Susana y las 35 horas.
El 'mindfulness' divide a los
funcionarios andaluces
- La fórmula de la Junta para sortear el fallo del Tribunal Constitucional contra el decreto de las 35 horas presenta numerosas lagunas
- Varios sindicatos han lamentado el daño al "prestigio" de los empleados públicos y denunciado que el pacto genera desigualdades
EDUCACIÓN.La Junta amarra el control de la Inspección educativa
- El gobierno andaluz se garantiza el nombramiento discrecional de los cargos gracias al apoyo de C's
- El sindicato de inspectores sí logra apoyo para mejorar formación y medios
FUNCIÓN PÚBLICA
El 'mindfulness' divide a los
funcionarios andaluces
- La fórmula de la Junta para sortear el fallo del Tribunal Constitucional contra el decreto de las 35 horas presenta numerosas lagunas
- Varios sindicatos han lamentado el daño al "prestigio" de los empleados públicos y denunciado que el pacto genera desigualdades
Muchos funcionarios y
muchos andaluces han descubierto esta semana el mindfulness,
una técnica de relajación, una suerte de herramienta contra el estrés que
utiliza la psicología moderna. No, no es meditación budista, como inicialmente
se informó de forma errónea. Al menos no en la forma en que se utiliza el
término en el catálogo de actividades hecho público por la Junta de Andalucía
para que sus empleados públicos puedan completar su jornada laboral hasta las 37,5
horas semanales. Dos horas y media de esa jornada podrán emplearse en
tareas de formación y desarrollo personal. On line y desde casa. Y el curso de mindfulness es
una de las opciones ofrecidas a los trabajadores
públicos.
Esa oferta formativa les
sirve a la Junta y a sus trabajadores para sortear una sentencia que obligaba a
la administración andaluza a olvidarse de su jornada reducida y volver a las
37,5 horas semanales que el Gobierno de la Nación impuso en 2012 para todos los
empleados públicos y que, según el Tribunal Constitucional (TC),
sólo el Gobierno de la Nación podría modificar.
Para la aplicación de
esta fórmula singular para justificar horas de trabajo 'no
presencial' de los funcionarios, el Gobierno de Susana
Díaz ha contado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que han
bendecido esta salida. Pero, a medida que pasan los días desde que se
conocieran los detalles del acuerdo, han comenzado a reproducirse
manifestaciones contrarias a la solución dada por la Junta para evitar que la sentencia del
TC obligara a ampliar la jornada de trabajo real.
La Asociación de
Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) y el Sindicato de
Médicos de Andalucía (SMA) consideran que docentes y sanitarios se han
visto perjudicados de alguna u otra forma, frente a los funcionarios de la
administración general. Pero, curiosamente, el sindicato mayoritario en la
administración general, el SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios)
tampoco parece satisfecho con el acuerdo sino todo lo contrario. Para empezar,
porque un cambio en las condiciones de trabajo de esta naturaleza ni siquiera
ha pasado por el órgano natural y legal de discusión, la 'mesa sectorial de
negociación', donde el SAF ostenta la representación mayoritaria.
Aunque, más allá de las
cuestiones formales, el sindicato considera que, con esta aplicación de la
nueva jornada 'no presencial', el Gobierno andaluz ha infligido un grave «daño
al prestigio» y la imagen de los funcionarios andaluces, que están siendo
«objeto de chanzas» en toda España.
El SAF dice estar en
contra de «toda acción que tenga por objeto eludir la aplicación de la ley
o burlar torticeramente la ejecución de las sentencias, máxime
si ello se promueve desde la propia Administración».
Reivindicación.
Hay varias
preguntas a las que la Consejería de Hacienda y Administración Pública no ha
dado respuesta en los últimos días. Una de esas cuestiones tiene que ver
precisamente con el argumento más repetido por la consejera María Jesús Montero,
quien subraya que la consideración de las horas de formación como parte de la
jornada laboral constituye el reconocimiento de una «reivindicación histórica de los trabajadores». Sin
duda, se trata de una declaración solemne. Sin embargo, el propio pacto firmado
por la Consejería y los sindicatos admite que las medidas adoptadas para la
ampliación de la jornada son «transitorias». O sea, que se reconoce una
«reivindicación histórica» pero sólo de forma temporal, lo cual podría resultar
incongruente. Y eso es así porque el propio Ejecutivo andaluz confía en que el
Gobierno de la Nación levante el veto a la jornada de 35 horas tan pronto como
consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018. ¿Qué pasará
entonces con ese 'derecho' a que las horas de formación sean parte de la
jornada?
En
el caso de los docentes andaluces, la reducción de jornada
se aplicó en el cómputo de horas lectivas semanales, que en el curso pasado
eran 20, siendo el compromiso reducirlas para este curso a 19 y para el próximo
a 18. Y para ello, durante este curso, una (y sólo una) de las horas de guardia
semanales se computan dentro del horario lectivo. En el curso próximo se hará
lo mismo pero con dos de las horas de guardia.
Redistribución horaria.
Los
profesores se quejan, por un lado, de que, en su caso, no hay reducción real de
las horas presenciales, sino sólo un cambio en la distribución de las mismas.
Pero, además, subrayan la incongruencia de que la Junta utilice ahora de forma
flexible el concepto de 'horas lectivas', cuando se ha negado a ello durante
todos los años anteriores afirmando que las restricciones impuestas por el
Ejecutivo central lo impedían. ¿Por qué ahora sí se puede y antes no, si el
criterio del Gobierno de la Nación no ha cambiado en este tiempo?
