TRIBUNALES. Las cifras de la corrupción que
salpica a la Junta de Andalucía: 500 investigados y 5.000 millones bajo lupa
- Doce macrocausas analizan la gestión del Gobierno autonómico, que ha sido incapaz de recuperar el dinero público que cayó en las redes del fraude.
El
traje de la corrupción en Andalucía es de talla XXL. Tan gigante como el tamaño de su
Administración y entramados paralelos, la mayor empresa de la Comunidad.
Una maquinaria con un potencial enorme para
distribuir fondos públicos en una
región que arrastra graves carencias estructurales, un débil tejido industrial y una tasa de paro que, con o
sin crisis, está diez puntos por encima de la media nacional.
ERE, Invercaria, Avales, Facturas falsas de UGT, Marismas,
Delphi, Bahía Competitiva, Faffe...
.....El
quebranto que causan estos fraudes supera con creces la catadura moral de
algunos de sus protagonistas. El dinero
público bajo la lupa de losjueces alcanza la asombrosa cifra de 4.940 millones de euros. Es la mitad del presupuesto anual que maneja la sanidad
andaluza (9.809 millones de euros), fondos que en su mayor parte acaban en las
alcantarillas del poder.
La cuantía que se investiga en distintas macrocausas es la mitad
del presupuesto que se dedica cada año a mantener la sanidad andaluza
.....Hay
medio millar de imputados con causas abiertas por corrupción que afectan a
fondos gestionados por la Autonomía. El millón largo de folios que compone la
causa matriz de los ERE, que lo convierte en uno de los sumarios más extensos de la historia judicial española,
acumula en torno a 130 piezas separadas (la mitad
de las 270 previstas por la Fiscalía) y unos 300 investigados, incluso después
de la poda realizada en el último año. La juez que sustituyó a Alaya, María
Núñez Bolaños, está exculpando a ex cargos que dieron o pagaron ayudas, que
sólo serán juzgados en la rama política.
La Policía y la juez Alaya encontraron un caso patológico de
clientelismo en las subvenciones para cursos repartidas por el Gobierno andaluz
Hay
tres piezas cerradas y otras tantas pendientes de recursos. Entre las
diligencias separadas se halla la que afecta a las sobrecomisiones cobradas,
entre otros, por el exdirigente de UGT Juan Lanzas, quien tenía tantos billetes que podía «asar una vaca con
ellos», según confesó su madre a los
agentes.
«Compra de votos»
Los
sumarios que indagan en el fraude de los cursos están diseminados por varios
juzgados andaluces. Para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que
realizó más de cien detenciones en el Caso Edu, los cursos sirvieron para la
«compra de votos», un caso patológico
de «clientelismo» que intuyó la juez Alaya y
puso de manifiesto en sus autos.
María Núñez Bolaños, la juez que
desactiva los casos de corrupción que preocupan a la Junta de Andalucía
- Está desimputando de forma masiva a altos cargos en el caso ERE y mantiene paralizadas investigaciones en peligro de prescripción de los delitos.
La instrucción de los ERE está
cada día más cuestionada por la Fiscalía, que critica sus retrasos y recurre
los archivos porque generan «una intolerable impunidad»
En contra de los peritos, de la
Cámara de Cuentas y del Supremo, Nuñez sostiene ahora que las ayudas eran para
trabajadores y no para las empresas beneficiarias
El pájaro pintado
Consiste en señalar con colores llamativos a un pájaro y devolverlo a su banda que lo repudia.
Tedax tapacorrupción
Antonio Burgos.
