... Alaya quiere
terminar de instruir "sus casos" pero Núñez Bolaños considera que
ahora los casos son suyos dada la decisión de Alaya de aceptar un puesto en la
Audiencia. Tras
la batalla, se adivinan maneras muy distintas de instruir, además de opciones
muy distintas, entre ambas juezas. La relación de Alaya con la
Junta y el PSOE eran malas - siempre ha recibido severas críticas de haber
politizado el caso -, debido al
rigor de su instrucción certificada ya por el Tribunal Supremo. La relación de Bolaños con la Junta y el PSOE es mucho
mejor. Amiga
del consejero de Justicia e Interior, el ex fiscal Emilio de Llera, jefe
orgánico de su marido, Julio Güiza, el psiquiatra forense en la Consejería.
¿ “sorprendentes” actuaciones de la sustituta de la Ilma. Sra Alaya?
....la juez Bolaños ha advertido
a los jueces que van a decidir de las posibles nulidades que pueden producirse
en torno a la decisión del TSJA de encomendar a Alaya el caso de los ERE, dado
que la titular del juzgado es la juez natural predeterminada por la ley para la
instrucción del mismo, circunstancia que podría ser esgrimida por
alguna de las defensas de los más de 266 imputados en esta macrocausa.
Nueva sorpresa de la juez
Bolaños: investiga
al gobierno de la Nación en los ERE cuando gobernaba el PP a pesar de los
informes de la Guardia Civil
Alaya se resiste a dejar sus causas y su
sustituta decide investigar al gobierno del PP en 2002
Durante la mañana de hoy se conocerá la
decisión de la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el enfrentamiento de las jueces Mercedes
Alaya y María Núñez Bolaños por el control de las macrocausas. Alaya quiere terminar de instruir "sus casos"
pero Núñez Bolaños considera que ahora los casos son suyos dada la decisión de
Alaya de aceptar un puesto en la Audiencia. Tras
la batalla, se adivinan maneras muy distintas de instruir, además de opciones
muy distintas, entre ambas juezas. La relación de Alaya con la
Junta y el PSOE eran malas - siempre ha recibido severas críticas de haber
politizado el caso -, debido al
rigor de su instrucción certificada ya por el Tribunal Supremo. La relación de Bolaños con la Junta y el PSOE es mucho
mejor. Amiga
del consejero de Justicia e Interior, el ex fiscal Emilio de Llera, jefe
orgánico de su marido, Julio Güiza, el psiquiatra forense en la Consejería.
Como es sabido, el reparto que la Sala
de Gobierno aprobó en su reunión del pasado 23 de junio sobre las tareas de la
juez titular y sus dos jueces de apoyo, fue que Alaya continuara con la
investigación del caso de los ERE y del delito societario de Mercasevilla,
mientras que Núñez Bolaños se centraba en el sumario de los cursos de
formación -la causa más llamativa que se instruye actualmente en este órgano- y
el de los avales y préstamos concedido por la agencia IDEA.
Ninguna de las dos estuvo
de acuerdo. Rememora
el grupo Joly que la juez Alaya envió
directamente un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en
el que se oponía con vehemencia y argumentos contundentes al reparto aprobado y
reclamaba de nuevo para sí misma la instrucción de las tres macrocausas:
ERE, cursos y avales.
También la juez
Bolaños envió un escrito a la Sala de Gobierno del TSJA en el que
mostraba su desacuerdo con el reparto. Por un lado, creía que el caso de los ERE
no se debía decidir hasta que la Audiencia de Sevilla resolviera sobre la
división en piezas separadas, algo ansiado por la Fiscalía
desde hace años y no concedido nunca por la juez Alaya
Pero es más,
la juez Bolaños ha advertido a los jueces que van a
decidir de las posibles nulidades que pueden producirse en torno a la decisión
del TSJA de encomendar a Alaya el caso de los ERE, dado que la titular del
juzgado es la juez natural predeterminada por la ley para la instrucción del
mismo, circunstancia
que podría ser esgrimida por alguna de las defensas de los más de 266 imputados
en esta macrocausa.
Nueva sorpresa de la juez
Bolaños: investiga
al gobierno de la Nación en los ERE cuando gobernaba el PP a pesar de los
informes de la Guardia Civil
La sucesora de Alaya,
cuenta El Mundo, ha reactivado la investigación al Gobierno central por su
actuación en los ERE de la Faja Pirítica de Huelva, resueltos
con la formalización de pólizas de las que se beneficiaron 1.169 trabajadores y
para las que la Junta se comprometió a pagar más de 138,23 millones de euros.
Nueva decisión que accede a la petición del ex
secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Roberto
Carmona, imputado en la causa. Ahora, Bolaños reclama documentación pero a la
Delegación del Gobierno en Andalucía o a la Subdelegación del Gobierno en
Huelva en relación a la crisis de la Faja Pirítica de Huelva, uno de los
macroprocesos de prejubilaciones más costosos para la Junta.
También pide a la Dirección de Régimen
Jurídico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la que pide copia
completa de todos los expedientes incoados a la totalidad de los trabajadores
de la Faja Pirítica para la determinación de los coeficientes reductores y un
informe sobre los requisitos que se exigieron para establecer dichos factores
multiplicadores de la edad.
Gobierno del PP y Junta, gobernada por el
PSOE, firmaron un acuerdo marco en 2002 por el que se comprometían a apoyar a
los afectados –básicamente mediante el pago de prejubilaciones y
recolocaciones– para paliar esa situación. El documento del equipo de Delitos
Económicos y Tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la
Comandancia de la Guardia Civil de Huelva fue entregado al juzgado del caso ERE
el pasado 19 de marzo. En él, los investigadores policiales
consideran que es la actuación del gobierno central fue
"irreprochable" y que las irregularidades se dieron en la Junta.
De hecho, la Guardia Civil
cree que fue la Junta la que creó el "atajo" que le permitió
conceder ayudas a colectivos «sin que todos sus integrantes cumplieran las condiciones
para recibir las mismas», comprando de ese modo el "favor popular". Las
irregularidades fueron tantas que casi un tercio de los prejubilados de la Faja
Pirítica de Huelva –nada menos que 334 -, no debió beneficiarse de esas ayudas.
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