Evidentemente, existe
falta de control en la concesión y en el seguimiento del dinero público, pero no en
el destino de esos fondos.
Si se analizan los casos de corrupción, descubres la
existencia de un grupo social dominante destinatario del saqueo de fondos
públicos durante 30 años
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El círculo de influencia incluye
a todos aquellos que se han relacionado con el único partido que ha gobernado
en Andalucía desde la muerte de Franco. Son, como decían los interventores, “los beneficiarios”
del régimen socialista andaluz. Todos los que han formado parte de su entorno,
empresarios, sindicatos, asociaciones vecinales, medios de comunicación o
artistas. De todo hay. Algunos se han hecho ricos, otros han sacado adelante a sus
empresas y otros han vivido durante años de una sustanciosa sopa boba.
.......Álvaro Martín y en su
último auto menciona la existencia de un “grupo u
organización criminal” para beneficiar con fondos públicos a
unos empresarios de la Sierra Norte de Sevilla.....
........artículo 570 bis del Código Penal, en el que se define como
“organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con
carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada
se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”. Si durante más de 30 años todos los
delitos de corrupción política denunciados en Andalucía tienen como
elementos comunes un mismo partido político, la misma administración pública y
el mismo descontrol en el reparto de los fondos públicos, se trata
solo de encajarlo en ese artículo. Al menos para poder dejar escrito en la
historia que el despilfarro en Andalucía ha sido un crimen.
Corrupción institucionalizada = ¿Crimen organizado?
JAVIER CARABALLO
El despilfarro andaluz
es un crimen
Se teclea “falta de
control+Junta de Andalucía” y en menos de un segundo aparece una
lista de casi medio millón de entradas en las que se contienen esas mismas
palabras
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, a su llegada al juzgado. (EFE)Autor
La duda se resuelve en Google en 43 décimas de
segundo mal contadas. Es como resolver una ecuación simple de gestión política:
se teclea “falta de control+Junta de Andalucía” y en menos de un segundo
aparece una lista de casi medio millón de entradas en las que se contienen esas
mismas palabras. “Un juez censura que la actuación de la Junta de Andalucía ha
sido de una absoluta falta de control en todas las fases del
procedimiento de otorgamiento de las subvenciones”. “La investigación de la UDEF de la
Policía en los cursos de formación para parados en Andalucía no solo ha servido
para detectar el fraude millonario sino también la falta de control por parte
de la Junta sobre dichos cursos”.
“Comisiones Obreras ha denunciado que el cierre de
un centro de menores es consecuencia de la falta de control de la Junta de
Andalucía sobre las empresas concesionarias de este servicio”. “La Intervención
General denuncia en un duro informe que la falta de control de la Junta de
Andalucía es una actuación deliberada para beneficiar a determinadas empresas o
a determinados grupos de beneficiarios”. “La Cámara de Cuentas advierte de que
se ha producido falta de coordinación, seguimiento y control, así como de
continuidad en la gestión de las ayudas concedidas en el Plan de Fomento y
Consolidación del Trabajo Autónomo, que repartió 356,7 millones de euros en
subvenciones entre 2007 y 2010”.
“Falta de control+Junta de
Andalucía”. Tan sencillo como eso, teclear y esperar menos de un segundo. Es probable que, desde hace cuatro o cinco años, no
haya ni una semana sin una información de prensa con esas mismas palabras
referidas a las más variadas materias que gestiona la administración andaluza.
Al destaparse el escándalo de los ERE, hace siete años, fue como si toda la
gestión de la Junta de Andalucía, un ‘monstruo administrativo’ que gestiona
cada año más de 31.000 millones de euros, se viniera abajo; como si se desplomara el edificio por
un mal en sus estructuras, una aluminosis que se llama “falta de control” de procedimientos legales, de
contratos adjudicados o subvenciones otorgadas.
