TRIBUNALES. El ex tesorero, fugado con cuatro millones de euros.El desfalco de Almensilla salpica al PSOE y al gobierno de Susana Díaz
- Un director general de
la Junta, un ex alalcade y un ex concejal socialistas, entre los diez imputados
por apropiación indebida
- El alto cargo es Ismael
Perea, cargo de confianza en la Consejería de Empleo y dirigente local en
Mairena del Aljarafe
- El 'Dioni' de Almensillase escapó con el botín al Caribe
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. El fraude de la formación.La Junta tarda 5 años en ver fallos en las ayudas al ex alcalde del PSOE
- Las subvenciones para cursos de la Junta costearon también ron añejo
- 80kilos de pez espada y 20 muñecas de comunión cargados a los cursos
POLÍTICA. Por parte de la Policía Autonómica. Investigan la quema de papeles de la Junta en un descampado de Sevilla
- El PP pedirá explicaciones al Gobierno de Susana Díaz en el Parlamento por unos hechos que considera "gravísimos"
- El Gobierno autonómico sostiene que los documentos destruidos, que "carecen de valor", procedían de unos almacenes propios desalojados
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/04/05/5702cd5c46163f31168b45bf.html
TRIBUNALES
El ex tesorero, fugado con cuatro millones de euros
El desfalco de Almensilla salpica al PSOE y al gobierno de Susana Díaz
- Un director general de la Junta, un ex alalcade y un ex concejal socialistas, entre los diez imputados por apropiación indebida
- El alto cargo es Ismael Perea, cargo de confianza en la Consejería de Empleo y dirigente local en Mairena del Aljarafe
- El 'Dioni' de Almensilla se escapó con el botín al Caribe
El desfalco en la Junta de Compensación del Sector F de Almensilla -por el que se busca al tesorero, Julio Mateos- salpica, de lleno, tanto al PSOE sevillano como al gobierno de la Junta de Andalucía que preside Susana Díaz. No en vano, entre la decena de imputados que acumula ya la causa que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Coria del Río están un alto cargo del ejecutivo andaluz y dirigente local del PSOE de Mairena del Aljarafe y otros ex cargos públicos municipales del mismo partido.
El primero es Ismael Perea, director general del Consorcio Fernando de los Ríos, dependiente de la Consejería de Empleo y que gestiona el programa Guadalinfo. Los otros dos son el ex histórico alcalde de Almensilla, Carlos Ufano, y un antiguo concejal socialista en La Puebla del Río, Francisco Carvajal, a la sazón presidente de la Junta de Compensación saqueada.
Perea está imputado por su responsabilidad en lo sucedido en la junta en el período en el que fue concejal en Almensilla, desde 2011 y hasta que poco más de dos años después fue nombrado director general. Es, además, uno de los hombres fuertes del partido en Mairena del Aljarafe, donde ejerce desde hace años como secretario de Organización del PSOE local.
Perea, como el resto de los investigados (nuevo término legal para los imputados), fue llamado a declarar por el juez la semana pasada. Entre el lunes y el jueves, los diez imputados, incluido el alto cargo de Susana Díaz, pasaron por los juzgados de Coria, pero todos, sin excepción, se acogieron a su derecho a no declarar.
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
El fraude de la formación
La Junta tarda 5 años en ver fallos en las ayudas al ex alcalde del PSOE
- Las subvenciones para cursos de la Junta costearon también ron añejo
- 80 kilos de pez espada y 20 muñecas de comunión cargados a los cursos
El Gobierno andaluz ha tardado nada menos que cinco años en actuar contra las irregularidades en las justificaciones de las ayudas para cursos de formación que presentó ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) el restaurante El Paraíso de la Dehesa del ex alcalde del municipio onubense de Punta Umbría, el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado.
El ex regidor, que dimitió hace tan sólo un par de meses entre los aplausos de la plana mayor del PSOE de Huelva, está imputado en las pesquisas del presunto fraude de la formación tras recibir 1.143.000 euros en subvenciones de la Junta para cursos con las que se costearon más de 80 kilos de pez espada, 20 muñecas de comunión «de lujo» y al menos 24 botellas de ron añejo, como viene informando este diario.
Al menos desde abril de 2010, el Gobierno andaluz está al tanto del presunto fraude en la empresa del ex alcalde, después de que el PP presentara un escrito ante la Intervención General de la Junta en el que alerta sobre las deudas de El Paraíso de la Dehesa con Hacienda y la Seguridad Social. Estas deudas deberían haber impedido que el Gobierno andaluz le concediera ayudas. Sin embargo, tras la denuncia, el restaurante recibió dos subvenciones más por valor de 292.520 euros en las convocatorias de 2011 y 2012.
Cinco años después de esa denuncia, el 30 de enero de 2015, la Junta terminó abriendoun expediente de reintegro a la empresa del ex alcalde de Punta Umbría, en el que acusa a la sociedad de tratar de justificar las ayudas con documentos de dudosa veracidad.
