TRAMA DE LOS ERE. Declaración
ante la juez por el ERE de Egmasa
- Guerrero: 'Parece que la Junta soy yo, aquí nadie estaba, nadie sabía'
- Declaración ante el juez Álvaro Martín
El consejo
rector de IDEA niega que conociera las ilegalidades en los ERE
- Braulio Medel, presidente de Unicaja, declara ante el juez que investiga el procedimiento específico creado por la Junta para pagar las ayudas a empresas en crisis
Prejubilaciones en
una empresa pública. El alcalde de
Sevilla conoció los avisos del Interventor sobre Egmasa
CASO ERE. Prejubilaciones
en una empresa pública
- El PP pide la imputación del alcalde de Sevilla por el ERE de Egmasa
Cinco claves para
entender el culebrón judicial de El Algarrobico
- Con el fallo del Tribunal Supremo comienza la cuenta atrás de la demolición del hotel de El Algarrobico.
- Éstas son las cinco preguntas clave para entender un embrollo judicial que se ha prolongado durante años
MEDIO AMBIENTE. Tras
el fallo del Supremo
- Derribar el Algarrobico costará «mucho más de lo estipulado»
- La Junta y el Ministerio se reunirán el día 29 para estudiar la demolición
TRAMA DE LOS ERE. Declaración
ante la juez por el ERE de Egmasa
Guerrero: 'Parece
que la Junta soy yo, aquí nadie estaba, nadie sabía'
El ex
director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier
Guerrero ha comparecido este jueves en calidad de investigado ante la juez
María Núñez Bolaños por el expediente de regulación de empleo (ERE) de Egmasa y ha asegurado que "parece que la Junta soy
yo, aquí nadie estaba, nadie sabía, aquí todo el mundo éramos
tontos".
Guerrero ha acudido a
declarar por sexta vez en el marco del caso de los EREfraudulentos tramitados por
la Junta, y en este caso concreto por un presunto "desvío" de
fondos públicos de la Junta "mediante su
entrega" a la empresa pública Egmasa "para la financiación de su plan
de prejubilaciones" derivado del ERE aprobado en 2003 y que afectaba a 373
trabajadores, ascendiendo lo pagado por la Junta a 21,6 millones de euros.
La juez Núñez también ha
citado a declarar como investigados este jueves al ex director general de
Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y al sindicalista de CCOO Antonio Perianes.
Declaración ante el juez Álvaro
Martín
El consejo rector de
IDEA niega que conociera las ilegalidades en los ERE
- Braulio Medel, presidente de Unicaja, declara ante el juez que investiga el procedimiento específico creado por la Junta para pagar las ayudas a empresas en crisis
Los cuatro
miembros del consejo rector de IDEA que han
declarado este miércoles como investigados y de forma voluntaria ante el juez
que investiga los ERE han asegurado que desconocían las posibles irregularidades en las ayudas
concedidas a empresas, y han afirmado que se limitaron a dar cuenta de los
convenios aprobados.
Ante el juez de refuerzo Álvaro Martín, que
investiga el procedimiento específico creado por la Junta de Andalucía para
pagar las ayudas a empresas en crisis, en el que hay 51 investigados, ha
declarado hoy el presidente de Unicaja y exviceconsejero andaluz Braulio Medel.
También han comparecido el
expresidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía Joaquín Moya-Angeler;
el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón y la exsecretaria de
Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación Ana María Peña Solís.
Todos ellos han coincidido
en subrayar que, como miembros del consejo rector de IDEA, no tenían
información detallada de los convenios que se aprobaron en reuniones en las que
estaba el director general de la empresa pública que pagaba las ayudas y el
jefe jurídico de la Junta de Andalucía.
Por ello, han añadido los
investigados, iban "con total tranquilidad" a las reuniones del
consejo rector y no tuvieron la "mínima" sospecha de que se pudiera
cometer alguna irregularidad.
También han indicado que, en
cualquier caso, la responsabilidad última de lo ocurrido con los ERE podría
corresponder a la Consejería de Empleo.
Una de las acusaciones del
caso, que ejerce Manos Limpias,
se ha planteado incluso pedir que, al menos uno de los investigados, Braulio Medel, que asistió a dos de los 88 consejos
celebrados, pase a ser considerado testigo.
