¿Hay demasiados
funcionarios y empleados públicos en España?
LABORAL MERCADOS.
pregunta a sindicatos, economistas y políticos.
- Según el último dato de la EPA, más de tres millones de personas trabajan en el sector público y este año se ha ofertado un 62% más de plazas.
Agencia Idea: manojo y
manejo de fondos
- Idea y sus empresas gestionaron fondos sin personalidad jurídica por valor de 1.344 millones de euros entre 2.008 y 2.015.
- Algunos de estos fondos tienen causa abierta en los juzgados por su gestión
- Soprea obtuvo comisiones de 3,14 millones de euros en 2013 y 3,06 millones en 2014 por su intermediación en los fondos
La Agencia de innovación y
Desarrollo de Andalucía está en el centro de todos los escándalos judiciales
que cercan a la Junta de Andalucía. Desde los ERE a los avales a empresas,
desde el cierre de Santana Motor a la investigación policial de los fondos
Jeremie. Todo un corolario de casos que salpican la gestión de
la Junta de Andalucía y que han puesto a Idea en el punto de
mira de la acción policial y judicial. De hecho, Manuel Chaves y Griñán están
acusados por la fiscalía en el caso ERE. Los casos en los que está incursa los
exponemos a continuación.
Los incumplimientos de
las Fundaciones Públicas de Salud: El caso de FISEVI.
- Demoledor análisis del personal, retribuciones y subvenciones por la Cámara de Cuentas
- No contaba con la autorización de Hacienda para contratar personal
- En el proceso de selección tanto de los trabajadores de estructura como de los investigadores, en ningún caso, se han llevado a cabo exámenes o pruebas selectivas
LABORAL MERCADOS
pregunta a sindicatos, economistas y políticos.
¿Hay demasiados funcionarios y empleados
públicos en España?
- Según el último dato de la EPA, más de tres millones de personas trabajan en el sector público y este año se ha ofertado un 62% más de plazas
- 2016, el año en el que se realizó la oferta pública de empleo
30/10/2016 03:09.
En España hay algo más de tres millones de
trabajadores públicos, según el último dato que arrojó la Encuesta de Población
Activa (EPA) del tercer trimestre publicada el pasado jueves. ¿Muchos? No. O,
al menos, no si se compara con el resto de países europeos. "El empleo
público no es una cifra muy abultada, es un tamaño
intermedio en el contexto europeo", apunta Raymond Torres, director de Coyuntura y
Estadística de Funcas. Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos, añade que "yo no creo que
España tenga demasiados trabajadores públicos" y Nacho Álvarez, secretario de Economía de
Podemos, recuerda que "desde 2011 a 2013 se perdieron
casi medio millón de empleos públicos, en sectores tan sensibles como la
educación o la sanidad y muy pocos de ellos se han recuperado".
Y, sin embargo, cuando se observa la remuneración
total que reciben los empleados públicos, la fotografía cambia sustancialmente. Según datos de Eurostat a
cierre de 2015, la proporción de empleados públicos sobre el conjunto de los
trabajadores era del 21,6%. La cifra no concuerda con la que ofrece la EPA ya
que la medición que cada estadística realiza es diferente, pero es necesario acudir a ella
para poder enfrentarla y compararla con el gasto que, en términos de PIB,
supone el pago de las nóminas de funcionarios y contratados
por las diferentes administraciones.
Así, España dedicó en 2015 un
11,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) para este concepto, lo que supone unos 110.000
millones de euros. Si se divide esta cifra entre los mencionados 3,003 millones de trabajadores
del sector público, el resultado es que el sueldo medio es de unos 36.600 euros, esto es, más
de 10.000 euros por encima de los 26.259 euros a los que ascendía el sueldo
medio en España a cierre de 2015. Además, el peso que las nóminas
públicas tienen sobre el PIB es superior al de Alemania y al de la media europea, y muy
cercano al de Francia, donde la proporción de trabajadores es mayor.
"Lo que importa es el coste total. Si medimos empleados públicos
entre el total de población activa, España es, efectivamente, uno de los países
con menor proporción de Europa pero, en cambio, el coste salarial de
un trabajador público en relación con uno privado es de los más altos", explica Juan Ramón Rallo, doctor en Economía y director
del Instituto Juan de Mariana.
....
Esta situación parece un tanto
contradictoria si se atiende a los sueldos que cobran los altos cargos
de la Administración que, habitualmente, perciben una remuneración sensiblemente inferior a la de sus
homólogos o comparables de la empresa privada. Además, no parece haber una
explicación única y compartida pero Miguel Borra, presidente de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF), expone que "se han creado
estructuras clientelares", y detalla: "En este país ha habido más
de 4.000 organismos y empresas públicas para hacer las cosas más insospechadas. Por ejemplo, compañías
públicas que sólo hacían colegios públicos, que se dedicaban a la extracción de
sal en minas a cielo abierto o, la empresa Expo 92, que se ha mantenido activa hasta
hace poco. A ello se une que hay miles de asesores en todas las
administraciones. La cifra nadie la sabe con seguridad pero podrían ser entre 17.000 y
20.000 asesores cuyos sueldos, además, son muy superiores a los que puede cobrar un
catedrático de universidad".
Nacho Álvarez, en cambio, considera que el mayor
gasto sí está directamente relacionado con los tramos más altos del sector
público ya
que en los niveles medios y bajos las condiciones económicas son cada vez
peores; y Rallo recuerda que algunos sectores como "los profesores son,
según el informe PISA, los mejor pagados de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) en términos absolutos". En lo que sí
existe una mayor unanimidad es en que se ha realizado una
notable politización de los trabajadores públicos que, además, afecta a
todas las capas de la Administración. Según Roldán "la
Administración Pública es muy profesional pero se ha deteriorado por la
politización", lo que a su vez ha hecho que «el control se debilite y pase lo
que ha pasado durante los últimos años cuando, sobre todo a nivel local, hasta
el jardinero depende del alcalde». Todo ello, prosigue, ha desembocado en «poco control y
mucho dedazo».
