TRIBUNALES. 'Caso ERE', la macrocausa de los más de 250 juicios
- De las 270 piezas en las que se debe dividir el caso, sólo se están investigando 35 y hay otras cinco ya finalizadas, según la Fiscalía
Sábado, 6 de enero de 2018. ¿Tienen bula los políticos?. Artículo de Luis Marín Sicilia. De lectura recomendada.
- “No hay impunidad posible para quien ha delinquido, sea político, médico o ingeniero”
- “La nimiedad del personaje [Puigdemont] es tan palmaria como el triste destino que le espera”
¿Y QUE ME DICEN DE ANDALUCÍA?
'Caso ERE', la macrocausa de los más de 250 juicios
- De las 270 piezas en las que se debe dividir el caso, sólo se están investigando 35 y hay otras cinco ya finalizadas, según la Fiscalía
El juicio de la pieza principal de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla, en el que se sientan en el banquillo los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de otros 20 ex altos cargos regionales, no será el único.
La macrocausa de los ERE, uno de los mayores asuntos de corrupción que se ha investigado en España, se verá en unos 270 juicios, según detalló el fiscal Juan Enrique Egocheaga el pasado martes durante el juicio que se celebra en Sevilla. Son tantos juicios porque habrá uno por cada una de las ayudas irregulares que salieron de la partida 31L, también conocida como 'fondo de reptiles' del que los sucesivos gobiernos socialistas andaluces pagaron a trabajadores de empresas en crisis entre los años 2000 y 2010.
El juicio que ya ha comenzado en la Audiencia contra los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz analiza el llamado «procedimiento específico», que permitió repartir 741 millones de euros en ayudas sociolaborales al margen de todo tipo de control durante una década.
La macrocausa de los ERE se desgajó en piezas el 9 de noviembre de 2015 por decisión de la entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Fue tan sólo cinco meses después de que la juez Mercedes Alaya dejara el juzgado de instrucción y tomara posesión de su plaza de magistrada en la Audiencia.
El juicio de la pieza principal de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla, en el que se sientan en el banquillo los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de otros 20 ex altos cargos regionales, no será el único.
La macrocausa de los ERE, uno de los mayores asuntos de corrupción que se ha investigado en España, se verá en unos 270 juicios, según detalló el fiscal Juan Enrique Egocheaga el pasado martes durante el juicio que se celebra en Sevilla. Son tantos juicios porque habrá uno por cada una de las ayudas irregulares que salieron de la partida 31L, también conocida como 'fondo de reptiles' del que los sucesivos gobiernos socialistas andaluces pagaron a trabajadores de empresas en crisis entre los años 2000 y 2010.
El juicio que ya ha comenzado en la Audiencia contra los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz analiza el llamado «procedimiento específico», que permitió repartir 741 millones de euros en ayudas sociolaborales al margen de todo tipo de control durante una década.
La macrocausa de los ERE se desgajó en piezas el 9 de noviembre de 2015 por decisión de la entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Fue tan sólo cinco meses después de que la juez Mercedes Alaya dejara el juzgado de instrucción y tomara posesión de su plaza de magistrada en la Audiencia.
http://www.eldemocrataliberal.com/2018/01/tienen-bula-los-politicos.html
sábado, 6 de enero de 2018
¿Tienen bula los políticos?
Artículo de Luis Marín Sicilia. De lectura recomendada.
- “No hay impunidad posible para quien ha delinquido, sea político, médico o ingeniero”
- “La nimiedad del personaje [Puigdemont] es tan palmaria como el triste destino que le espera”
Es
bula el privilegio en virtud del cual alguien queda liberado de una carga
o de una obligación. En el ejercicio de todas las actividades humanas puede
incurrirse en la comisión de faltas sancionadas legalmente con medidas
correctoras de la conducta irregular atentatoria para la convivencia social.
Las faltas más graves son las constitutivas de delito que conllevan una
especial dureza en la imposición de las penas tendentes a restituir el orden
social quebrantado y a conseguir la reinserción del delincuente en la
normalidad convivencial.
Faltas
y delitos pueden cometerlos todos los seres humanos, tanto en la esfera de su
ámbito profesional como fuera de ella. Y todos los que trasgreden las normas
establecidas quedan sujetos a la corrección pertinente mediante las oportunas
medidas sancionadoras. Si un médico, un abogado, un arquitecto, un
electricista, un ingeniero o un policía han de responder por los excesos y las
irregularidades que en el ejercicio de su profesión realicen, ¿por qué no han
de responder los políticos cuando violenten el orden legal que a todos nos
obliga?