Uno de los abogados
presentes en la causa ha lamentado que los miembros del consejo rector de IDEA
estén citados como investigados, término que sustituye al de imputado, en la
causa de los ERE.
En este sentido, ha dicho
que "produce vergüenza ajena asistir a lo que está sucediéndoles a
personas que tenían que estar reconocidas por el país por su trayectoria y, sin
embargo, están siendo pisoteados en su honorabilidad y reputación a través de
imputaciones infundadas".
Con las declaraciones de
hoy, el nuevo juez que se ha hecho cargo de seis piezas de los ERE, Álvaro
Martín, ha concluido su primera ronda de declaraciones, que ha incluido a once
investigados y a cuatro testigos.
Las declaraciones se ciñen a
la pieza denominada del procedimiento específico de la Junta, en la que están
los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio
Griñán.
Entre los que han declarado por presunta malversación y prevaricación en el
procedimiento específico están los exconsejeros andaluces Francisco Vallejo y
Manuel Recio, que aún no había comparecido judicialmente por este caso.
Prejubilaciones en
una empresa pública
El alcalde de Sevilla conoció los avisos del Interventor
sobre Egmasa
El consejo de administración de la
Empresa Pública de Gestión Medioambiental SA (Egmasa) tomó conocimiento, en la
etapa de Juan Espadas como presidente, de las advertencias
de la Intervención en relación con el ERE incentivado por la Junta pero no adoptó medida
alguna.
El entonces consejero delegado de Egmasa y hoy imputado en el caso ERE,
Juan Jesús Jiménez Martín, envió un escrito el 31 de enero de 2007 al entonces
interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, en el que le adjuntaba
las alegaciones al informe provisional de cuentas anuales correspondientes a
2004 y los informes de seguimiento de recomendaciones de la auditoría anuales
de 2003 y de la de cumplimiento de 2004 después de que el consejo de
administración hubiera "tomado
conocimiento" en la reunión celebrada el 25 de enero de dicho año.
Como informó EL MUNDO de Andalucía, entre otras observaciones, los
interventores pusieron de manifiesto que la dirección de Egmasa no había
recabado informe previo de la Dirección General de Presupuestos respecto al
acuerdo alcanzado en septiembre de 2003 con la representación sindical para la
prejubilación de 373 trabajadores del dispositivo Infoca. El coste se cifró en17.138.729,54 euros, de los que 14.734.681,12 euros correrían por cuenta de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.
También reprochaban que no se hubiera requerido la autorización
expresa del Consejo de Gobierno, antes de que se
formalizara el seguro colectivo de rentas mediante el que se instrumentó el
plan de prejubilaciones, al superar el expediente de gasto el límite máximo de
12,1 millones que fijaba la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2003.
El escrito enviado por el consejero delegado al interventor general forma
parte del escrito que la acusación popular que ejerce el PP en el caso ERE ha
presentado a la juez Núñez Bolaños, a la que pide que llame al
procedimiento en calidad de investigados a todos los integrantes del
consejo de administración de Egmasa
entre 2003 y 2007.
La petición alcanza de lleno al hoy
alcalde de Sevilla, el socialista Juan
Espadas, que asumió el cargo de presidente de Egmasa el 11 de mayo de 2004 por su condición de viceconsejero
de Medio Ambiente y lo desempeñó hasta su nombramiento como consejero de Vivienda y
Ordenación del Territorio en abril de 2008.
El interventor delegado para el control financiero permanente, en el
informe de cumplimiento de 2005, también llamó la atención sobre otro
incumplimiento: la transferencia de 40.000 euros realizada a la Federación Agroalimentaria de CCOO "sin que exista
contraprestación por parte de la misma".
Cuando le preguntó por esta cuestión EL MUNDO de Andalucía en marzo de
2014, la Federación Agroaliementaria de CCOO-A explicó que ese dinero
correspondía al pago de una cantidad fija que desembolsaba Egmasa -primero lo adelantaba el sindicato y luego se la compensaba la empresa-
para financiar la actividad sindical
de sus delegados en la empresa, a
razón de algo más de 500 euros por persona y mes.
Para el PP, los miembros del consejo de administración de Egmasa "fueron partícipes" de las presuntas
irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla "por acción u omisión". Por estos hechos han sido ya
citadas en calidad de investigados 16
personas, entre ellos los
ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.
