- El magistrado Barreiro afirmó durante un interrogatorio que no cree que no se hablara en los consejos de gobierno del convenio que facilitó las ayudas fraudulentas
Lo evidente
El
juez del Supremo ve incoherencias en las declaraciones de los acusados
La
investigación a los aforados
El juez del
Supremo ve incoherencias en las declaraciones de los acusados por los ERE
- El magistrado Barreiro afirmó durante un interrogatorio que no cree que no se hablara en los consejos de gobierno del convenio que facilitó las ayudas fraudulentas
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro
expresó durante el interrogatorio al exconsejero de Empleo de la Junta entre
2004 y 2010, Antonio Fernández, celebrado el pasado 30 de abril, varios
reproches al contenido general de las respuestas de los aforados en la causa
por los ERE fraudulento y señaló que no cree que si el convenio que
facilitó las ayudas socio-laborales era considerado una solución para toda
Andalucía no se hablara de este documento "con naturalidad" en
Consejos de Gobierno o "consejillos" preparatorios.
"Ésa es la primera pregunta
que me hago", señaló
el magistrado, para añadir: "Algo
malo tendrá ese convenio cuando nadie... se sientan aquí los propios imputados
y dicen no, no, yo el convenio no llegué a conocerlo, yo no supe del convenio
etcétera (...) Eso
es como si tenemos en el Tribunal Supremo un problema con la interpretación de
una norma y tenemos varias sentencias relacionadas, sí existe esa norma pero
nadie hablamos de esa norma, explíqueme usted eso".
Ante la insistencia de Jorge Barreiro, según la
transcripción de la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press, el
exconsejero Antonio Fernández llega a señalar que este asunto
"fue pacífico durante diez años en Andalucía", pues era conocido por
todos y nadie lo impugnó. En ningún
momento de este diálogo se citan nombres concretos ni a los expresidentes de la
Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
'Les pudo entrar miedo'
La cosa cambió, según admitió este exresponsable, cuando él
ingresó en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya. "Pienso
yo, libremente, que los demás que conocían el tema les puede entrar
perfectamente el miedo, y guardar en un Según
Fernández, entre los responsables de la Junta se hablaba "de los
problemas, no del procedimiento". cajón aquello que se conocía".
"Pues eso es una incógnita que desde luego no me han
resuelto ustedes con arreglo a las máximas experiencias elementales", le respondió el
magistrado, haciendo el símil con un "enfermo gravísimo" a quien se le encuentra
medicina.
"A partir de ahí solamente hablan ustedes de la
consecuencia de la enfermedad y no hablan de la medicina que encontraron --añadió el magistrado durante el
interrogatorio--. Eso es una incoherencia
lógica que cualquier persona o ciudadano medio, como decimos los juristas, no
entiende francamente bien".
Otra cuestión que al magistrado le parece contradictoria es que
el sistema que se implantó, y que reducía los controles, disparara el gasto de
forma "tan errática", lo que
llevó a la alarma a la Intervención General de Andalucía.
Al término de su intervención, el magistrado llega a espetar
al exconsejero
Fernández que sus respuestas --negando la existencia de ningún fraude-- no resultan
"convincentes" y se oponen de
forma "muy clara" a datos objetivos que obran en la causa.
Cómo puede ser
ilegal
Por su parte, en su declaración ante el instructor, los
catedráticos de Derecho Financiero Miguel Ángel Martínez y Juan Zornoza,
autores del informe pericial de parte presentado por Griñán, han respaldado el
uso de las transferencias de financiación al considerarlo un sistema
"legítimo".
En el acta de su
declaración, hecha pública este lunes, los dos peritos, que comparecieron
juntos ante el juez señalan su sorpresa por la "la insistencia en decir
una y otra vez en decir que las transferencias de financiación son un mecanismo
ilegal".
"No alcanzo a ver cómo
puede ser ilegal un mecanismo que la ley establece para transferir fondos de un
órgano de la administración a otra entidad instrumental de esa
administración", resume uno de
ellos según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.
Además, consideran "indiscutible" que las
transferencias de financiación pueden usarse para que el Instituto de Fomento
de Andalucía reciba los fondos con los que materializa el pago de ayudas
sociolaborales que ha concedido el director general de Trabajo.
Los peritos también recuerdan que los grupos parlamentarios
tuvieron conocimiento de la naturaleza de las ayudas y del régimen de concesión
y han ahondado en esa idea aseverando que el Parlamento instó al Gobierno a
articular un plan de ayudas sociolaborales. "El Parlamento lógicamente
conoció esas trasferencias de financiación y por su puesto su destino",
declarararon
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