En una línea muy similar se expresa Borra, quien asegura que el gasto
desaforado y el uso político durante los años de bonanza han provocado que ahora se
recorte, incluso, en sectores que dan un servicio real a la ciudadanía. "Por eso
ahora faltan camas, faltan policías o no hay personal suficiente en Educación y
Justicia".
Distribución y productividad.
Estas necesidades en determinados ámbitos también
están relacionadas con cómo se realiza la distribución de los recursos, que en
muchas ocasiones se lleva a cabo bajo criterios obsoletos. "Hay un problema de
distribución, de eficiencia. Hay sectores que presentan insuficiencia
y otros en los que se producen duplicidades o se asignan
demasiados recursos. Un ejemplo es el Ministerio de Agricultura, cuya asignación de personal
público no se corresponde con las necesidades actuales, o los ámbitos en los que las
competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas", afirman
desde Funcas.
Otro ámbito en el que el empleo público
debe mejorar para ser más eficiente y, en consecuencia, tener una mejor
valoración entre la población, es el de la productividad. "Aun siendo
difícil aumentar el gasto en la actual coyuntura económica y marco
institucional europeo, debería aumentarse la calidad del
servicio, a través de aumentos en la productividad de los funcionarios y
empleados públicos existentes", expone Giorgio Zanarone, coordinador del área de
Organización y Dirección de Empresas de CUNEF.
Para ello, este doctor en Economía y profesor del
Colegio Universitario de Estudios Financieros propone "aumentar
la capacidad de los directivos públicos de promover, incentivar, cambiar de
tarea e incluso despedir a los empleados que operan bajo su supervisión, así
como ligar la retribución a medio plazo y la carrera de los directivos a los
resultado de su departamento o agencia".
Otra opción, apuntada desde
Ciudadanos, es la de seguir el ejemplo de países en los que se han llevado a cabo reformas
para que los funcionarios no tengan un trabajo garantizado para toda la vida si
su desempeño no lo merece. "Todas las sociedades escandiavas, que tienen un
sector público más grande, tienen muchos trabajadores públicos pero no funcionarios, esto es, no tienen el trabajo
para siempre", señala Roldán.
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Agencia Idea: manojo y manejo de fondos
Idea y sus empresas gestionaron fondos sin
personalidad jurídica por valor de 1.344 millones de euros entre 2.008 y 2.015
Algunos de estos fondos tienen causa abierta en los
juzgados por su gestión
Soprea obtuvo comisiones de 3,14 millones de euros
en 2013 y 3,06 millones en 2014 por su intermediación en los fondos
La Agencia de innovación y
Desarrollo de Andalucía está en el centro de todos los escándalos judiciales
que cercan a la Junta de Andalucía. Desde los ERE a los avales a empresas,
desde el cierre de Santana Motor a la investigación policial de los fondos
Jeremie. Todo un corolario de casos que salpican la gestión de la Junta de
Andalucía y que han puesto a Idea en el punto de mira de la acción policial y
judicial. De hecho, Manuel Chaves y Griñán están acusados por la fiscalía en el
caso ERE. Los casos en los que está incursa los exponemos a continuación.
Agencia Idea: manojo y
manejo de fondos
- Idea y sus empresas gestionaron fondos sin personalidad jurídica por valor de 1.344 millones de euros entre 2.008 y 2.015.
- Algunos de estos fondos tienen causa abierta en los juzgados por su gestión
- Soprea obtuvo comisiones de 3,14 millones de euros en 2013 y 3,06 millones en 2014 por su intermediación en los fondos
La Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía está en el centro de todos los escándalos judiciales que cercan a la Junta de Andalucía. Desde los ERE a los avales a empresas, desde el cierre de Santana Motor a la investigación policial de los fondos Jeremie. Todo un corolario de casos que salpican la gestión de la Junta de Andalucía y que han puesto a Idea en el punto de mira de la acción policial y judicial. De hecho, Manuel Chaves y Griñán están acusados por la fiscalía en el caso ERE. Los casos en los que está incursa los exponemos a continuación.
Macrocausa de Idea
Hace pocos días que el titular del Juzgado de
Instrucción nº 6 de Sevilla, Álvaro Martín –que parece que cesará antes de
final de año – abrió diligencias previas de investigación por un presunto delito “masivo” en la
financiación de la Agencia Idea, a petición de la fiscalía anticorrupción realizada al
objeto de incorporar a las actuaciones ya incoadas con anterioridad nueva
documentación de interés. Y cuyo origen está en la denuncia del PP remitida al
juzgado en 2011 en el cual se analizaban las liquidaciones del presupuesto de
gastos contenidos en las cuentas anuales de la Junta de 2001 a 2010 en que
indicaban concluyendo que en lo tocante a los créditos de las cantidades
correspondientes a transferencias corrientes y de capital que sirvieron de
financiación al IFA-IDEA la cantidad ascendía a un montante de 4.315
millones de euros.
