FRAUDE EN LA FORMACIÓN. Las declaraciones ante la comisión de investigación del Parlamento
- Los ex presidentes de la Junta sólo admiten "pequeñas" irregularidades y presentan a la Junta de Andalucía como víctima de los abusos
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, este lunes, en el Parlamento andaluz. CARLOS MÁRQUEZ
FRAUDE EN LA FORMACIÓN
Las declaraciones ante la comisión de investigación
del Parlamento
Chaves y Griñán se desentienden del fraude en la formación bajo sus mandatos
Manuel
Chaves y José Antonio Griñán, este lunes, en el Parlamento andaluz. CARLOS
MÁRQUEZ
- Los ex presidentes de la Junta sólo admiten "pequeñas" irregularidades y presentan a la Junta de Andalucía como víctima de los abusos
Los ex presidentes socialistas
de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han tratado este
lunes de blindarse y eludir cualquier responsabilidad ante la comisión de
investigación que trata de dirimir responsabilidades políticas en el Parlamento
por el escándalo de los cursos de formación, un presunto fraude que podría
ascender a unos 3.000 euros, que también indagan más de una docena de juzgados.
El discurso de Griñán tan sólo se
quebró cuando la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillerole preguntó si veía
correcto que
su ex vicesecretario general en el PSOE andaluz Rafael Velasco imputara a un curso la luz de su
casa o que la esposa de éste, Antonia Montilla, se pusiera una nómina de 9.500
euros (brutos). «Si eso es así, habría irregularidades», terminó admitiendo.
Los dos anteriores presidentes
de la Junta llegaron a la cita en el Parlamento con el mismo guion: todo se hizo «dentro de la más
estricta legalidad» y el Gobierno andaluz fue una «víctima» del posible fraude.
Chaves, presidente de la Junta durante
19 años, comenzó su intervención proclamando las bondades de la formación, pero
cuando los diputados de la oposición le hicieron ver el rosario de
irregularidades que están saliendo a la luz, matizó: «Se siguieron los trámites
necesarios, pero por lo visto, por lo que he leído, el posible fraude
fue un fraude muy pequeño».
Es la tercera vez que Chaves, que ya está jubilado,
comparece ante una comisión de investigación del Parlamento andaluz. La primera
vez fue en 1995 por los créditos condonados por la antigua Caja Jerez a
dirigentes del PSOE andaluz, entre ellos él mismo; la segunda por los ERE, en
2012, cuando dijo que se enteró de este caso «por la prensa»; y la tercera, la
de ayer por el «pequeño» fraude de la formación.
Aunque las pesquisas policiales elevan a unos 3.000
millones de euros el posible fraude de la formación, en los últimos datos de la
investigación interna de la Junta que todavía no está acabada, ésta reclama a
un millar de empresarios la devolución de 71,9 millones tras haber verificado
los expedientes.
El ex presidente Chaves, que se vio forzado a
dimitir como diputado del Congreso en junio de 2015 por el caso ERE, va camino
de ser juzgado por las prejubilaciones irregulares pagadas con el fondo de
reptiles de la Junta, un caso en el que hay 270 imputados y que él mismo limitó
a «cuatro golfos» cuando estalló el escándalo.
«Lo repetiré hasta el fin de mis días: durante mis
años de Presidencia, nunca he tolerado, impulsado o mantenido ninguna
ilegalidad en ningún ámbito», proclamó Chaves, presidente del Gobierno andaluz entre el
27 de julio de 1990 y el 7 de abril de 2009.
"Nunca recibí ninguna alerta"
El ex presidente echó balones fuera y remarcó que
«nunca» recibió «ninguna alerta» sobre presuntas «irregularidades» o
«ilegalidades» en los cursos, a pesar de que la Cámara de Cuentas de Andalucía
emitió duras recomendaciones sobre este asunto en 2007.
Cuando la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet le
pidió a Chaves que hiciera autocrítica, el ex presidente le respondió, «con
todos mis respetos», que «no he venido aquí a hacer autocrítica».
«No me voy a rajar [sic] las vestiduras, he sido
diecinueve años presidente y, evidentemente, soy responsable de todo lo hecho
en ese periodo, para lo bueno y lo malo», señaló Chaves, quien agregó que no es
«tan presuntuoso» como para decir que no ha cometido «errores».
Pero a la hora de analizar las irregularidades y
por qué se habían desviado las subvenciones de la formación, Chaves apuntó a la
Consejería de Empleo. «Quien tiene que comprobar» que las ayudas se destinaron
al fin previsto «no es el presidente de la Junta ni el Consejo de Gobierno sino
la Consejería».
Por su parte, José Antonio Griñán motró su
convencimiento de que la Junta ha actuado «de acuerdo con la legalidad» y «con
un proceso reglado y garantista». En su opinión, las «deficiencias» que están
poniendo de manifiesto las investigaciones judiciales y los trabajos de la
comisión en el Parlamento «no han sido de la Administración sino en todo caso
contra ella».
Griñán defendió el cambio de competencias en
materia de formación profesional para el empleo a la Consejería de Educación
acometido en su etapa y rechazó que ese trasvase provocara un «incendio», como
describió el ex interventor general Adolfo García.
El antecesor de Susana Díaz en la Presidencia de la
Junta mantuvo en todo momento que las primeras alertas sobre el fraude de la
formación se conocieron cuando él ya había dimitido. «El presidente de la Junta
no puede comprobar si no le dicen que se está incumpliendo la legalidad»,
declaró.
También se desmarcó de la decisión de liquidar los
consorcios de formación y rechazó que hubiera recibido el informe que la Cámara
de Cuentas emitió en febrero de 2013 poniendo de manifiesto las irregularidades
en la gestión de estas entidades.
En oposición a Chaves, Griñán consideró que existen
«muchos aspectos criticables» de su gestión y consideró que el «gran problema»
que se encontró fue la falta de recursos humanos «para desarrollar todas las
funciones» relacionadas con las ayudas, lo que achacó a la prohibición de
contratar por ley debido a la crisis.
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