Había
una cierta expectación sobre la resolución del Tribunal Supremo respecto al
posible levantamiento de la prisión preventiva decretada contra el político
catalán Oriol Junqueras. La resolución del alto tribunal no puede ser más
expresiva sobre la improcedencia de su puesta en libertad. El político en
cuestión no ha rectificado su acreditada voluntad de no atenerse al orden
constitucional, pretendiendo que hablando de paz y de diálogo es suficiente
para su excarcelación, mientras queda acreditado que su conducta, por la que
está detenido, incitó a actitudes violentas y de desafío al poder constituido
que contradicen las buenas palabras y la fe religiosa en la que dicen
ampararse.
Lejos
de alejar de la convicción de los magistrados que no tiene voluntad de volver a
reiterar los presuntos hechos delictivos que le llevaron a prisión,
unánimemente han concluido los miembros del tribunal que el peligro de
reiteración delictiva es manifiesto, por lo que no procede su puesta en
libertad. Y hemos de lamentar que tal cosa se haya producido, porque es de bien
nacidos desear que, quien tomó un camino erróneo, rectifique. No ha sido así, y
bien que lo sentimos. Por el encausado y por la paz social tan necesaria en
aquella región española.
Hay
en España una legión de voceros, con carné de políticos profesionales, que
pretenden conceder a quienes bravuconamente y de forma ilícita han quebrantado
la legalidad el privilegio de seguir ejerciendo su función política porque, de
no hacerlo, se atentaría con los derechos de participación política y
representativa que corresponde a quienes han sido elegidos democráticamente.
Resulta que todos los delincuentes que sufren privación de libertad tiene
restringidos sus derechos ciudadanos, pero los políticos, esa casta que tanto
denostaban algunos, quieren seguir gozando de su normalidad cívica “porque
representan a la ciudadanía”. Pues ya saben; si quieren quedar impunes de sus
fechorías preséntense a unas elecciones, por si tienen la suerte de ser
elegidos. Así parecen pensar los “nuevos políticos”.
No
hay impunidad posible para quien ha delinquido, sea político, médico o
ingeniero. Si el cirujano no puede pretender salir de prisión para hacer una
operación que puede ser muy importante para la salud de sus pacientes, ningún
político puede pretender seguir ejerciendo como tal en tanto no cumpla el
castigo que corresponda a su conducta irregular o, mientras esta se dilucida,
no se comprometa firmemente a no reiterar los hechos investigados.
Para
mayor contumacia en el error, el fugitivo de Bruselas, además de no tener la
valentía de asumir la responsabilidad de sus propios actos, incrementa la
gravedad de los mismos al calificar la confirmación de la prisión preventiva de
Junqueras como una especie de cambalache que el Estado se inventa para
mantenerlo como rehén mientras se busca un acuerdo. La nimiedad del personaje
es tan palmaria como el triste destino que le espera, tanto si se queda
comiendo mejillones el resto de sus días como si en algún momento se comporta
con la hombría mínima de salir de Bélgica y asumir sus responsabilidades.
El
futuro de Cataluña, bastante incierto si la mayoría no impone un mínimo de
sentido común, pasa por la reconstrucción de consensos y la reconciliación de los
dos bloques que, como dice Duran Lleida, han confirmado reiteradamente que
están socialmente empatados. No cabe que cada día
sea más difícil el entendimiento entre ambas, lo que confirmaría la profecía de
Aznar cuando pronosticó que el “proces” no rompería España pero sí Cataluña.
El
primer reto, pues, es la reconciliación de los catalanes entre sí. Después,
desde el sentido común, habrá que restañar las heridas con el resto de España,
con la Unión Europea y con los sectores económicos y los mercados. La
incertidumbre para estos sobre el futuro de Cataluña no aguanta más de seis
meses. Si en ese periodo los disparates no se reconducen, el dinero, que
siempre es temeroso y conservador, huirá con determinación de aquella prospera
comunidad que tardará muchas décadas en recuperarse, si es que lo consigue.
Mientras
esa amenaza real existe, unos políticos mediocres se dedican a buscar
privilegios, bulas y tratos de favor, en vez de pedir disculpas y esforzarse
por reparar el enorme daño social y económico que han infringido a sus
ciudadanos.
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