El caso ERE
El caso ha pasado de 4 golfos a 276 imputados. El mes pasado la fiscalía
anticorrupción señaló en su escrito de acusación en la macrocausa de los ERE
que Manuel
Chaves como
presidente de la Junta y José Antonio Griñán, además de cómo presidente, como
consejero de Economía y Hacienda conocieron las irregularidades en el
reparto millonario, opaco y arbitrario de las ayudas a empresas y trabajadores
en crisis y no tomaron ninguna decisión para frenarlas en relación al reparto
de subvenciones al margen de todo tipo de control o procedimiento reglado entre
los años 2000 y 2010, a través de un sistema diseñado ex profeso y por el que se detrajeron de manera
fraudulenta de los fondos públicos en torno a 741 millones de
euros,
según el cálculo realizado en su escrito de acusación por la Fiscalía, a través
de las denominadas “transferencias de financiación” al Instituto de Fomento de
Andalucía (que más tarde se transformó en la Agencia IDEA). Una herramienta que
permitió que las subvenciones se distribuyeran y se abonaran eludiendo la
fiscalización de la Intervención.
El caso Avales
El 22 de enero de 2014 la juez Alaya abrió
diligencias previas por las ayudas concedidas a partir de 2008 por el antiguo IFA (Instituto
de Fomento de Andalucía) y actual agencia Idea a empresas. La juez creía que muchas de estas ayudas, reguladas por la Consejería de
Innovación, se concedieron sin la autorización preceptiva del Consejo de Gobierno
andaluz y traspasaron el límite de la asignación presupuestaria prevista para
préstamos de la agencia pública. Alaya advertía, además de que muchas de las empresas
beneficiarias de las ayudas sociolaborales que están siendo investigadas en el
caso de los ERE, recibieron también las ayudas excepcionales de Idea, conocidas como “ayudas
de salvamento” o de “reestructuración” y que se concedían bajo tres
figuras: préstamos,
ayudas en garantía sobre préstamos y avales como garantía de préstamos de
entidades financieras.
La magistrada apoyaba sus sospechas en un informe de
2009 de la Intervención general que advirtió de que los avales de préstamo
concedidos por Idea superaban el límite establecido por la ley de Presupuestos.
Ese año, según Alaya, la agencia pública formalizó avales por valor de 71,2
millones de euros a pesar de que las cuentas de la Junta le fijaron un importe máximo de 18
millones para ayudas extraordinarias. Idea alegó la existencia de un acuerdo
del Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008 por el que se autorizaba a la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a ejecutar un programa “de ayuda a
empresas viables con dificultades coyunturales” con una financiación de 87
millones de euros. El interventor desestimó esta explicación alegando que la ley de Presupuestos
está por encima de cualquier acuerdo del Consejo de Gobierno.
El PP ya denunció unos meses antes, en diciembre de
2013 la concesión de ayudas sin control por parte de Idea y cifró en 210 millones
de euros la
cuantía de estos avales, aunque no especificó a qué cantidad afectan los
reparos de la Intervención. Las operaciones bajo sospecha corresponden a la
etapa de Jacinto Cañete como director de IDEA.
Núñez Bolaños acota el Caso Avales
El pasado 2 de marzo la juez Núñez
Bolaños en un Auto acotó y desinfló el caso avales abierto por Alaya, la instrucción se ha
acotado ahora a sólo 18 empresas que pudieron "simultanear" las
“ayudas sociolaborales” o a empresas investigadas en los ERE con ayudas
públicas de "salvamento o reestructuración" a través de avales o préstamos
que concedía la propia Idea en virtud de las competencias delegadas por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Las 18 empresas a las que se
limita la investigación son las siguientes: A Novo Comlink España, Aglomerados
Morell, Atarazana de Constantina, Bética Industrial, Cooperativa Panificadora
de Cristo Obrero, Corchos y Tapones, Farebus, Hytasal, Industrias auxiliares
Marteñas, Insersola, Matadero de la Sierra Morena, Pickman, Piensos andaluces
compuestos, Saldauto, Scafa, Sociedad cooperativa industrial de Confección
(Scoin), Tartesos Car y Tendencias Ferrera.
El informe de la Cámara de Cuentas
Hay que recordar que en el informe de
fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía a los fondos gestionados por la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2012, publicado en
febrero de 2016, donde se puso de manifiesto graves incumplimientos de la
normativa y alerta de posible menoscabo de caudales públicos, de lo que podría desprenderse
responsabilidad contable.
La Intervención General de la
Junta de 26 de febrero de 2014 emitió informes de actuación en relación con dos avales de
1,5 millones cada uno concedidos a las empresas A Novo Comlink y Dolmen
Consulting Inmobiliario en 2009 y de una ayuda a fondo perdido de 36,1 millones
concedida a Santana Motor. En ambos casos fue por posible menoscabo
de fondos públicos.
La Cámara de Cuentas analizó las operaciones de
riesgo financiero en forma de avales y préstamos. En concreto, entre 2009 y
2013, la Agencia IDEA formalizó avales por un volumen de 192,77
millones de euros, de los que 90,93 millones -el 47,1 por ciento- se concedieron en el año
2010. Del montante total, 82,44 millones resultaron fallidos, es decir, las
empresas beneficiarias no atendieron sus compromisos en plazo ante las
entidades financieras y tuvo la Junta que responder en su calidad de avalista. Especialmente ruinoso fue el
ejercicio de 2013, cuando se ejecutaron avales por 37,5 millones. Además, los
auditores concluyen que el mecanismo utilizado para hacer frente a los
quebrantos
-transferencias
de financiación de capital que recibía IDEA de la Consejería a la que estaba
adscrita, entonces
Economía, Innovación, Ciencia y Empresa “no se considera adecuado”.
