Informes de actuación de la
Intervención General de la Junta.Cinco alertas más por irregularidades en las
subvenciones para los cursos
- La Intervención de la Junta ha emitido ya ocho informes de actuación por anomalías en las ayudas para la formación
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El fraude de los cursos. El
interventor censura las medidas de Díaz contra el fraude de la formación
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. El fraude de
la formación
- La Junta reclama a una fundación afín al PSOE dinero de los cursos
Lo que es se ve....
Informes de actuación de la
Intervención General de la Junta
Cinco alertas más por
irregularidades en las subvenciones para los cursos
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La Intervención de la Junta ha
emitido ya ocho informes de actuación por anomalías en las ayudas para la
formación
La Intervención General de la Junta ha
emitido otros cinco informes de
actuación en los que alerta de posibles
irregularidades en las subvenciones en materia de formación profesional para el
empleo. Éstos se suman a otros tres ya conocidos, uno de los
cuales alertaban de posible menoscabo
de fondos públicos.
Así lo ha desvelado este jueves la consejera María Jesús Montero durante su
comparecencia ante la comisión parlamentaria de Hacienda y Administración
Pública, ante la que ha tenido que dar explicaciones -a petición del PP- de las medidas que ha adoptado su
departamento tras las alertas de los interventores.
Como viene informando EL MUNDO, la Intervención emitió un informe de
actuación el pasado 11 de mayo derivado de los incumplimientos de las
recomendaciones formuladas a la dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
en Córdoba.
A ese su sumaron otros dos por irregularidades detectadas durante la auditoría especial a la gestión realizada en la tramitación de las ayudas de formación
profesional por parte de las direcciones provinciales del SAE en Huelva -éste
por posible menoscabo de fondos- y Cádiz (por no aplicar las recomendaciones
realizadas).
Según
los datos desvelados este jueves por Montero, la Consejería de Hacienda y
Administración Pública recibió informe de actuación el pasado 28 de diciembre
por irregularidades apreciadas durante el control financiero permanente al SAE(servicios centrales) correspondientes al
ejercicio 2012. La Consejería de Empleo ha mostrado su conformidad, por lo que
no se elevará al Consejo de Gobierno para su discusión.
Varias provincias afectadas
Hacienda y Administración Pública recibió el
pasado 4 de febrero otros cuatro informes de actuación derivados del control financiero permanente o
del control financiero especial sobre la justificación de las ayudas concedidas
en materia de formación profesional para el empleo entre 2009 y 2012 en
relación con la actuación llevada a cabo
por el SAE en Córdoba, Jaén, Sevilla y Huelva.
El informe de actuación es
un mecanismo que prevé el decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía en
aquellos casos "en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas
necesarias para solventar las deficiencias observadas" o si se apreciaran "circunstancias que,
por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".
Así las cosas, al tiempo que
se investigan las presuntas irregularidades en el Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla, la Intervención ha dado hasta ocho señales de alerta por la gestión de
las subvenciones para cursos de formación otorgadas por la Junta de Andalucía.
En el caso del informe de
actuación emitido el pasado 18 de junio a instancias del interventor provincial
de Huelva, que cifraba el posible menoscabo al erario en 3.552.618,91 euros (suma de 29 expedientes, casi la mitad de los
incluidos en la muestra: 61 de un total de 407 en esa provincia), la consejera
de Hacienda ha informado de que la funcionaria instructora ha acordado el
archivo de las diligencias previas que se abrieron al determinarse -una vez
analizada la documentación- de que no ha prescrito ninguno de los expedientes
y, en consecuencia, no se ha consumado todavía ningún daño a los fondos
públicos.
En su intervención, la
diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero ha criticado que la Junta
"ocultara" durante siete meses los tres primeros informes de
actuación, desvelados por este periódico y que ya han sido aportados a la comisión
de investigación.
Ruiz-Sillero intentó que la
consejera de Hacienda le respondiera acerca de lo que había hablado con la
presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras tener conocimiento de los informes de
actuación, pero María Jesús Montero eludió entrar. "No me va a encontrar
en el lodo", justificó.