Es de esas imágenes literarias que dan en todo el bebe de la
cuestión debatida. Tan acertadas que te da coraje que no se te hayan ocurrido a
ti, y que cuando las escuchas o las lees te dan envidia cochina. La puso ayer
en estas páginas Antonio R. Vega para abrirse de capa en su certero informe
sobre el escándalo de María
Núñez Bolaños, la juez que desactiva los
escándalos de corrupción de la Junta. Decía así, y
perdonen que lo copie, aunque sé lo que le pasa al que la copia: "Si el
caso ERE fuera una bomba, el trabajo de la juez María Núñez Bolaños se
asemejaría mucho al de un Tedax. El símil no es exagerado. La onda expansiva
del fraude de las prejubilaciones ha alcanzado a dos expresidentes, seis
exconsejeros y otros 14 ex altos cargos autonómicos que se sientan en un
banquillo. Durante los tres años y medio
que está a punto de cumplir al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de
Sevilla, la magistrada ha desactivado
buena parte de la carga explosiva alojada en los sumarios con los que su antecesora Mercedes Alaya acorraló judicialmente al Gobierno andaluz hasta el punto de hacer dimitir a José Antonio
Griñán por la «erosión» del caso ERE. El
presidente que precedió (y puso) a Susana Díaz en la jefatura del feudo
socialista. Nada ha vuelto a ser igual en el juzgado tras el desembarco de Núñez, una apuesta
personal del entonces consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, amigo de su marido «desde chiquititos», como admitió el también fiscal." Fin de la cita, como
decía Rajoy antes de dejar a España en manos de los que quieren destruirla.
Y si sólo fueran los ERE... Hay hasta seis macrocausas con el freno
de mano echado intencionadamente. Aquí no se
trata de la frase habitual contra la Justicia: "Entran por una puerta y
salen por otra". Esto es más triste:
la UCO de la Guardia Civil se harta de
investigar, de registrar oficinas y viviendas y de sacar cajas y cajas de
documentos acusatorios y de comprometedores discos duros, y no es que salgan por otra puerta, sino que van a un cajón, no
esperando el santo advenimiento, sino aguardando
el día de su prescripción.
Impunidad. La palabra es dura, pero es la que
le cuadra: los escandalosos casos de
corrupción en Andalucía están quedando en la impunidad intencionada de su
desactivación judicial. Y no son cuatro
perras gordas. Según informaba el diligente Vega, "el dinero público bajo la lupa de los jueces alcanza
la asombrosa cifra de 4.940 millones de euros; es la mitad del presupuesto anual que maneja la Sanidad
andaluza". Son 500 investigados.
Y de ese dinero nadie ha devuelto un euro. Ni el del chófer de la cocaína ni los 32.000 euros
gastados en puticlubes con tarjetas "black" igualitas, igualitas que
las que han llevado a la cárcel a Rato y a los de IU, UGT y CC.OO. Pero aquí todo el mundo se va de rositas
gracias a estos Tedax maravillosos que tenemos. Ya
saben qué es un Tedax: acrónimo de "Técnico especialista en desactivación
de artefactos explosivos". Los
Tedax de la Junta, igual que los de la
benemérita Guardia Civil o la eficaz Policía Nacional, no son personas solas, sino equipos.
El alcalde Espadas, por ejemplo, se acaba de incorporar al equipo Tedax judicial
tapacorrupción que encabeza la juez Bolaños, para
que no le pille al PSOE la campaña electoral con estos pelos de una condena por
mangoleta de dinero público. No sé si con la aprobación del pleno o por su cuenta, el alcalde ha ordenado que el
Ayuntamiento se retire de todos los casos de corrupción como Mercasevilla, Fitonovo, Fundación DeSevilla y
el amaño de la Policía Local. Evidentemente, no quieren ni mítines de campaña ni urnas electorales
mientras los pillan con el carrito del helado, como
dicen los tertulianos. Pero hay algo
peor: ¿usted sabe quiénes son los más
efectivos Tedax que desactivan esos 500 investigados y esos 5.000 millones de
dinero público desaparecidos? Pues los
que, a pesar de todos estos pesares, siguen vota que vota al PSOE, "porque son de los
nuestros". Sí, ese es el peor Tedax. El
Tedax que papeleta en mano dirá el 2 de diciembre: "Bueno, sí, eso es cosa de cuatro golfos; pero estos
son los que me aseguran la subvención a mi empresa, el empleo de mi niña y la
paguita de mi suegra".
