Díaz ofrece a 6 bancos la gestión de 31.000 millones a
cambio de que financien sus deudas
- El Gobierno andaluz saca a licitación todas sus cuentas públicas, un volumen de pagos que se repartirán seis entidades, que tendrán que abonar a proveedores y becarios si la Junta se retrasa
Díaz
ofrece a 6 bancos la gestión de 31.000 millones a cambio de que financien sus
deudas
- El Gobierno andaluz saca a licitación todas sus cuentas públicas, un volumen de pagos que se repartirán seis entidades, que tendrán que abonar a proveedores y becarios si la Junta se retrasa
El Gobierno andaluz ha sacado a licitación
la gestión de todas sus cuentas públicas, que mueven un
volumen de pagos superior a 31.000 millones de euros, el presupuesto autonómico
para todo el año.
Para no dejar todo el capital andaluz en una sola entidad financiera, la
Consejería de Hacienda ha licitado el presupuesto dividido en seis grandes
lotes, en los que se agrupan las obligaciones
de pago de la Administración: desde las nóminas de los funcionarios hasta la financiación a farmacéuticas
y universidades, pasando por los gastos de funcionamiento de los colegios y las
becas.
Todo el Gobierno andaluz y sus políticas traducido en grandes cifras, que
serán gestionadas como mínimo por tres grandes bancos, y como máximo por
seis.El objetivo de la licitación, según Hacienda, es poner
orden en los pagos y lograr más transparencia en los movimientos bancarios.
Hasta ahora, la Junta de Andalucía venía trabajando con 17 entidades
financieras y contaba con unas 600 cuentas abiertas. Dentro de dos meses,
cuando culmine el proceso de licitación y se adjudiquen los contratos, el
Ejecutivo de Díaz simplificará su gestión interna: pasará a operar con seis
bancos, y todos sus fondos se concentrarán en 10 cuentas bancarias.
Pero, en realidad, la licitación de las cuentas públicas tiene un segundo
objetivo: los pliegos de condiciones para lograr el contrato con el Gobierno
andaluz incluyen el decreto de garantías de tiempos de pago y que compromete a los bancos a adelantar el pago a proveedores en caso de
que la Junta se retrase.
La norma, recientemente aprobada, obliga al Ejecutivo de Susana Díaz a
abonar antes de 20 días a sus proveedores y empresas conveniadas con la
Administración que prestan servicios prioritarios, como la sanidad, la
educación y las políticas sociales (ahora el promedio de pago de la Junta es de
26,22 días).
La misma norma fija un máximo de 45 días para abonar las becas de estudios y las
subvenciones. El objetivo es que los problemas de
liquidez del Gobierno, frecuentes en los últimos años de crisis, no afecten al
normal funcionamiento de los servicios fundamentales.
La norma introduce por primera vez un sistema
de garantía de cobro pionero en una Administración, para que, en caso
de que la Junta incumpla sus plazos de pago, el trabajador o la empresa afectada
podrá reclamar ese dinero a un banco y éste lo abonará de inmediato. Las entidades
financieras se convertirán así en prestamistas del Gobierno andaluz.
La Consejería de Hacienda ha incluido el reglamento de este
decreto de garantías de pago dentro del pliego de condiciones que deberán cumplir las entidades
financieras que quieran gestionar sus cuentas públicas.
Los bancos que obtengan el contrato serán también los responsables de hacer
frente a los retrasos en los pagos a proveedores de la Junta. Por supuesto, a
cambio las entidades cobrarán al Ejecutivo andaluz algún tipo de interés, que
ellos mismos calcularán al pujar por el contrato de las cuentas públicas.
Con esta estrategia, el Gobierno de Díaz quiere asegurarse el tipo
de interés más bajo posible, dado “el
atractivo para las entidades financieras en gestionar un volumen de pagos
anuales de más de 31.000 millones de euros”. El Banco de España establece un
mínimo de interés (llamado de prudencia financiera) que puede pagar la Junta
por una póliza a corto plazo, como en este caso.
No es el único
beneficio que la Junta quiere sacar de la licitación de sus cuentas. Las entidades financieras que pujen por
gestionar el presupuesto andaluz estarán obligadas a ofrecer una importante
línea de crédito al Gobierno de
Díaz, con un tipo de interés mínimo (se usará como referencia el Euribor).
En concreto, según fuentes del departamento de Hacienda, la Junta pide seis
líneas de crédito (una por cada uno de los seis lotes en los que ha dividido
los 31.000 millones del Presupuesto) por valor global de 1.100 millones de
euros al año (casi un punto del PIB regional), prorrogable hasta que dure el
contrato (entre dos y cuatro años).
Esos 1.100 millones de euros se subdividen en seis
partes, de modo que el lote con mayor volumen de gestión (8.850 millones de euros)
requiere un crédito de 350 millones de euros euros; mientras que el sexto lote,
el de menor peso (1.500 millones) exige un crédito de 60 millones de euros. Las
entidades que firmen el contrato y que, anteriormente, ya tuvieran una línea de
crédito concedida al Gobierno, tendrán que actualizarlo según las condiciones
del nuevo acuerdo. La Junta ya maneja préstamos a corto plazo con varios bancos
para hacer frente a sus necesidades de Tesorería.
Los seis lotes en los que se subdivide el Presupuesto andaluz reparten la
gestión de los pagos de las nóminas de los médicos y profesores andaluces, las
cotizaciones sociales, el pago a farmacéuticas, universidades y ayuntamientos,
la deuda comercial o la gestión de impuestos y tasas estatales.
Es evidente que sólo los bancos que coticen en el Ibex 35 podrán presentarse
al concurso, puesto que el principal requisito es contar con un volumen de
negocio de al menos 2.500 millones en los últimos tres años.
Además, la licitación
incluye cláusulas sociales y medioambientales, por ejemplo,
relativas a personas trabajadoras con discapacidad, promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres, y normas de garantía de la calidad y de gestión
medioambiental.
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