POLÍTICA. Una oficina
anticorrupción sin herramientas para sancionar
Miembros de la Alianza contra la
Corrupción en San Telmo presentan sus alegaciones contra el decreto de la
Junta. CONCHITINA
- Un grupo de trabajadores 'señalados' por denunciar irregularidades en sus departamentos deja en evidencia las lagunas del plan
Todos ellos se han 'señalado' al denunciar
pequeñas o grandes corrupciones en las
administraciones e instituciones públicas en las que han prestado servicio. Y a alguno,
además, le ha costado el puesto, aunque eso no parece desmotivarles.
Se han convertido en moscas
cojoneras en la lucha contra la corrupción y, dentro de sus posibilidades,
están atentos a cada movimiento en su entorno para volver a poner el foco, si
es necesario, sobre la administración y sus estructuras adyacentes.
«La Junta de Andalucía pretende vender la burra con
la Oficina contra la Corrupción»
- Denunciantes de irregularidades avisa de que el nuevo órgano autonómico «pone en alerta a posibles corruptos sobre denunciantes»
Una
pedrada a la luz roja
SI A UN CONDUCTOR se le enciende la luz roja de
avería en su coche, probablemente quiera averiguar el origen del
fallo. Y, sin embargo, cuando se enciende
el piloto rojo de la corrupción, los partidos señalados parecen poner todo su
empeño en... desactivar la luz.
Desde que se conociera la sentencia
absolutoria por la venta de los suelos de Mercasevilla, el PSOE
parece haber encontrado el argumento definitivo para echar por tierra años de
investigación policial, judicial y periodística que permitieron destapar un
foco infesto de corrupción no sólo en el mercado central de abastos sino
también en las políticas de empleo -y sobre todo, de desempleo- de la Junta de
Andalucía. Para empezar, esa
absolución sirve, al parecer, para ocultar que ya hubo dos condenados en firme
por el Supremo en el caso Mercasevilla por exigir comisiones
ilegales en nombre de la Junta.
Esa absolucion viene al pelo
para sembrar de sospecha toda la instrucción de la juez Alaya justo ahora que
se conoce la fecha en la que dos ex presidentes se sentarán en el banquillo por
presuntamente impulsar y amparar un mecanismo para repartir arbitrariamente el
dinero público y eludir los controles. Y eso nada tiene que
ver con la última absolución de Mercasevilla. Se olvida también
que, siendo Chaves y Griñán aún aforados, el Supremo vio indicios razonables
para mantener la imputación. Y, además, el auto de
procesamiento ni siquiera ha sido elaborado por la juez Alaya, que fue hábilmente
apartada de la causa antes de concluir la instrucción.
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Conclusión:
POLÍTICA
Una oficina
anticorrupción sin herramientas para sancionar
Miembros de la Alianza contra la
Corrupción en San Telmo presentan sus alegaciones contra el decreto de la
Junta. CONCHITINA
- Un grupo de trabajadores 'señalados' por denunciar irregularidades en sus departamentos deja en evidencia las lagunas del plan
Todos ellos se han 'señalado' al denunciar
pequeñas o grandes corrupciones en las administraciones e
instituciones públicas en las que han prestado servicio. Y a alguno, además, le ha
costado el puesto, aunque eso no parece desmotivarles.
Se han convertido en moscas
cojoneras en la lucha contra la corrupción y, dentro de sus posibilidades,
están atentos a cada movimiento en su entorno para volver a poner el foco, si
es necesario, sobre la administración y sus estructuras adyacentes.
Se han convertido en moscas
cojoneras en la lucha contra la corrupción y, dentro de sus posibilidades,
están atentos a cada movimiento en su entorno para volver a poner el foco, si
es necesario, sobre la administración y sus estructuras adyacentes.
Han constituido la Alianza de
Denunciantes contra la Corrupción (ACEDA) y ayer volvieron a
salir a la calle para denunciar, esta vez, la falta de herramientas de la
presentada como nueva 'Oficina para la Prevención de la Corrupción'
(OPC) anunciada por el Gobierno andaluz que, a su juicio, nace
con graves defectos formales que pronto la convertirán en un «instrumento
inútil para detectar o corregir las irregularidades».
En el registro del Palacio de San
Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, presentaron un
documento en el que analizan rigurosamente el andamiaje de esa nueva oficina y
ponen en evidencia sus carencias, intencionadas o no. Asimismo, solicitan la
retirada del proyecto de decreto presentado por el Gobierno andaluz para dar un
marco normativo a la OPC.
Así, por ejemplo, aseguran que la
Junta no ha garantizado «la debida independencia y autonomía funcional del
órgano administrativo que ha creado», «más allá de la mínima objetividad e
imparcialidad que pudiera garantizar el derecho a la inamovilidad que tiene
cualquier funcionario de carrera en el ejercicio de sus funciones».
A este respecto subrayan la ausencia de
una regulación en la selección y provisión de
funcionarios para ocupar los puestos de la OPC, que queda en manos de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, «la cual puede a su vez ser
objeto de denuncias y de investigación».
Consideran además que el rango de
la norma propuesta para dar cobertura a la nueva oficina es insuficiente para
lograr una mínima eficacia en la lucha contra la corrupción, lo que deja en
papel mojado la condición de «agente de la autoridad» que otorga a los
investigadores y establece un catálogo de posibles infracciones que carecen de
sustento legal.
