- El sindicato SAF rechaza que el personal laboral realice actividades que no le corresponden
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha
denunciado un posible episodio de usurpación de potestades públicas por parte
del personal laboral de la Junta en las tareas que
corresponden a los empleados públicos de más alto nivel, es decir a los
funcionarios de carrera. El nuevo caso ha sido detectado en el anteproyecto de la Ley de
Agricultura y Ganadería.
- El SAF rechaza que el anteproyecto de Ley de Agricultura "ampara el empeño de potestades por el personal laboral"
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha
rechazado que el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería "da amparo
legal al desempeño de potestades administrativas por parte de personal
laboral de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), procedente
de la denominada 'administración paralela'".
Recordatorio noticia 25-6-2014.
Enchufismo enfermizo en la Junta: ahora en la Agencia Agapa
- El organismo ha confirmado la denuncia de UGT en torno a 80 personas enchufadas por la consejera de IU, Elena Cortés.
FUNCIÓN PÚBLICA
Denuncian que la Junta margina a sus funcionarios en
la Ley de Agricultura
- El sindicato SAF rechaza que el personal laboral realice actividades que no le corresponden
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha
denunciado un posible episodio de usurpación de potestades públicas por parte
del personal laboral de la Junta en las tareas que
corresponden a los empleados públicos de más alto nivel, es decir a los
funcionarios de carrera. El nuevo caso ha sido detectado en el anteproyecto de la Ley de
Agricultura y Ganadería.
Según el SAF, en la disposición tercera de la citada
normativa se atribuye el desempeño de potestades administrativas, propias de los
funcionarios, a personal laboral de la Agencia Agapa, procedente de la denominada «administración
paralela».
Concretamente serían las actuaciones materiales de comprobación del
cumplimiento de los requsitos para la percepción de determinadas ayudas de la
UE.
Apunta el sindicato en una nota que esta situación
es similar a otra que está siendo objeto de una instrucción penal por parte del
Juzgado número 8 de Sevilla. Se investigan las tareas de seguimiento, control y
verificación de la ejecución de cursos de Formación
Profesional por parte de personal laboral o externo.
Como consecuencia de ello varios
altos cargos de la Junta están sometidos a una indagación por la posible
existencia de delitos tales como usurpación de potestades públicas, malversación
de caudales y prevaricación
El SAF recuerda que la Agapa «cuenta con
personal laboral subrogado de la extinta Empresa de Desarrollo Agrario y
Pesquero, Sociedad Anónima (Dapsa), un total de 1.699 trabajadores de los cuales 1.524 desempeñan
labores técnicas, a pesar de la existencia de cuerpos funcionariales», como son los ingenieros
agrónomos, los veterinarios y los ingenieros técnicos agrícolas.
Estos cuerpos, subraya el sindicato, «son los
únicos legitimados para el desempeño de las potestades administrativas
enumeradas y únicos en los que recaen las notas de imparcialidad y objetividad,
por imperativo constitucional».
«La conclusión -expone- no parece ser otra que la de
dotar de funciones al personal de la Agencia procedente de la
'administración paralela', para justificar su mantenimiento dentro de la misma,
en detrimento del personal funcionario, cada vez más escaso en la Administración
y cuya situación ya hemos denunciado desde el SAF en diversas ocasiones».
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha puesto estos
hechos en conocimiento de la Administración y del Gobierno autonómico para que «procedan a la inmediata
retirada de dicha disposición adicional y, caso de que el
personal laboral de la Agencia esté desempeñando en la actualidad las tareas
enumeradas, dicten instrucciones para que cesen en las mismas»
El SAF rechaza que el anteproyecto de
Ley de Agricultura "ampara el empeño de potestades por el personal
laboral"
- El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha rechazado que el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería "da amparo legal al desempeño de potestades administrativas por parte de personal laboral de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), procedente de la denominada 'administración paralela'".
08/11/2016 17:27
SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha
rechazado que el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería "da
amparo legal al desempeño de potestades administrativas por parte de personal
laboral de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), procedente de la denominada 'administración
paralela'".
En una nota, el SAF ha informado que el anteproyecto
de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía incluye una disposición
adicional tercera "que atribuye el desempeño de potestades
administrativas, propias del personal funcionario, a personal laboral de la
Agencia Agapa, específicamente 'las actuaciones materiales de comprobación del
cumplimiento de los requisitos para la percepción de las ayudas de la Política
Agraria Común, incluido el control de la condicionalidad'".
Ha indicado que la disposición "parece
justificarse en la normativa comunitaria pero en ningún momento admite la
posibilidad de que el personal laboral realice dichas funciones sino que es la
legislación de cada Estado miembro quien lo determina, aunque lo que sí se matiza es
la naturaleza de las funciones a realizar, de inspección y
control".
"Es evidente el paralelismo que
encontramos con otra situación que está siendo objeto de instrucción penal
desde el Juzgado número 6 de Sevilla, por el desempeño de tareas de
seguimiento, control y verificación de la ejecución de cursos de Formación
Profesional por parte de personal laboral o externo --con varios altos
cargos investigados por la posible existencia de delito de usurpación de potestades públicas,
malversación de caudales públicos y prevaricación--", ha añadido el sindicato.
