12-5-2019 PRESUPUESTO ANDALUZ DEL GOBIERNO DEL CAMBIO. Vox tiene al Gobierno andaluz contra las cuerdas: exige eliminar 150 entes públicos
- Consejeros del PP apurarán negociando con los diputados de Abascal para convencerlos de que no tumben el primer Presupuesto no socialista mientras sube la presión por Madrid.
.....Afirman que es inviable un Presupuesto de 36.495 millones de euros con una deuda de 4.573,7 millones, “que se ha multiplicado por cuatro en 10 años”, y ponen todo el foco en las agencias públicas. “La clave está en la administración paralela de la Junta de Andalucía, sus agencias, que manejan prácticamente el 50% del presupuesto no financiero”. El documento, al que accedió este periódico, incluye un extenso listado de agencias públicas empresariales, agencias administrativas, fundaciones y consorcios y fondos sin personalidad jurídica donde Vox exige que se meta la tijera de forma drástica.
Repasan, uno a uno, los entes públicos que recibirán transferencias de financiación desde el Gobierno andaluz y subrayan que es insostenible que existan “1.101 entes públicos en Andalucía, 409 de la Junta de Andalucía”. Exigen “considerar los entes por naturaleza jurídica y ver su verdadera utilidad”. El argumentario con el que los diputados de Vox acudieron a la negociación señala que “estos entes reciben subvenciones por 4.103 millones de euros y tienen una cifra de negocio de 577.224 euros”. “Ganan 600.000 euros y nos cuestan 4.000 millones. Por cada euro que producen hay que añadir siete más para mantenerlos abiertos”. Exigen analizar con detenimiento cuáles pueden cerrarse o rentabilizarse.
Señalan entes autonómicos que consideran que se pueden cerrar o desmantelar ahora o en 2020, porque están “duplicados” respecto a las competencias de las consejerías. Entre otros, la Agencia de Evaluación Educativa, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia Pública de Educación, Agencia de Desarrollo Económico, Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) o la Agencia de Defensa de la Competencia. Apuntan también a la supresión de la Agencia Tributaria de Andalucía o a las empresas de suelo y vivienda.
Por Max Estrella, siempre gracias.
El pasado mes de mayo, Libertad Digital publicó fragmentos de una entrevista que el periodista de dicho medio, Pedro de Tena, realizó al presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios, Carlos Ezequiel Sánchez Morales, y a un servidor. En lo que a mí concierne, publico aquí la entrevista en su integridad; que, dada su extensión, el citado medio, por razones de disponibilidad de espacio, supongo, solo publicó fragmentariamente. Ahí queda:
1.- ¿Cuándo se encendieron las alarmas por lo que el PSOE perpetraba en la administración pública desde antes de 1982?
R.- Dejemos a un lado –por archisabido- el primer intento formal de las leyes 6 y 7 de 1988, con el que se pretendió convertir la vinculación contractual de los llamados ‘preautonómicos’ y ‘transitorios’ por otra de naturaleza funcionarial; esto es, hacerlos funcionarios por la cara. Ya sabemos cómo acabó con el transcurso de los años. Además, en cualquier caso, esto era una operación, digamos, de poca monta. El primer intento serio -a gran escala- surgió inmediatamente después de esto. En el año 1989.
Este es un episodio apenas conocido en la historia de la función pública andaluza, pues no llegó siquiera a iniciar formalmente su andadura, fuera de los despachos de la dirigencia del partido y de los altos cargos de la Función Pública. En el año 1989, el Partido Socialista planteó ya la desintegración del modelo de Función Pública basado en la estructura de cuerpos funcionariales y su sustitución por un entramado sectorial de “agencias”, algo muy similar a lo que terminaron perpetrando en el año 2010 con los infames decretos-leyes 5 y 6, que culminaron en la conocida Ley del Enchufismo. La primera ley socialista de Función Pública estatal, la famosa Ley 30/1984, ya asestó un duro golpe a la estructura corporativa; pero sin eliminarla. La pretensión del Partido en Andalucía iba mucho más lejos. El intento no prosperó, sin embargo, por la negativa de los responsables de la Función Pública, que en esas fechas dirigía Manuel Gracia, como consejero de Gobernación. A diferencia de lo que sucedió con los citados “transitorios” y “preautonómicos”, en el que las diferencias entre la dirección del Partido y el Gobierno se zanjaron drásticamente por parte del Partido aprobando las respectivas leyes mediante proposiciones de ley, al tener garantizado el Partido el control del grupo parlamentario y, la mayoría, pues, de la Cámara, necesaria para su aprobación; en el caso del modelo de agencias, la negativa del Gobierno no tuvo discusión. Tal vez porque el asunto era suficientemente complejo como para llevarlo a cabo sin el concurso del Gobierno, o ya fuera porque en esos momentos la cabeza de Pepote estaba de facto colocada en la bandeja de plata. No puede olvidarse el contexto en que se desarrollaba la acción: un duelo de partidista entre facciones del Partido; unos atrincherados en la dirección del partido (encabezados por su secretario general, Carlos Sanjuán), frente a otros parapetados en la Junta, al frente de la cual estaba Rodríguez de la Borbolla, su presidente). De modo que, pienso, el Partido dejó pasar el asunto, esperando, tal vez, mejores tiempos y partidarios más dispuestos.
