Sin desperdicio. País Vasco. EN NOVIEMBRE, LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO Prohíben a los 100.000 funcionarios vascos criticar las posturas políticas de su Gobierno + Recordatorio enlace Reparto del estado y la admon cual botín . Abuso de poder desde el gobierno. ANDRÉS BETANCOR. Catedrático de derecho administrativo = Los políticos no tienen límites, en el uso de la Ley…...colonizan las instituciones, viven del erario público y encima ¿quieren controlar y acallar a todos los que trabajan para ellos, por si alguno se desmanda.... …..? ¿Disciplina partidista y sometimiento al gobierno de turno, de funcionarios imparciales profesionales que trabajan al servicio del interés general de los ciudadanos, y se rigen por el art. 103 de la CE y art. 149.1.18 CE Bases del Régimen jurídico de las Administraciones públicas, en relación con los artículos 9.1 y 3, y 23.2 de la CE? ¿Engaños sobre curriculums y titulaciones de los funcionarios? Es hora de poner a esto punto y final, las instituciones nos representan a todos, los políticos que emplean la administración como botín político y agencia de colocación partidistas, son ellos los que desprestigian las mismas, NO LOS FUNCIONARIOS, SINO LOS DIGITALES POLTICOS....La corrupción administrativa en España funcionarial es ínfima, la política nos asola, POLITICOS EN CARGOS PÚBLICOS, con una formación deficitaria, mediocridad por doquier, vamos de mal en peor. En Andalucía, el sistema de control de la Administración y del dinero público de todos, realiza mediante la creación de una administración paralela, clientelar y digital, al servicio de los intereses partidistas de los psociolistos. El interés general, el de los ciudadanos brilla por su ausencia, prescinden de los funcionarios y de la fiscalización previa del dinero público mediante “ingeniería jurídica ad hoc” con forma de ley, es así como se mantiene un Régimen 40 años en el poder; el de los "sociolistos".

EN NOVIEMBRE, LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO.  

Prohíben a los 100.000 funcionarios vascos criticar las posturas políticas de su Gobierno

• El Ejecutivo de Vitoria va a extender por ley a todo el personal la obligación de cumplir con el Código Etico y de Conducta, que en la actualidad solo es de aplicación para los cargos públicos.

Los 100.000 empleados públicos del País Vasco no van a poder discrepar o criticar de forma pública las "posiciones políticas" mantenidas por la Administración de la que dependen. En la actualidad, la prohibición de emitir opiniones contrarias a las del Gobierno vasco, las tres diputaciones forales o los ayuntamientos afecta únicamente a los cargos públicos, en cumplimiento del Código Ético y de Conducta que rige su actuación, pero este impedimento va a afectar también a todo el personal, ya que el Gobierno de Iñigo Urkullu pretende extender la obligación de cumplir esta pauta de actuación al conjunto del funcionariado antes de que acabe el año.

Recordatorio enlace ya publicado.

Reparto del estado y la admon cual botín . Abuso de poder desde el gobierno. ANDRÉS BETANCOR. Catedrático de derecho administrativo 

Abuso de poder desde el gobierno. 

ANDRÉS BETANCOR. 02/08/2018 01:31. Catedrático de derecho administrativo 

Texto completo, ver enlace, sin desperdicio.