EL MUNDO ha tenido acceso al expediente de reintegro abierto por la Junta a El Paraíso de la Dehesa, en el que solicita al restaurante que devuelva 175.185,69 euros correspondientes a una subvención de la convocatoria de 2010 que no justificó de forma adecuada, ya que no cumplió el compromiso de contratación de los alumnos recogido en el convenio firmado con el SAE el 16 de diciembre de 2010.
«Se aportan tres renuncias no válidas de alumnos [a ser contratados tras hacer el curso] por realizarse el 20 de enero de 2012, fuera de plazo, y no tener constancia o certeza de la veracidad de la firma», dice la resolución de reintegro de la Junta.
No es la única. «Se aporta un burofax enviado el día 24 de enero de 2012 a un alumno ofreciéndole una propuesta de empleo genérica, fuera de plazo y sin acreditar su recepción por el interesado y una renuncia no válida de otro alumno realizada también fuera de plazo y sin que se acredite la veracidad de la firma del alumno, ambos documentos son realizados por El Paraíso de Punta Umbría, que no es la empresa subvencionada» y pertenece a Rodríguez Nevado, añade la resolución de reintegro de 30 de enero de 2015, que firma el jefe del Servicio de Formación para el Empleo de Huelva, Tomás Gento, y el delegado territorial de Educación, Cultura y Deporte,Vicente Zarza.
«El incumplimiento del compromiso de contratación dará lugar a la obligación del reintegro», establece la normativa andaluza que incumplió El Paraíso de la Dehesa.
La Junta pidió la devolución de la ayuda tarde y cuando era prácticamente imposible recuperar el dinero, ya que el restaurante estaba cerrado. Lo hizo después de que estallara el escándalo del fraude de la formación y meses después de que la Agencia Tributaria interviniera y precintara los establecimientos por las deudas que acumulaban.
Pese a conocer el presunto fraude del Paraíso de la Dehesa, la Junta concedió dos subvenciones más por valor de 292.520 euros para cursos de formación en 2011 y 2012. La Administración sabía, al menos desde el 21 de abril de 2010, que este restaurante mantenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social y por lo tanto no podía recibir ningún tipo de ayuda pública.
El 21 de abril de 2010, el entonces presidente del PP de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, presentó un escrito ante la Intervención General de la Junta en el que alertaba sobre la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 184.875,30 euros, correspondiente al periodo de enero de 2008 a diciembre de 2008, del restaurante El Paraíso de la Dehesa.
La deuda con la Agencia Tributaria del restaurante del alcalde de Punta Umbría ascendía en abril de 2010 a 112.255,21 euros. De hecho, el 24 de febrero de 2010, Hacienda tramitó expediente de apremio para el cobro de la citada deuda.
Mientras Hacienda trataba de cobrarse la deuda, la Junta seguía inyectando ayudas en una empresa que no tenía derecho a ellas. La Ley General de Subvenciones subraya la necesidad de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social como requisito previo para ser beneficiario de ayudas y en el momento del pago.
Tras esa denuncia ante la Intervención, el Boletín Oficial de la Junta (Boja) publicó la resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial de Huelva del SAE con una ayuda de 202.820 euros para El Paraíso de la Dehesa.
Posterior al escrito sobre las deudas con Hacienda y la Seguridad Social es también otra subvención concedida al restaurante vinculado a Rodríguez Nevado por valor de 89.700 euros que figura en la resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del SAE, publicada en el Boja de 29 junio de 2012.
El SAE dio el "visto bueno"
La empresa El Paraíso de la Dehesa del ex alcalde socialista de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado, que recibió 1,1 millones de euros en subvenciones de la Junta para impartir cursos pese a tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social, mantiene que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) le dio el visto bueno a las contrataciones de alumnos que ahora la Administración ve irregulares.
La Junta solicita la devolución de 175.185,69 euros de una ayuda de 2010 que El Paraíso de la Dehesa no justificó de forma adecuada porque los contratos de los alumnos de los cursos -eran ayudas con compromiso de contratación- se hicieron por empresas distintas a la beneficiaria de la subvención. El convenio que regula esta ayuda establece que las contrataciones de los alumnos debían ser en la empresa beneficiaria: El Paraíso de la Dehesa.En cambio, para justificar la ayuda, se presentaron contratos de los alumnos en hoteles de la zona.
El Paraíso de la Dehesa alega que esos contratos se hicieron así con el «visto bueno» del SAE. Eso «no es en absoluto cierto pues la Administración no ha podido conocer qué entidad ha realizado los contratos hasta que éstos han sido aportados al expediente con la justificación económica de los cursos, en los primeros meses de 2012, confundiendo la entidad lo que es el seguimiento de los cursos, realizado por los técnicos que supervisan el desarrollo pedagógico de las acciones formativas, con la justificación económica de los mismos», dice la resolución de reintegro en poder de este diario.
Rodríguez Nevado se negó a declarar el pasado viernes ante la comisión de investigación creada en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas sobre el fraude de la formación. Cuando fue detenido, alegó que se desvinculó de El Paraíso de la Dehesa en 2007.Sin embargo, figuró como administrador único hasta 2012, el último año que hubo ayudas de la Junta para los cursos.