A juicio de esta acusación popular, la "cúpula de la Consejería de Medio Ambiente"
era "conocedora y partícipe de ese uso irregular de fondos públicos, como le puso de manifiesto la Intervención General de
la Junta, sin que se adoptara medida alguna para implantar sus
recomendaciones".
CASO ERE. Prejubilaciones
en una empresa pública
El PP pide la imputación del alcalde de Sevilla
por el ERE de Egmasa
La acusación popular que ejerce el PP
ha pedido a la juez Núñez Bolaños que cite en calidad de investigado por su
responsabilidad en el ERE de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental SA
(Egmasa) al hoy alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, al que acusa de
conocer el «uso irregular» de los fondos públicos y no tomar medidas para frenarlo.
En un escrito fechado el pasado 28 de enero, que consta en las actuaciones
que instruye el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y al que ha tenido acceso
EL MUNDO de Andalucía, los abogados del PP solicitan la imputación de todos los miembros del consejo de
administración de Egmasa entre 2003 y 2007, cuyas identidades pide que se
identifique.
La petición alcanza de lleno a Juan
Espadas, presidente de esta empresa de la Junta -integrada desde 2011
en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya)- entre 2004 y 2008 por su
condición de viceconsejero de Medio Ambiente.
Egmasa solicitó la extinción de 373 contratos laborales el 30 de junio de
2003 alegando causas organizativas y el 9 de septiembre de 2003 se alcanzó un
acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, después de
que la Junta se comprometiera a asumir la indemnización que recibirían los
afectados a través de un
plan de rentas vitalicio o mediante el pago de 20 días por año de servicio.
En su informe, la Intervención General de la Administración General del
Estado (IGAE) cifra en más de 16,3 millones lo que la Junta abonó entre 2004 y
2010, más del 75 por ciento del dinero comprometido (21,6 millones). La
sobrecomisión percibida por la mediadora asciende a 1.258.014,93 euros, según un informe elaborado por la Dirección General de Seguros.
Por el ERE
de Egmasa, la juez Núñez Bolaños ha imputado ya a 16 personas, entre ellos los
ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández; los ex directores
generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel
Rivera; los ex directivos Juan Jesús Jiménez Martín, María del Mar Espejo
Tudela, Antonio Del Valle Jiménez; el sindicalista Antonio Perianes (CCOO-A) y
el presunto intruso Antonio Márquez García.
La acusación popular del PP sostiene que «no sólo era la cúpula de la
Consejería de Empleo» la que gestionaba «de manera irregular» los fondos
imputados a la partida presupuestaria 31.L, sino también «la cúpula
de la Consejería de Medio Ambiente a través de Egmasa». Ésta fue «conocedora y partícipe de ese
uso irregular», sin que adoptara medidas para
corregirlo.
Y llega a esa conclusión tras analizar los informes definitivos de
cumplimiento de esta empresa pública correspondientes a los ejercicios 2003, 2004 y
2005, firmados por los interventores delegados para el control financiero
permanente de sociedades mercantiles Francisco Nieto Salvatierra y Carlos
Mariné Pla. Éstos están fechados el 13 de mayo de 2005, el 15 de mayo de 2006 y
el 25 de abril de 2007.
Entre otras observaciones, los interventores pusieron de manifiesto que la
dirección de Egmasa no había recabado
informe previo de la Dirección General de Presupuestos respecto al acuerdo alcanzado en
septiembre de 2003 con la representación sindical para la prejubilación de 373
trabajadores del dispositivo Infoca. El coste se presupuestó en 17.138.729,54
euros, de los que 14.734.681,12 euros correrían por cuenta de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.
También reprochaban en sus informes que no se contara con autorización
expresa del Consejo de Gobierno para la formalización del seguro colectivo de rentas
mediante el que se instrumentó el plan de prejubilaciones al superar el límite
de los 12,1 millones.
Estos incumplimientos, advierte la intervención delegada, podrían dar lugar «a la
nulidad de pleno derecho» de la decisión adoptada por la empresa, como prevé el artículo 13.4 de la
Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003.
Igualmente, se hacía constar que en la póliza de seguro no constaba el detalle de las primas individualizadas por trabajador acogido al ERE, por lo que los
interventores no pudieron «obtener evidencias sobre la razonabilidad del coste
total de la misma».