Después de esto, el modelo clientelar se fue forjando del modo clásico. Esto es, metiendo poco a poco a los propios. Directamente en numerosos casos, lo que se suele decir vulgarmente a dedo; y en otros, bajo apariencia –engañosa- de libre concurrencia. Rematado luego con los famosos acuerdos de estabilidad, y la degradación de las condiciones de acceso hasta facilitar un ingreso ventajoso en la Función Pública, y un cuerpo funcionarial agradecido y leal. Paralelamente, se fueron creando entes instrumentales de Derecho Privado, al margen del sistema administrativo, en los que se fue colocando al grueso de la clientela. Dado que estas entidades no estaban sometidas a control alguno en la contratación de su personal. Naturalmente, todas estas entidades como, por ejemplo, la empresa Egmasa, la fundación FAFFE, etc., se nutrían del presupuesto público.
Aquí nada escandalizaba y pocos eran conscientes del modelo que se estaba forjando. Como suele ocurrir con los regímenes de esta naturaleza, cuando las personas y las instituciones decentes percibieron el problema, ya era demasiado tarde. Entonces, ya nadie se atrevía a hablar. Ni fuera ni dentro de la Administración. La Justicia ya estaba sometida (Montesquieu, muerto y enterrado); la prensa controlada; la Administración tomada y la sociedad civil narcotizada.
No olvidemos dónde hemos vivido; bajo qué régimen.
2-Antes de que el color naranja fuera símbolo de Ciudadanos, lo fue de los funcionarios andaluces... ¿no?
R.- Pues no del todo. Aquí nadie da una puntada sin hilo y, como no podía ser de otro modo, en Torretriana el color de la protesta era el morado. ¿Por qué? Pues no sé si, tal vez, tuviese algo que ver con ello que algunos de los pioneros de la protesta fuesen después notorios dirigentes podemitas y ya estuviesen promocionando la imagen de marca, o mera casualidad. Vete a saber…
3.- ¿Qué desencadenó las manifestaciones históricas de 2010 y 2011?
R.- La naturaleza humana -su vanidad- exige a veces una mixtificación de la realidad. Eso sucedió, creo. Se ha hablado y escrito de la ‘revolución funcionarial’, de la ‘revolución naranja’. Un mito.
Desde que se desveló la intención del régimen de convertir en empleados públicos a la legión de empleados (de 25 a 30 mil, según diversas fuentes) enchufados en los entes instrumentales de la Junta -con desprecio de los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad-, fueron docenas los actos de protesta que tuvieron lugar con ocasión de actos institucionales de la Presidencia de la Junta, como, por ejemplo, la entrega de los premios Meridiana, inauguración del SICAV, etc…; pues bien, nunca llegaron al centenar los que se congregaban para expresar su repulsa. ¿Qué ocurrió, pues, con las grandes manifestaciones? Pues, muy sencillo: mero oportunismo. Las encuestas auguraban la victoria del PP y el fin del régimen (lo primero sucedió; no así lo segundo, como es sabido). A la masa le gusta acudir en auxilio de los vencedores, como suele decirse. Yo vi en esas manifestaciones a significados socialistas, típicos beneficiarios de la situación que, supuestamente, estábamos denunciando.
Aquello fue, por tanto, oportunismo y remar a favor de la corriente. Despejada la incógnita y aunque los hechos demostraron que la situación iba a peor, la masa volvió a tornarse silenciosa, como lo había sido durante el largo periodo durante el cual se crearon las referidas entidades, futuras agencias, y se metió en ellas, por la puerta de atrás, a esa legión de enchufados. Sólo quedaron las pocas voces críticas infatigables que, antes, durante y después, han venido dando la batalla. El Sindicato Andaluz de Funcionarios, entre ellas; y el único sindicato, por cierto, entre los que tienen representación.
4.-Cuál fue la actitud de otros partidos políticos?