http://canalsu.blogspot.com/2018/10/el-pajaro-pintado.html
TRIBUNALES
Las cifras de la corrupción que salpica a la Junta de Andalucía:
500 investigados y 5.000 millones bajo lupa
- Doce macrocausas analizan la gestión del Gobierno autonómico, que ha sido incapaz de recuperar el dinero público que cayó en las redes del fraude.
El
traje de la corrupción en Andalucía es de talla XXL. Tan gigante como el tamaño de su
Administración y entramados paralelos, la mayor empresa de la Comunidad.
Una maquinaria con un potencial enorme para
distribuir fondos públicos en una
región que arrastra graves carencias estructurales, un débil tejido industrial y una tasa de paro que, con o
sin crisis, está diez puntos por encima de la media nacional.
ERE, Invercaria, Avales, Facturas falsas de UGT, Marismas,
Delphi, Bahía Competitiva, Faffe... El goteo
de casos que investigan los juzgados andaluces es incesante. La mayoría son causas
clasificadas como complejas, que llevan años instruyéndose. Poco conocidas por
la opinión pública, sólo se abren paso en los telediarios cuando en los
sumarios aparecen las andanzas del
«chófer de la cocaína» o los pagos de casi
32.000 euros en prostíbulos con tarjetas oficiales de la Faffe, la fundación
pública bajo sospecha que la Junta regó con 252 millones en subvenciones para
la formación de parados.
En
esta causa hay 23 investigados, entre ellos Fernando Villén, que vinculó su
ruta por los clubes de alterne a su «actividad comercial» como director de la
entidad.
El
quebranto que causan estos fraudes supera con creces la catadura moral de
algunos de sus protagonistas. El dinero
público bajo la lupa de losjueces alcanza la asombrosa cifra de 4.940 millones de euros. Es la mitad del presupuesto anual que maneja la sanidad
andaluza (9.809 millones de euros), fondos que en su mayor parte acaban en las
alcantarillas del poder.
La cuantía que se investiga en distintas macrocausas es la mitad
del presupuesto que se dedica cada año a mantener la sanidad andaluza
En
el fraude de la Formación sólo se han devuelto 14,8 de los 149 millones de
euros distraídos a las arcas y cuyo reintegro pide la Junta. En los ERE, aún
menos: 6,7 de los 855 millones en los que cuantificó el supuesto saqueo el juez
que ha llevado al banquillo a los jefes
del Gobierno andaluz durante 23 años, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Los expresidentes y 20 ex altos cargos están siendo
juzgados por diseñar y perpetuar durante más de una década (2000-2011) un
sistema «opaco» y discrecional de reparto de subvenciones.
La
rama política de los ERE es la que más eco mediático ha tenido y la única que se está enjuiciando en la Audiencia de
Sevilla casi ocho años después de que la juez Mercedes Alaya abriera esta
macrocausa al descubrir los primeros intrusos empotrados en un ERE de la lonja
Mercasevilla financiado por la Junta.
Hay
medio millar de imputados con causas abiertas por corrupción que afectan a fondos
gestionados por la Autonomía. El millón largo de folios que compone la causa
matriz de los ERE, que lo convierte en
uno de los sumarios más extensos de la historia judicial española, acumula en torno a 130 piezas separadas (la mitad de las
270 previstas por la Fiscalía) y unos 300 investigados, incluso después de la
poda realizada en el último año. La juez que sustituyó a Alaya, María Núñez
Bolaños, está exculpando a ex cargos que dieron o pagaron ayudas, que sólo
serán juzgados en la rama política.