https://amp.elmundo.es/opinion/2018/08/02/5b618955268e3e21098b45a8.html

Máxima difusión. LOS CLANES DE LOS ERE. Los «falsos funcionarios» de la Junta de Andalucía que tramitaban las ayudas. Usurpación de funciones públicas, prevaricación y colaborador necesario en la malversación; estos son los delitos + Oña sectarismo y enchufismo faffe + CASO ERE DE ANDALUCÍA. Así es la gran familia de los ERE: más de 120 millones para parientes, amigos y políticos socialistas + Pedro Sánchez desactiva a la UCO; cuestiones inquietantes.+ Reparto del estado y la admon cual botín . Abuso de poder desde el gobierno. ANDRÉS BETANCOR. Catedrático de derecho administrativo + Cartas al Director. La "dedocracia de Pedro Sanchez". + Ineptocracia + Las agencias de colocaciones no son de recibo; artículos recomendados:Fiesta de amigos por Luis Miguel Fuentes y Polémico fichaje de la mujer del presidente.= Un secreto a voces, en la Junta de Andalucía, ¿se cometen delitos de usurpación de funciones públicas en todos los entes instrumentales junteros de la Ley de Reordenación del Sector Público, y nadie lo para, ni partidos políticos de la oposición, ni instituciones, ni los tribunales en sede judicial? ¿Irregularidades administrativas y errores cuando el PSOE, en Andalucía actúa "a sabiendas"? ¿Clientelismo político de los einsteins psocilistos que ahora también se aplica por Pedro Sánchez en el Estado, a la vista de los buenos resultados obtenidos en Andalucía, donde la corrupción institucional es el sistema mismo, como en Cataluña? En Andalucía se han superado todos los límites, incluso en sede judicial; ¿maridaje a la andaluza, Sra. Bolaños, donde todo se tapa y se archiva y archiva sin parar y Pedro Sanchez ahora desactiva a la UCO, porque será?. Es usted un ciudadano normal o todavía piensa: ¿Porque y para que crean mediante la Ley de Reordenación del Sector Público, Ley del Enchufismo, la Administración paralela, Administración del Régimen integrada por más de 25.000 digitales, que son los encargados actualmente de manejar el dinero que se les transfiere desde las Consejerías de la Junta de Andalucía, usurpando funciones públicas, con un coste de más de 3.000 millones de euros? ¿Porque los junteros crean un sistema donde se laxan los controles y se prescinden de los funcionarios públicos, que como fedatarios públicos están encargados del ejercicio de las potestades públicas? ¿Porque en Andalucía, el dinero público desaparece y vuela? ¿Como se mantiene el Régimen andaluz y el PSOE en el poder durante mas de 40 años; con un régimen clientelar que sufragamos con el dinero público de todos?. ¿El maridaje a la andaluza, ahora se aplica también a nivel estatal por el Sr. Sanchez, sin haber ganado elección alguna?; ¿aprenden del PSOE de Andalucia, donde han implantado un Régimen que lo controla todo, y donde la corrupción es el propio sistema? Los sociolistos han roto todos los limites; credibilidad cero, mientras seguimos degenerando.

https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2018-09-14/codigo-etico-pais-vasco-empleados-publicos-discrepar_1615631/


EN NOVIEMBRE, LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO

Prohíben a los 100.000 funcionarios vascos criticar las posturas políticas de su Gobierno

• El Ejecutivo de Vitoria va a extender por ley a todo el personal la obligación de cumplir con el Código Etico y de Conducta, que en la actualidad solo es de aplicación para los cargos públicos

Los 100.000 empleados públicos del País Vasco no van a poder discrepar o criticar de forma pública las "posiciones políticas" mantenidas por la Administración de la que dependen. En la actualidad, la prohibición de emitir opiniones contrarias a las del Gobierno vasco, las tres diputaciones forales o los ayuntamientos afecta únicamente a los cargos públicos, en cumplimiento del Código Ético y de Conducta que rige su actuación, pero este impedimento va a afectar también a todo el personal, ya que el Gobierno de Iñigo Urkullu pretende extender la obligación de cumplir esta pauta de actuación al conjunto del funcionariado antes de que acabe el año.

Extender al conjunto del personal público los valores y principios que el Código Ético y de Conducta establece para las personas que ocupan cargos públicos es una recomendación que ha formulado la comisión de Ética Pública del País Vasco en su Memoria de 2017 y que el Ejecutivo de Vitoria va a asumir. Así, el gabinete de Urkullu incluirá este precepto en el Proyecto de Ley de Empleo Público que se está tramitando y que el Consejo de Gobierno prevé aprobar en noviembre, según informa su portavoz, Josu Erkoreka.

