- Alaya ordenó a la Guardia Civil examinar los programas por los que la Junta dio 2,4 millones a Magtel
- Una de las subvenciones la dio la cuñada del ex consejero Ojeda, imputado por la juez
MINERÍA. Fondos bajo sospecha
La adjudicataria
de Aznalcóllar, también investigada por el fraude de los cursos de formación
- Alaya ordenó a
la Guardia Civil examinar los programas por los que la Junta dio 2,4
millones a Magtel
- Una
de las subvenciones la dio la cuñada del ex consejero Ojeda, imputado por
la juez
La investigación que el Juzgado de Instrucción 3 de
Sevilla mantiene abierta por presuntas irregularidades en el concurso de
adjudicación de la mina de Aznalcóllar no es la única a la que se enfrenta la
empresa cordobesa Magtel, matriz del consorcio Minorbis-Grupo México que, desde
su publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), ostenta los derechos del yacimiento minero.
El fraude en los fondos para
la formación de la Junta de Andalucía que investiga la magistrada Mercedes
Alaya amenaza también a la adjudicataria de la mina, que recibió del gobierno andaluz más de 2,4
millones de euros de los programas y partidas presupuestarias que están bajo
sospecha.
Según ha podido
confirmar EL MUNDO de Andalucía, dos sociedades del grupo Magtel, Magtel Redes
de Telecomunicaciones S.A. y Magtel Sistemas S.A., se beneficiaron de sendas
subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo al amparo de los programas
32.D y 32.L, los mismos que la juez Alaya está
revisando tras detectar gravísimas irregularidades en ellos.
Alaya, según se desprende autos como el que dictó el pasado 16 de
septiembre, ha puesto la lupa en las ayudas a la formación concedidas por la
Administración autonómica a partir de 2002 y a través de programas como el 32.D
y similares, como el 32.L. Precisamente,
de ambos recibió fondos el conglomerado de Magtel. Tal y como recoge el BOJA, la Consejería de Empleo incluyó a la
adjudicataria de la mina de Aznalcóllar en dos resoluciones de concesión de
fondos destinados a «acciones de formación».
Según consta en el BOJA del 8 de abril de 2011, la Dirección
General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo otorgó 2.000.127 euros a Magtel
Redes de Telecomunicaciones S.A. en el marco del Programa 32D, «Formación para
el Empleo». Y un año después, el BOJA volvió a publicar la
concesión de otra subvención, esta vez por un importe de 356.586,39 euros, a
Magtel Sistemas S.A. por parte de la misma dirección general de la Consejería
de Empleo y, en esta ocasión, con cargo al programa 32.L. La orden la firmaba la directora general, Teresa Florido,
cuñada a su vez del principal imputado por el caso de los fondos de formación,
el ex consejero socialista Ángel Ojeda.
Alaya ha dado instrucciones a la Guardia Civil para que recabe
información acerca de todas las ayudas concedidas dentro de los programas 32.D
y 32.L desde el año 2002 en adelante, aunque estos programas también centran
las pesquisas de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del
Cuerpo Nacional de Policía, dentro de la operación bautizada como Edu.
Los 2,4 millones de estos dos programas bajo sospecha son
sólo una parte de los 14 millones que, como publicó ayer este periódico, ha
otorgado mediante distintas figuras legales la Junta de Andalucía a Magtel en
los últimos cinco años. Magtel
ha recibido inyecciones económicas de la Junta prácticamente sin interrupción
en los últimos seis años y con los sucesivos gobiernos del PSOE, tanto con la
actual presidenta, Susana Díaz, como con sus antecesores, José Antonio Griñán y
Manuel Chaves.
Con
todo, la etapa de Griñán al frente de la Junta fue la más beneficiosa para
Magtel. Con él en el Palacio de San Telmo, la adjudicataria de la explotación
minera que causó el desastre ambiental de 1998 resultó 'agraciada' con más de
10,6 millones de euros. De acuerdo con la información recabada en los registros
oficiales de la Junta, la
empresa cordobesa se ha beneficiado desde 2009 de subvenciones por un importe
de más de 3,5 millones de euros; contratos públicos por un valor cercano a los
siete millones de euros y préstamos por otros cuatro millones. En total, casi 14,2 millones de euros, a
una media de más de dos millones al año.
Estas cifras cobran
especial relevancia en el marco de la investigación abierta por el Juzgado de
Instrucción 3 de Sevilla acerca de, entre otras cuestiones, supuestas
irregularidades en subvenciones recibidas por Magtel. No sólo por la Junta de
Andalucía, sino también por
el Ministerio de Industria en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero como
presidente del Gobierno central.
De
hecho, la juez Celia Belhadj ha ordenado a la Unidad contra la Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que examine las ayudas
públicas recibidas de administraciones en manos del PSOE, incluyendo los nueve
millones de euros que el gobierno de Zapatero le dio. La orden de indagar estas
supuestas irregularidades la incluye la magistrada en el auto por el que abre
diligencias previas acerca del concurso convocado por la Junta de Andalucía
para adjudicar los derechos de explotación del yacimiento de Aznalcóllar.
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