El Supremo impone cambios en la administración andaluza antes que el gobierno PP-Cs
- El alto tribunal decide que sólo los funcionarios pueden repartir subvenciones, lo que puede suponer un cambio radical en la Junta de Andalucía.
El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que las potestades públicas están reservadas por ley a los funcionarios. Con ello deja claro de una vez que el personal laboral de las agencias empresariales de la Junta de Andalucía no es quién para intervenir en una subvención pública, ni concederla ni revisarla. Eso es algo que sólo deberían haber hecho los funcionarios.
La decisión es capital por cuanto es el resultado final de un largo combate político y administrativo por parte de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que defiende con ardor el papel del funcionario y que lleva años advirtiendo y denunciando cómo el personal laboral colocado al margen del procedimiento administrativo en la administración paralela de la Junta usurpaba las potestades públicas de los funcionarios.......
Nuevo gobierno de Andalucía (PP + Ciudadanos.)
Hay una ventana de oportunidad: ¿sabrán aprovecharla?
A. Obligación y Responsabilidad.
Le corresponde, GARANTIZAR el bloque de constitucionalidad, la neutralidad de las actuaciones públicas y la seguridad jurídica de los ciudadanos y administrados de Andalucía; .
B. OPORTUNIDAD.
Terminar con la indefensión de los ciudadanos y EEPP constitucionales que al día de hoy proseguirá irreversiblemente si no se revierte la Ley de Reordenación del Sector Público y sus efectos.
"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.
Manifestación de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010.
Ver enlace ..
El Supremo impone cambios en la
administración andaluza antes que el gobierno PP-Cs
- El alto tribunal decide que sólo los funcionarios pueden repartir subvenciones, lo que puede suponer un cambio radical en la Junta de Andalucía.
El Tribunal Supremo (TS) ha
sentenciado que las potestades públicas están reservadas por ley a los
funcionarios. Con ello deja claro de una vez que el personal laboral de las
agencias empresariales de la Junta de Andalucía no es quién para intervenir en
una subvención pública, ni concederla ni revisarla. Eso es algo que sólo deberían
haber hecho los funcionarios.
La decisión es capital por
cuanto es el resultado final de un largo combate político y administrativo por
parte de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que defiende
con ardor el papel del funcionario y que lleva años advirtiendo y denunciando
cómo el personal laboral colocado al margen del procedimiento administrativo en
la administración paralela de la Junta usurpaba las potestades públicas de los
funcionarios.
Esta Asociación está inspirada
en la voluntad de cambio y regeneración de la funcionaria Guillermina Bermejo
que llegó incluso a ser acosada y casi "encerrada" por la Junta de
Andalucía sola en un palacete con el fin de apartarla de sus compañeros. Su
delito era presidir, en su vida privada, la Asociación Defiendo mi Derecho y la
Gestión Pública, que mantenía y mantiene decenas de pleitos contra la ‘ley del
enchufismo’ de la Junta.
El destierro laboral casi
fantasmal pretendía hacerle desistir de su batalla contra el empeño socialista
de equiparar a los funcionarios de carrera con los miles de trabajadores de las
empresas públicas -en 24.000 se han cifrado hace poco- contratados sin pasar
por oposición o concurso de méritos alguno.
Aunque no siempre se define en
el ordenamiento jurídico lo que son las "potestades públicas", está
claro que la propia Ley de Función Pública vigente en la Junta de Andalucía
desde 1985 dice que, con carácter general, los puestos de trabajo de la
Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos, serán
desempeñados por funcionarios públicos. Pero, como es habitual, se introducían
unas excepciones, la manga ancha utilizada por la Junta como medio para eludir
el sentido y el espíritu de la ley.
La obediencia de la Junta al
Derecho Administrativo y al papel de los funcionarios comenzó a desdibujarse,
cuando no a desacatarse, cuando tanto la legalidad como el papel custodiador de
la misma por parte de los funcionarios, comenzó a impedir decisiones que el
PSOE y la Junta querían adoptar.
Ya antes de la Junta
Desde antes de 1982, el PSOE
comenzó una carrera alocada, partidista y sin freno de colocaciones a dedo en
lo que se llamó los "preautonómicos", personal empleado a dedo a los
cuales después de hizo funcionarios mediante pruebas ad hoc. A ello siguió la
construcción de una categoría de "laborales" que no eran funcionarios
pero que estaban al servicio de la Administración para otros menesteres como
limpieza, conserjerías, mantenimiento de estructuras y, después impuso el
sistema preferencia de los interinos designados a los que privilegió
concediéndole méritos diferenciadores en las oposiciones convocadas.
Poco a poco se consolidó lo que
ha sido considerado una administración paralela en toda regla que ha sido utilizada
para suplantar a los funcionarios usurpando sus funciones con el fin de
conseguir objetivos que no podrían haber sido alcanzados aplicando
estrictamente el Derecho Administrativo.
