorios con el resto de los acusados en la presente causa».

El juez investiga concretamente si Vallejo, siendo consejero de Innovación, autorizó la participación de la Junta en la creación de una empresa, la compañía Servivation, con el único fin de solucionar el problema laboral a los trabajadores de la empresa Vitelcom que iban a perder su empleo, y a sabiendas de que esa compañía no iba a desarrollar actividad alguna más allá de pagar las nóminas de esos trabajadores rescatados.

La inversión se realizaría a través de Invercaria, una herramienta financiera en manos de la Agencia Idea, que a su vez dependía de la Consejería de Innovación de la que era titular Francisco Vallejo.

Aquella operación realizada con fondos públicos recibió luz verde sin que hubiera ningún informe o análisis técnico que la avalara, ni de Invercaria ni de la Agencia Idea ni de la propia Consejería.

En el escrito presentado ante el juez, el abogado del PP recuerda que al ex consejero Vallejo se le acusa de su presumible intervención en un delito de malversación de caudales públicos: «Resulta incongruente que cuando el bien jurídico protegido es el interés general y el bien común del patrimonio de la administración, sea ésta precisamente la que se haga cargo de la defensa del presunto autor del delito».

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha defendido hoy la decisión del Gobierno andaluz que -asegura- se ha limitado a asumir el dictamen de sus servicios jurídicos, que es «el único Cuerpo de la Junta con autonomía propia», y que ha emitido un informe al respecto.

Jiménez Barrios negó que la Junta esté personada como acusación, como sostiene el PP, aunque sí lo está -y en ello insistió el Partido Popular- la Agencia Idea, que un organismo que depende íntegramente de la administración autonómica.



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