martes, 26 de febrero de 2013

El TSJA rechaza que el Servicio Andaluz de Salud sea una agencia administrativa de la Junta

La decisión afecta también a los institutos de la Mujer y de la Juventud



“El decreto ahora anulado por el TSJA, contra cuya decisión no cabe recurso, suponía que en las seis nuevas agencias administrativas se producían cambios en aspectos relacionados con su régimen jurídico, con su patrimonio y con su régimen de contratación, de manera que se establecía que debían de hacer aquello que se les encomendara desde la comunidad autónoma mediante modelos de financiación de colaboración público-privada”, ha señalado Manuel Cascos esta mañana.



ANDALUCÍA / TRAS UN RECURSO DE SATSE

El TSJA rechaza que el Servicio Andaluz de Salud sea una agencia administrativa de la Junta



R. AGUILAR / CÓRDOBA

Día 26/02/2013 - 12.53h

La decisión afecta también a los institutos de la Mujer y de la Juventud


El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo el decreto de la Junta de junio de 2011 por el que el Gobierno regional convirtió en agencias administrativas seis entidades que hasta la fecha dependendían directamente de él, entre ellas el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Instituto Andaluz de la Juventud y el Instituto de la Mujer. El responsable del Sindicato de Enfermería (Satse) en Córdoba, Manuel Cascos, ha dado a conocer esta mañana el fallo contra la citada resolución de la Junta, que la entidad que él preside recurrió.



“El decreto ahora anulado por el TSJA, contra cuya decisión no cabe recurso, suponía que en las seis nuevas agencias administrativas se producían cambios en aspectos relacionados con su régimen jurídico, con su patrimonio y con su régimen de contratación, de manera que se establecía que debían de hacer aquello que se les encomendara desde la comunidad autónoma mediante modelos de financiación de colaboración público-privada”, ha señalado Manuel Cascos esta mañana.



Según Satse, la sentencia del TSJA recalca que el decreto de la Junta de junio de 2011 “pone en entredicho los derechos de los trabajadores de las seis entidades afectadas” y subraya que la decisión de convertirlas en agencias administrativas vulnera el derecho de los sindicatos a ejercer su función.




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