lunes, 18 de septiembre de 2017

Máxima difusión. La juez imputa a tres altos cargos de Medio Ambiente y al ex director del Infoca por los contratos irregulares + La instructora del «caso Infoca» suma cinco investigados de la Junta = Aviso para navegantes, versus “colaboradores necesarios” de los junteros.....


La instructora del «caso Infoca» suma cinco investigados de la Junta

  • La Audiencia Nacional decidirá sobre el primer encausado, un jefe de servicio de Medio Ambiente, en el bloque del «cártel del fuego»

 La adjudicación de los medios aéreos del Plan Infoca se encuentra en el punto de mira judicial


CASO INFOCA. La juez imputa a tres altos cargos de Medio Ambiente y al ex director del Infoca por los contratos irregulares



  • La magistrada cita al director general del Medio Natural, al ex responsable del Plan Infoca, al actual número dos, al interventor y a una asesora.
  • La Junta releva al jefe del Infoca en plena investigación judicial

La investigación judicial por la adjudicación irregular del contrato de alquiler de medios aéreos para el Plan Infoca -por un importe de 70 millones de euros- salpica de lleno a la cúpula a la Consejería de Medio Ambiente que dirige José Fiscal. A la imputación, ya conocida, del jefe de Contratación, Antonio Martínez, se suman ahora las de otras cinco personas que participaron directamente en el concurso público bajo sospecha.

Se trata del director general de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid Rojo, de cuya área depende orgánicamente el Plan Infoca; de quien fuera máximo responsable del operativo de extinción de incendios de la JuntaErnesto Esteso; el actual número dos del mismo, Manuel Delgado Calderónel interventor delegado, Ángel Francisco Pérezy una asesora técnica en extinción de incendios de la Consejería, Dolores López.


Los hechos siguen hablando....


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http://www.larazon.es/local/andalucia/la-instructora-del-caso-infoca-suma-cinco-investigados-de-la-junta-KE15995395

CASO INFOCA

La juez imputa a tres altos cargos de Medio Ambiente y al ex director del Infoca por los contratos irregulares


  • La magistrada cita al director general del Medio Natural, al ex responsable del Plan Infoca, al actual número dos, al interventor y a una asesora


La investigación judicial por la adjudicación irregular del contrato de alquiler de medios aéreos para el Plan Infoca -por un importe de 70 millones de euros- salpica de lleno a la cúpula a la Consejería de Medio Ambiente que dirige José Fiscal. A la imputación, ya conocida, del jefe de Contratación, Antonio Martínez, se suman ahora las de otras cinco personas que participaron directamente en el concurso público bajo sospecha.

Se trata del director general de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid Rojo, de cuya área depende orgánicamente el Plan Infoca; de quien fuera máximo responsable del operativo de extinción de incendios de la Junta, Ernesto Esteso; el actual número dos del mismo, Manuel Delgado Calderón; el interventor delegado, Ángel Francisco Pérez, y una asesora técnica en extinción de incendios de la Consejería, Dolores López.


La magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, considera que hay indicios de que todos estos cargos de la Consejería de Medio Ambiente pudieran haber cometido un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del último contrato de fletamento de medios aéreos del Plan Infoca, por un importe global de 70 millones, que se repartió entre las empresas Inaer, Faasa, Sociedad Aeronáutica Peninsular o Trabajos Aéreos Espejo.


De lo que ha investigado hasta ahora, la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional concluye que, al menos, se habría producido una colusión de empresas, es decir, que las participantes en el concurso se habrían repartido las adjudicaciones con la anuencia de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente. De hecho, el primer imputado en la causa lo fue, precisamente, porque se le responsabilizó de no poner en conocimiento de la Agencia de Defensa de la Competencia, como es preceptivo, lo que era una evidente colusión de empresas.

Las nuevas imputaciones acordadas por la juez, en virtud de un auto fechado el pasado día 5 al que ha tenido acceso EL MUNDO, suponen un salto cualitativo y cuantitativo en una causa que, además, ha derivado en la investigación de las subvenciones para formación que recibió una de las adjudicatarias del concurso, Faasa.


Los nuevos investigados -el término que sustituyó formalmente al de imputados- tendrán que comparecer en la sede de los juzgados de Sevilla, el Prado de San Sebastián, el próximo 25 de octubre a raíz de una petición que realizó Ecologistas en Acción, que está personada en la causa.


La decisión de la juez Flores se produce después de inhibirse y pedir a la Audiencia Nacional que asumiera el procedimiento dado que ya está investigando adjudicaciones irregulares similares en otras comunidades en un caso conocido como el 'Cártel del fuego' y el que también están involucradas las empresas salpicadas por el escándalo en Andalucía.


La propia Fiscalía se mostró partidaria de que la causa pasara al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, señalando en su escrito que "es evidente que el cruce de investigaciones manifestado por la Policía Judicial afecta a los ilícitos penales cometidos a partir de una posible colusión de empresas en la concurrencia de concursos públicos" en varias comunidades.


Sin embargo, la Audiencia Nacional aún no ha respondido a esa petición de inhibición, por lo que la magistrada, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, continúa con la instrucción.

 

Relevo en el Infoca

 Entre los nuevos imputados destaca el nombre de quien fuera máximo responsable del Plan Infoca, Ernesto Esteso, cuando se adjudicó el macro contrato ahora en entredicho y al que el gobierno de Susana Díaz relevó de su cargo el año pasado, en octubre, un año después de que estallase el escándalo y el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla abriese diligencias tras la denuncia de un funcionario.

Juan Ernesto Esteso desarrolló buena parte de su carrera profesional en el Infoca hasta llegar a ser su director regional y su marcha se debió, según la versión ofrecida entonces por Medio Ambiente, a una decisión personal.