Cuando compareció en calidad de investigado el pasado 10 de febrero ante la
juez Núñez Bolaños el ex consejero delegado de Egmasa Juan Jesús Jiménez Martín,
éste declaró que el consejo de administración tuvo
conocimiento de los incumplimientos que apreció el interventor. A preguntas
del fiscal, Jiménez Martín dijo recordar tan sólo que la ayuda tenía que contar
con la ratificación del Consejo de Gobierno al superar la cuantía máxima.
El decreto sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable,
de las empresas de la Junta de Andalucía establece en su artículo 12.4 que el
interventor general dará traslado de
los informes definitivos a las empresas -Egmasa en este caso-, al titular de la consejería de la que
dependa aquélla -Medio Ambiente- y al consejero de Economía y Hacienda.
Además de Espadas, también formó parte del consejo de administración de Egmasa el número tres en el gobierno
local de Sevilla: Antonio Muñoz,
segundo teniente de alcalde y delegado del área de Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo.
«Para el buen fin de la inmvestigación», la acusación del PP pide también a
la juez Núñez Bolaños que cite en calidad de testigos peritos a los interventores
que elaboraron los informes definitivos de cumplimiento y que se reclame toda la documentación que obre en sus archivos sobre el ERE incentivado por la Junta y
las actas de las reuniones del consejo de administración desde 2002 a 2008,
entre otra documentación.
Cinco claves para entender el culebrón judicial de El Algarrobico
- Éstas son las cinco preguntas clave para entender un embrollo judicial que se ha prolongado durante años
¿El fallo del Supremo acaba definitivamente con los litigios de El Algarrobico?
Sí. El único «fleco» que queda abierto es la reclamación de una indemnización por parte de la promotora del hotel, que reclama 70 millones de euros. Este fallo concluye que el hotel es ilegal, pues vulnera la ley de Costas, y a partir de ahora también la Ley de Espacios Protegidos. Por tanto, «no hay más salida que la demolición», explica Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
¿Quién debe proceder a su demolición?
El Gobierno central y la Junta de Andalucía. Ambas administraciones firmaron un protocolo de colaboración, publicado en el BOE del 6 diciembre de 2011, para la recuperación de la playa de El Algarrobico. Las competencias están compartidas porque por la salvaguarda de las playas actúa el Estado y en la Junta de Andalucía recae la protección de los parques naturales de su territorio.
Tras el fallo del Supremo, ¿la demolición es inmediata?
Deben decidirlo las dos administraciones. «La justicia acaba de dar respuesta a ese cuándo», dice Marcos.
¿Y quién corre con los gastos?
Según el protocolo de demolición, al Ministerio de Medio Ambiente le toca pagar los costes de la demolición, a la Junta lo que cueste el desescombro y el correcto tratamiento de los residuos que la demolición genere; y ambas administraciones cofinanciarán la restauración ambiental y la devolución del espacio a su estado original.
¿Cuánto cuesta todo ese proceso?
En 2012 se encargó a la consultora Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona. El presupuesto elaborado fue de 7.175.000 euros. Ese mismo año Greenpeace había encargado otro presupuesto, que ascendía a 7,3 millones de euros, una cifra muy similar.uncio: El vídeo comenzará en 13 segundos
MEDIO
AMBIENTE. Tras el fallo del Supremo
Derribar
el Algarrobico costará «mucho más de lo estipulado»
Aunque está claro que el hotel de El
Algarrobico está sentenciado a muerte y su demolición se antoja ya inevitable
tras el fallo del Tribunal Supremo que ha determinado que el suelo donde se
construyó no es urbanizable, ya empieza a planear sobre Carboneras y Almería el
fantasma de otra de las siete
vidas de un edificio
que, para entrar en perspectiva, ha visto 'caer' a dos presidentes de la Junta
y a un puñado de consejeros de Medio Ambiente desde que se paralizaran las
obras en 2006.
Y es que frente a la fogosidad de los grupos ecologistas que reclaman la
urgente demolición del hotel de 411 habitaciones y 21 plantas, está la cruda
realidad, que puede demorar aún su caída, incluso años, en caso de que la
discusión sobre el 'cómo' y, sobre todo, el 'cuánto' llegue otra vez a los
tribunales y sea un juez el que tenga que decidir sobre el derribo.