La Cámara de Cuentas indica el hecho de que 22 de
las 26 operaciones que formaron parte de la muestra acabaron en ejecución,
total o parcial. En 16 casos, la empresa acabó en concurso de acreedores y en
otros cuatro “no consta documentación en los expedientes que permita conocer
las gestiones realizadas por la Agencia Idea para la recuperación de los
fondos”. El informe censura también que la Agencia IDEA otorgara en 2009 avales
que excedieron en 28,8 millones la limitación que establecía la Ley de
Presupuesto, que fijó el techo en 18 millones. Desde 2010, el tope se elevó
hasta los 175 millones de euros.
El caso de los fondos Jeremie
En septiembre de 2015 la Unidad contra la
Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) abrió una
investigación por presunto fraude en los millonarios fondos Jeremie
de la Junta de Andalucía. Los agentes han encontrado indicios de presunto fraude en la
concesión de ayudas con cargo a ese programa, dotado con 235 millones
de euros de los que 165 procedían de fondos Feder de la Unión Europea.
Todo se inicia a raíz de la investigación de las ayudas de
Invercaria (Empresa propiedad de la Agencia IDEA), en concreto, las concedidas a
la productora Kandor Graphics para la elaboración de una película de animación,
'Justin y la espada del valor'. Esta empresa recibió cinco millones de euros con
cargo al fondo Jeremie a pesar, según los agentes, de no cumplir los requisitos para
recibir ese tipo de ayudas.
En el análisis de las ayudas concedidas con cargo al
programa Jeremie, la UDEF ha localizado ayudas concedidas a 17 empresas, entre
ellas Kandor Graphics y Bogaris, por un importe total de 62 millones de euros. La UDEF alerta de que varias de
esas empresas no reunían los requisitos para recibir los fondos, otras
tenían vínculos empresariales con directivos de la Agencia IDEA o Invercaria -organismos
de la Junta de Andalucía que participaron en la concesión de esos fondos- y diez de ellas
acabaron en concurso de acreedores. Sobre Bogaris, destaca que consiguió la
financiación en el breve plazo de siete días. La Policía destaca que cuando Bogaris
recibió la ayuda de los fondos Jeremie su apoderada era Laura Gómiz, quien también era directora
general de la división agrícola del grupo. Poco después, Gómiz se convirtió en
presidenta y consejera delegada de Invercaria, donde gestionó el fondo de
capital riesgo Jeremie Andalucía.
Los Fondos sin personalidad jurídica de
la Junta de Andalucía
La gestión de estos fondos creados por la Junta de
Andalucía ha ido correspondiendo a las diversas empresas públicas de la Junta
de Andalucía, siendo mayoritaria la gestión de IDEA sobre estos fondos. O sea, un paso más
en la externalización de los recursos propios de la Junta de Andalucía
gestionado por personal externo a la misma.
Pero en la Memoria de la Cuenta General de la Junta
de Andalucía 2014, de SOPREA (empresa propiedad
al 100% de IDEA) encontramos que, menos uno de los fondos, en todos los demás fondos ha sido la prestataria
de los servicios de intermediación financiera, obteniendo jugosos
beneficios de ello. Así, encontramos a SOPREA como intermediaria de las operaciones
de los Fondos Jeremie y como entidad colaboradora en 2013 y
2014 en los Fondos de Economía Sostenible para Andalucía, el Fondo de
Desarrollo Empresarial, el Fondo de Impulso a las Energías Renovables, el Fondo
de Generación de Espacios Productivos, El Fondo de Internalización, el Fondo de
Industrias Culturales, el Fondo de Emprendedores Tecnológicos y el Fondo de
Apoyo a las Pymes Turísticas y Comerciales.
Soprea obtuvo comisiones de 3,14
millones de
euros en 2013 y 3,06 millones en 2014 por su intermediación en los fondos.
Los fondos sin personalidad jurídica y
las cuantías
La Ley de Presupuestos para 2016 recoge que no se
prevé dotación presupuestaria adicional para estos instrumentos financieros.
Indica que la disposición adicional decimotercera de la Ley 7/2013,
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2014, introdujo
una modificación en el régimen jurídico de los fondos, estableciendo que estos fondos
se crearán mediante ley que establecerá, al menos, su denominación, objetivo o
finalidad específica, la Consejería a la que quedan adscritos y su dotación
presupuestaria inicial.
Los fondos sin personalidad jurídica han contado a
lo largo del período 2008-2015, para su puesta a disposición de los diversos
sectores productivos necesitados de financiación, con un volumen global de recursos
financieros de más de 1.344 millones de euros siendo el Fondo de Apoyo
Empresarial, y el Fondo JEREMIE, los que han recibido un mayor aporte de recursos
presupuestarios por importe de 223 y de 379 millones de euros,
respectivamente.
Hasta el ejercicio 2015 se han
ido dotando progresivamente un total de quince fondos sin personalidad jurídica
en las siguientes fases presupuestarias:
1ª FASE. La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, dispuso la
creación de cinco fondos sin personalidad jurídica:
- Fondo de Apoyo a
las Pymes Agroalimentarias La gestión del Fondo se asigna a la E.P. para el
Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. La dotación actual de este Fondo asciende a
120.000.000
euros y se
ha aportado por la Consejería de Agricultura y Pesca.
- Fondo de Apoyo a las
Pymes Turísticas y Comerciales. La dotación actual de este Fondo asciende a 150.000.000 euros y se ha aportado por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Actualmente, la entidad gestora del
Fondo es la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, S.A.
- Fondo de Apoyo a las
Pymes de Industrias Culturales. La dotación actual
de este Fondo asciende a 10.000.000 euros y se ha aportado por la Consejería de
Cultura. La gestión del Fondo se asigna a la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales.
