CASO
FORMACIÓN. Un juez de Córdoba rechaza que Núñez no investigue al ex número dos
del PSOE Rafael Velasco
- Un magistrado rechaza que se inhiba en esta investigación sobre ayudas de formación porque no hay resolución firme.
Mediante un auto dictado el 24 de enero pasado y notificado esta semana, el juez cordobés recuerda a Núñez que el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que los jueces instructores no pueden derivar un caso a otro juzgado hasta que no se resuelvan los recursos. «Lo que obliga a la juez que se inhibe a esperar la firmeza de la resolución y seguir instruyendo, entre tanto, el asunto», apunta.
CASO ERE ANDALUCÍA. Un intermediario de los ERE llevaba sobres de dinero en el AVE a Sevilla
- Una exempleada de Vitalia declara a la juez Núñez que se hicieron transferencias bancarias al exdirector Francisco Javier Guerrero.
CASO FORMACIÓN
Un juez de Córdoba
rechaza que Núñez no investigue al exnúmero dos del PSOE Rafael Velasco
- Un magistrado rechaza que se inhiba en esta investigación sobre ayudas de formación porque no hay resolución firme
La juez María Núñez Bolaños tendrá
que seguir investigando ayudas de formación concedidas a una academia vinculada
a la mujer del ex vicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco. El juez de Instrucción
número 2 de Córdoba, Arturo Vicente Rueda, ha rechazado que la magistrada
derive a este juzgado las diligencias previas que analizaban las supuestas
irregularidades en ayudas de la Junta de Andalucía concedidas a Aulacen Cinco.
El titular del juzgado cordobés se niega a asumir esta
investigación porque el auto de inhibición de Núñez
«no puede ejecutarse porque aún «no es firme», dado que dicha resolución fue
recurrida por el Partido Popular andaluz ante la Audiencia Provincial de
Sevilla. El PP ejerce la acusación popular en la causa de Formación.
Mediante un auto dictado el 24 de
enero pasado y notificado esta semana, el juez cordobés recuerda a Núñez que el
artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que los jueces
instructores no pueden derivar un caso a otro juzgado hasta que no se resuelvan
los recursos. «Lo que obliga a la juez que se
inhibe a esperar la firmeza de la resolución y seguir instruyendo, entre tanto, el asunto», apunta.
La Junta le concedió subvenciones
para cursos por valor de 730.000 euros
a Aulacen Cinco S.L., la academia que administraba su
mujer, durante cuatro años. Velasco dejó la política tras conocerse que accedió
a estas subvenciones.
Otro magistrado de Córdoba, titular
del juzgado de Instrucción número 4, ha abierto diligencias previas contra Velasco por supuestos delitos de
prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.
El magistrado José Luis Rodríguez
Lainz requirió a la Dirección Provincial de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba
una copia íntegra de uno de los expedientes de ayuda.
CASO ERE ANDALUCÍA
Un intermediario de los ERE
llevaba sobres de dinero en el AVE a Sevilla
- Una exempleada de Vitalia declara a la juez Núñez que se hicieron transferencias bancarias al exdirector Francisco Javier Guerrero
Antonio Albarracín, exdirectivo de
Vitalia, una de las intermediarias que cobraban comisiones desorbitadas por
gestionar ERE, viajaba con varios sobres repletos de dinero en metálico en el AVE desde Madrid con destino a
Sevilla, donde los entregaba. De ello ha dado fe en el juzgado María Celia
Hernaiz, la trabajadora que se hacía cargo de la caja en las oficinas que tenía
la consultora catalana en Madrid. Declaró ayer ante la juez María Núñez Bolaños
como testigo en la pieza separada de los ERE que analiza el pago de
sobrecomisiones con cargo al fondo de la Junta de Andalucía para subvencionar
pólizas de prejubilación.
La ex empleada de la compañía ha
relatado que ayudaba a Albarracín a preparar los sobres con distintas
cantidades de dinero en efectivo, según informaron a ABC fuentes del caso. En la esquina de cada sobre
escribían unas iniciales, en
teoría las de los misteriosos destinatarios de estos fondos. Pero nunca llegó a
decirle quiénes eran.
Hernaiz, que acabó siendo
despedida por Vitalia tras negarse a participar en estas operaciones, ha
asegurado que, siguiendo directrices del exdirectivo, en dos o tres ocasiones
realizó transferencias bancarias a favor al exdirector general
de Trabajo y Seguridad de la Junta Francisco Javier Guerrero siempre por importe inferior a los
3.000 euros (2.999), puesto que a partir de dicha cantidad la entidad bancaria
solicita el DNI para identificar al ordenante.
Es uno de los sistemas más
antiguos para reintroducir en el circuito legal el dinero procedente de actividades supuestamente
ilícitas. En la jerga de los bancos este
método se conoce como «pitufeo» y busca esquivar los controles de los
supervisores bancarios.
Caja fuerte
La extrabajadora de Vitalia ha
confirmado sus manifestaciones que realizó ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil. «Los sobres quedaban en la caja
fuerte hasta que el Sr. Albarracín los iba sacando, no sólo cuando iba a
Sevilla. También, según cree, entregaba algunos en Madrid», según el acta de su
declaración.
El antiguo chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo,
confesó haber recogido en varias ocasiones sobres de dinero de Albarracín para
su jefe. Hernaiz
también señaló que un día el exbanquero Eduardo Pascual Arxé se quitó el abrigo
y empezó a sacar dinero de todos los bolsillos. El administrador del holding
Vitalia fue detenido en Burkina Fasso en mayo tras dictarse una orden de busca
y captura.
Un informe de los Mossos
d’Esquadra, incorporado a la causa de los ERE, reveló que los dirigentes de
Vitalia desviaron parte del dinero a empresas vinculadas al negocio
inmobiliario con sede en paraísos fiscales como República Dominicana y crearon una red de empresas
pantallas donde colocaron como testaferro hasta a un indigente iraquí.
Albarracín, que llegó a ingresar
en prisión por estos hechos, fue acusado por la anterior instructora del caso,
Mercedes Alaya, de «corromper de manera continuada a cargos de la administración
autonómica», entre
ellos Guerrero, al transferirles parte del dinero que cobraban de las
sobrecomisiones.
A sus órdenes estuvo trabajando como comercial el conseguidor
de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas. Albarracín abonó más de 2,5
millones en comisiones a Lanzas y entregó dádivas a Francisco Javier Guerrero,
según advirtió Alaya antes de que Nuñez desgajara de la macrocausa una
investigación centrada en las sobrecomisiones.
En esta pieza hay 40 imputados,
entre ellos el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y Guerrero,
además de responsables de aseguradoras con las que se suscribían las pólizas, consultorías y bufetes y sindicalistas de UGT y
CC.OO.
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