lunes, 9 de septiembre de 2013

El consejero Ávila pagó 121.000 euros de más a la empresa de su "defendido" Bienvenido Martínez

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El consejero Ávila pagó 121.000 euros de más a la empresa de su "defendido" Bienvenido Martínez

La Junta de Andalucía adjudicó a Experience Management Groupempresa constituida por el que fuera presidente de Santana Motor  hasta que se decidió el cierre de la compañía, Bienvenido Martínez Martínez, dos meses antes de la operación, un contrato de asesoramiento por más de 280.000 euros, aunque la cifra inicial concertada fue de 159.000, 121.000 euros más. Además de presidir Santana Motor, una fábrica de perder dinero de la Junta de Andalucía, fue consejero de Sadiel y Sandetel, empresas en su día propiedad de la Junta  y responsable de inversiones estratégicas de IDEA. El actual consejero de Economía, Antonio Ávila, defendió a Bienvenido Martínez alegando que era una vergüenza que el PP se dedicara a decir que la "corrupción está instalada en todas las consejerías".
Bienvenido Martínez es hermano de Juan Carlos Martínez, que trabajaba en el gabinete del ya exconsejero Francisco Vallejo, titular de la Consejería en el momento de la construcción del centro y responsable de las ayudas de la Junta, y del ex ministro Bernat Soria en el Ministerio de Sanidad y cuyo último puesto en la Junta ha sido llevar un observatorio de Innovación en la Agencia IDEA en Málaga, ciudad donde reside con su compañera sentimental, la exdelegada de Innovación de la Junta y actual portavoz del PSOE en la oposición municipal, María Gámez. Juan Carlos Martínez fue asimismo director de gabinete de Gaspar Zarrías cuando ocupaba la Secretaría de Estado de Coperación Territorial.
Como ya informó LIbertad Digital hace casi un año,  la Junta de Andalucía había contratado a Experience Management Group (EMG), empresa de  Bienvenido Martínez, luego consejero delegado de Redsa, para llevar su centro de negocios dependiente de la Agencia IDEA a Madrid, operación que fue denunciada por el PP. Actualmente sólo quedan oficinas vacías. La empresa de Bienvenido Martínez se creó poco antes de la adjudicación del contrato.


Hoy El Mundo repite aquella noticia y dice que la diputada del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, denunció en 2011, en concreto en una pregunta parlamentaria sobre el funcionamiento del centro de negocios de empresas del Gobierno andaluz en Madrid, dependiente de la agencia IDEA, el «despilfarro del dinero público» en un ente que había costado «1,3 millones para asesorar a once empresas» en cuatro años. Según la popular, en noviembre de 2009 Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia), sociedad encargada de gestionar el centro de negocios público y participada por IDEA, adjudicó trabajos de consultoría y asesoramiento a Experience Management Group sin concurso por los que cobraba 159.948 euros.

Dicha empresa se creó dos meses antes de que se le concediera el contrato, con un capital social de 3.000 euros y con un administrador único: Martínez Martínez.
Ruiz-Sillero criticó, además el «desorbitado» sueldo del conductor de Fagia, de más de 42.000 euros al año, cuando el salario medio de esos profesionales ronda los 25.000. Y fue más allá: expresó sus sospechas acerca de que el organismo de negocios fuera una «tapadera» para desviar dinero público a personas afines al PSOE y se preguntó si se trataría de otro «fondo de reptiles», en alusión al caso de los ERE irregulares.