Mantener una discrepancia de opinión en base al "derecho a la libertad ideológica" implicará que se presente la dimisión "por coherencia institucional"

El código ético, que desde 2013 rige la actuación de los miembros del Gobierno, altos cargos, personal eventual y demás cargos directivos al servicio de la Administración general y del sector público del País Vasco, establece que estos “deben abstenerse de discrepar o criticar abiertamente a través de medios de comunicación, redes sociales o por internet sobre las posiciones políticas mantenidas por su Gobierno” bajo amenaza de cese. Según determina, mantener una discrepancia de opinión, “amparándose en el derecho fundamental a la libertad ideológica y a la libertad de expresión”, conlleva que su autor debe “por coherencia institucional, presentar la correspondiente dimisión de su cargo, que podrá ser admitida o no por el órgano competente para aprobar el cese”.

Ahora, este precepto se aplicará a los 70.000 funcionados que dependen del Gobierno vasco y a los otros 30.000 de las otras administraciones públicas vascas, de acuerdo a las intenciones del Ejecutivo de extender este código ético a todo su personal con su incorporación en la próxima legislación vasca de empleo público. Esta norma de conducta recoge en la actualidad que los empleados públicos podrán participar en el debate y en los procesos de deliberación en cualquier medio de comunicación o en actos públicos para “defender las posiciones propias de su Gobierno”, de modo que, según deja constancia, “deberán abstenerse de intervenir” cuando “se distancien en algún punto concreto (siempre que este no sea sustancial) de esas posiciones gubernamentales” o, en su caso, “manifestar que sus opiniones son estrictamente personales y ajenas, por tanto, a la política gubernamental”

En su Memoria de 2017, la comisión de Ética Pública, presidida por el propio Erkoreka en su condición de consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, recomienda al Ejecutivo vasco que impulse, “previa negociación con los sindicatos”, la incorporación a la legislación vasca de empleo público de las previsiones que permitan hacer extensivo al conjunto de personal los valores y principios que el Código Ético y de Conducta establece para los cargos públicos. Según defiende, estos valores, “al ser propios de la institución, deberían ser igualmente observados por el resto del personal que presta servicios en su seno”.

El código ético que va a ser aplicado a todo el personal tiene muy ‘atadas’ las manifestaciones externas sobre la actuación del Gobierno. Así, es necesario un “consentimiento expreso o tácito” para participar en los medios de comunicación, donde se deberá mantener una actitud de lealtad a los planteamientos del Gobierno, estando prohibido además recibir cualquier tipo de “retribución o compensación económica, sea directa o indirecta”, por su intervención.

Cualquier empleado público que mienta en su currículo o sobre sus titulaciones y experiencia deberá presentar la inmediata renuncia del cargo

Esta pauta de actuación también afecta a una materia de estricta actualidad:los engaños en los títulos académicos. Por ello, las mentiras en los currículos o en las titulaciones no solo se van a poder llevar por delante a cargos públicos en el País Vasco, sino que cualquier empleado de la Administración está expuesto al cese por fraudes en su experiencia laboral y académica. La norma de conducta asegura de forma categórica que no se puede “bajo ningún concepto falsear o mentir en torno a los datos propios de su currículo profesional, de sus titulaciones y de su experiencia por respeto debido a la institución que representan y a la propia ciudadanía”. Cualquier falseamiento o mentira sobre tales extremos, según determina, “conllevará la inmediata renuncia del cargo público o, en su caso, el cese en el ejercicio de sus funciones”.

Igualmente, entre otras consideraciones, los funcionarios tampoco podrán aceptar a partir de ahora de personas o entidades públicas o privadas “ningún tipo de donaciones o regalos de cualquier clase, más allá de los relativos a los usos habituales o a la cortesía que le puedan ser entregados por razón de su cargo, con el fin de evitar posteriores interferencias en sus decisiones públicas y salvaguardar así la imagen imparcial e íntegra de la institución”. En materia de viajes, solo podrán aceptar por parte de terceros “el pago de los billetes de desplazamiento, hotel y manutención” cuando participen en actividades que aludan a “materias directamente relacionadas con sus responsabilidades”. Tampoco podrán “aceptar retribuciones dinerarias o en especie por la impartición de conferencias o participación en paneles de debate, salvo que la actividad se desarrolle en función de sus cualificaciones o actividades profesionales previas y el objeto y condición de su participación en ese acto sea ajeno completamente al desempeño del cargo público”.