R.- El único partido político que apoyó abiertamente la batalla contra la ley del enchufismo fue el Partido Popular. Que incluso llegó a plantear dos recursos de inconstitucionalidad contra los decretos-leyes y contra la Ley. Es curiosa la posición de Izquierda Unida. Como en el año 2010-2011 el PSOE tenía mayoría absoluta, su posición respecto a la Ley de Reordenación era crítica. De hecho, la Ley fue aprobada con el apoyo exclusivo del PSOE; votando en contra el PP y absteniéndose IU. Yo tuve ocasión de debatir el tema con el diputado responsable de función Pública de IU (Pedro Vaquero, fallecido en 2016) y se mostraba muy crítico con el PSOE, tal vez por su condición funcionarial comprendía personalmente la aberración que suponía la ley. Sin embargo, todo esto cambió cuando a primeros de 2012, ante la victoria electoral del PP, IU pasó a formar gobierno en coalición con el PSOE, con el vicepresidente Valderas, de infausta memoria. IU cambió de trinchera, igual que hizo con los famosos recortes sociales provocados por la crisis, y que no tuvo reparo en criticar en Madrid y el cinismo de practicar en Andalucía.
4 bis.- Cuál de los sindicatos UGT, CCOO. CSIF, USO y otros sectoriales.
R.- Los sindicatos sectoriales, salvo la asociación docente PIENSA, a cuyos miembros veíamos con frecuencia en actos reivindicativos, no comprendieron, pese a que algunos hacíamos hincapié en ello, que el tema de la reordenación también iba con ellos; que afectaba seriamente a la profesionalización de la sanidad y la educación –tanto a la no universitaria en todos sus niveles como a la universitaria-. En cuanto a CSIF, mantuvo en los primeros momentos una actitud tibia, para posteriormente tomar partido abiertamente a favor de la Junta. Sin duda, no por nada personal, sólo por negocios.
Respecto a CC.OO y UGT, sobran las palabras. Todo el mundo sabe que, en tanto que principales beneficiarios de la operación, junto al PSOE, eran no sólo defensores de ésta sino impulsores y cómplices activos. Y siguen siéndolo.
5.-Qué trato se ha dado en la Junta al SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios) a lo largo de su historia?
R.- Según mi percepción, desde su creación, el SAF ha sido un sindicato incómodo para la Junta socialista. El único. Porque, precisamente, ha sido el único que ha antepuesto el interés de los representados al acomodo que podría haber disfrutado de haberse sometido, como los otros, a los dictados de la Junta. La realidad es que, desde hace años, el SAF es el único sindicato que defiende los intereses funcionariales y un modelo de Administración Pública conforme a lo que proclama nuestra Constitución.
6.- ¿Podemos hablar de una decepción Arenas?
R.- Desde mi punto de vista en absoluto. Arenas ha sido el único político que ha mostrado mayor grado de comprensión y de compromiso en esta lucha contra la desintegración del modelo de Administración constitucional en Andalucía.
7.-Los gobiernos de Susana Díaz, ¿empeoraron la situación?
R.- Sin duda alguna. Las resoluciones judiciales que ampararon jurídicamente sus propósitos le dieron alas y una especie de salvoconducto para seguir en la misma línea. De hecho, la llamada administración paralela creció bajo su mandato, al tiempo que el número de funcionarios se reducía. Es decir, Susana (con el apoyo explícito de Ciudadanos) siguió fielmente el guión profundizando en el desgaste del modelo de Administración constitucional y el fortalecimiento del modelo “agencístico”, con lo que ello conlleva sobre igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, en falta de garantías y arbitrariedad en el ejercicio de las potestades administrativas frente a los ciudadanos y en el mantenimiento de las altas cotas de ineficiencia y corrupción.
8.-La lucha judicial: un resumen.
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TODOS SOMOS UNO.
R.- Muy sencillo. Por un lado, el tribunal Constitucional desestimó el recurso del Partido Popular, aunque con unos interesantes y fundados votos particulares. Téngase en cuenta que eludieron juzgar el modelo que se pretendía imponer; cosa que los votos particulares no quisieron eludir. Centrados, pues, en la letra chica, digamos hablando en plata que se quitaron el problema de encima. Como en tantas otras ocasiones suelen hacer, por cierto.
Ver enlace ..
En cuanto al TS, como no creo en las casualidades, estoy en la creencia de que el PSOE, directa o indirectamente, maniobró hábilmente para designar al ponente de las dos primeras sentencias –necesarias para sentar jurisprudencia-; cómo se explicaría, si no, que dicha responsabilidad recayera en un Magistrado –Pablo Lucas Murillo de la Cueva (o de la Cuerda)-, integrado en la carrera judicial por el desprestigiado turno de juristas de reconocido prestigio; sistema, como ha quedado demostrado, ideado para que los partidos políticos colonicen la justicia y corrompan la independencia judicial. No creo en casualidades tan sospechosas. Además, su participación en el pleito era contraria a la legalidad. Perdóneme por la autocita, pero yo lo advertí en su momento:
No es admisible que para enjuiciar un asunto de la naturaleza de este, al que nadie niega su esencia política, se designe como ponente a un juez que debe su condición de juez al partido político autor del objeto del pleito. Es inaceptable que un juez promovido a juez por el partido político que, con anterioridad, lo nombró letrado del Consejo General del Poder Judicial, enjuicie un asunto en el que dicho partido y sus aliados sindicales –UGT y CCOO- tienen un directísimo interés. Es inaceptable que un juez que fue designado para un alto puesto en la Administración del Estado (subdirector general de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia) por el PSOE, enjuicie este pleito.
