CASO AZNALCÓLLAR. La pareja de un alto
cargo de Susana Díaz medió a favor del adjudicatario de Aznalcóllar
- La UCO dice que la compañera sentimental del ex número 3 de la Consejería de Economía hizo de intermediaria para Magtel en Sudamérica
- La vincula con la constructora Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Sudamérica.
CASO ERE. La Junta pagó sobrecomisiones por los ERE irregulares hasta un 550% por
encima del mercado
- Un informe remitido al juzgado por los peritos de la Dirección General de Seguros ratifica las irregularidades en esta pieza del caso ERE.
CASO AZNALCÓLLAR
La pareja de un alto cargo de Susana Díaz medió a
favor del adjudicatario de Aznalcóllar
- La UCO dice que la compañera sentimental del ex número 3 de la Consejería de Economía hizo de intermediaria para Magtel en Sudamérica.
- La vincula con la constructora Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Sudamérica.
La Guardia Civil no encontró en los correos
de los altos cargos y técnicos involucrados en el concurso de
adjudicación de la mina de Aznalcóllar pruebas de que hubiesen intentado influir en
los miembros de la mesa para favorecer a la empresa adjudicataria. Pero sí
hallaron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) indicios que atestiguan
la «fluida» relación que los dueños de Magtel
-que ganó el concurso de la mina a través de su filial, Minorbis- tenían con
uno de esos ex altos cargos, en concreto con el ex secretario general de
Industria, Vicente Fernánez, número tres de la consejería que adjudicó la mina
y que hoy es interventor
general de la Junta de Andalucía.
Entre esos indicios, los
investigadores de la UCO destacan, por encima de los demás, los vínculos de la pareja de
Vicente Fernández con el grupo Magtel. Según dicen en el informe en el que
analizaron los correos intervenidos, la compañera sentimental del ex secretario
general de Industria fue «intermediaria» entre los dueños de la compañía
cordobesa, Luis y Mario López Magdaleno, y la empresa Odebrecht, una
multinacional de la construcción brasileña que ha bautizado el mayor escándalo
de corrupción de Sudamérica.
En su informe, la Guardia Civil
explica que la relación entre los hermanos López Magdaleno y Vicente Fernández
era «especialmente fluida» y que habían coincidido en Brasil, el país de origen
de la pareja del interventor general. Ésta, cuya identidad responde a las
iniciales de D.C.L., habría mediado a favor de Magtel para introducirse en el mercado
sudamericano de acuerdo con las tesis de los investigadores y los correos
electrónicos que examinaron.
El socio que buscaba Magtel no
era cualquiera. Odebrecht era, y es a pesar del escándalo que protagoniza, la
empresa de construcción e ingeniería más importante del subcontinente americano
y que habría pagado, según las investigaciones llevadas a cabo por las
autoridades brasileñas e internacionales, 200 millones de euros en sobornos a políticos
y funcionarios de toda Latinoamérica.
Los tentáculos de la trama
corrupta van mucho más allá de Brasil -donde el propio ex presidente Lula da
Silva fue condenado- y se extienden por Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Argentina,
Uruguay o Chile.
Pero hay más. La UCO también
constata «frecuentes» contactos entre los propietarios
de Magtel y Fernández «por diferentes negocios» y cómo los empresarios le
pidieron al ex alto número 3 de la Consejería de Economía su apoyo para que
algunos ayuntamientos cambiasen sus ordenanzas para favorecer los negocios que
en esos momentos tenía Magtel en sus términos municipales.
E, igualmente, el informe de la
UCO detalla el «apoyo» que le habría prestado el alto cargo del gobierno de Susana Díaz a
la empresa cordobesa en Perú.
¿Trato de favor?
Hay que tener en cuenta que la empresa
que denunció las irregularidades en el concurso de Aznalcóllar, Emerita
Resources, siempre ha mantenido que Magtel gozó de trato de favor por parte de
la Junta de Andalucía y que eso fue determinante para inclinar la balanza del
concurso y lograr la mina.
El Juzgado de Instrucción 8 de
Sevilla mantiene abierta diligencias previas ante las sospechas de
irregularidades que confirmó la Audiencia de Sevilla al ordenar reabrir
la causa que previamente había archivado la instructora.
