- El ex director general de Trabajo, condenado a cinco años y nueve meses de prisión, acordó «crear una estructura paralela administrativa» en la Consejería con «amigos y vecinos»
...Tres exdirectores generales de Trabajo, dos exsecretarios generales técnicos y un empresarios han sido condenados por el denominado caso Umax. Se les acusaba de crear «una estructura administrativa paralela» en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo por la que se contrató a trabajadores de la empresa Umax, muchos de ellos con relación «de amistad y vecindad» con los ex directores generales Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, para hacer tareas reservada a funcionarios.
Tras el juicio celebrado durante los pasados meses de enero, febrero y marzo, el tribunal condena al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y al administrador de la empresa, Ulpiano Cuadrado, a 5 años y 9 meses de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta por los delitos referidos, mientras que impone una pena de 5 años y 3 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta al también ex director general de Trabajo Juan Márquez y a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. Además, y por vía de responsabilidad civil, estos cinco acusados indemnizarán a la Junta de manera solidaria en diferentes cantidades que suman en total 1.353.672,05 euros.
.....Según el fallo al que ha tenido acceso ABC, Guerrero, Márquez y su sucesor en el cargo, Daniel Rivera; dos ex secretarios generales técnicos de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina; y el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, han sido condenados como autores de delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad documental oficial por las contrataciones vinculadas con Umax entre 2003 y 2010, en concreto la de 44 trabajadores que desarrollaron tareas en distintas sedes de la Consejería. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia avala la acusación ejercida por la Fiscalía en este procedimiento.
.......A finales de abril o principios de mayo de 2010, habiendo sido nombrado el 13 de abril de 2010 director general de Empleo el acusado Daniel Alberto Rivera, éste recibió la visita del empresario acusado, «quien le puso en conocimiento la situación de los trabajadores de su empresa en la Dirección General y delegaciones provinciales y reclamaba el pago de su contraprestación», de forma que, «ante la ilegalidad que apreció, decidió comunicarlo»” al viceconsejero de Empleo, que «le indicó que arreglara el desaguisado junto con la secretaria general técnica y que los trabajadores debían abandonar ‘ipso facto’ las dependencias de la Consejería, lo que así se hizo».
Así, se procedió «al despido del personal por parte de Umax, intermediando, seguidamente, Daniel Rivera y Lourdes Medina en la contratación de la mayor parte de dichos trabajadores por Faffe como así se produjo, consiguiendo que se mantuvieran en el mismo destino que anteriormente tenían en la Dirección General de Trabajo no obstante saber la ilegalidad de tal forma de contratación»....
Y comentario de una compañera para todos:
¿Y el Gobierno del Cambio, PP y Ciudadanos, quiere blanquear a todo este personal y al resto que está en la FAFFE contratado con el mismo método, haciendolo funcionario con unas pruebas "a medida"?
¿Y que hace mientras la Sra, Bolaños?
CASO FAFFE. La juez Núñez rechaza investigar los «enchufes» de la fundación contra el paro de la Junta de Andalucía
- La instructora descarta, como pidió el PP, requerir al Servicio Andaluz de Empleo los expedientes de contratación «a dedo» del personal
- Muchos de estos trabajadores eran del «círculo íntimo» del ex director general de Trabajo
¿Y que hace el personal laboral de la Administración paralela, de selección digital juntera, comete delitos de usurpación de funciones públicas?
TRIBUNALES.
Caso Umax: más de cinco años de cárcel para cuatro ex altos cargos por una red paralela de enchufes en la Junta de Andalucía.
- El ex director general de Trabajo, condenado a cinco años y nueve meses de prisión, acordó «crear una estructura paralela administrativa» en la Consejería con «amigos y vecinos»
Tres
exdirectores generales de Trabajo, dos exsecretarios generales técnicos y un
empresarios han sido condenados por el denominado caso Umax. Se les acusaba de
crear «una estructura administrativa paralela» en la Dirección
General de Trabajo de la Consejería de Empleo por la que se
contrató a trabajadores de la empresa Umax, muchos de ellos con relación «de
amistad y vecindad» con los ex directores generales Francisco Javier Guerrero y
Juan Márquez, para hacer tareas reservada a funcionarios.
