martes, 29 de septiembre de 2020

Noticia del 19-2-2019. Máxima difusión. Importante. Los funcionarios piden por carta a Juan Manuel Moreno que desmonte ya la «administración paralela» de la Junta de Andalucía. La Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, pide por carta al bipartito revertir «la ley del enchufismo» y devolver la gestión a las consejerías. Hay que restablecer los controles de Derecho administrativo, que el partido socialista previamente eliminó mediante la LRSPA, origen de las corrupciones que padecemos. Sacan la gestión de los asuntos públicos fuera de la Administración, entregándola a los entes instrumentales (Agencia IDEA, FAFFE (ahora integrada en el SAE), a EGMASA (ahora AMAYA), a DAPSA (ahora AGAPA), al SAE, consorcios UTEDLT, etc..) , evitando así los controles legales en la gestión económica y financiera, en la contratación pública, en las subvenciones, en la selección de personal, etc. lo que la doctrina llama "huida del derecho administrativo." = Ver enlaces Escritos dirigidos al Gobierno de la Junta de Andalucía ( Presidente, Partido Popular + Vicepresidente, Partido de Ciudadanos). Es obligación del nuevo gobierno garantizar «la neutralidad de las actuaciones públicas y la seguridad jurídica de los ciudadanos».


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Importante.
  • La Asociación Defiendo mi Derecho pide por carta al bipartito revertir «la ley del enchufismo» y devolver la gestión a las consejerías

Los funcionarios mueven ficha después de que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) advirtiera de que el personal laboral de las agencias empresariales de la Junta de Andalucía no tiene potestad para tramitar subvenciones, solicitar su devolución o hacer inspecciones. Estas tareas administrativas están reservadas por ley a quienes acceden a la Administración mediante concurso u oposición.

Con esta munición jurídica, la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública ha enviado sendas cartas al presidente andaluzJuanma Moreno (PP), y a su vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), en las que solicitan que devuelvan a las consejerías de la Junta y a los funcionarios «la gestión ordinaria de la actividad pública» que había dejado en manos del personal de la llamada «administración paralela».

«Esta es la única forma real de garantizar a los ciudadanos que las potestades públicas las realiza exclusivamente el personal funcionario» de las consejerías, «sin necesidad de intermediarios ni entes instrumentales interpuestos», señala en sus misivas esta asociación que ha presentado decenas de recursos contra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz aprobada en 2011.


En las cartas remitidas el pasado 8 de febrero, el colectivo insta a los máximos responsables del Gobierno bipartito a restablecer «sin demora» los «controles de Derecho Administrativo que previamente eliminó el PSOE». La norma que los sindicatos denominaron como «ley del enchufismo» supuso la integración de más de 23.000 trabajadores de empresas públicas en nuevas agencias.

La ley de reordenación del sector público supuso la integración de más de 23.000 empleados de las empresas de la Junta

La reforma, que sacó a la calle a miles de funcionarios, empezó a fraguarse en el año 2010, a través de un decreto ley, que meses después tomó cuerpo como ley.

Defiendo mi Derecho lleva nueve años batallando contra esta norma que, a su juicio, «constituye un ejemplo» de «huida del Derecho Administrativo» porque delega tareas administrativas en personal que accedió a un empleo público «sin haber realizado proceso selectivo constitucional alguno».

En la actualidad, hay 27.304 personas trabajando en el entramado de empresas públicas, agencias, fundaciones y consorcios, según un documento difundido por el Ejecutivo de Susana Díaz durante el traspaso de poderes a Moreno. En los presupuestos prorrogados de 23.899, si se atiende a la cifra que aparece en los presupuestos prorrogados de la Junta. La ley atribuye «la gestión ordinaria de las funciones administrativas a entes instrumentales, agencias públicas empresariales, regidos fundamentalmente por derecho privado», explican.

El TS ve «con preocupación» el riesgo de que este personal intervenga en la tramitación de expedientes. Pero secunda las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha mantenido, a través de distintos fallos, que no es la ley en sí, sino los actos concretos realizados por cualquier otra persona que no sea funcionario los que estarían viciados de ilegalidad.

La controvertida reordenación fue recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP cuando estaba en la oposición. En noviembre de 2015, el TC avaló la reordenación autonómica, pero la sentencia no fue unánime. Dos magistrados emitieron un voto particular con la tesis de que la Junta había elaborado un «traje a medida».


Ver enlace ..



El colectivo de funcionarios insta al nuevo gobierno a revertir el modelo diseñado por el PSOE para garantizar «la neutralidad de las actuaciones públicas y la seguridad jurídica de los ciudadanos»Uno de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es aprobar una nueva Ley de la Función Pública.

La atribución de tareas propias de funcionarios a la «administración paralela» ha dado pie a una docena de macrocausas en los juzgados que, recuerdan, tienen como hilo conductor el «menoscabo de fondos públicos y fraudes generalizados»: ERE, Formación, Invercaria, Santana, Avales de IDEA y Fondos Jeremie, entre otras.


Ver  textos de los escritos con documentos adjuntos y  con registro de entrada.







"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.



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Ver documentos entregados en pdf con enlaces accesibles.








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TODOS SOMOS UNO.



Nuestro trabajo, sirve y ha servido; tenemos que sentirnos orgullosos por ello....


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9 años y 33 recursos entablados, DMDyGP una acción colectiva no institucional, loable.


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Enfrentarse a un Régimen como el andaluz, no es fácil....los recursos van por un lado y los hechos por otro, todos la sabemos, la sociedad también, la batalla de la opinión pública se ha ganado y el Régimen socialista ha caido, ha perdido el gobierno....y algo hemos contribuido a ello....

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Nuevo gobierno de Andalucía (PP + Ciudadanos.)


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Hay una ventana de oportunidad: ¿sabrán aprovecharla?


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A. Obligación y Responsabilidad.

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Al nuevo Gobierno le corresponde,  GARANTIZAR el bloque de constitucionalidad, la neutralidad de las actuaciones públicas y la seguridad jurídica de los ciudadanos y administrados de Andalucía.

Para  hacerlo posible,  tienen que revertir la Ley de Reordenación del Sector Público –modifica la LAJA-, RESTABLECIENDO  LOS CONTROLES, QUE EL PSOE DE ANDALUCIA SE OCUPO PREVIAMENTE  DE ELIMINAR, y devolver a las Consejerías la gestión ordinaria de la actividad pública que implica el ejercicio de potestades públicasUNICA FORMA REAL DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS ADMINISTRADOS, ASEGURANDO QUE ESTAS SEAN EJERCIDAS POR FUNCIONARIOS.


B. OPORTUNIDAD.


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Ver también  estos enlaces ya publicados:


Máxima difusión. El Supremo impone cambios en la administración andaluza antes que el gobierno PP-Cs = Una administración neutral al servicio de los administrados, el restablecimiento de los controles de derecho administrativo, garantizando la seguridad jurídica de los ciudadanos; ese es, entre otros, el gobierno del cambio que pide y necesita Andalucía.

El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que las potestades públicas están reservadas por ley a los funcionarios. Con ello deja claro de una vez que el personal laboral de las agencias empresariales de la Junta de Andalucía no es quién para intervenir en una subvención pública, ni concederla ni revisarla. Eso es algo que sólo deberían haber hecho los funcionarios.

La decisión es capital por cuanto es el resultado final de un largo combate político y administrativo por parte de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que defiende con ardor el papel del funcionario y que lleva años advirtiendo y denunciando cómo el personal laboral colocado al margen del procedimiento administrativo en la administración paralela de la Junta usurpaba las potestades públicas de los funcionarios.......


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