La instructora del «caso Infoca» suma cinco investigados de la Junta
- La Audiencia Nacional decidirá sobre el primer encausado, un jefe de servicio de Medio Ambiente, en el bloque del «cártel del fuego»
CASO INFOCA. La juez imputa a tres altos cargos de Medio Ambiente y al ex
director del Infoca por los contratos irregulares
- La magistrada cita al director general del Medio Natural, al ex responsable del Plan Infoca, al actual número dos, al interventor y a una asesora.
- La Junta releva al jefe del Infoca en plena investigación judicial
La investigación judicial por la adjudicación irregular del contrato de alquiler de medios aéreos para el Plan Infoca -por un importe de 70 millones de euros- salpica de lleno a la cúpula a la Consejería de Medio Ambiente que dirige José Fiscal. A la imputación, ya conocida, del jefe de Contratación, Antonio Martínez, se suman ahora las de otras cinco personas que participaron directamente en el concurso público bajo sospecha.
Se trata del director general de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid Rojo, de cuya área depende orgánicamente el Plan Infoca; de quien fuera máximo responsable del operativo de extinción de incendios de la Junta, Ernesto Esteso; el actual número dos del mismo, Manuel Delgado Calderón; el interventor delegado, Ángel Francisco Pérez, y una asesora técnica en extinción de incendios de la Consejería, Dolores López.
Los hechos siguen hablando....
Los hechos siguen hablando....
http://www.larazon.es/local/andalucia/la-instructora-del-caso-infoca-suma-cinco-investigados-de-la-junta-KE15995395
CASO INFOCA
La
juez imputa a tres altos cargos de Medio Ambiente y al ex director del Infoca
por los contratos irregulares
- La magistrada cita al director general del Medio Natural, al ex responsable del Plan Infoca, al actual número dos, al interventor y a una asesora
La investigación judicial por la
adjudicación irregular del contrato de alquiler de medios aéreos para el Plan
Infoca -por un importe de 70 millones de euros- salpica de lleno a
la cúpula a la
Consejería de Medio Ambiente que dirige José Fiscal. A la imputación, ya conocida, del jefe de Contratación, Antonio Martínez, se suman ahora las de otras cinco personas que
participaron directamente en el concurso público bajo sospecha.
Se trata del director general de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid Rojo, de cuya
área depende orgánicamente el Plan Infoca; de quien fuera máximo responsable
del operativo de extinción de incendios de la Junta, Ernesto Esteso; el actual
número dos del mismo, Manuel Delgado Calderón; el interventor delegado, Ángel Francisco
Pérez, y una asesora técnica en extinción de incendios de la
Consejería, Dolores López.
La magistrada del Juzgado de Instrucción
8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, considera que hay indicios de que todos estos cargos de la Consejería de Medio
Ambiente pudieran haber cometido un presunto delito de prevaricación en la
adjudicación del último contrato de fletamento de medios aéreos del Plan
Infoca, por un importe global de 70 millones, que se repartió entre las
empresas Inaer, Faasa, Sociedad Aeronáutica Peninsular o Trabajos Aéreos
Espejo.
De lo que ha investigado hasta
ahora, la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional concluye que, al
menos, se habría
producido una colusión de empresas, es decir, que las
participantes en el concurso se habrían repartido las adjudicaciones con la anuencia de los responsables de la Consejería de Medio
Ambiente. De hecho, el primer imputado en la
causa lo fue, precisamente, porque se le
responsabilizó de no poner en conocimiento de la Agencia de Defensa de la
Competencia, como es
preceptivo, lo que era una evidente colusión de
empresas.
Las nuevas imputaciones acordadas
por la juez, en virtud de un auto fechado el pasado día 5 al que ha tenido acceso EL
MUNDO, suponen un salto
cualitativo y cuantitativo en una causa que, además, ha derivado en la
investigación de las subvenciones para formación que recibió una de las
adjudicatarias del concurso, Faasa.