El fraude de los cursos
El interventor censura
las medidas de Díaz contra el fraude de la formación
El interventor general de la Junta de
Andalucía, Adolfo J. García, censuró las medidas que había puesto en marcha el
Gobierno de la socialista Susana Díaz para atajar
el presunto fraude de los cursos de formación que investigan varios
juzgados andaluces.
La advertencia aparece en un informe de actuación de la Intervención
General fechado el pasado 17 de diciembre de 2015 al que tuvo acceso EL MUNDO.
El documento salpica de lleno a la presidenta Susana Díaz,
que desde que accedió al cargo ha tratado de diseñar
cortafuegos que la mantengan a salvo del escándalo de la formación. El primero
fue paralizar los cursos y no conceder ni una subvención más para las acciones
formativas.
Sin embargo, Díaz ahora no puede soslayar el asunto porque el informe de
actuación se refiere a las medidas insuficientes que ha aplicado su gobierno
para corregir el cúmulo de irregularidades de los cursos de
formación.
«Por tanto, no se consideran suficientes las medidas adoptadas», recoge el
informe, haciendo referencia al sistema de alertas que pretende poner en marcha el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para evitar que prescriban las reclamaciones
de la Administración andaluza a los beneficiarios de subvenciones para cursos
que no las han justificado.
Del análisis realizado por la Intervención se desprende que, a 31 de
diciembre de 2012, hay 21.800 expedientes por un importe acumulado de
705.711.520,02 euros «que no se han justificado dentro del plazo fijado en los
mismos para su justificación», alerta el informe fechado el pasado diciembre.
Este documento va dirigido a la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, que dirige María Jesús Montero, a la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, que lidera José Sánchez Maldonado, de la que depende el SAE, y a la
Consejería de Economía y Conocimiento, que encabeza Antonio Ramírez de
Arellano, «por cuanto parte de los expedientes afectados son actualmente de su
competencia».
Entre los 705 millones sin justificar que había en 2012, hay un expediente
del año 2005 y otro de 2007, si bien el grueso de las ayudas corresponden al
año 2010. «Transcurrido el plazo previsto en la legislación aplicable, se podría producir la prescripción de la obligación del reintegro por el
beneficiario», de acuerdo con la Ley General de Subvenciones, destaca el
interventor. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el
reintegro prescribe a los cuatro años desde el momento en que venció el plazo
para presentar la justificación, como alertaron la Cámara de Cuentas de
Andalucía y la Fiscalía Superior andaluza.
Precisamente a este informe de la Intervención General de la Junta sobre
los cursos de formación se refirió ayer el PP andaluz, que calificó de
«tremendamente grave» que alertara de que había 705
millones sin justificar sin que se
hiciera «absolutamente nada».
La secretaria general del PP-A, Dolores López, dijo que «aquí no se está
hablando de otro presidente, esto es Susana Díaz», y exigió a la Junta que
envíe ese informe al juzgado que instruye el caso si no lo ha hecho todavía.
Manifestó que los informes «son ocho y no tres como se decía» y criticó la
«falta de transparencia» de la Junta porque dio a conocer esos cinco nuevos
informes ayer en comisión «contra viento y marea».
López explicó que los otros cuatro nuevos informes incluyen irregularidades «desde el principio hasta
el final del procedimiento», tanto en la
selección de empresas como de alumnos, en la justificación del pago y en el
proceso de reintegro. Además, manifestó que no consta que ningún alumno haya
encontrado trabajo, por lo que «o es un fracaso» de los cursos de formación o
se ha producido una «falta de seguimiento» de la Junta.
Sobre el cese de la delegada de Empleo en Sevilla, Susana López, cuestionó
que, si se produjo el pasado martes en el Consejo de Gobierno, por qué no se hizo
público, a la vez que preguntó por qué se produce este cese, si su empresa
recibió fondos de formación o si estaba entre las que fueron exoneradas de
justificación. López añadió que Díaz «ya
conocía todo esto cuando la nombró» y subrayó que «esto no es corrupción del pasado, es del presente» y tiene
«una responsable, Susana Díaz».