Con
la aplicación de esta fórmula, la Consejería de Educación podría haber evitado
o, al menos, atenuado la destrucción de empleo docente (4.500 plazas menos) en
los años duros de la crisis. De hecho, así lo hicieron otras comunidades
autónomas, como le han venido recordando año tras año los sindicatos al
consejero de turno.
Igualmente,
los docentes se preguntan si, una vez superado este periodo transitorio, las
horas de guardia volverán a salir de la categoría de horas lectivas. El hecho
de que la Consejería califique como horas lectivas tan sólo algunas de las
horas de guardia y el resto no constituye también una incongruencia desde el
punto de vista formal que añade inseguridad jurídica a las condiciones
laborales de los docentes. A este respecto conviene recordar que la Justicia ha
condenado recientemente a la Consejería por su regulación de los horarios de
sus docentes. Así, el TSJA anuló, en una sentencia conocida el pasado mes de
julio, una norma que suponía un aumento del número de alumnos por cada profesor
de guardia y que tenía por objeto precisamente ahorrar en plantillas.
Para
el sector sanitario, resulta una discriminación flagrante que en el catálogo de
actividades se incluyan cursos de meditación computables como horas de trabajo
y, sin embargo, la asistencia a congresos médicos no signifique para los
médicos una ventaja equivalente.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/01/13/5a590b82e2704e6a0c8b45e4.html
EDUCACIÓN
La Junta amarra el control de
la Inspección educativa
- El gobierno andaluz se garantiza el nombramiento discrecional de los cargos gracias al apoyo de C's
- El sindicato de inspectores sí logra apoyo para mejorar formación y medios
La
Inspección Educativa, el cuerpo de funcionarios que se encarga de supervisar la
educación en Andalucía -a excepción de la universitaria- y velar por el
cumplimiento de las leyes, derechos y obligaciones de alumnos y profesores
seguirá estando a las órdenes del gobierno que preside Susana
Díaz.
El
ejecutivo se ha asegurado el control de la Inspección tras rechazar en el
Parlamento el PSOE, con apoyo de Ciudadanos, cualquier reforma que
suponga dotar de autonomía y despolitizar a este colectivo profesional.
Fue poco
antes de las vacaciones navideñas cuando el pleno de la cámara autonómica
debatió un decálogo de reivindicaciones planteado por la
Unión Sindical de Inspectores Educativos (USIE). Entre las medidas que puso
encima de la mesa estaba contar con voz y voto en el nombramiento de la cúpula
de la Inspección. En concreto, que la designación del inspector general y de
los jefes de servicio se hiciera a través de una terna presentada por los
respectivos Consejos Andaluz y Provinciales. De esta forma, se hubiera
garantizado que la Inspección quedaba fuera del control político, a la par que una considerable
independencia en su funcionamiento interno.
La
propuesta de USIE que el PSOE y Ciudadanos han tumbado se produce además apenas
unos meses después del escándalo de los enchufes en la Delegación de Educación
en Sevilla, en el que se ha visto implicado, como uno de los grandes
protagonistas, precisamente el inspector jefe en esta provincia, Alberto
Moreno.
Su
hija, Anais Moreno, fue contratada a dedo y de forma irregular para un puesto para el que no
reunía los requisitos. El caso forzó a la Consejería de Educación a cesar a
tres cargos, entre ellos, al propio inspector jefe provincial. Además, el
asunto está en el juzgado.
Evitar
que los responsables de la Inspección puedan ser colocados por los cargos
políticos y que se produzcan situaciones como la vivida en la Delegación de
Educación sevillana es una de las finalidades de esta propuesta.
Como un “cortafuegos”.
La USIE
denuncia, de hecho, que los cargos educativos políticos utilizan a los cargos
de la propia Inspección como «cortafuegos» frente a la actuación de los
profesionales. Son cargos, dice el sindicato, «nombrados a dedo» que, critica
la USIE, «actúan más para que quienes los nombraron no se sientan incomodados por
las actuaciones inspectoras que para un desarrollo eficaz de la Inspección».
A
esto hay que añadir más cargos «a dedo» de los que se rodean los responsables
políticos (todos docentes adscritos) «como contrapeso a la Inspección».
«La
esencia y la eficacia de la Inspección requieren de autonomía, independencia profesional,
sin sujeción política en sus actuaciones técnicas», sostiene el sindicato de
inspectores.
Otra
de las reivindicaciones del colectivo que la Junta ha desoído es que haya un
único sistema de acceso al cuerpo de inspectores y
que este sistema sea el de concurso oposición.
En
este punto, USIE destaca la «experiencia» del concurso de méritos de
directores, que muestran, «las deficiencias de un sistema inapropiado para
seleccionar a los mejores para el desarrollo de la función inspectora».
El
tercer planteamiento que los inspectores han visto rechazado es la atribución de competencias para
resolver asuntos técnicos y potestad disciplinaria para faltas leves.
No
obstante, y pese al rechazo de estas cuestiones, la USIE sí logró sacar
adelante otras reivindicaciones, entre las que destaca la actualización de la
normativa, el refuerzo de las funciones de la Inspección, una apuesta por la
formación y mejorar los medios y los recursos. Igualmente, el pleno del
Parlamento dio su respaldo a la actualización del complemento específico y
limitar el número de inspectores provisionales.
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