POLÍTICA
Por parte de la Policía Autonómica
Investigan
la quema de papeles de la Junta en un descampado de Sevilla
- El PP pedirá explicaciones al Gobierno de
Susana Díaz en el Parlamento por unos hechos que considera
"gravísimos"
- El Gobierno autonómico sostiene que los documentos
destruidos, que "carecen de valor", procedían de unos almacenes
propios desalojados
La Consejería de Justicia
e Interior ha dado instrucciones a la Policía
Autonómica para que
investigue la quema, en un descampado de Sevilla, de documentos de la Junta
descargados desde un vehículo de la Administración regional.
Así lo anunció este martes el portavoz del
Gobierno andaluz, Miguel
Ángel Vázquez, horas después de que el
PP denunciara con imágenes la destrucción de documentación de la Junta en pleno
campo y su intención de pedir explicaciones
«inmediatamente» en el Parlamento al Ejecutivo de Susana Díaz por unos hechos que calificó
de «gravísimos».
La vicesecretaria de Política Institucional
del PP-A, Patricia
del Pozo, informó de que los hechos tuvieron lugar el pasado
viernes en torno a las 17.30
horas, cuando un ciudadano que viajaba en metro les alertó de
que un vehículo de la Junta se encontraba junto a una fogata humeante en unos terrenos contiguos al Centro Fitosanitario de
Sevilla, a 25 metros de las vías por las que circulan trenes de mercancías y
justo enfrente del Carrefour de la carretera de Utrera.
Según Del Pozo, empleados del partido se
desplazaron al lugar de los hechos y comprobaron la existencia de restos de
«una gran hoguera que todavía permanecía encendida», apreciando «diverso material que seguía ardiendo en medio de una montaña de cenizas».
La diputada por Sevilla dijo que el estado
en que se encontraban los restos hacía difícil la identificación de la
documentación destruida, pero sí constataron que había carpetas con el logotipo de la Junta y restos de anillas metálicas.
También fotografiaron restos de
publicaciones que, al ser más satinadas, no se quemaron en su totalidad. En
concreto, se identifica una página de La revolución silenciosa: el desarrollo rural en
Andalucía, una publicación de 297 páginas que editó
la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero -dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca- en
el año 2003, en la etapa de Paulino Plata como titular.
En una de las fotos tomadas por el PP se
aprecia una caja de cartón tamaño A4 con el logotipo de la Junta, el nombre tachado de una consejería -concretamente la de Educación, según puede leerse si se
analiza en detalle- y una anotación a mano en la que parece leerse la leyenda
«AGA 0341».
Sin querer establecer una relación directa,
Patricia del Pozo llamó la atención sobre el hecho de que la quema de papeles
coincida en el tiempo con la «falta de
colaboración» de la Junta tanto con la
comisión de investigación que trata de depurar responsabilidades políticas por
el fraude de la formación como con los juzgados andaluces que investigan estos
hechos.
La parlamentaria denunció también la
existencia de otra
decena de restos de hogueras en la zona, en los que se mantenían las cenizas pese a las lluvias caídas en Semana
Santa en la capital hispalense. «Parece que pudiera ser un lugar habitual donde se queman papeles», afirmó.
«¿Está empleando la Junta a su personal
para quemar papeles? ¿Tiene excedente de funcionarios cuando luego manda sólo
tres para auxilio en el proceso de los ERE? ¿Qué se está quemando? ¿Desde cuándo se producen estas hogueras? ¿Éste es el
protocolo de destrucción de documentos de la Junta de Andalucía? ¿Tiene autorización
para llevar a cabo estas fogatas? ¿Quién da la orden para que se produzcan en
los aledaños de un parque público de Sevilla?». Son algunas de las preguntas que lanzó la parlamentaria del PP y que espera que algún representante del Ejecutivo de Díaz
responda en la Cámara.
Patricia del Pozo consideró que los hechos
«atentan presuntamente» contra la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y una «gravísima infracción» de la normativa
medioambiental.
Almacén
desalojado.
En un comunicado emitido
por la tarde, la Consejería de Presidencia y Administración Local defendió que
los documentos quemados «carecían de
valor» y criticó el
uso «torticero» que han hecho
de este asunto el PP y otras fuerzas políticas, en velada alusión a Podemos por
pedir también explicaciones al Ejecutivo autonómico.
Según la Junta, el material destruido
estaba formado, «en su mayor parte», por folletos, cartelería, trípticos y
diversos catálogos de la Consejería de Agricultura que se almacenaban en unos almacenes del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) que se han «desalojados para ahorrar los costes de
alquiler, trasladando los elementos más valiosos o de interés a las
dependencias de la Consejería y destinando los objetos inservibles a su
destrucción». Los terrenos, precisó la Junta, son de su propiedad.
De acuerdo con la versión de la Junta, el
material fue «llevado en un principio para su destrucción a un punto limpio», pero «los trabajadores descartaron esta opción ante el temor a un
posible incendio por los objetos de madera y otros objetos inflamables que
existían en dicho lugar».
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