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. El fraude de la
formación
La Junta reclama a una fundación afín al PSOE
dinero de los cursos
La Junta ha
puesto en marcha el procedimiento para que una fundación próxima al PSOE que ha
recibido más de 2,7 millones de
euros en ayudas en los últimos 20 años reintegre el dinero que le concedió para
impartir cursos de formación.
Se trata de la antigua Fundación por el Progreso de Andalucía (hoy
Fundación Adelante), presidida desde el año 2007 por Herminio Trigo, histórico
alcalde de Córdoba por Izquierda Unida que ingresó en el PSOE procedente de
Nueva Izquierda en 2001. Numerosos cargos socialistas han figurado en el patronato de esta
entidad, con sede en Sevilla.
La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo ha tenido que
recurrir al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para notificar a
esta fundación el inicio del procedimiento
de reintegro en relación con
la subvención codificada como 98/2007/J/0095. El anuncio, en concreto, se publicó
el pasado miércoles.
No ha trascendido el importe concreto de dicha ayuda que se le reclama. A
preguntas de este periódico, fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio dijeron que no se ofrecen detalles de expedientes concretos y que la
información global sobre el procedimiento de revisión se ofrece en el
Parlamento.
Pese a que la web ofrece la apariencia de actividad e informa incluso de
supuestos nuevos cursos de formación en materia sociosanitaria, la sede de la
fundación está cerrada, como ha podido comprobar EL MUNDO de Andalucía. «[La fundación] lleva mucho
tiempo paralizada, no tenemos recursos para organizar actividades. La tenemos
en stand by esperando tiempos mejores», admite Herminio Trigo.
Según el presidente, la Junta les debe «mucho
dinero» por subvenciones concedidas en su día y que aún no se han abonado en su
totalidad, lo que les impide organizar nuevas actividades. Parte de la deuda
que mantiene la Administración autonómica con ellos, según el presidente, la
han logrado cobrar tras ganarle recursos en los tribunales.
«Hace meses que no sé nada de la fundación. Tenemos una oficina alquilada a
la Junta, pero creo que se cerró. No tenemos recursos. La fundación está prácticamente desmantelada. Oficialmente no está dada de baja, pero en la práctica lleva más de un año
que no funciona», añadió el ex regidor cordobés.
La Fundación Adelante se presenta en su web oficial como una promotora del
«desarrollo equilibrado y solidario de la comunidad autónoma de Andalucía de
forma que se garantice a todos sus ciudadanos una calidad
de vida digna». Con la entrada en
vigor del real decreto que reguló las agencias de colocación a finales de 2010,
la fundación fue autorizada a operar como una entidad de intermediación laboral
en coordinación con el servicio público de empleo.
En los patronatos que ha tenido la antigua Fundación por el Progreso de
Andalucía destacan conocidos cargos socialistas. Empezando por Herminio Trigo,
que accedió a la presidencia de la entidad cuando formaba parte de la ejecutiva
del PSOE andaluz como vocal.
Antes de Trigo, la presidencia la ocupó Antonio Llaguno, que también ha
desempeñado cargos
directivos en la Administración autonómica. En concreto, el ex alcalde de Cuevas de
Almanzora fue secretario general de Políticas Ambientales de la Consejería de
Medio Ambiente antes de ser nombrado consejero delegado de la Empresa Pública
de Desarrollo Agrario y Pesquero SA (Dapsa), el mismo puesto que tuvo en la
empresa Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa).
Durante años, la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación por el Progreso
de Andalucía la ocupó Blas Ballesteros, ex concejal socialista en la etapa de
Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde de Sevilla y cuyo nombre ha recobrado
actualidad. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, lo ha rescatado ahora como asesor
del servicio supramunicipal.
El diario Abc publicó
en mayo de 2012 que la Fundación por el Progreso de Andalucía había sufragado
el coste de diversos viajes internacionales realizados por Blas Ballesteros y
Francisco Álvaro Julio, hoy presidente de la empresa pública de capital riesgo
de la Junta (Invercaria).
En el mandato de Llaguno, una de las vocalías del patronato de la fundación
la ocupó Eduardo Bohórquez Leiva, ex parlamentario socialista que también
ejerció durante un año como director
general de Inspección y
Evaluación de Servicios en la etapa de Evangelina Naranjo como consejera de
Justicia y Administración Pública.
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