La Policía y la juez Alaya encontraron un caso patológico de
clientelismo en las subvenciones para cursos repartidas por el Gobierno andaluz
Hay
tres piezas cerradas y otras tantas pendientes de recursos. Entre las
diligencias separadas se halla la que afecta a las sobrecomisiones cobradas,
entre otros, por el exdirigente de UGT Juan Lanzas, quien tenía tantos billetes que podía «asar una vaca con
ellos», según confesó su madre a los
agentes.
«Compra de votos»
Los
sumarios que indagan en el fraude de los cursos están diseminados por varios
juzgados andaluces. Para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que
realizó más de cien detenciones en el Caso Edu, los cursos sirvieron para la
«compra de votos», un caso patológico
de «clientelismo» que intuyó la juez Alaya y
puso de manifiesto en sus autos.
A
pesar del revuelo que causaron las
tumultuosas redadas llevadas a cabo en todas
las provincias andaluzas durante 2014, la mayoría de las causas avanzan a paso
lento. Otras han sido archivadas porque la cuantía de la ayuda no pasa de los
120.000 euros donde está el tope de la conducta punible.
Uno
de los procesos más sonados tiene como protagonista al exconsejero andaluz
Ángel Ojeda, cuyas empresas captaron 52,6 millones de euros destinados a cursos
para desempleados. La Policía sitúa al antiguo político en «la cúspide» de
«todo un entramado empresarial ideado por él con la única finalidad de obtener el mayor número posible
de subvenciones de la Junta» y para
«enriquecerse por métodos irregulares e ilícitos».
Ojeda,
en cambio, alega que los cursos fueron su «ruina» y que todos los cursos se
impartieron y se justificaron. El exconsejero recibió 33 millones en ayudas
excepcionales para formar y contratar a 1.900
extrabajadores de la fábrica de Delphi, en
Cádiz. Chaves había hecho una promesa electoral a los exempleados –«no os vamos
a dejar tirados»– que acabó costándoles 106 millones a los andaluces. Esta
causa acumula 33 investigados.
Facturas falsas de UGT
La
corrupción vinculada a los cursos es una hidra con muchas cabezas. La que más
retraso acumula es la de las facturas falsas de UGT, abierta hace cinco años.
En esta presunta trama diseñada por el sindicato para desviar subvenciones (se
analizan 100,3 millones) y destinarlas a su financiación están imputados desde
2014 dos ex secretarios regionales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco
Fernández Sevilla, junto a 16 personas más.
Al
calor de los fondos para combatir el paro, hasta los políticos hicieron negocio
con la burbuja de la formación. La Junta de Andalucía concedió 730.000 euros a
la academia que regentaba la mujer del entonces «número dos» del PSOE andaluz, Rafael Velasco. Parte
de una ayuda de 41.296 euros se empleó en pagar la luz de su vivienda. La juez
Núñez no vio indicios penales en ello y archivó estas diligencias, pero tiene
otras abiertas.
El
empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña echó
la red a otros 24 millones de euros procedentes
de planes estatales que gestionó un alto cargo autonómico, Antonio Perales, y
que iban destinados a reindustrializar la Bahía de Cádiz, faro del paro
nacional. Siete años y medio después, la instrucción acumula 31 investigados,
pero el dinero se ha evaporado.
El
juez Juan Gutiérrez Casillas investiga en el Caso Marismas, entre otros, al diputado andaluz y exdirector general de Regadíos de
la Junta, José Luis Sánchez Teruel (PSOE),
por una posible malversación en un plan para modernizar el regadío de la
marisma sevillana que se justificó y nunca se hizo. Se pagaron 18 millones con
fondos europeos en materiales como tuberías que no se suministraron. Otra riada
de dinero público que se escapa por el sumidero de la corrupción.
María Núñez Bolaños, la juez que desactiva los casos de
corrupción que preocupan a la Junta de Andalucía
- Está
desimputando de forma masiva a altos cargos en el caso ERE y mantiene
paralizadas investigaciones en peligro de prescripción de los delitos.