El consejero Ávila se "retrató" en favor de Bienvenido
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, negó entonces que hubiera habido despilfarro de los fondos públicos destinados al centro de negocios de la Junta en Madrid, ya que, según dijo, había asesorado a 135 empresas y permitido que Ezentis se instalara en la comunidad, lo que supuso unos 500 empleos. Si bien, admitió que nació con mayores expectativas y anunció que sus funciones se transferirían a la delegación del Gobierno andaluz en Madrid, con la coordinación de IDEA y Extenda, otra entidad pública, como medida de ahorro.
Ávila negó que se hubiera producido un trato de favor a Experience Management Group. Explicó que Fagia contrató sus servicios por un importe de 159.948 euros y que se le adjudicó el contrato al ser la mejor oferta sobre un precio de referencia de 175.000.
A respuesta de una nueva pregunta parlamentaria formulada en mayo de este año por Ruiz-Sillero sobre la situación del contrato de asesoramiento firmado con Experience Management Groupe y el centro de negocios de la capital madrileña tras su cierre, el consejero de Economía informa ahora de que «dicho contrato se encuentra finalizado desde el 30 de abril de 2011, y el importe abonado durante su duración fue de 280.935,32 euros», en lugar de los 159.948 que se reconocieron en un principio; una diferencia de 120.987,32 euros.
En el número 286 del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) consta la respuesta y, además,  se puede leer también la respuesta a otra cuestión sobre el mismo asunto. Preguntado por la diputada popular sobre la situación de los empleados del ente público tras echar el candado, Ávila asegura que en el momento del cierre «había dos personas trabajando». «Una de ellas –matiza- causó baja voluntaria y la otra fue despedida cobrando una indemnización de 26.476,09 euros».
El centro de negocios de la Junta se puso a disposición de las empresas en junio de 2007 en unas dependencias propias en Madrid (aunque tenía edificio en Málaga) con el objetivo de apoyar el crecimiento y expansión de las empresas a los mercados nacionales e internacionales. Tuvo una vida de cuatro años, dado que fue clausurado en 2011. 

La empresa Redsa y el escándalo de un edificio en el Parque Tecnológico de Málaga pagado con dinero público y  un empresario "amigo" de la Junta


