Artículo de Luis Marín Sicilia
El 2 de noviembre del 2018 puede terminar recordándose no solamente por ser el día de los difuntos sino porque en tal fecha el Gobierno de España actuó arbitrariamente, en contra del artículo 9 de la Constitución, que en su párrafo final dice textualmente que “La Constitución garantiza la interdicción de las arbitrariedades de los poderes públicos”. Es decir, el Gobierno de Sánchez ha introducido en el sumario del proceso levantisco catalán el delito de sedición de forma caprichosa, “sin obedecer a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes”, o sea de arbitrariamente, en flagrante contradicción con el texto constitucional.
El auto firme del Tribunal Supremo dictado por la Sala Segunda del mismo, que solo fue recurrido por las defensas, concretó tres delitos para la apertura del juicio: la rebelión del artículo 472 del Código Penal, la desobediencia grave del artículo 410 y la malversación de caudales públicos del artículo 432 del mismo cuerpo legal. Las partes personadas en la causa podían, una vez fijados los tipos penales, solicitar la absolución de alguno de ellos, ratificar sus conclusiones o matizarlas, PERO NUNCA INTRODUCIR UN NUEVO DELITO no contemplado en el sumario. Así lo entienden los penalistas más solventes, quienes no dudan en calificar la introducción del delito de SEDICIÓN, obviando el de REBELIÓN, como un auténtico FRAUDE PROCESAL, consistente en utilizar el proceso penal por causa y finalidad distinta a la legalmente establecida.
Nadie duda de que una Notaria Mayor del Reino, experta en confabulaciones que orillan el cumplimiento de las leyes, ha debido influir en la chapuza jurídica servida para intentar contentar a quienes, a ella y a su jefe, la auparon a las más altas instancias de la gobernación del Estado. Una Ministra de Justicia que tiene más que acreditada su repugnancia a conducirse en defensa de la legalidad sabrá, mejor que nadie, las presiones a que ha debido de someter a un cuerpo de la categoría de la Abogacía del Estado. El tiempo nos aclarará sobre el particular.
Cuando se actúa desleal e irregularmente, intentando satisfacer a unos delincuentes presuntos en su desafío a la legalidad, el final es siempre el que ya pronosticó Winston Churchill para quienes, queriendo evitar un conflicto, no asumen las responsabilidades del momento: Guerra e indignidad; o sea, para este Gobierno fraudulento, deshonra de las víctimas del proceso y desprecio de los culpables del mismo porque nunca estarán satisfechos.
Se ha dicho que Pedro Sánchez, si llegara a su último compromiso con sus socios separatistas, que sería el indulto, además de la ofensa que ello supone para el conjunto de los españoles, tendría que abandonar el PSOE porque el código ético de dicho partido prohíbe, no solamente aplicarlo sino, aún más severamente, solicitar el indulto. Lo que no se dice, y de ello ya tiene muestras sobradas la ciudadanía, es que a este personaje no le atan ligaduras de ningún tipo. Basta con haber oído la bochornosa rueda de prensa de hoy viernes, en la que la vicepresidenta del dinero público negaba con la mayor desvergüenza y desahogo el cambio de opinión de Pedro Sánchez sobre el delito de rebelión.
Los hechos son tozudos y no admiten discusión: el PSOE ha vendido, con su silencio a la forma de conducirse su secretario general, la honradez y la dignidad de los españoles por el plato de lentejas de un poder apoyado por quienes ni le interesa la unidad de España ni les gusta el sistema democrático que consagra nuestra Constitución. Seria una buena nueva que surgiera del seno del partido alguna voz sincera pronunciándose sobre tan lamentable deriva, recuperando la línea constitucional de la que el socialismo, como coautor del texto de nuestra convivencia, debiera sentirse hondamente satisfecho, acabando, de una vez por todas, con esa cansina reclamación supremacista y privilegiadora de quienes chantajean a la sociedad con reclamaciones al margen del texto constitucional.
Mientras tanto, a la vista del cambio fraudulento de la posición del Gobierno en el proceso penal contra los golpistas, hay que confiar en el único poder, la Justicia, que con sus defectos humanos, garantiza nuestros derechos y libertades, haciendo valer lo que dice el artículo 9 de nuestra Constitución, en cuya virtud “los ciudadanos y LOS PODERES PÚBLICOS están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Y puesto que, según lo indicado al principio, la arbitrariedad de los poderes públicos está prohibida constitucionalmente y se garantiza “el principio de legalidad” y “la seguridad jurídica”, la única manera de oponerse al fraude procesal al que ha recurrido el Gobierno secuestrado por los sediciosos es, según opinión de ilustres penalistas, la EXPULSIÓN DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO del proceso por haber introducido fraudulentamente la sedición en contra de los tipos delictivos sobre los que se dictó el auto firme sobre dicho proceso. Sería la medida que un Gobierno de esta laya se merece para recuperar la ciudadanía la honra de sentirse protegidos por un Estado de derecho.
Convulsión en la Abogacía del Estado: "Los hechos del
escrito son mentira, ¡qué vergüenza!"
