El órgano obliga a Empleo a iniciar desde cero el procedimiento por la caducidad y las irregularidades en muchas ayudas
ANDALUCÍA / ESCÁNDALO EN EMPLEO
El Consultivo rechaza expedientes de la Junta para recuperar el dinero de los ERE
El órgano obliga a Empleo a iniciar desde cero el procedimiento por
la caducidad y las irrgularidades en muchas ayudas
RAÚL DOBLADO
El proceso que ha emprendido el Gobierno andaluz para recobrar parte del dinero defraudado en el caso de los ERE está revelándose como un camino de espinas. El Consejo Consultivo ha devuelto algunos de los 189 expedientes de revisión de oficio que abiertos declarando nulas las ayudas que la Consejería de Empleo, cuyas competencias están integradas actualmente en la de Economía que preside Antonio Ávila, destinó a financiar directamente a empresas y prejubilar a trabajadores durante la década que analiza la investigación judicial (2001/10). Dos motivos explican el archivo de los expedientes: en primer lugar, la mayoría de ellos caducan por la demora de los trámites, pero también decaen debido a los numerosos fallos hallados en las diferentes fases del procedimiento de instrucción, muy largo y complejo desde el punto de vista jurídico.
La casuística es muy variada. De hecho, el propio Consultivo no tiene una posición común ante ayudas concedidas sin procedimiento, de modo totalmente arbitrario.Unas veces dictamina favorablemente a la revisión de oficio de la Junta y en otros casos, a partir del mes de diciembre, le enmienda la plana y devuelve los expedientes sin tan siquiera entrar en el fondo.
En el primer caso, la tramitación simultánea de expedientes de nulidad incoados por la Consejería de Empleo desde hace un año ha provocado un monumental atasco burocrático no sólo en los servicios jurídicos de la Junta sino en el Consejo Consultivo, que debe emitir un informe vinculante sobre cada ayuda para determinar su legalidad y la idoneidad del proceso iniciado por la Junta para lograr que el dinero retorne a las arcas públicas.
En la mayoría de los casos, el órgano fiscalizador obliga a la Junta areiniciar desde cero el procedimiento de revisión de oficio porque excede el plazo estipulado de tres meses para resolver los expedientes, que es ampliable en otro mes y medio. Unas veces la causa es el ritmo flemático con el que trabaja la Consejería en gran parte debido a las dificultades para contactar con los beneficiarios de los fondos. Hay que tener en cuenta que se trata de empresas quebradas hace años. En otras ocasiones, los expedientes caducan debido al bloqueo que sufre el Consultivo, que no da abasto para emitir los dictámenes (vinculantes) ante el aluvión de procedimientos que entran cada día.
Paradigmático es el caso de las ayudas concedidas para prejubilar a trabajadores de Nature Pack Minas de Río Tinto SA por un importe total de 1,34 millones, en el periodo de 2008 a 2010, tras la marcha de la Dirección General de Trabajo de Francisco Javier Guerrero. La Junta sometió al dictamen del Consultivo la anulación de los convenios y resoluciones que sustentaron dos subvenciones y un préstamo a la empresa.
El órgano fiscalizador observa «importantes carencias» en su tramitación. A saber, la Junta no informa con claridad a los interesados de la causa concreta de nulidad, tampoco se les da audiencia para que formulen alegaciones y no les facilita documentos clave como el informe del Gabinete Jurídico, lo que los situaría en una situación de indefensión.
RAÚL DOBLADO
El proceso que ha emprendido el Gobierno andaluz para recobrar parte del dinero defraudado en el caso de los ERE está revelándose como un camino de espinas. El Consejo Consultivo ha devuelto algunos de los 189 expedientes de revisión de oficio que abiertos declarando nulas las ayudas que la Consejería de Empleo, cuyas competencias están integradas actualmente en la de Economía que preside Antonio Ávila, destinó a financiar directamente a empresas y prejubilar a trabajadores durante la década que analiza la investigación judicial (2001/10). Dos motivos explican el archivo de los expedientes: en primer lugar, la mayoría de ellos caducan por la demora de los trámites, pero también decaen debido a los numerosos fallos hallados en las diferentes fases del procedimiento de instrucción, muy largo y complejo desde el punto de vista jurídico.
La casuística es muy variada. De hecho, el propio Consultivo no tiene una posición común ante ayudas concedidas sin procedimiento, de modo totalmente arbitrario.Unas veces dictamina favorablemente a la revisión de oficio de la Junta y en otros casos, a partir del mes de diciembre, le enmienda la plana y devuelve los expedientes sin tan siquiera entrar en el fondo.
En el primer caso, la tramitación simultánea de expedientes de nulidad incoados por la Consejería de Empleo desde hace un año ha provocado un monumental atasco burocrático no sólo en los servicios jurídicos de la Junta sino en el Consejo Consultivo, que debe emitir un informe vinculante sobre cada ayuda para determinar su legalidad y la idoneidad del proceso iniciado por la Junta para lograr que el dinero retorne a las arcas públicas.
En la mayoría de los casos, el órgano fiscalizador obliga a la Junta areiniciar desde cero el procedimiento de revisión de oficio porque excede el plazo estipulado de tres meses para resolver los expedientes, que es ampliable en otro mes y medio. Unas veces la causa es el ritmo flemático con el que trabaja la Consejería en gran parte debido a las dificultades para contactar con los beneficiarios de los fondos. Hay que tener en cuenta que se trata de empresas quebradas hace años. En otras ocasiones, los expedientes caducan debido al bloqueo que sufre el Consultivo, que no da abasto para emitir los dictámenes (vinculantes) ante el aluvión de procedimientos que entran cada día.
Paradigmático es el caso de las ayudas concedidas para prejubilar a trabajadores de Nature Pack Minas de Río Tinto SA por un importe total de 1,34 millones, en el periodo de 2008 a 2010, tras la marcha de la Dirección General de Trabajo de Francisco Javier Guerrero. La Junta sometió al dictamen del Consultivo la anulación de los convenios y resoluciones que sustentaron dos subvenciones y un préstamo a la empresa.
El órgano fiscalizador observa «importantes carencias» en su tramitación. A saber, la Junta no informa con claridad a los interesados de la causa concreta de nulidad, tampoco se les da audiencia para que formulen alegaciones y no les facilita documentos clave como el informe del Gabinete Jurídico, lo que los situaría en una situación de indefensión.
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