Fue la magistrada, Patricia
Fernández, la que dio instrucciones a la UCO para intervenir los correos
electrónicos de los cargos y técnicos de la Junta involucrados en el concurso
minero y someterlo a un examen en el que los investigadores han dado con estos
elementos que confirman, a juicio de Emerita Resources, las sospechas de favoritismo.
Al hilo de todo lo anterior,
fuentes cercanas a Vicente Fernández recalcaron que «en ningún caso»
coincidieron el alto cargo y los dueños de Magtel en Brasil y que el papel de
su pareja no fue más allá de remitir a la constructora Odebrecht una
«presentación corporativa», sin mediar, insistieron, ninguna clase de cobro,
pago o comisión.
Por lo que se refiere a las relaciones entre
el hoy interventor general y los hermanos López Magdaleno, estas fuentes
manifestaron que eran las propias de una empresa proveedora de la
Administración y que tenía «diversas actividades en ámbitos propios de la
Secretaría General» que ostentaba.
Los correos electrónicos, siempre
según el entorno de Vicente Fernánez, habrían sido de esta manera «malinterpretados» y
ponen un ejemplo: en un correo de una alto cargo se habla de «tus amigos los
indios» y la Guardia Civil cree que se refiere a Grupo México, cuando en
realidad, señalan las fuentes, aludía a la empresa india Mittal.
Por último, las fuentes
recalcaron que las acusaciones han pedido la imputación del ex número tres de la Consejería de
Economía en cuatro ocasiones y la juez las ha
rechazado todas.
Mientras tanto, fuentes de la
empresa Magtel declinaron realizar ningún tipo de
comentario.
EL TSJA avala una parte del concurso
minero.
El TSJA avala una parte del concurso minero
La Junta de Andalucía ha obtenido el respaldo de la Justicia en uno de los frente que tenía abiertos por el concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la Administración autonómica en el pleito que mantenía contra ella la empresa Qbis Resources, a la que la Junta expropió la solicitud de investigación en el yacimiento sevillano como paso previo a la adjudicación de los derechos mineros concedidos, finalmente, a la filial de Magtel, Minorbis.
La Junta de Andalucía ha obtenido el respaldo de la Justicia en uno de los frente que tenía abiertos por el concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la Administración autonómica en el pleito que mantenía contra ella la empresa Qbis Resources, a la que la Junta expropió la solicitud de investigación en el yacimiento sevillano como paso previo a la adjudicación de los derechos mineros concedidos, finalmente, a la filial de Magtel, Minorbis.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del
Alto Tribunal andaluz en Sevilla desestima, en una sentencia a la que ha tenido
acceso EL MUNDO de Andalucía, la demanda que había interpuesto Qbis Resources
contra la resolución por la que se convocó el concurso minero, que pedía que se
anulase al considerar que la Junta actuó ilegalmente y usurpó competencias
exclusivamente estatales.
Asimismo, aducía, en lo referente a la
expropiación de su solicitud de investigación, que concurrían «razones de
extraordinaria y urgente necesidad» que hubieran amparado dicha actuación
después de que la demandante hubiera presentado en octubre de 2011 primero y
luego en junio de 2013 sendas peticiones para obtener el permiso de
investigación en Aznalcóllar.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
ni siquiera entra en el fondo del asunto de la constitucionalidad o no de la
actuaciones de la Junta en el concurso, ya que concluye que Qbis Resources no
está legitimada para interponer la demanda, destacando que esta compañía ni
siquiera se presentó al concurso por el que se adjudicaron los derechos
mineros.
Además, dice el TSJA, la empresa ni siquiera
llegó a contar con los permisos de investigación, dado que sus solicitudes no
contaron con resolución de la Junta en este sentido.
CASO ERE
La Junta pagó sobrecomisiones por los ERE irregulares
hasta un 550% por encima del mercado
- Un informe remitido al juzgado por los peritos de la Dirección General de Seguros ratifica las irregularidades en esta pieza del caso ERE
Las comisiones cobradas por mediadores en ERE financiados
por la Junta superan hasta un 550% la media que las aseguradoras pagaban a esos
mismos intermediarios en otros casos, según un informe remitido por los peritos de la
Dirección General de Seguros a la jueza María Núñez que investiga las sobrecomisiones.