Porque la sentencia del Supremo no ordena la demolición. Solo se refiere
al carácter no urbanizable y protegido del suelo, por
lo que el derribo debe ser una consecuencia, y depende ya de una «decisión
política», como dijo ayer el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. Y esta decisión
política estará sujeta, en primer lugar, a las «disposiciones
presupuestarias», según apunta el
protocolo firmado en 2011 por la Junta y el Gobierno para demoler conjuntamente
el hotel de Azata del Sol en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ya ha adelantado a este
diario que tiene muchas dudas de que un Gobierno en funciones pueda aprobar una
partida para demoler el edificio, teniendo en cuenta que según el protocolo es
el Ejecutivo de la Nación el que debería financiar y ejecutar el derribo,
mientras que la Junta tendría que limpiar la zona y devolverla a su estado
natural. Pero esa partida no está recogida en los Presupuestos Generales del Estado.
Por tanto, desde este punto de vista habría que esperar,
en el mejor de los casos, al año que viene. Y algo similar ocurriría con la
Junta para limpiar la zona.
Por otra parte, para la demolición
del edificio sería necesario que la Junta ejecutara de una vez por todas el derecho al retracto ejercido en 2006, que el Supremo ha avalado ahora, y que la hace propietaria de los terrenos. Hasta el momento,
la Administración autonómica ha intentado en dos ocasiones pagar a Azata los
2,3 millones de euros del retracto para asumir legalmente la propiedad del
terreno, pero como han remarcado los tribunales, no lo ha hecho, sorprendentemente,
por el trámite oportuno y tendrá que acudir a la vía Civil para hacerlo. Y de momento ni siquiera ha
comenzado este proceso.
Una vez que lo concluya, según fuentes jurídicas consultadas, el
procedimiento más rápido para ejecutar la demolición sería alcanzar
un acuerdo con Azata para comprar el edificio del hotel, que sigue siendo de esta sociedad. Según el Código Civil, el propietario de un edificio construido en un
terreno que no sea de su propiedad está obligado a venderlo.
Todo esto lleva a José Rodríguez, subdirector y portavoz de Azata del Sol a
estimar que «la demolición del hotel va para largo», si bien afirma
que la sociedad está dispuesta a sentarse con la Junta a
negociar, en su caso, la venta del edificio.
Otra cosa sería llegar a un acuerdo sobre el precio, teniendo en cuenta que
la constructora está reclamando en la Audiencia Nacional 70
millones de euros de indemnización a la Junta, el Ayuntamiento de Carboneras y el Gobierno para resarcir no solo el valor del edificio, sino también los «daños y
perjuicios» derivados de lo que considera un «anormal funcionamiento» de la Administración, teniendo en cuenta
que lo levantaron con una licencia de obras que todavía es legal y con todos
los permisos del Ayuntamiento y la Junta, que apoyó e incluso subvencionó el proyecto antes de
pasar a pedir su demolición.
Y en el caso de que no se llegase a un acuerdo, y la Junta exigiese a Azata
que derribase el edificio por ser ilegal, la empresa intentaría evitarlo. Aquí
cabría incluso la posibilidad de iniciarse otro proceso judicial que podría
demorar varios años la demolición. «Tenemos poca
voluntad de demolerlo nosotros», admite Rodríguez,
quien señala que su empresa aún tiene un as en su manga para luchar por una
indemnización que considere justa antes de que el edificio sea derribado: la licencia de obras y los permisos otorgados por todas
las administraciones, que demuestran que
la empresa siempre actuó conforme a la legalidad y a las normas urbanísticas
aprobadas por la Junta.
Pero la demolición del Algarrobico podría encontrarse con otro grave
impedimento: su coste. Y es que aunque el estudio realizado por la Junta y el
Gobierno apunta a que la demolición costaría 7 millones de euros, Azata siempre
ha mantenido que el precio será mucho mayor, algo que corrobora José Rodríguez.
El portavoz de Azata sostiene que quienes hicieron ese cálculo no sabían
que para construir el hotel se tuvieron que incrustar 75.000
metros cúbicos de hormigón armado en el montículo donde se asienta el
edificio porque las tierras eran movedizas.
Técnicos de Azata calculan que para devolver la zona a su estado natural
serían necesarios, como mínimo, tres
años de duros trabajos y una inversión muy superior a
los 7 millones del informe oficial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...