Los nuevos investigados -el término
que sustituyó formalmente al de imputados- tendrán que comparecer en la sede de
los juzgados de Sevilla, el Prado de San Sebastián, el próximo 25 de octubre a raíz
de una petición que realizó Ecologistas en Acción, que está personada en la
causa.
La decisión de la juez Flores se
produce después de inhibirse y pedir a la Audiencia Nacional que asumiera el
procedimiento dado que ya está investigando adjudicaciones irregulares
similares en otras comunidades en un caso conocido como el 'Cártel del fuego' y el que también están involucradas las empresas
salpicadas por el escándalo en Andalucía.
La propia Fiscalía se mostró
partidaria de que la causa pasara al Juzgado Central de Instrucción 6 de la
Audiencia Nacional, señalando en su escrito que "es evidente que el cruce
de investigaciones manifestado por la Policía Judicial afecta a los ilícitos
penales cometidos a partir de una posible colusión de empresas en la
concurrencia de concursos públicos" en varias comunidades.
Sin embargo, la Audiencia Nacional
aún no ha respondido a esa petición de inhibición, por lo que la magistrada,
como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, continúa con la instrucción.
Relevo en el Infoca
Entre los nuevos imputados destaca
el nombre de quien fuera máximo responsable del Plan Infoca, Ernesto Esteso,
cuando se adjudicó el macro contrato ahora en entredicho y al que el gobierno
de Susana Díaz relevó de su cargo el año pasado, en octubre, un año después de que
estallase el escándalo y el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla abriese
diligencias tras la denuncia de un funcionario.
Juan Ernesto Esteso desarrolló buena parte de su carrera profesional en el
Infoca hasta llegar a ser su director regional y su marcha se debió, según la
versión ofrecida entonces por Medio Ambiente, a una decisión personal.
Pero lo cierto es que el nombre del
que fuera director regional del Infoca aparece en las actas de la mesa de contratación que adjudicó estos contratos y
según estos documentos internos, que forman parte del sumario y a los que ha
tenido acceso este periódico, Esteso tomó parte activa en las adjudicaciones supuestamente irregulares.
Juan Ernesto Esteso desarrolló buena parte de su carrera profesional en el
Infoca hasta llegar a ser su director regional y su marcha se debió, según la
versión ofrecida entonces por Medio Ambiente, a una decisión personal.
Pero lo cierto es que el nombre del
que fuera director regional del Infoca aparece en las actas de la mesa de contratación que adjudicó estos contratos y
según estos documentos internos, que forman parte del sumario y a los que ha
tenido acceso este periódico, Esteso tomó parte activa en las adjudicaciones supuestamente irregulares.
http://www.larazon.es/local/andalucia/la-instructora-del-caso-infoca-suma-cinco-investigados-de-la-junta-KE15995395
La
instructora del «caso Infoca» suma cinco investigados de la Junta
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La Audiencia Nacional decidirá sobre el primer encausado, un jefe de
servicio de Medio Ambiente, en el bloque del «cártel del fuego»
Pese a algún movimiento defensivo y un envío de parte de lo actuado a la Audiencia Nacional donde han acabado los movimientos del llamado «cártel del fuego», la investigación judicial que gira en torno a las presuntas irregularidades en la contratación de medios aéreos para el plan contra incendios del Gobierno andaluz, el etiquetado como «caso Infoca», ha dado un salto cualitativo. La instructora, la jueza María de los Reyes de Flores, ha citado a declarar en calidad de investigados –antes imputados– a cinco miembros de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comandada por José Fiscal, que se han sumado así al jefe de servicio de contratación de ese departamento Antonio M. L., señalado desde hace meses. Lo ha hecho a petición de la federación de Ecologistas en Acción de Sevilla, organización personada en la causa casi desde su arranque, y los lanzados al campo de batalla legal son participantes de alguna u otra forma en contrataciones del Infoca relativas al periodo temporal comprendido entre 2013 y 2018.