Pero lo cierto es que el nombre del que fuera director regional del Infoca aparece en las actas de la mesa de contratación que adjudicó estos contratos y según estos documentos internos, que forman parte del sumario y a los que ha tenido acceso este periódico, Esteso tomó parte activa en las adjudicaciones supuestamente irregulares.


Juan Ernesto Esteso desarrolló buena parte de su carrera profesional en el Infoca hasta llegar a ser su director regional y su marcha se debió, según la versión ofrecida entonces por Medio Ambiente, a una decisión personal.


Pero lo cierto es que el nombre del que fuera director regional del Infoca aparece en las actas de la mesa de contratación que adjudicó estos contratos y según estos documentos internos, que forman parte del sumario y a los que ha tenido acceso este periódico, Esteso tomó parte activa en las adjudicaciones supuestamente irregulares.





http://www.larazon.es/local/andalucia/la-instructora-del-caso-infoca-suma-cinco-investigados-de-la-junta-KE15995395

 

La instructora del «caso Infoca» suma cinco investigados de la Junta


La adjudicación de los medios aéreos del Plan Infoca se encuentra en el punto de mira judicial

  • ·         La Audiencia Nacional decidirá sobre el primer encausado, un jefe de servicio de Medio Ambiente, en el bloque del «cártel del fuego»


Pese a algún movimiento defensivo y un envío de parte de lo actuado a la Audiencia Nacional donde han acabado los movimientos del llamado «cártel del fuego», la investigación judicial que gira en torno a las presuntas irregularidades en la contratación de medios aéreos para el plan contra incendios del Gobierno andaluz, el etiquetado como «caso Infoca», ha dado un salto cualitativo. La instructora, la jueza María de los Reyes de Flores, ha citado a declarar en calidad de investigados –antes imputados– a cinco miembros de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comandada por José Fiscal, que se han sumado así al jefe de servicio de contratación de ese departamento Antonio M. L., señalado desde hace meses. Lo ha hecho a petición de la federación de Ecologistas en Acción de Sevilla, organización personada en la causa casi desde su arranque, y los lanzados al campo de batalla legal son participantes de alguna u otra forma en contrataciones del Infoca relativas al periodo temporal comprendido entre 2013 y 2018.

Se trata de Ernesto E. V., ex director del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de Incendios Forestales; Manuel D. C., actual subdirector del mismo; Francisco Javier M. R., director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, de cuya área depende la lucha contra el fuego; Ángel Francisco P. M., interventor delegado; y Dolores Esperanza L. M., asesora técnica en extinción de incendios del Ejecutivo autonómico.

De Flores, titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, ha entendido que existen indicios suficientes para atender la solicitud de Ecologistas en Acción de que se analice si al menos esos nuevos cargos de la consejería –no eran los únicos cuya encausación se demandó– han podido cometer un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de medios aéreos y a través de una providencia, fechada el 5 de septiembre a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, los convoca el próximo 25 de octubre a las 9:30 horas en sede judicial para ser interrogados y escuchados, si no se acogen a su derecho a callar. Una resolución de la magistrada contra la que Faasa Aviación, una de las empresas implicadas en la supuesta colusión –pacto entre entes para perjudicar a terceros– que, según la Policía, pudo haberse dado en la asignación millonaria de los medios aéreos del Infoca, ya ha interpuesto un recurso de reforma, consultado también por este periódico, al entender que no es «ajustada a derecho».

La entidad considera que el desfile por el juzgado de los cinco investigados más no procede, dado que es contradictorio con la inhibición de la instructora a favor de la Audiencia Nacional para que sea ésta quién desmenuce los «hechos relativos a los contratos de extinción de incendios forestales». La representación procesal de Faasa pide a la jueza que vuelva sobre sus pasos y dicte una nueva providencia en la que aclare si a pesar del envío a Madrid el juzgado sevillano va a continuar con sus indagaciones y las declaraciones previstas se mantienen o si, por el contrario, éstas se suspenderán hasta que «se reciba resolución del juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid –la Audiencia Nacional–» en la que se «ponga de manifiesto si acepta o no» la competencia para asumir la parte del «caso Infoca» que le ha sido elevada.

A la espera de la réplica de De Flores, se ha producido otra novedad ligada al primer encausado de la Junta por prevaricación, el jefe de servicio y presidente de la mesa de contratación protagonista de la denuncia de un funcionario de Medio Ambiente que dio origen a la causa, Antonio M. L. Una letrada del Gobierno regional ha pedido a la instructora, vía escrito, que aclare la situación en la que se encuentra el cargo del Ejecutivo andaluz. Pretendía conocer si su actuación integraba o no el bloque remitido a la Audiencia Nacional. En un auto, fechado también el pasado 5 de septiembre, De Flores deja claro que Antonio M. L. continúa en la categoría de investigado, si bien, matiza que, en efecto, en la resolución en la que acordó su inhibición no se hacía «expresa referencia a la situación procesal» del jefe de contratación de la consejería. «Siendo así –añade a continuación– que se halla incluido en la investigación que se estima concurrente con lo instruido en Sagunto –un juzgado de este enclave valenciano fue el primero en diligenciar a Madrid lo relativo al «cártel del fuego»– y con ello procede declarar expresamente que la actuación del mismo» se hilvana a «tales hechos» y que «su imputación» ha pasado a formar parte de lo que depende de la Audiencia Nacional «a los efectos oportunos». Al margen de esas diligencias, en Sevilla la Policía ha abierto otras líneas de acción al haber observado, y no es lo único, «un ineficaz control» por parte de la Junta «a la hora de detectar posibles abusos llevados a cabo por empresas conocedoras del ‘chollo de las subvenciones–ayudas para formación o innovación hasta 2009», ejercicio a partir del cual aquél se incrementó, como ya adelantó este diario.



 



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