Estas son las claves de las casi seis horas de
comparecencia en el Parlamento de los ex presidentes de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la comisión de investigación que trata
de dirimir responsabilidades políticas por el presunto fraude de los cursos de
formación. Sorprendentemente, ningún diputado les preguntó por la
presunta financiación del PSOE-A a través de las subvenciones de la Junta para
los cursos, un asunto que estaba investigando la juez Alaya cuando comenzó las
pesquisas sobre esta cuestión. El caso lo instruye ahora Núñez Bolaños.
¿Financiación del PSOE?
Ni el Partido Popular, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni
Izquierda Unida preguntaron ayer a Chaves y Griñán sobre la presunta
financiación irregular del PSOE andaluz a través de las subvenciones de la
Junta para los cursos. Esta conexión se ve en la formación que
se impartió en las sedes socialistas o casas del pueblo a través de UGT. Hasta ahora, tanto el sindicato
como la dirección regional del PSOE, que encabeza la presidenta de la Junta,
Susana Díaz, han asegurado que el partido no ha recibido «ni un céntimo» de las
subvenciones autonómicas concedidas a UGT para la formación. Pero lo cierto es
que EL MUNDO ha aportado pruebas de lo contrario. Al menos en una casa del
pueblo socialista, la del municipio cordobés de Nueva Carteya, el PSOE ha
cobrado una renta mensual de 500 euros más IVA a UGT por el alquiler de un aula
en la que se impartían cursos financiados por la Junta. Podría ser
la punta del iceberg de lo que sucede en los cientos de casas del pueblo
socialistas repartidas por Andalucía.
«Pregúntele a Susana Díaz»
Tanto Chaves como Griñán han pedido a los
diputados del PP que preguntaran a Susana Díaz por qué había decidido paralizar
la formación tras tener conocimiento de las primeras irregularidades.Muy tenso
ha sido el interrogatorio del diputado del PP Miguel Ángel Torrico con Chaves
sobre este asunto: «¿Qué le parece que la presidenta haya paralizado la
formación?», interrogó el diputado.«No voy a opinar sobre una opinión de la
presidenta. Pregúnteselo mañana a ella», zanjó Chaves.
La agencia de colocación del PSOE.
Todos los grupos parlamentarios,
salvo el PSOE, preguntaron a Chaves y Griñán por el papel de la
extinta Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) de la Junta, que
funcionó durante años casi como una agencia de colocación para ex dirigentes
del PSOE, familiares y allegados. Este ente de la Junta,
creado en 2003 e integrado en 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE),
pasó de tener poco más de un centenar de trabajadores a más de 1.500,
dejando un agujero de más de 48 millones de euros en subvenciones para cursos
sin justificar.«Yo no contrataba a la gente de la Faffe, ni sé a quién se contrataba ni
cómo, ni siquiera sé cuál era la plantilla que tenía», señaló el ex presidente
de la Junta, que apostilló: «Dudo de que se creara con una intención malsana».
El caso se ventila en los juzgados.
A la vez que en el Parlamento se
trata de depurar responsabilidades políticas, el fraude de la formación se
ventila en una quincena de juzgados andaluces. El caso de mayor dimensión es
el que abrió Alaya en marzo de 2014 y que su sucesora ha desgajado en varias
piezas, muchas de las cuales han sido declaradas de especial complejidad y han sido
sobreseídas provisionalmente ante la tardanza de la Junta en enviarle
documentación al juzgado. En esta causa hay imputados cuatro ex consejeros de
la Junta.En paralelo, otros juzgados del resto de provincias
andaluzas también llevan a cabo pesquisas tras la investigación que puso en
marcha la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía
Nacional en el marco de la operación Edu. En estos casos, la instrucción judicial
se circunscribe a la comisión de un posible delito de fraude en subvenciones,
dejando fuera a los beneficiarios de ayudas inferiores a 120.000 euros.
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