- Fondo para la
Internacionalización de la Economía Andaluza. La dotación para las operaciones financieras
asciende a 50.000.000
euros y se
ha aportado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. La gestión
del Fondo corresponde a EXTENDA-Agencia Andaluza de promoción Exterior.
- Fondo de cartera con
destino a las Pymes al amparo de la iniciativa Joint European Resources for
Micro to Medium Enterprises. Se constituye como un bloque independiente de recursos
en el seno de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA) que
actúa como gestora del Fondo. Actualmente cuenta con una dotación de 379.014.286 euros.
2ª FASE.- La Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, incorporó
asimismo, 4 nuevos fondos sin personalidad jurídica como apoyo a determinados
sectores productivos:
- Fondo de Apoyo al
Desarrollo Empresarial. La gestión del Fondo corresponderá a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La dotación actual de este Fondo
asciende a 223.000.000 euros y se ha aportado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Fondo para el
Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética La dotación asciende a 90.000.000 euros y se ha aportado por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. La gestión del
Fondo corresponderá a la Agencia Andaluza de la Energía.
- Fondo para el Apoyo
de Actuaciones en Materia de Vivienda (Disposición Adicional. La dotación
para las operaciones financieras estaba prevista que se aportara por la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda aunque finalmente no se produjo la misma, no
contando actualmente con ninguna dotación.
- Fondo de Economía
Sostenible para Andalucía La gestión del Fondo corresponde a la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La dotación asciende a 50.000.000 euros y se ha aportado por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
3ª FASE.- La Ley 12/2010, de 27 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011,
compromete la creación, de cinco nuevos fondos sin personalidad jurídica, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3 del Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía:
- Fondo para el
Fomento y la Promoción del Trabajo Autónomo. La gestión actual del Fondo
corresponderá a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La
dotación asciende a 50.000.000 euros y se ha aportado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
(Servicio Andaluz de Empleo).
- Fondo Andaluz para
la Promoción del Desarrollo (disposición adicional 9ª). Tiene como finalidad la
aportación, en términos concesionales, de fondos a programas de microfinanzas,
dirigido al apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas de capital de origen de
los países prioritarios de la cooperación andaluza. La dotación actual asciende
a 10.000.000
euros y fue
aportada por la Consejería de la Presidencia.
- Fondo de Generación
de Espacios Productivos. La gestión del Fondo corresponde a la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La dotación actual asciende a 50.000.000 euros y fue aportada por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Fondo de Avales y
Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas. La gestión del
Fondo corresponderá a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA). La
dotación actual asciende a 20.000.000 euros y fue aportada por la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia.
- Fondo de
Emprendedores Tecnológicos La gestión del Fondo corresponderá a la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La dotación actual de este
Fondo asciende a 19.302.262 euros y fue aportada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
Asimismo, la disposición final 3ª del Decreto-Ley 1/2011,
de 26 de abril, por el que se modificaba la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de
Cajas de Ahorros de Andalucía, modificó el artículo 5.1 de la Ley 12/2010 en el
sentido de crear un nuevo fondo:
- Fondo para la
Reestructuración Financiera de Empresas La dotación del Fondo asciende a 89.000.000 euros que se ha aportado por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, estando su gestión
encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Posteriormente, la disposición 9ª de la Ley 18/2011, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, ha creado
un nuevo fondo:
- Fondo para el
Fomento de la Cultura Emprendedora en el ámbito universitario. La dotación del Fondo asciende
a 22.250.000 euros que se ha aportado por la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia, estando su gestión encomendada a la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA).
- Fondo JEREMIE para
Pymes Industriales En el artículo 7 del Decreto-Ley 10/2013, de 17 de diciembre, de ayudas
financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía y de
ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario como
consecuencia de adversidades naturales, se ha creado otro Fondo JEREMIE para
Pymes Industriales, con una dotación actual de 983.127 euros, que es gestionado
por la Agencia IDEA.
Los incumplimientos de
las Fundaciones Públicas de Salud: El caso de FISEVI
- Demoledor análisis del personal, retribuciones y subvenciones por la Cámara de Cuentas
- No contaba con la autorización de Hacienda para contratar personal
- En el proceso de selección tanto de los trabajadores de estructura como de los investigadores, en ningún caso, se han llevado a cabo exámenes o pruebas selectivas
- No se han aplicado las medidas contempladas en la Ley 3/2012
Hace tan solo cinco días Europa Press indicaba en
una nota de prensa que tres fundaciones no contaban con la autorización de
Hacienda para contratar personal y hacía referencia a un informe de la Cámara
de Cuentas. Pero es que esas tres fundaciones a las que hacía referencia, eran
las únicas de que pertenecían al Sector Público Andaluz de todas las integradas
en la RFGI-SSPA.
¿Qué es la RGFI-SSPA?
La Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (RFGI-SSPA) está compuesta por siete
fundaciones: FCÁDIZ (Cádiz), FIBICO (Córdoba), FABIS (Huelva), FIMABIS
(Málaga), FISEVI (Sevilla), FIBAO (con carácter interprovincial, dando
cobertura a Granada, Jaén y Almería) y la Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud (FPS) como entidad coordinadora de la Red.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, establece como actuaciones prioritarias el fomento de la formación y
la investigación científica en materia de salud pública. Esta promoción de la
investigación fue concretada en el III Plan Andaluz de Salud 2003-2008 y
posteriormente en el Plan Estratégico de I+D+i en Salud 2006- 2010. En estos
planes se otorga a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, el papel de
entidad central de apoyo y gestión de la investigación en el SSPA.