El Gobierno de España investiga desde el año pasado el uso dado a un edificio de Redsa construido con fondos europeos de I+D en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga.
En 2008, el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya titular era la socialista Cristina Garmendia, concedió casi 5 millones a Redsa en un préstamo sin interés pagadero en 15 años en un momento en que las entidades financieras no daban crédito a nadie para la construcción de un Centro de Investigación de la propia empresa en el parque Tecnológico de Málaga. Pero en vez de ello se alquiló a Indra. Dos personas están en el centro de la investigación:Bienvenido Martínez, hermano de un colaborador de Gaspar Zarrías, y Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Corporación Industrial de Andalucía, dependiente de la Junta, y socio de Felipe González y su hijo Pablo.
Joaquín Moya-Angeler, conocido empresario, expresidente de IBM España y del Grupo Leche Pascual, accionista de Tagua, la sociedad gestora de capital riesgo que encabeza Felipe González, en la actualidad miembro del consejo rector de la Agencia IDEA y presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, recibió del Ministerio de Ciencia e Innovación 4,8 millones de euros para instalarse e investigar en el Parque Tecnológico de Málaga. Sin embargo, con ese dinero se ha construido un complejo de oficinas y se lo ha alquilado a otra empresa, Indra, para la que trabajó hasta junio de 2010. La empresa de Moya Angeler que recibió las ayudas es Red Tecnológica de Servicios de Asistencia Sanitaria S.A. (Redsa).
La construcción del edificio Redsa en el Parque Tecnológico de Andalucía se adjudicó a la constructora PEACHE, del Grupo Leche Pascual. Joaquín Moya-Angeler es, según consta en el Registro Mercantil, administrador de la Corporación grupo Leche Pascual y formaba parte del Consejo de Administración de TEYPE, del grupo Pascual. En la página web de la empresa se publicitó en abril de 2010 la adjudicación del edificio REDSA en el Parque Tecnológico de Málaga, indicando que es un edificio "singular de innovación en asistencia sanitaria".
Martínez y Moya-Angeler coincidieron en IDEA, la famosa gestora del fondo de reptiles del caso de los ERE y señalada de nuevo por los negocios de InvercariaBienvenido Martínez fue alto cargo de IDEA y Moya Angeler fue consejero.
Añade este lunes El Mundo que el gobierno ha mandado a un notario hace unas semanas al edificio de Redsa en Málaga para levantar acta de qué tipo de investigación se hacía allí tras haber recibido un préstamo blando de 4.798.870 de euros, con tres años de carencia y a un tipo de interés cero.
Naturalmente, el Ministerio alude al decreto del BOE donde se dice que "los equipamientos e infraestructuras que se adquieran con cargo a estas ayudas serán propiedad de las entidades beneficiarias de las mismas, que deberán incorporarlas a sus inventarios y destinarlas al uso para el que han sido concedidas". Pero está alquilado a otra empresa.
Al parecer, en Málaga ya no quedan prácticamente trabajadores de Redsa y, de hecho, a los pocos que estuvieron se les colocó en la zona de máquinas expendedoras del edificio de 4.300 metros cuadrados alquilado a Indra, empresa en la que Moya-Angeler presidió la comisión de retribuciones a sus directivos.
El caso de Joaquín Moya Angeler
El ahora exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, nombró en 2005 a Moya-Angeler como presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía donde asimismo trabaja Iraida Cano González, actual pareja de Vallejo como "directora de centro tecnológico avanzado y responsable técnico del sector de ocio y turismo". La Corporación se presentó en su día como la propulsora del paraíso I+D+I en Andalucía.
La agencia IDEA, en todas las salsas de dinero oscuro andaluz, también concedía ayudas y subvenciones que iban a parar a manos de miembros de su Consejo Rector. Es el caso de Joaquín Moya-Angeler Cabrera, antiguo directivo de IBM y administrador de numerosas empresas privadas y socio de Felipe González Márquez, expresidente del Gobierno, y su hijo, Pablo González Romero.
Moya-Angeler Cabrera recibió más de 1,5 millones de euros para desarrollo de una de sus empresas privadas, Red Tecnológica de Servicios de Asistencia Sanitaria SA (REDSA), para su "creación" aunque la empresa llevaba en activo 16 años. Además, recibió ayudas del Ministerio y de la Junta de Andalucía para otros proyectos.
Moya Angeler y Felipe González e hijo
Moya-Angeler era amigo y socio de Felipe González en la sociedad de inversión Tagua Capital, que era una firma de capital riesgo para empresas innovadoras que impulsa el expresidente González junto a 14 destacados directivos y empresarios como Amparo Moraleda y Joaquín Moya-Angeler, expresidentes de IBM en España y Portugal; Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI); Ignacio López Gandásegui, presidente de la aeronáutica Aernnova y ex consejero delegado de Gamesa; José Pemán, presidente de la firma de inversiones Clover; Antón Arriola, exdirectivo de Goldman Sachs, o César Molinas, exdirectivo de Merrill Lynch.
Felipe González asumió la presidencia no ejecutiva de Tagua, que preveía captar entre 120 y 150 millones de euros en un primer fondo que invertirá en empresas innovadoras de España y Latinoamérica, fundamentalmente en Brasil y México.
La empresa Maatg Tecnology, nombrada también como Gnubila, propiedad de Alfonso Ríos Alonso y Pablo González Romero, hijo del expresidente del Gobierno, no atravesaba un buen momento y Joaquín Moya-Angeler tomó una participación de la misma. Luego se produjo la entrada de Indra, de la que asimismo era administrador Moya-Angeler, en el capital de la empresa convirtiéndose en el principal accionista de la misma.
La sociedad instrumental que controla Maatg Technology toma el nombre de Oyauri Investment y está presidida por Joaquín Moya y en el resto del consejo hay tres representantes de Indra, Regino Morachel Fernández, Santiago Roura Lama y Juan José González Álvarez, además de Alfonso Ríos y Pablo González Romero, lo que indica que es la compañía Indra -la beneficiaria del alquiler del supuesto centro de investigación del Parque Tecnológico de Málaga- la que controla la compañía, estando la gestión en manos de los fundadores.

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