Un golpe decisivo
La sentencia del Tribunal
Supremo da un golpe decisivo a lo que ha sido una práctica deformatoria y
usurpadora del papel de los funcionarios en Andalucía. Ha sido la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo la que en sentencia dictada
el pasado 29 de enero unifica doctrina con otro fallo emitido quince días antes
en los mismos términos.
Sin embargo, la decisión del
Supremo no ha sido en su totalidad la que espera la Asociación Defiendo mi
Derecho y la Función Pública. Cuenta ABC que se ha confirmado en su integridad
el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estimó en parte el
recurso presentado por la citada asociación de funcionarios contra el decreto
por el que se modificaban los estatutos de la agencia IDEA al amparo de la Ley
de Reordenación del Sector Público de Andalucía de 2011, más conocida como
"ley del enchufismo".
Recuérdese que, debido a la
promulgación de esta norma, a la que precedió un decreto famoso, los
funcionarios e incluso laborales andaluces salieron a la calle en un número
desconocido hasta entonces. Más de 40.000 personas se manifestaron contra la
ley del enchufismo de Griñán, que impuso la integración en la Junta de los
miles de trabajadores de las fundaciones, entes y empresas públicas.
![[foto de la noticia]](http://estaticos04.elmundo.es/elmundo/imagenes/2010/11/13/andalucia/1289655526_extras_ladillos_1_0.jpg)
En la sentencia se concluye que
el «personal laboral» no puede llevar a cabo "actuaciones o funciones de
dación de fe pública y gestión de registros administrativos, asesoramiento
legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económica,
financiera y presupuestaria, de evaluación, control, vigilancia e inspección»,
tareas "de naturaleza indudablemente administrativa".
Por tanto, se advierte a la
Junta que la administración paralela creada no puede asumir tareas
administrativas como la concesión de subvenciones, toda vez que no pueden
ejercerlas porque en ellas no trabajan funcionarios. Pero el Supremo no entra
en la cuestión de si la agencia IDEA, siempre en todas las salsas corruptas de
la Junta y a la que se refiere la sentencia, está o no amparada por el Derecho
Administrativo y puede o no ejercer las potestades públicas reservadas a los
funcionarios.
A pesar de lo cual, el Supremo
admite tener preocupación por el hecho de que personal diferente a los
funcionarios de carrera sean los que ejerzan actividades que exige disponer de
la potestad pública reservada a ellos. El Supremo obliga a respetar tal
potestad a los funcionarios, que debe contemplarse en las Relaciones de Puestos
de Trabajo de la Junta y admite que Defiendo mi Derecho y la Función Pública
sea la que vigile que las potestades públicas de funcionarios "no sean
atribuidas y desempeñadas por el personal laboral integrado en la
agencia".
Tampoco puede olvidarse que el
Tribunal Constitucional avaló la "ley del enchufismo" en 2015 y
desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma presentado por
el PP, partido que ahora está en el Gobierno andaluz. Recuerda ABC que hubo un
voto particular en contra de esta decisión que avisaba de la "huida del
Derecho Administrativo" con el sistema creado por la Junta. Nueve años
después, contra esta ley ha habido 35 impugnaciones judiciales.
La asociación recurrente, a
pesar de todo, considera que se ha logrado que sean funcionarios los que
controlen el dinero público, sino que dispongan de un sello en un registro de
entrada, certificando la existencia de unos datos en un archivo determinado o
comparar y valorar distintas solicitudes para dar una subvención y que ese
"sellito verde" sólo puede ser usado por el personal funcionario.
Es un paso más, advierte, para
que "que devuelvan a la Administración lo que le pertenece, que devuelvan
las cosas a la posición jurídica anterior al decretazo", que luego se
elevó a rango de ley.
Contrasta esta actitud con la
tibieza y contradicciones del nuevo gobierno que prometió adelgazar la
estructura de la administración paralela, pero con contradicciones evidentes.
Aunque se están eliminando entidades, agencias y fundaciones (hasta ahora 85
consorcios, una fundación y una agencia pública) no se sabe cuál va a ser el
destino del personal empleados en ellos.
El Mundo subraya las tensiones
internas que están generando los intereses encontrados de dos partidos, PP y
Ciudadanos, que les ha obligado a subdividir competencias sin que se sepa muy
bien quién es responsable de qué. Por ejemplo, el área de Administración
Pública está en manos del PP, pero la Administración Local en manos de
Ciudadanos, lo mismo que ocurre en otros casos fracturándose así áreas y
competencias.
Pero se complica el asunto en
relación con la Administración paralela cuando la Agencia Extenda, que
promociona la actividad exterior de las empresas andaluzas, ni está adscrita a
Economía ni a Empleo y Formación, ambas áreas dominadas por Ciudadanos. De
hecho, está inmersa en la estructura de la Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas e Interior que conduce Elías Bendodo, del PP.
Otro ente público, Cetursa, que
gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, está asignado como competencia
de la Consejería de Hacienda y no de Economía con lo que cualquier regeneración
a fondo de la administración paralela, su reducción y el destino de su personal
-tarea en principio dependiente de Juan Marín y su superconsejería, se antoja,
cuando menos, como problemático.
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