En virtud de esas atribuciones dicha entidad ha
llevado a cabo un proceso de reconversión de las estructuras de gestión de la
investigación asociadas al SSPA cuyo resultado ha sido el mapa actual de la Red
que integra a las fundaciones que ofrecen apoyo y soporte a los grupos de
investigadores que desarrollan proyectos científicos en dicho Sistema. Para
ello, el 7 de febrero de 2012, se firmó un Convenio de Colaboración entre el
Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
y el resto de Fundaciones que integran la citada Red, para el establecimiento
de las condiciones generales y las bases necesarias que contribuyan al
desarrollo y la mejora de la I+D+i en el ámbito del SAS.
La Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo a la
I+D+i que la RFGI ofrece a los profesionales del SSPA es la siguiente:
Asesoramiento para la captación de financiación, Gestión de ayudas, Gestión de
ensayos clínicos y estudios observacionales, Asesoramiento de Proyectos
Internacionales, Apoyo Metodológico y Estadístico, Asesoramiento y gestión de
la protección y transferencia de los resultados
El marco que regula las relaciones entre el SAS y la
RFGI-SSPA, lo componen principalmente la Encomienda de Gestión a FPS, de
derechos y transferencia de resultados derivados de investigaciones en ciencias
de la salud realizadas en centros del SAS (BOJA nº 100; mayo de 2010) y el
Convenio de Colaboración entre el SAS y las Fundaciones Gestoras de la I+D+i
del SSPA firmado en febrero de 2012. Vamos a analizar a una de las Fundaciones
que enumera la Cámara de Cuentas en su último informe.
FISEVI
En Sevilla, el 24 de noviembre de 1997, con carácter
privado se constituye la Fundación Reina Mercedes para la Investigación
Sanitaria, con el objeto de la promoción y realización de investigaciones
biomédicas de calidad en Andalucía, así como la promoción y el desarrollo de
innovaciones en las tecnologías sanitarias, en la docencia y en la gestión de
los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. El 4 de mayo de 2009,
se procede a la modificación de los Estatutos de la Fundación Reina Mercedes
para la Investigación Sanitaria, que afecta a la denominación de la Entidad
pasando a llamarse “Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la
Investigación en Salud de Sevilla” (FISEVI).
El 19 de junio de 2012 se inscribió en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la fusión por absorción de FISEVI, fundación,
absorbente, con la Fundación Valme, fundación absorbida, según el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2010, por el que se aprueba el Plan de
reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía. El 31 de diciembre de 2012
quedó contablemente materializada esta absorción. Los Estatutos han sido
modificados en fecha 27 de abril de 2015 en relación a la declaración del
personal que ejerce funciones de alta dirección en la Fundación, habiéndose
inscritos en fecha 26/5/2015 siendo ésta la redacción vigente en la actualidad.
Según la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, FISEVI es un ente
instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía. Los destinatarios de la
actividad de FISEVI son los organismos y entidades del Sistema Sanitario
Público de Andalucía de la provincia de Sevilla y los profesionales que desarrollen
sus actividades asistenciales y/o investigadoras en los mismos.
El Patronato de FISEVI
Presidente: D. Manuel González Suárez. Director
Gerente HHUU Virgen Macarena-Virgen del Rocío
Vicepresidente: D. Manuel García León. Vicerrector
de Investigación. Universidad de Sevilla
Vocales:
Dª Mª Dolores Alguacil Herrero. Directora Gerente
del AGS Sur de Sevilla
Dª Mª Ángeles Tarilonte Delgado. Director Gerente.
Distrito Sevilla
D. Manuel Huerta Almendro. Director Gerente. Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
D. Álvaro Nieto Reinoso. Director Gerente. Distrito
Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte
D. Miguel Sanz Pozo. Director Gerente. Área de
Gestión Sanitaria de Osuna
D. Juan Jesús Bandera González. Director Gerente de
la Fundación Progreso y Salud
Da Aurora Cosano Prieto*. Delegada Territorial de
Sevilla. Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empresa
D. José Ramón Urquijo Goitia (Vicepresidente de
Organización y Relaciones Institucionales. CSIC) representado por D. Juan
Martínez Armesto (Responsable de Coordinación Técnica. CSIC)
D. Bruno Martínez Haya. Vicerrector de Investigación
y Transferencia de Tecnología. Universidad Pablo de Olavide
D. Juan Bautista Alcañiz Folch. Presidente. Colegio
de Médicos de Sevilla
D. José López Barneo. Director Científico.
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)
D. Juan Luis López Romero. Director Médico.
Hospital Universitario Virgen del Rocío
D. José Antonio Pérez Simón. UGC Intercentros de
Hematología y Hematoterapia. Hospital Universitario Virgen del Rocío
D. Víctor M. Sánchez Margalet. UGC Intercentros de
Laboratorios Clínicos. Hospital Universitario Virgen Macarena
D. Jesús Rodríguez Baño. UGC Intercentros de
Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital
Universitario Virgen Macarena.
D. Manuel Romero Gómez. UGC Enfermedades
Digestivas. Hospital de Valme.
D. David Moreno Ramírez. UGC Dermatología y
Venereología. Hospital Universitario Virgen Macarena
Secretaria: Dª Sandra Leal González. Directora
Gerente de la Fundación FISEVI.
*Pendiente de nuevo nombramiento.
El Análisis de personal por la Cámara de
Cuentas
La Fundación, según sus cuentas cerradas a 2014, tenía una
plantilla media de 356 empleados, de los que, según la Cámara de Cuentas, solo 31
trabajadores eran de estructura.