Ha apuntado que "si bien las funciones
presuntamente usurpadas se realizaban, en aquel caso, en el marco del control
de los Cursos de Formación, con subvenciones del FSE (Fondo Social Europeo), aquí se realizan
también controles sobre el terreno, en el marco de las ayudas de la PAC (FEGA y
Feader), actuaciones que dan lugar a un acta o informe de control que puede
llevar aparejada la aplicación de sanciones administrativas de retirada de las
ayudas y que, en definitiva, deben ser realizadas por personal funcionario, lo
que puede suponer una nueva comisión de los ilícitos penales mencionados".
El SAF ha recordado que la Agapa
"cuenta con personal laboral subrogado de la extinta Empresa de Desarrollo
Agrario y Pesquero, Sociedad Anónima (Dapsa), un total de 1.699 trabajadores de los cuales
1.524 desempeñan labores técnicas, a pesar de la existencia de
cuerpos funcionariales (Cuerpo A1.2002, de Ingeniería Agrónoma, A1.2012
Veterinaria y A2.2002 de Ingeniería Técnica Agrícola)".
Estos cuerpos "son los
únicos legitimados para el desempeño de las potestades administrativas
enumeradas y únicos en los que recaen las notas de imparcialidad y objetividad,
por imperativo constitucional".
"La conclusión no parece ser otra que la de dotar de
funciones al personal de la Agencia procedente de la denominada 'administración
paralela', para
justificar su mantenimiento dentro de la misma, en detrimento del
personal funcionario, cada vez más escaso en la Administración y cuya situación
ya hemos denunciado desde el SAF en diversas ocasiones, especialmente en las
Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), ha añadido.
"Donde mayor volumen de caudales
públicos son gestionados desde la Administración General es donde falta más
personal funcionario que se encargue de velar por la legalidad en todos los
trámites y es donde existen más efectivos de personal laboral subrogado --personal procedente de la extinta
Faffe, Dapsa o FASS-- que desempeñan sus funciones desde las agencias (SAE,
Agapa o ASSD)".
Ha recordado que en España "todas las
comunidades autónomas realizan las potestades desde los servicios u órganos
propios de las consejerías, siendo Andalucía la única en que se
realizan con la intermediación 'ejecutora' de una entidad instrumental
(Agapa)".
El Sindicato Andaluz de
Funcionarios ha puesto estos hechos en conocimiento de la Administración y del
Gobierno autonómico para que "procedan a la inmediata retirada de dicha
Disposición Adicional y, caso de que el personal laboral de la Agencia esté
desempeñando en la actualidad las tareas enumeradas, dicten instrucciones para
que cesen en las mismas".
Recordatorio noticia 25-6-2014.
Enchufismo enfermizo en la Junta: ahora
en la Agencia Agapa
- El organismo ha confirmado la denuncia de UGT en torno a 80 personas enchufadas por la consejera de IU, Elena Cortés.
Según la Cámara de Cuentas, el
enchufismo persiste en la Junta de Andalucia. Al enchufismo patológico de la Junta y
el PSOE desde 1982, ampliamente denunciado en "la Tela de
Araña andaluza" se siguen uniendo nombres y apellidos. Recientemente incluso los
sindicatos denunciaron que la consejera de IU, Elena Cortés, había enchufado a
80 personas en la estructura de su departamento. Ahora, la Cámara de
Cuentas lo ha detectado al analizar la Agencia Agapa, (Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía), procedente de la antigua empresa pública
DAPSA.
En el caso del personal directivo
y de especial confianza, la Cámara expresa en su informe de fiscalización que
"en los
expedientes de personal analizados no consta documentación que pueda acreditar
que la selección se haya realizado mediante procedimientos que garanticen la
publicidad y concurrencia, tal como establece el artículo 70.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Tampoco se
ha podido determinar si su provisión se ha realizado atendiendo a los
principios de mérito, capacidad e idoneidad". Esto es, el dedo ha
funcionado con generosidad en la nueva Agencia, heredando el enchufismo de su
antecesora, DAPSA.
En cuanto al personal contratado como Asesor, no estaban
previstos en la estructura orgánica definida en los
estatutos de la empresa pública, ni en los estatutos de la actual Agencia, ni
constan con autorización ni del Consejo de Administración de DAPSA primero, ni
del Consejo Rector de la Agencia, una vez constituida ésta.
Sin embargo, en todos los contratos se acuerda que
el personal presta los servicios en la empresa como persona de confianza
excluida del ámbito de aplicación del convenio colectivo, quedando sujeta la
relación laboral a los pactos que se establecen en el contrato y, en su
defecto, a lo previsto en el Estatuto de
los Trabajadores y demás normativa laboral de aplicación.
Como ya es costumbre en la
administración paralela de la Junta, en este caso ninguno de los expedientes
analizados queda acreditado que la provisión se realizó atendiendo a los
principios de mérito, capacidad e idoneidad; tampoco consta que
la selección se haya realizado mediante
procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. Estas incidencias vulneran
lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de 2007,
de la Administración de la Junta de Andalucía.
Por si fuera poco, la Cámara ha comprobado que los
titulares de estos puestos prestan servicio en órganos directivos de la
Consejería de Agricultura y Pesca de los que dependen funcionalmente. Pero no les ha
pagado la Consejería sino la propia Agencia.
En cuanto al personal sometido a Convenio, la
historia se repite y la arbitrariedad es la ley. Dice la Cámara "que los
expedientes de personal contratado no aportan
documentación suficiente para garantizar que se hayan respetado
los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Y curiosamente, "en la selección del personal
para proyectos de duración determinada, la empresa requiere a los candidatos
experiencia en el mismo proyecto, funciones y provincia encargado en campañas
anteriores, por lo que el acceso de personal con experiencia en otras campañas o instituciones
puede quedar restringido".
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