Los peritos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía realizaron en el 2014 -a petición de la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya- un informe en el que detectaron que en los ERE financiados por la Junta se pagaron más de 66 millones de euros en comisiones por encima de la media del mercado, un promedio que fijaron en el 2 % entre el 2000 y el 2011.
Los peritos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía realizaron en el 2014 -a petición de la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya- un informe en el que detectaron que en los ERE financiados por la Junta se pagaron más de 66 millones de euros en comisiones por encima de la media del mercado, un promedio que fijaron en el 2 % entre el 2000 y el 2011.
Ratificaron su informe en julio
del 2015 ya ante la sucesora de Alaya, María Núñez, quien en mayo del 2017 les
pidió ampliarlo indicando "la totalidad de las actuaciones en virtud de
las cuales han concluido que es el 2 % la comisión de referencia",
petición que reiteró en septiembre.
El nuevo informe ampliado, al que
ha tenido acceso Efe, recoge que "el importe de las comisiones de
mediadores no está tasado por ley" y "es el mercado libre el
que fija los precios", si bien analiza las comisiones cobradas en esos
años por mediadores como Aon Gil y Carvajal, Mercer Consulting y Willis Iberia
para concluir que oscilan entre el 2 y el 3% en el caso de pólizas financiadas
por administraciones públicas.
En el caso de los ERE financiados
por la Junta, analiza las pólizas suscritas por las aseguradoras Generali,
BBVA Seguros, Mapfre y Vida Caixa -con estos y otros mediadores- para concluir
que aunque generalmente son las aseguradoras "las que determinan el
porcentaje de comisiones a pagar a los mediadores", en los ERE suscritos
con BBVA "eran los propios mediadores quienes fijaban las comisiones, y
normalmente bastante por encima de los precios habituales del mercado".
En concreto, en las pólizas
suscritas con BBVA Seguros la comisión media pagada a los
mediadores Inversiones Fafner y Rokiblau "en el caso de pólizas de seguros
financiadas por la Junta de Andalucía era del 9%", un "80% más"
que en otras pólizas, donde la comisión media era del 5%.
Inversiones Fafner cobraba
por labores de mediación en los ERE financiados de la Junta una comisión del 8%
frente al 5% habitual, "un 60% más", pero Rokiblau recibía un 13% en
vez del 2% que cobraba en otras pólizas no financidas por la Junta, "un
550% más".
Mas caras entre 2001 y 2005
Además, la comisión en pólizas suscritas
entre los años 2001 y 2005 "fue bastante más alta que en los
posteriores".
En el caso de Generali, que
trabajaba con las mediadoras Irson e Ingotor, el informe de los peritos destaca
que esta asegurada fijaba "un máximo del 2% en el porcentaje de comisiones
a pagar a los mediadores y sin embargo el importe de comisiones pagado fue
notablemente superior".
"Las comisiones de Irson e
Ingotor alcanzaban el 11% cuando se trataba de pólizas financiadas por la Junta
de Andalucía, bajando el porcentaje de comisiones al 5,21% y 6,3% cuando las
pólizas no estaban financiadas. Por tanto la intermediación en pólizas
financiadas era un 90% más cara que las no financiadas", señalan.
En el caso de Caixa -que
trabajaba entre otras con mediadoras como Uniter, Willis Iberia, Aon Gil,
Mercer Consulting o Atlantis- y Mapfre las diferencias eran menores y sus datos
no concretan qué pólizas corresponden a ERE financiados por la Junta.
Caixa sólo diferencia entre
pólizas financiadas o no por organismos públicos, con una comisión media del
2,67% en las primeras frente al 1,97% en el resto.
Mapfre indica que
en las 261 pólizas de seguros colectivos emitidas entre el 2000 y el 2016, la
comisión media pagada a los mediadores fue de un 0,76 % y de ellas, en las doce
emitidas en Andalucía la media fue del 0,84 %.
La jueza Núñez ha citado a los
peritos de la Dirección General de Seguros para ratificar este informe el
próximo 12 de abril en el marco de esta pieza
separada del caso ERE que investiga a responsables de aseguradoras, mediadoras
y sindicatos por el pago de sobrecomisiones en la tramitación de las
prejubilaciones subvencionadas por la Junta.
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