La Cámara de Cuentas en su Informe distingue entre
el personal de estructura y los investigadores, becarios y personal técnico
contratados por la Fundación. No hay Convenio Colectivo, a pesar de tener
Comité de Empresa propio con 13 miembros, ostentando CSIF la Presidencia del
mismo, sino que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, mientras que
el personal de estructura, en cuanto al régimen de permisos, vacaciones y
licencias retribuidas se regirá por la normativa aplicada en cada momento por
el Servicio Andaluz de Salud. Además, se establece que, en lo concerniente al
régimen disciplinario, se regirá por el Convenio Colectivo para empresas de
Hospitalización, Internamiento, Consultas, Asistencias y Laboratorios de
Análisis para Sevilla y su Provincia.
La Cámara indica en su Informe que conforme a lo
establecido en la Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su art. 57 se establece que “La
selección del personal de las fundaciones del sector público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía deberá realizarse, en todo caso, con sujeción a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la correspondiente
convocatoria” Sigue indicando la Cámara que El artículo 11 de La Ley 5/2012, de 26 de
diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2013 limita la incorporación de nuevo personal al sector público andaluz
exclusivamente a los casos que puedan derivarse de los procesos selectivos en
vigor y a la reposición de vacantes de acuerdo con la normativa básica del
Estado. En consecuencia, la contratación de personal laboral temporal queda
limitada a casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables
(apartado 2 del artículo citado). Por otro lado, el apartado 3 de dicho
artículo establece que la contratación de personal de carácter
fijo, indefinido o temporal en las fundaciones públicas requerirá autorización
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
La Cámara de Cuentas es contundente en cuanto que la
contratación de personal se ha saltado todos los mecanismos impuestos por la
legalidad de la Junta de Andalucía. Así, indica que en ninguno
de los casos analizados se ha solicitado la autorización indicada el artículo
11 de La Ley 5/2012, ni se presenta documentación que soporte la existencia de
urgencia o excepcionalidad de la contratación. Según los responsables de la
Fundación, efectivamente esta situación se ha producido, si bien
argumentan que todos los contratos temporales practicados en el año 2013 han
sido comunicados a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a través
del Sistema Integrado de Información de Empresas Públicas, Sociedades
Mercantiles, Fundaciones y Consorcios de la Junta de Andalucía (SIEJA).
Sin embargo, es la propia Junta de Andalucía la que
establece excepciones a sus reglas y normas, así indica la Cámara que, en
relación con la posible excepcionalidad por necesidades urgentes e
inaplazables, cabe señalar que, con posterioridad al ejercicio fiscalizado, en
la Instrucción Conjunta 1/2014 de la Dirección General de
Presupuestos y la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de
18 de diciembre de 2014, se establece que los contratos temporales del personal
investigador y técnico de las fundaciones del sector público andaluz que
desarrollen proyectos de investigación científica se acogen a circunstancias
excepcionales y cubren necesidades urgentes e inaplazables, por lo que quedan autorizados
con carácter general aquellos contratos temporales financiados al 100% por
cualquier institución pública o privada, nacional o internacional cuya
finalidad sea la realización de actividades relacionadas directamente con la
investigación científica y técnica.
El Personal de FISEVI
En cuanto al análisis del personal de FISEVI, la
Cámara ha analizado la selección y contratación de los 31 trabajadores del
personal de estructura en la fecha de la fiscalización, 2013, así como la
selección de 37 técnicos de proyectos de investigación y de ensayos clínicos
gestionados por la Fundación en el ejercicio, señalando la Cámara
las siguientes incidencias:
- Con respecto a la contratación del personal de
estructura se ha observado que 14 trabajadores, mantienen una relación laboral
con FISEVI, a través de contratos de obras y servicios. Las tareas indicadas en
el contrato son las actividades ordinarias de administración de la Fundación.
No cuentan con su propia singularidad, ni con una organización diferenciada o
específica respecto a la actividad normal y/o que tenga unos resultados
específicos diferentes a los habituales, tal como se exige en el artículo
15.1.a, del Estatuto de los Trabajadores. Estos hechos
podrían tener como consecuencia, entre otras, la de que este personal
adquiriera la condición de indefinido, con posterioridad a un proceso judicial.
-Se ha facilitado la documentación que
acredita la aplicación de los principios establecidos en los procesos de
selección de FISEVI para el personal de estructura, si bien como la fecha de
contratación de 15 trabajadores era antigua ya que procedían de la Fundación
Valme, de la Fundación Reina Mercedes y de la Fundación Virgen Macarena, y su
relación laboral con FISEVI se inició antes de la adaptación de sus Estatutos a
la Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Fundación entiende que no era de aplicación los principios arriba mencionados -
(Igualdad, Mérito y Capacidad)- y por ello no consta la documentación relativa
al proceso de selección en los expedientes de personal. Todos estos trabajadores, al
extinguirse cada una de las fundaciones mencionadas por absorción de FISEVI,
subrogaron sus contratos laborales indefinidos. De los 16 trabajadores
restantes del personal de estructura, dos tienen un contrato laboral indefinido
y 14 un contrato de obras y servicios como ya se ha indicado.
-El proceso de selección tanto de los
trabajadores de estructura como de los investigadores, una vez publicada la
convocatoria, se inicia examinando y valorando el currículum de los candidatos
que mejor se adapten al puesto según los criterios establecidos en la
convocatoria, a continuación, se mantiene una entrevista personal con los
aspirantes y después se elige, al mejor candidato. En ningún
caso se han llevado a cabo exámenes o pruebas selectivas. Por un lado, del personal de
estructura que no procede de otras fundaciones, se ha comprobado el proceso de
selección del 100%, observándose que en ningún caso de
los 16 expedientes analizados consta la valoración de los currículums de los
candidatos. El 62% de estos expedientes contiene el acta de selección en la que se
indican las personas que se han presentado a la convocatoria y la propuesta del
trabajador elegido pero sin indicar las valoraciones establecidas en la
convocatoria.