Además, el proyecto de decreto
presentado por la Junta «no garantiza la
imprescindible protección de los posibles denunciantes
de corrupción y margina por completo a aquellos
empleados públicos y privados que sufren acoso laboral por haberse negado a
amparar casos de corrupción».
Por todo ello, la Oficina para la
Prevención de la Corrupción puede llegar a convertirse -aseguran- en un
«peligro» para los denunciantes de corrupción y «podría servir para poner en
alerta a los posibles corruptos».
«La Junta de Andalucía pretende
vender la burra con la Oficina contra la Corrupción»
- Denunciantes de irregularidades avisa de que el nuevo órgano autonómico «pone en alerta a posibles corruptos sobre denunciantes»
Denunciantes de casos de corrupción
han estampado sus firmas en un documento registrado en la sede de la
Presidencia de la Junta de Andalucía para solicitar la retirada
del proyecto de decreto para crear la Oficina para la Prevención de la
Corrupción,
conforme a un formato pactado con
Ciudadanos.
«La Junta de Andalucía pretende "vender la
burra", dicho coloquialmente, con tal de dar cumplimiento lo antes posible al punto
14 del acuerdo firmado para la investidura de Susana Díaz como presidenta,
entre el PSOE y Ciudadanos», sostienen.
Lejos de constituir un acicate, los
denunciantes, algunos de ellos funcionarios de la Administración autonómica,
consideran que el nuevo instrumento contra la corrupción «supondría un peligro
para los denunciantes de corrupción».
Critican que desde la futura oficina
se va a «informar sobre cualquier hecho relevante de que tenga conocimiento
relacionado con su ámbito de competencia, a los órganos competentes para que,
en su caso, ejerzan las iniciativas que les corresponda, es decir, poniendo en alerta a posibles
corruptos sobre sus denunciantes». Su protección, a su juicio, no está
garantizada.
Entre los nueve firmantes del
documento se encuentran el funcionario Luis Escribano,
que se negó a acatar las órdenes del director general Juan Manuel Fernández Ortega, un ex
senador y ex alcalde socialista que estaría «favoreciendo» a municipios gobernados
por el PSOE en Granada. También está Roberto Macías Chávez, el administrativo
despedido por la federación andaluza de UGT para el que el sindicato pide una
condena de cuatro años de cárcel, bajo la acusación de haber destapado la
supuesta doble contabilidad interna y el presunto fraude de las facturas falsas que investiga un
juzgado de Sevilla.
Estos nueve denunciantes de
irregularidades consideran que la medida autonómica «carece de los elementos
imprescindibles para su elaboración y diseño, y tampoco incorpora ningún «plan integral
de lucha contra al corrupción». Además, critican la falta de recursos
materiales y humanosy la duplicidad de funciones ya atribuidas a otros órganos
internos y externos de la Junta.
Esgrimen que, además, que la medida
«nace corrupta antes de su adopción, pues entre otros motivos, no garantiza la
debida independencia y autonomía funcional del órgano adminitrativo que crea.
Cuestionan, asimismo, su «mínima objetividad e imparcialidad»
dada «la ausencia de regulación en
la selección y provisión de funcionarios para ocupar los puestos de la Oficina,
que queda en manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la
cual puede ser objeto de denuncias y de investigación».
DÍAS CONTADOS
Una pedrada a la luz
roja
Un acusado no es culpable, ni en
causas por corrupción ni en la violencia de género.
SI A UN CONDUCTOR se le enciende la
luz roja de avería en su coche, probablemente quiera averiguar el origen del
fallo. Y, sin embargo, cuando se enciende
el piloto rojo de la corrupción, los partidos señalados parecen poner todo su
empeño en... desactivar la luz.
Desde que se conociera la sentencia
absolutoria por la venta de los suelos de Mercasevilla, el PSOE
parece haber encontrado el argumento definitivo para echar por tierra años de
investigación policial, judicial y periodística que permitieron destapar un
foco infesto de corrupción no sólo en el mercado central de abastos sino
también en las políticas de empleo -y sobre todo, de desempleo- de la Junta de
Andalucía. Para empezar, esa
absolución sirve, al parecer, para ocultar que ya hubo dos condenados en firme
por el Supremo en el caso Mercasevilla por exigir comisiones
ilegales en nombre de la Junta.
Esa absolucion viene al pelo
para sembrar de sospecha toda la instrucción de la juez Alaya justo ahora que
se conoce la fecha en la que dos ex presidentes se sentarán en el banquillo por
presuntamente impulsar y amparar un mecanismo para repartir arbitrariamente el
dinero público y eludir los controles. Y eso nada tiene que
ver con la última absolución de Mercasevilla. Se olvida también
que, siendo Chaves y Griñán aún aforados, el Supremo vio indicios razonables
para mantener la imputación. Y, además, el auto de
procesamiento ni siquiera ha sido elaborado por la juez Alaya, que fue
hábilmente apartada de la causa antes de concluir la instrucción.
En fin, un imputado no es un
culpable. Ni en las causas por corrupción ni en las de abusos sexuales o
violencia de género, por citar ejemplos extremos. Sólo que en la
corrupción, además de las responsabilidades penales, también conviene aclarar
las responsabilidades políticas. Y ahí radica la
confusión del PSOE, empeñado en presentar como
víctimas a todos los que, como mínimo, miraron para otro lado. Quienes se dan
golpes de pecho por las últimas absoluciones hacen un flaco favor a las
investigaciones que siguen abiertas, salvo que su único interés sea pegarle una
pedrada al piloto rojo de las averías.
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