Tras
el juicio celebrado durante los pasados meses de enero, febrero y marzo, el
tribunal condena al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y al
administrador de la empresa, Ulpiano Cuadrado, a 5 años y 9 meses de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta
por los delitos referidos, mientras que impone una pena de 5 años y 3 meses de
cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta al también ex director general de
Trabajo Juan Márquez y a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería
Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. Además, y por vía de responsabilidad
civil, estos cinco acusados indemnizarán a la Junta de manera solidaria en
diferentes cantidades que suman en total 1.353.672,05 euros.
En
la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de
casación, la Sección Tercera condena al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, por un delito de prevaricación,
a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
7 años. Además, el tribunal acuerda deducir testimonio de las facturas y emails
aportados por una testigo y remitirlo a la Fiscalía «por si los hechos a los
que se refieren pudieran integrar un supuesto delito».
Según
el fallo al que ha tenido acceso ABC, Guerrero, Márquez y
su sucesor en el cargo, Daniel Rivera; dos
ex secretarios generales técnicos de Empleo Javier Aguado y Lourdes
Medina; y el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, han sido condenados
como autores de delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad
documental oficial por las contrataciones vinculadas con Umax entre 2003 y
2010, en concreto la de 44 trabajadores que desarrollaron tareas en distintas
sedes de la Consejería. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia avala
la acusación ejercida por la Fiscalía en este procedimiento.
A
Francisco Javier Guerrero, acusado también en el caso ERE, le impone su primera pena por corrupción: cinco años y nueve meses
de prisión, inhabilitación absoluta durante diez años, inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono
del 18,75% de las costas. Y la primera pena llega en una pieza que tiene su
origen en la causa matriz de los ERE y que la
juez Mercedes Alaya mandó a reparto, siendo instruida
esta causa por el Juzgado número diez de Sevilla.
Guerrero creó una
estructura paralela en Empleo
La
Audiencia considera probado que Guerrero, en fecha
no determinada de 2003 y ostentando el cargo de director general de Trabajo,
«decidió crear en dicho organismo público y en los servicios de su Dirección
General en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una
estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las
previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente» para dicha
Dirección General y delegaciones provinciales, «con incumplimiento de la normativa de contratación en el sector
público».
Para
ello, Guerrero, según la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, «concertó verbalmente» con el administrador único de
Umax «que contratara las personas que él le indicara» para que «prestaran sus
servicios en exclusiva en distintas sedes de la Consejería de Empleo,
principalmente en la Dirección General de Trabajo o en las delegaciones
provinciales citadas, abonándosele la retribución que estableciera» el
empresario para sus empleados «más las cuotas de la Seguridad Social, IVA y un
porcentaje que nunca sería inferior al 20% como beneficio empresarial, con
el perjuicio que ello implicaba para la Administración Pública, que no habría
necesitado pagar estos últimos conceptos de haber realizado su contratación por
los cauces legales».
Amigos, familiares y
vecinos contratados
La
Audiencia asevera que, de conformidad con ese acuerdo verbal, «han llegado a
contabilizarse, al menos, 44 trabajadores
contratados por dicha empresa o por otras de las que era
administrador» uno de los acusados, precisando que «algunos de los trabajadores
estaban relacionados por vínculos de vecindad y amistad» con Guerrero «y también de parentesco» en el caso de
Juan Márquez, quien, como director general de Trabajo,
«decidió mantener a los trabajadores de Umax y de otras entidades en la sede de
la Dirección General que presidía y delegaciones provinciales, en la misma
situación económica acordada por su antecesor».
Además, Márquez «acordó contratar más personas con la
misma finalidad, conociendo la situación de ilegalidad en
la que se habían incorporado y mantenido en tal relación laboral en las sedes
de la Consejería de Empleo».
En
este punto, el tribunal señala que, «para poder cobrar Umax lo pactado
verbalmente, ante la ilegalidad de la contratación que se había realizado de
trabajadores para desempeñar los puestos que se les asignaban en los indicados
organismos de la Consejería de Empleo, se utilizó el sistema de
simular la concertación de contratos menores inexistentes (...)
o bien se acudía a procedimientos de negociación
sin publicidad en los que se invitaba a participar a tres
empresas vinculadas con Umax», las cuales «eran indicadas por Francisco Javier
Guerrero o personal subordinado, a fin de aparentar legalidad en
la tramitación del expediente y conseguir la designación arbitraria de ésta
mercantil para un servicio que, después, no se realizaba».