La Cámara es contundente en este
tema, ya
que indica que, por otro lado, del personal investigador se ha comprobado el
proceso de selección de 37 trabajadores, de las 245 altas producidas en el
ejercicio, observándose que, en 25 expedientes de personal del total analizado,
no consta documentación que acredite que se ha llevado a
cabo un proceso de selección como se exige en la convocatoria. Además, en los 12 expedientes
restantes, lo que acredita la existencia de un proceso de selección es un acta
en la que se relacionan los candidatos y la persona seleccionada sin
adjuntarse la valoración de los mismos.
Las retribuciones de FISEVI
En cuanto a las retribuciones del personal, la
Cámara en su informe indica que se ha comprobado la no
aplicación por parte de FISEVI de las medidas contempladas en la Ley 3/2012 de
21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en
materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico financiero de la
Junta de Andalucía con respecto a las retribuciones del personal, lo que ha
supuesto en términos cuantitativos para todo el ejercicio una cantidad no
deducida que asciende a 932.991,39 euros.
El argumento de
FISEVI es que “Las Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA no reciben
financiación estructural procedente del presupuesto de la Junta de Andalucía,
puesto que sus recursos provienen, en su totalidad, de financiación privada o
de financiación competitiva para el desarrollo de proyectos de investigación.
Éstos hechos fueron puestos de manifiesto y expuestos en el patronato de FISEVI
de diciembre de 2012, resultando la no aplicación de las medidas para el
reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía y el RDL 20/2012
relacionadas con los gastos de personal, puesto que éstas medidas tienen la
finalidad de reducir el déficit público y garantizar la estabilidad
presupuestaria, no afectando de ninguna forma positiva al espíritu de la norma
el cumplimiento de las mismas por parte de las Fundaciones Gestoras de la
Investigación del SSPA.
Por tanto, se entiende que la
aplicación de la normativa referida anteriormente, ha de estar encaminada al
cumplimiento de los fines perseguidos por dichas normas. Lo contrario podría
conducir a la obtención de resultados no deseados que de forma adicional no
contribuirían de ningún modo a la reducción del déficit de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, fin último perseguido sino más bien, al empeoramiento de
las condiciones laborales de los empleados de FISEVI sin un motivo superior que
lo justificase. Por lo que un posible incumplimiento de parte de la normativa
podría no ser considerado así si puede observarse que la actuación solicitada
podría haber tenido efecto nulo en el cumplimiento del objetivo de reducción
del déficit y de estabilidad presupuestaria”.
Sin embargo, señala de Cámara
que, por su parte, la Intervención General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, en su informe denominado “Informe Definitivo Plan de
Control Especial 2012, Fundación FISEVI”, emitido el 31 de octubre de 2014, opina que la Fundación “ha
incumplido con las medidas de ajuste en materia de gastos de personal”, por lo
que entiende que les son aplicables. Es más, recomienda que en relación con
el incumplimiento en la aplicación de las medidas de ajuste en materia de
gastos de personal, se deba acreditar su subsanación, para ello indica: “Dicha
subsanación habrá de llevarse a cabo mediante la efectiva aplicación de todas
las medidas previstas en la normativa citada así como el inicio de los
expedientes de reintegro que procedan por aquellas retribuciones percibidas
indebidamente desde el momento de entrada en vigor de las medidas hasta su
efectiva aplicación por parte de la Fundación”.
La Cámara introduce un matiz de la propia Junta de
Andalucía, cuando indica que, con posterioridad, en concreto el 26 de
diciembre de 2014, la Secretaría General para la
Administración Pública de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, emitió un informe respecto a la
aplicación al personal de las fundaciones del sector público andaluz que
desarrollan proyectos de investigación científica, de las medidas contenidas en
la referida Ley 3/2012 de 21 de septiembre. La conclusión del citado informe es
que “el personal investigador y personal técnico de apoyo y de gestión de
proyectos, está excepcionado de la medida de reducción de jornada de trabajo
con efectos en las retribuciones, por constituir un ámbito excluido y al que
resulta inaplicable en virtud de la normativa básica estatal”.
Abundando en esta cuestión la
Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública emite el 5 de febrero de 2015 el denominado “Informe complementario al
emitido por esta Secretaría General para la Administración Pública, en fecha 26 de diciembre de
2014, con relación al personal investigador y técnico de apoyo y de gestión de
proyectos de investigación científica”
en el que se concluye que “Las medidas retributivas de la Ley 3/2012, de
21 de septiembre, no resultan de aplicación al personal investigador y técnico
de apoyo y de gestión de proyectos, contratados para la realización de
proyectos específicos de investigación científica en el marco de lo dispuesto
en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación”. En base a lo anterior, las fundaciones del sector público andaluz
han iniciado y ejecutado expedientes de reintegro durante el ejercicio 2015
sólo al personal de estructura.
Las Subvenciones de FISEVI
La mayor parte de las
subvenciones recibidas por FISEVI, según consta en sus cuentas 2014, provienen
de Organismos Públicos, con un saldo final de estas de 21,38 millones de euros en 2014, y tan solo 432.424,55 de euros en el saldo final de
subvenciones provienen de entidades privadas. Esto contradice todo lo manifestado
por la Secretaría General para la Administración Pública y da la razón
claramente a la Intervención General de la Junta de Andalucía en cuanto a los incumplimientos
en las medidas de ajuste en materia de gastos de personal. Y contradice todos los
argumentos dados por FISEVI para la no aplicación de la Ley 3/2012 de 21 de
septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de
Hacienda Pública.
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