El Ejecutivo de Urkullu también atenderá a una segunda recomendación planteada por la cómisión de Ética Pública, la de incluir en el propio Código Ético y de Conducta alguna previsión para cubrir la laguna temporal entre que la persona toma posesión de su cargo y firma la adhesión a este manual de conducta. En la actualidad, el plazo para la adhesión al código es de 15 días, periodo durante el cual se está exento del cumplimiento de sus postulados. La comisión es consciente de que los trámites legalmente establecidos para perfeccionar el nombramiento de un cargo público “no siempre se pueden cumplimentar en un lapso temporal breve”, pero aboga por impedir de algún modo que los cargos públicos que tienen pendiente esta formalidad queden materialmente exentos del cumplimiento de sus preceptos. Por ello, apunta como posible fórmula que la adhesión se realice con la toma de posesión del cargo.

Memoria de 2017

Por otro lado, la Memoria de 2017 de la comisión de Ética Pública refleja que este organismo adoptó el pasado año 11 acuerdos, de los cuales ocho fueron abordados a petición de las propias personas que ocupan cargos públicos a título de consulta. Los tres restantes llegaron a la entidad como consecuencia de la interposición de denuncias por conductas presuntamente contrarias al código de actuación. En relación a los asuntos, en dos de los 11 expedientes se cuestionaba la participación en medios de comunicación emitiendo declaraciones contrarias a las “posiciones propias” del Gobierno vasco, si bien la comisión de Ética Pública no ha actuado en estos casos, ya que los cargos involucrados aún no habían firmado su adhesión al mismo. En ambos casos, este organismo afirma que “no procede emitir un pronunciamiento expreso en torno a la licitud ética de su conducta por exceder de las facultades que tiene atribuidas”. En todo caso, en relación a uno de los casos, deja constancia de que “la lealtad” al Gobierno vasco y la “coherencia” obligan al afectado a “modular todas sus intervenciones”. Así, refleja que este “no podrá participar en el programa expresando sus opiniones personales, sino defendiendo en todo momento las posiciones propias del Gobierno, de manera que nunca podrá discrepar o criticar abiertamente dichas posiciones y solo de manera excepcional y puntual podrá distanciarse de las mismas, en cuyo caso, deberá abstenerse de intervenir o, en su defecto, manifestar que sus opiniones son estrictamente personales y ajenas, por tanto, a la política gubernamental”.

Cinco de estos 11 casos analizados estuvieron relacionados con la obligación que se impone a los cargos públicos de poner en conocimiento de la comisión las citaciones que reciban para declarar en concepto de investigados en un procedimiento judicial de carácter penal. Ante esta cuestión, el código ético establece que en caso de apertura de juicio oral se recomienda el cese cautelar del cargo público afectado. En este sentido, la comisión refleja que desde el año 2015 se han registrado 15 denuncias judiciales contra cargos públicos del Gobierno vasco, de las que 13 han sido sobreseídas y dos continúan en fase de investigación. Por ello, apela al respeto a la presunción de inocencia de las personas investigadas judicialmente por el ejercicio de sus cargos públicos.

“El solo hecho de pensar que los 13 cargos públicos cuyas causas han sido sobreseídas hasta la fecha podían haberse visto afectados por una medida cautelar de caracter profiláctico que, sin duda alguna, hubiese contribuido a menoscabar su buen nombre, consideración pública y prestigio nos reafirma en la convicción de que las consultas formuladas por los cargos públicos con ocasión de su citación por un juez penal para declarar en concepto de investigados han de seguir resolviéndose con sumo tiento, atendiendo, siempre, a las circunstancias particulares concurrentes en cada caso y procurando conciliar en todo momento el rigor con el que han de observarse las conductas éticas asociadas a la ejemplaridad con la obligada prudencia en la ponderación de cada caso”, defiende.