Se trata de Ernesto E. V., ex director del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de
Incendios Forestales; Manuel D. C., actual subdirector
del mismo; Francisco Javier
M. R., director general de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos, de cuya área depende la lucha
contra el fuego; Ángel Francisco P. M., interventor delegado; y Dolores Esperanza L. M., asesora técnica en
extinción de incendios del Ejecutivo autonómico.
De Flores, titular del juzgado de Instrucción número 8 de
Sevilla, ha entendido que existen indicios suficientes para atender la
solicitud de Ecologistas en Acción de que se analice si al menos esos
nuevos cargos de la consejería –no eran los
únicos cuya encausación se demandó– han podido cometer un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de medios
aéreos y a través de una providencia, fechada el 5 de septiembre a la que ha
tenido acceso LA RAZÓN, los convoca el próximo 25 de octubre a las 9:30 horas
en sede judicial para ser interrogados y escuchados, si no se acogen a su
derecho a callar. Una resolución de la magistrada contra la que Faasa
Aviación, una de las empresas implicadas
en la supuesta colusión –pacto entre entes para perjudicar a terceros– que, según la Policía, pudo haberse dado
en la asignación millonaria de los medios aéreos del Infoca, ya ha interpuesto un recurso
de reforma, consultado también por este periódico, al entender que no es
«ajustada a derecho».
La entidad considera que el desfile por el juzgado de los
cinco investigados más no procede, dado que es contradictorio con la inhibición
de la instructora a favor de la Audiencia Nacional para que sea ésta quién
desmenuce los «hechos relativos a los contratos de extinción de incendios
forestales». La representación procesal de Faasa pide a la jueza que vuelva
sobre sus pasos y dicte una nueva providencia en la que aclare si a pesar del
envío a Madrid el juzgado sevillano va a continuar con sus indagaciones y las
declaraciones previstas se mantienen o si, por el contrario, éstas se
suspenderán hasta que «se reciba resolución del juzgado Central de Instrucción
número 6 de Madrid –la Audiencia Nacional–» en la que se «ponga de manifiesto
si acepta o no» la competencia para asumir la parte del «caso Infoca» que le ha
sido elevada.
A la espera de la réplica de De Flores, se ha producido
otra novedad ligada al primer encausado de la Junta por prevaricación, el
jefe de servicio y presidente de la mesa de contratación protagonista de la denuncia de un funcionario de Medio
Ambiente que dio origen a la causa, Antonio M. L. Una letrada del Gobierno regional ha pedido a la
instructora, vía escrito, que aclare la situación en la que se encuentra el
cargo del Ejecutivo andaluz. Pretendía conocer si su actuación integraba o no
el bloque remitido a la Audiencia Nacional. En un auto, fechado también el
pasado 5 de septiembre, De Flores deja claro que Antonio M. L. continúa en la categoría de investigado, si bien, matiza que, en efecto,
en la resolución en la que acordó su inhibición no se hacía «expresa referencia
a la situación procesal» del jefe de contratación de la consejería. «Siendo así
–añade a continuación– que se halla incluido en la investigación que se estima
concurrente con lo instruido en Sagunto –un juzgado de este enclave valenciano
fue el primero en diligenciar a Madrid lo relativo al «cártel del fuego»– y con
ello procede declarar expresamente que la actuación del mismo» se hilvana a
«tales hechos» y que «su imputación» ha pasado a formar parte de lo que depende
de la Audiencia Nacional «a los efectos oportunos». Al margen de esas
diligencias, en Sevilla la Policía ha
abierto otras líneas de acción al haber observado, y no es lo único, «un
ineficaz control» por parte de la Junta «a la hora de detectar posibles abusos
llevados a cabo por empresas conocedoras del ‘chollo de las subvenciones’ –ayudas para
formación o innovación– hasta 2009», ejercicio a partir del cual aquél se
incrementó, como ya adelantó este diario.
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