Si
el caso ERE fuera una bomba, el trabajo de la juez María Núñéz Bolaños se
asemejaría mucho al de un Tedax. El símil no es exagerado. La onda expansiva del fraude de las prejubilaciones ha
alcanzado a dos expresidentes, seis
exconsejeros y otros 14 ex altos cargos autonómicos que se sientan hoy en un banquillo.
Durante
los tres años y medio que está a punto de cumplir al frente del Juzgado de
Instrucción número 6 de Sevilla, la
magistrada ha desactivado buena parte de la carga explosiva alojada en los sumarios con los que su antecesora,
Mercedes Alaya, acorraló judicialmente al Gobierno andaluz hasta el punto de
hacer dimitir a José Antonio Griñán por la «erosión» del caso ERE. El
presidente que precedió (y puso) a Susana Díaz en la jefatura del feudo
socialista.
Nada
ha vuelto a ser igual en el juzgado tras el desembarco de Núñez, una apuesta
personal del entonces consejero andaluz de Justicia Emilio de Llera, amigo de su marido «desde chiquititos»,
como admitió el también fiscal.
Alaya
aspiraba a seguir investigando las
macrocausas que han puesto bajo la lupa al PSOE andaluz tras su marcha a la Audiencia de Sevilla. Pero el Consejo
General del Poder Judicial la apartó por haber cuestionado la imparcialidad de
su sustituta por la amistad «notoria» que le une al político. La nueva titular
del juzgado, en cambio, niega que esta relación le influya.
La instrucción de los ERE está cada día más cuestionada por la
Fiscalía, que critica sus retrasos y recurre los archivos porque generan «una
intolerable impunidad»
Nada
más aterrizar, Núñez dio un vuelco a las causas de los ERE y Formación, que
dividió en piezas más pequeñas con la idea de agilizarlas. La realidad es que sólo ha concluido tres piezas
(las ayudas irregulares al chófer de Guerrero,
Cenforpre y ABB) y las tres están pendientes
de la resolución de recursos. El juez de apoyo Álvaro Martín cerró otras tres
piezas desgajadas de la causa matriz, incluida la del «método ERE» que afecta a
22 ex cargos autonómicos, la única que se está juzgando de las 270 partes en
que debe dividirse el sumario.
El «retraso»
de esta instrucción —en enero cumplirá ocho años— es una queja recurrente en
los escritos de las fiscales Anticorrupción. El pasado 20 de septiembre
alertaron de que desde 2014, 2015 y 2016 permanecían en su juzgado 18 informes de la Guardia Civil y los peritos
judiciales sobre empresas que no estaba
investigando. Núñez reaccionó abriendo diez piezas.
Riesgo de prescripción
El
tiempo corre en contra de la Justicia y favorece la impunidad de los presuntos corruptos. Se investigan ayudas concedidas desde 2001
y el riesgo de que prescriban los delitos es alto. De hecho, ya se han
archivado más de una veintena de causas por este motivo.
Si
preocupante es la demora, a la Fiscalía aún le inquieta más la desimputación
masiva de ex altos cargos investigados en las piezas relativas a cada una de
las ayudas irregulares. Núñez ha logrado algo tan insólito como poner en su
contra a todas las acusaciones. Anticorrupción, el PP e incluso la propia Junta de Andalucía –que se retiró de
la pieza política para no acusar a Chaves y Griñán– recurren todos sus autos de exclusión. La juez ha hecho
suyo el criterio de la Audiencia de Sevilla, que estableció que si un cargo
político está acusado por el sistema ilícito de reparto de fondos no puede ser
enjuiciado por cada una de las subvenciones de forma aislada.
