Hay dos
Españas en el empleo
Antes
de la crisis que ha alterado el escenario político mundial, el mapa del empleo
en España presentaba una mayor participación del sector privado que del
público, como debería ser normal en toda economía de mercado. Diez años
después, la proporción se ha invertido en favor de una sobrerrepresentación de lo público, lo que lastra la productividad y
competitividad de nuestro país, además de agravar su ya cuantiosa deuda.
El
informe que hoy publicamos dibuja un escenario inquietante con vistas a una
desaceleración ya suficientemente anunciada. Numerosos organismos y analistas
vienen advirtiendo a España de que la falta de reformas, el volumen de su deuda
y su permanencia en el procedimiento de déficit excesivo nos colocan en
posición especialmente vulnerable para afrontar la ralentización del
crecimiento o la subida de los tipos. Los
vientos de cola se han acabado y la amenaza de una nueva recesión se cierne
sobre los alumnos menos aventajados.
Las dos
Españas de veras no son la roja y la azul, sino la que trabaja en el sector
público al amparo del presupuesto del Estado y el blindaje legislativo frente a
la que asume los riesgos de la empresa privada. «La parte de la sociedad
española que obtiene sus ingresos en el mercado a cambio de suministrar bienes
y servicios productivos a los demás tiene un tamaño inferior a la que vive de
los tributos suministrados por ella y devuelve a las arcas públicas mucho menos
de lo que cuesta», concluye la consultora Freemarket Corporate Intelligence. El modelo socioeconómico que hemos construido
favorece un desequilibrio estructural que por primera vez concede al Estado la
primacía laboral sobre el mercado: los españoles que viven de la
Administración -incluyendo a los que perciben subsidio- superan ya en 700.000 a
los que crean riqueza desde el sector privado.
De
mantenerse esta deriva, el colapso del Estado de bienestar es seguro. No cabe
renunciar a conquistas sociales como el sistema sanitario, la educación
pública, la asistencia judicial o las pensiones; pero precisamente por eso una
economía pujante es necesaria para su sostenimiento. Lo que menos necesita España son medidas que disparen el gasto en
tiempos contracíclicos, como propone el Gobierno de Sánchez: el hachazo fiscal, el alza irresponsable del salario
mínimo, la ruptura del diálogo social para privilegiar a los sindicatos o la
subida electoralista del sueldo de los funcionarios por encima del IPC serían viables si estuvieran integradas en una estrategia a
largo plazo que contemplara su financiación mediante incentivos al
emprendimiento y la apuesta por sectores productivos. Muy al contrario,
la oferta de empleo público sigue creciendo. Con un Gobierno sin más horizonte
que la supervivencia diaria, sometido a constantes rectificaciones fruto de
sucesivos encontronazos de su demagogia con la realidad, el deterioro económico
es inevitable.
La
dureza de la crisis, el envejecimiento de la población y la reciente
reactivación del empleo público hacen que, diez años después, el número de
españoles que dependen del sector público sean 700.000 más que los que lo hacen
del sector privado.
En
total, los empleados públicos, por un lado, y los pensionistas y desempleados
con derecho a prestación por otro, suman 13,7
millones de personas frente a los 13 millones de asalariados del sector
privado, según los últimos datos disponibles de 2018. En 2008, la
proporción era inversa: el sector privado sostenía a 13,8 millones, frente a
los 12,5 dependientes del público.....
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