Al día siguiente de que se hiciera público, fuentes de la
Abogacía lamentan el contenido del escrito de acusación, devaluado respecto a
lo que estaba inicialmente previsto. "Es una
vergüenza la intromisión descarada del Gobierno. Una cosa es que pueda
ser legal, porque representemos a la Administración, pero otra que sea
aceptable con esa intensidad", afirman.
Consideran que en el caso del 1-O no se ha estado ante
una discrepancia técnica que se resuelve a favor del criterio del superior
jerárquico -"eso estaría dentro de lo normal"-, sino ante un caso
"palmario" de que el Gobierno
ha llegado ya a la Abogacía con su decisión
cerrada. Las mismas fuentes discrepan tanto de la forma en la que se han
reflejado los hechos en el escrito de acusación como de la calificación
jurídica de sedición y el sistema del cálculo de penas de la malversación.
De los hechos, consideran "ridículo" que en el
escrito no aparezca ni una sola vez la palabra violencia y que se escondan los
numerosos actos violentos que se produjeron entre septiembre y octubre del año
pasado. "Los hechos del escrito
de acusación son mentira. Se ocultan cosas", explican las fuentes, indicando que se puede comprobar
"comparándolo" con los hechos que presenta la Fiscalía en su escrito (23 veces se cita la violencia). "En una
vergüenza", concluyen.
De la calificación jurídica de sedición, creen que
responde más a cuestiones de oportunidad política que de precisión jurídica. Finalmente, estiman que no es aceptable interpretar que
la malversación era inevitable para cometer la sedición, algo que sí hace el
escrito de acusación y que rebaja varios años
la pena a parte de los encausados.
Las discrepancias dentro de la Abogacía entre los
fiscales del caso y la posición que el Gobierno había hecho pública, contraria
a la rebelión, se reflejó en el hecho de que el escrito de acusación no fuera
firmado por éstos, sino por la propia abogada general del estado, Consuelo Castro. La
máxima responsable de la Abogacía llegó al cargo el pasado mes de junio a
propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. A diferencia de
lo que sucede con el puesto de fiscal general, el Gobierno es libre de nombrar
o cesar al responsable de los servicios jurídicos del Estado.
La preocupación por "los daños" para la imagen
de la Abogacía y las críticas públicas que el escrito de acusación estaba
empezando a generar llevaron a la Asociación
de Abogados del Estado a preparar un
comunicado en defensa de la actuación del Cuerpo. A lo largo de la jornada del
viernes, cuando ya había un borrador del comunicado, la abogada general
transmitió a los miembros de la asociación que ella era contraria a la difusión
de un escrito así. Finalmente, la directiva de la asociación, compuesta por 17
miembros, votó por no emitirlo. El anterior comunicado de la asociación se
divulgó hace un año y mostraba su apoyo a los abogados del Estado que
desempeñaban su tarea en Cataluña.
En esta ocasión, la intención del comunicado era recordar que la Abogacía actúa ante
los tribunales en defensa de la Administración del Estado con los intereses que
le corresponden. También defendía el buen
hacer de los abogados que actúan en todas las causas en las que está personada
la Abogacía, bajo la dependencia jerárquica del abogado general y sometidos al
principio de legalidad.
Defensa mínima de Llarena
La polémica interna sobre el delito por el que se debía
acusar llegó después de que el ambiente en el Cuerpo quedara enrarecido por el
amago de destitución del abogado jefe de Penal y del subdirector de
Contencioso, como publicó este periódico el pasado jueves, a raíz de la
polémica sobre el alcance de protección al juez Pablo Llarena. Después
de que la ministra de Justicia optara por una defensa mínima del magistrado del
Tribunal Supremo ante la denuncia en Bélgica de Carles Puigdemont, se conoció
que la Abogacía del Estado habría respaldado en sus informes una defensa
completa del instructor del sumario del 1-O.
La difusión de esos escritos ponía en un brete a la
ministra Delgado, evidenciando que los titubeos en la defensa del juez se
debían a su convicción personal y no a una necesidad jurídica de actuar así.
La reacción de Delgado fue comunicar a los dos abogados
mencionados que quedaban relevados de sus cargos. Horas después se les
comunicaba lo contrario, que seguían en sus puestos. En cuanto al resultado
final del asunto de Llarena, el presidente del Gobierno enmendó a la ministra y
ordenó una defensa integral del magistrado.
La siguiente fase en la que la Abogacía volverá a primera
línea será cuando comience el juicio, previsiblemente en enero, si bien antes
podría producirse una vista para resolver ciertas cuestiones que el Supremo
debe abordar antes del juicio oral. Entonces se juntarán en el estrado de las
acusaciones la Fiscalía, la Abogacía y Vox. Esta acusación popular presentó el viernes un
escrito que no ve sólo un delito de rebelión, sino que ve dos.
Simple sentido común: Rebelión.
La fuga
Coincidiendo con el aniversario de la república de Cataluña, Évole abrió su programa a las impresiones de algunos de los protagonistas de aquella mamarrachada. No pudieron intervenir los únicos testigos de la fuga de Puigdemont porque se habían comprometido a contar la verdad a esta cadena, canalsu. Y no, el nuevo héroe independentista no huyó escondido en un maletero.
http://canalsu.blogspot.com/2018/10/la-fuga.html
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