La
Fiscalía ha puesto el grito en el cielo por esta tesis porque, a su juicio,
genera un «intolerable espacio de
impunidad». Los letrados de la
Administración andaluza también han mostrado su disconformidad a través de sus
recursos porque temen que los delitos queden impunes y, con ellos, el «enorme
quebranto» que causó el saqueo al no dejarles ejercer la acusación en otras
piezas separadas relativas a las ayudas.
Archivos de corta y pega
Este
hábito de archivar le ha jugado algunas malas pasadas. En uno de sus autos de
corta y pega, Núñez llegó a desimputar
dos veces al exdirector general de
Trabajo Francisco Javier Guerrero por la misma ayuda.
El
caso ERE está menguando de imputados a marchas aceleradas. En sus autos
«indulta» a beneficiarios de ayudas con la tesis de que son «víctimas» de la macrocausa en lugar de delincuentes, argumentos que, para la
Fiscalía, carecen de base jurídica.
En contra de los peritos, de la Cámara de
Cuentas y del Supremo, Nuñez sostiene ahora que las ayudas eran para
trabajadores y no para las empresas beneficiarias
Ha
exculpado a dos exconsejeros delegados de la empresa pública Egmasa, Juan Jesús
Jiménez Martín y Javier Serrano Aguilar, con el argumento de que la firma de la
póliza subvencionada no implica que pudieran «ni siquiera intuir, la existencia de irregularidades» en la concesión.
En
el enésimo giro que da al caso ERE, Núñez defiende ahora que las subvenciones
sociolaborales «son ayudas a los
trabajadores y no a la empresa». Echa por
tierra la doctrina jurídica de los peritos que estudiaron las 270 ayudas, del
Tribunal y la Cámara de Cuentas, y del Supremo, que las consideran ayudas a
empresas porque la Junta corrió con gastos de despidos que debieron asumir las
sociedades elegidas arbitrariamente.
En
el caso Formación, donde Alaya acusó a la Junta de urdir una «red de clientelismo político»
con el dinero repartido para impartir cursos
a parados, Núñez sólo halló un cúmulo de «desórdenes, incidencias e
irregularidades» sin relevancia penal. Con el respaldo del fiscal Fernando Soto
y la oposición del PP, dio carpetazo a la causa abierta contra 24 ex altos
cargos, entre ellos tres exconsejeros. Caso cerrado y un dolor de cabeza menos
para el Gabinete de Díaz, que hasta el pasado julio sólo había recuperado 14,8
millones de los 149 millones desviados.
Las
otras causas separadas del fraude de la formación avanzan a paso de tortuga. En
el caso Faffe, la instructora acaba de abrir una investigación específica sobre los 31.969 euros
abonados en clubes de alterne con tarjetas
oficiales de la extinta fundación de empleo del Gobierno andaluz. Núñez ha
tardado dos años en reclamar a la Consejería de Empleo los movimientos de las
trece cajas de la entidad, datos que la UCO pide desde julio de 2016.
En
la trama vinculada al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, que la Policía
catalogó como una «organización criminal perfectamente estructurada», la
instructora ha fijado declaraciones en abril de 2019. Los casos de corrupción se han convertido en bombas
de efecto retardado.
La magistrada recusada
Otros
casos que llevan años parados son Transferencias de Financiación, Avales y
Santana, donde el fiscal lamentó el nulo avance.
El primero fue abierto por el juez Álvaro Martín en octubre de 2016. En año y
medio, Núñez ha desoído todas
las pruebas y pesquisas que han pedido la Fiscalía y el PP para averiguar si toda la Junta había
usado el «método ERE» con el fin de gastar dinero sin control. Pilar Ordóñez, la juez que la ha relevado mientras la
Audiencia de Sevilla estudia la recusación planteada por el PP, ha atendido en
tiempo récord solicitudes que antes cayeron en saco roto. El PP ha recusado a
la juez Núñez porque su cuñada trabaja en el departamento de la agencia IDEA
que manejaba los fondos públicos «incluidas las transferencias de financiación»
bajo sospecha.
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