La imparcialidad es esencial, tanto que sin juez imparcial no hay Justicia posible. Nuestra Constitución la garantiza. La imparcialidad consiste no tanto en la actuación del juez –que es irrelevante a estos efectos- como en la existencia de determinadas circunstancias –subjetivas u objetivas- que induzcan a pensar que pueda no serlo. Es decir, en la apariencia de imparcialidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en sus decisiones sobre los casos “De Cubber” y “Piersack” dejó bien sentado la importancia de las apariencias en esta materia; afirmando que debe abstenerse todo juez del que pueda temerse legítimamente una falta de imparcialidad, pues va en ello la confianza que los tribunales de una sociedad democrática han de inspirar a los justiciables.”
De modo, que ante tal panorama la lucha judicial se ha centrado en dos aspectos derivados de las referidas sentencias, que tienen mucha importancia: Uno, que estos empleados integrados en las agencias públicas no pueden desempeñar potestades administrativas, porque su ejercicio está reservado en exclusiva, por la Constitución y las leyes, a los funcionarios; y, dos, que este personal no forma parte de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Es decir, la principal batalla judicial se centra en estos momentos en impedir que los empleados de la llamada administración paralela usurpen potestades reservadas a funcionarios; o sea, hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Ardua tarea, cuando el gobierno no muestra voluntad.
Ver recordatorio enlaces:
9.-Y llegó el cambio… ¿Y qué ha ocurrido?
R.- Lo de ‘gobierno del cambio’ produce sonrojo. Ahí está, por ejemplo, su medida estrella: la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que no es más que un pufo. Un pufo, además, con desprecio del Código Civil –sobre el que la Junta carece de competencias-, pues, por ejemplo, obliga a que las donaciones de bienes muebles entre padres e hijos se realicen en escritura pública (cosa que hasta este momento no era así), violando lo expresamente dispuesto en el Código Civil, que dispone: “La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente o por escrito. La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Faltando este requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta en la misma forma la aceptación.” Una burla, al cabo. Lo comido por lo servido y negocio para las gestorías y notarías. Y así, podríamos seguir señalando otras muchas ‘reformas’. Laboriosa nadería, casi.
En cuanto al tema que nos viene ocupando, el gobierno del cambio ha dado muestras –tácitas y expresas- en sus primeros cien días de que no tiene intención alguna de acabar con este injusto e ilegal estado de cosas.
A la vista de las numerosas resoluciones judiciales recaídas en este pleito, el nuevo gobierno sólo tiene tres opciones, a mi juicio, estas son:
a) Desobedecer las sentencias del TS y del TSJA, y seguir permitiendo que el personal de la administración paralela siga usurpando el ejercicio de potestades administrativas competencia de los funcionarios; lo cual constituiría un delito.
b) Mantener sin funciones, mano sobre mano, pero cobrando del presupuesto público a estos veintitantos mil empleados; lo cual constituiría un delito.
c) Iniciar los trámites legales precisos para desarticular y eliminar la administración paralela; tal como, por otra parte, prometieron en sus programas electorales.
10.- ¿Hay futuro para una administración pública, limpia, neutral, de todos y ajustada a Derecho?
R.- No. Tajantemente no. Al menos con estos partidos y con estos jueces. Tajantemente no, mientras subsista un régimen partitocrático y un sistema judicial como el actual. Tajantemente no, porque no hay voluntad.
11. Me he olvidado de las 50.000 firmas de los "interinos" que quieren concurso de méritos, sin concurrencia de todo andaluz que quiera.
R.- El eterno retorno. Volvemos siempre al mismo punto de partida. Otorgar ventajas contrarias a los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. Dicen los jueces que los interinos ya han acreditado su capacidad, precisamente en el desempeño de sus cargos. Y no lo niego, lo que sucede es que olvidan ese otro elemento del ‘mérito’; es decir, que otros, igualmente capaces, acrediten más méritos y, por tanto, más derecho. Todo lo que no sea eso, son trampas que convierten en papel mojado la bonita letra de la Constitución. Los poderes públicos de este país son muy dados a la política de hechos consumados. Crean un problema, por negligencia, incapacidad o dolo, y luego proponen soluciones al margen de la ley, o retorciendo la ley, porque, precisamente, la solución que desean –que les conviene a sus intereses políticos- no tiene encaje en la ley.
Nada parece cambiar con el gobierno del cambio.
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