La
Sección Tercera indica que, en 2007, «se abandonó el sistema de abono a Umax y
otras vinculadas a través de los contratos menores y procedimientos negociados
sin publicidad« para »ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando,
igualmente mediante conceptos falsos, por la Fundación Andaluza de
Fondos para la Formación y Empleo (Faffe), dada la mayor facilidad
que tenía en la contratación y pago, proviniendo los fondos destinados a dichos
abonos de subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejería de
Empleo, entre ellos, la propia Dirección General de Empleo, la Consejería de
Empleo y la Secretaría General Técnica en la época en la que ostentaba la
Jefatura de este último organismo»Lourdes Medina,
quien, «igualmente, era consciente de la realidad de la
contratación ilegal del personal de Umax y sus sociedades vinculadas
y de la forma de pago de las facturas emitidas por dicha entidad».
En
este punto, manifiesta el tribunal que los dos ex secretarios generales
técnicos, Medina y Javier Aguado, condenados
«intervinieron en dichos contratos con Umax, siendo la Secretaría
General Técnica la que actuó como contratante del último concierto abonado a
Umax, de fecha 17 de noviembre de 2010, por importe de 20.945 euros, cuya
propuesta de pago fue firmada» por la acusada «sin contar con memoria
justificativa del supuesto contrato».
A
finales de abril o principios de mayo de 2010, habiendo sido nombrado el 13 de
abril de 2010 director general de Empleo el acusado Daniel Alberto Rivera, éste recibió la visita del
empresario acusado, «quien le puso en conocimiento la situación de los
trabajadores de su empresa en la Dirección General y delegaciones provinciales
y reclamaba el pago de su contraprestación», de forma que, «ante la ilegalidad
que apreció, decidió comunicarlo»” al viceconsejero de Empleo, que «le indicó
que arreglara el desaguisado junto con la secretaria general técnica y que los trabajadores debían abandonar ‘ipso facto’ las
dependencias de la Consejería, lo que así se hizo».
Así,
se procedió «al despido del personal por parte de Umax, intermediando, seguidamente, Daniel Rivera y Lourdes Medina en la contratación de la mayor
parte de dichos trabajadores por Faffe como así se produjo,
consiguiendo que se mantuvieran en el mismo destino que anteriormente tenían en
la Dirección General de Trabajo no obstante saber la ilegalidad de tal forma de
contratación».
La Junta incumplió clamorosamente la normativa
La
Audiencia asevera que las cantidades correspondientes al pago de las nóminas de
los trabajadores de Umax cedidos a la Consejería de Empleo y en las
delegaciones provinciales desde 2003 a 2010 ascienden a 2.445.545,80 euros.
A
juicio del tribunal, «no estamos ante una mera irregularidad administrativa,
sino ante una contravención legal grave que supone prescindir de las normas
esenciales del procedimiento tanto en lo que se refiere a la contratación pública como en lo que se refiere
al acceso al empleo público», subrayando que, «no existiendo expediente
administrativo ni justificación previa, ni contrato, el
incumplimiento de la normativa aplicable es clamoroso».
Además,
«con el contrato verbal realizado, se ha permitido un
desvío injustificado e ilegal de caudales públicos a favor de terceros,
aceptado y consentido por las autoridades y funcionarios actuantes», asevera el
tribunal, que indica que los acusados, «siendo los primeros garantes del
interés público, con conciencia de los métodos ilegítimos e inciertos
utilizados para el cobro de los salarios y del beneficio económico acordado»
por Guerrero a favor del empresario, «los aceptaron y mantuvieron de forma
sucesiva durante el tiempo en que ostentaron el cargo de directores generales
de Trabajo y secretarios generales técnicos», todo ello «a sabiendas del
perjuicio que provocaban a las arcas públicas».
«La
suplantación del procedimiento legal de tramitación, la falsificación de las facturas a instancias de los
responsables del control administrativo, la ausencia de rigor en la
comprobación y tramitación de los expedientes de pago y de adjudicación de los
procedimientos negociados sin publicidad, conociendo la ilegalidad de la
contratación de personal externo y la continuidad en tales hechos, justifica la
decisión adoptada respecto a la apreciación de participación en concepto de
autores de los acusados en la ejecución de los citados delitos continuados,
salvo el particular, que lo es como cooperador necesario», argumenta el tribunal.
La
Audiencia sólo condena a Daniel Alberto
Rivera por un delito de prevaricación y no por malversación y
falsedad al considerar que, «con su intervención, se cortó el despilfarro que suponía la utilización
de Umax, reduciéndose el coste empresarial y de los trabajadores, así como se
suprimía la fórmula falsaria para obtener el cobro de la contraprestación
inicialmente pactada».
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