Si se analizan los casos de corrupción, descubres la
existencia de un grupo social dominante destinatario del saqueo de fondos
públicos durante 30 años
En este mismo espacio, hace ya unos años, se
concluyó que, a la vista de la extraordinaria similitud de todos los
escándalos que aparecían en la administración andaluza, siempre gobernada por
el mismo partido, el
PSOE, podría decirse que “en
Andalucía, todas las corrupciones son una”. Por esto en lo que se insiste desde
entonces, que siempre ocurre lo mismo: el
Gobierno aprueba, con toda la megalomanía propagandística, un plan de ayudas, una agencia
pública, o un programa de subvenciones que permite la
concesión de fondos públicos sin control hasta que se descubre la farsa y el
plan, la agencia o el programa acaban en un juzgado con la consabida frase: “Ha existido una absoluta falta
de control…”
Evidentemente, existe falta de
control en la concesión y en el seguimiento del dinero público, pero
no en el destino de esos fondos. Como ya dejó dicho un ilustre
representante de la judicatura andaluza, si se analizan todos los casos de
corrupción en los que está inmersa la Junta de Andalucía, lo que se descubre
es la existencia de un grupo social dominante que ha sido el destinatario del
saqueo de fondos públicos durante treinta años. El círculo de
influencia incluye a todos aquellos que se han relacionado con el único partido
que ha gobernado en Andalucía desde la muerte de Franco. Son, como decían los interventores, “los beneficiarios”
del régimen socialista andaluz. Todos los que han formado parte de su entorno,
empresarios, sindicatos, asociaciones vecinales, medios de comunicación o
artistas. De todo hay. Algunos se han hecho ricos, otros han sacado adelante a sus
empresas y otros han vivido durante años de una sustanciosa sopa boba.
José Antonio Griñan y Susana Díaz. (EFE)
Desde el
punto de vista penal, el problema de todo lo anterior es que, de la misma forma
que uniendo cabos se determina la existencia de ese grupo social dominante que
se ha beneficiado del ‘descontrol’ de la Junta de Andalucía (‘descontrol
organizado, planificado y consentido’, habría que decir”), la dispersión de los casos
hace imposible que se pueda señalar a los responsables políticos últimos de la
administración. Hace
ya años que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Jesús García Calderón, acaso harto de ver pasar por sus manos tantos sumariosjudiciales con el mismo procedimiento delictivo y las mismas causas, viene
reclamando una reforma del Código Penal para que determinados casos
de corrupción, que afectan, por ejemplo, a la financiación ilegal de los
partidos políticos, comiencen a enjuiciarse como asuntos de ‘crimen
organizado’. Lo decía, y lo dice, este fiscal porque considera que para combatir con
eficacia la corrupción política es urgente dejar de considerar cada caso como
hechos aislados y analizarlos, e investigarlos, como un fenómeno extendido y
transversal.
Evidentemente, existe falta de
control en la concesión y en el seguimiento del dinero público, pero no en el
destino de esos fondos
Lo propuso este fiscal pero ahí se quedó la
exigencia, porque ningún partido político se hizo eco ni, por supuesto, nadie
la incluyó en alguna de las reformas aprobadas para, supuestamente, combatir de
forma más eficaz la corrupción política. Nadie había seguido este criterio hasta
que, hace unos días, uno de los jueces que se ha hecho cargo del ‘caso de los
ERE’ tras la marcha de Mercedes Alaya, ha utilizado una figura penal a la que
nadie había recurrido, y que se introdujo en el Código Penal para los
macrofraudes o las mafias de narcotraficantes. Se
trata del juez Álvaro Martín y en su último auto menciona la existencia de un “grupo u
organización criminal” para beneficiar con fondos públicos a
unos empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, una de las muchas derivadas del
escándalo de los ERE.
El artículo que menciona, y que ni siquiera Mercedes
Alaya había utilizado, es el artículo 570 bis del Código Penal, en el que se define como
“organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con
carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada
se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”. Si durante más de 30 años todos los
delitos de corrupción política denunciados en Andalucía tienen
como elementos comunes un mismo partido político, la misma administración
pública y el mismo descontrol en el reparto de los fondos públicos, se trata
solo de encajarlo en ese artículo. Al menos para poder dejar escrito en la
historia que el despilfarro en Andalucía ha sido un crimen.
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