EDUCACIÓN. Nueva
convocatoria para docentes con destino fijo:
- Se crea una nueva comisión de servicio 'discrecional' para la conciliación familiar
EDUCACIÓN
Nueva convocatoria para docentes
con destino fijo
El nuevo 'concursillo' para profesores
eleva la arbitrariedad en los traslados
- Se crea una nueva comisión de servicio 'discrecional' para la conciliación familiar
La Consejería de Educación ha creado una nueva
modalidad de comisión de servicio dirigida a los funcionarios con
destino definitivo que quieran solicitar un traslado temporal por motivos
familiares y que podrán optar ahora a los puestos vacantes durante un único
curso.
La medida viene a responder a la demanda de los
sindicatos, que reclamaban desde hace años un 'concursillo' como el que se
celebra en otras comunidades. Pero la Junta de Andalucía ha
decidido no darle forma de concurso de traslado sino que ha optado por la
fórmula de la comisión de servicio, lo que abre la puerta a la
discrecionalidad en la resolución de las solicitudes.
El sindicato APIA (Asociación de Profesores de Instituto
de Andalucía) ha rechazado el borrador de la orden que regula
estas nuevas comisiones de servicio porque -asegura la organización- «aumenta
el poder discrecional de la Consejería en la asignación de las vacantes y
supone un paso atrás en la objetividad y la transparencia que deben presidir
las actuaciones de cualquier administración».
Carácter 'graciable'
Según APIA, la fórmula elegida por la Consejería de
Educación para dar a los funcionarios con destino definitivo la opción de optar
temporalmente a esas vacantes concede a ese derecho un carácter «graciable» (es decir,
condicionadas a la concesión 'graciosa' de la Consejería) y, «en lugar de acotar la figura jurídica de las comisiones de servicio,
que está prevista para situaciones extraordinarias en nuestra legislación,
aumenta de forma ostensible el margen de decisión de la Consejería, con la
consiguiente lesión de derechos de la mayoría del profesorado».
El texto, aún provisional, dado a conocer a los
sindicatos por la Consejería de Educación, establece
una relación de los motivos por los que los profesores podrán solicitar una de
estas comisiones de servicio y que son: por el cuidado de hijos, cónyuges y
parejas de hecho; por el cuidado de familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad; por residir en un municipio diferente al del
domicilio familiar; por estudios de los hijos cuando el municipio del destino,
u otro a menos de 50 kms, no disponga de centros del nivel correspondiente; y
por razones de enfermedad del profesorado».
En todos esos casos se puede pedir una plaza vacante
para un traslado durante un curso académico; pero pese a tratarse de criterios
genéricos y de tan amplio espectro, la orden no aclara
cuáles serán las razones objetivas que servirán para dar respuesta a la
demanda.
«¿Cuándo se tiene realmente que residir en un
municipio diferente al del domicilio familiar por razones de trabajo? ¿En
destinos situados a 5, 10, 15, 20 o 15 kms? ¿Acaso lo decide también
'graciosamente' la Consejería?», pregunta APIA en el
escrito de alegaciones presentado al proyecto de orden.
Y, siguiendo con el mismo ejemplo, se cuestiona también:
«¿Puede establecerse una distinción entre dos profesores con destino y
domicilio familiar exactamente en los mismos municipios a la hora de poder
disfrutar de una comisión de servicio aun cuando uno haya decidido viajar
diariamente desde el domicilio familiar y otro resida en el municipio donde se
encuentra destinado?».
El presidente de APIA, Manuel Fernández, ha
recordado a la Consejería de Educación «la imperiosa necesidad de abandonar su
práctica habitual de escamotear una estimable cantidad de vacantes
a los concursos de traslados, verdadero origen del problema que ha originado este
último debate».
¿Y los alumnos?
El nuevo -y mal llamado- 'concursillo' mejorará sin
duda la calidad de vida de muchos profesores andaluces, más allá de la
denunciada falta de transparencia en los criterios de adjudicación de las
plazas. Pero también introducirá un elemento de inestabilidad
mayor en las plantillas, lo que ha suscitado ya las reservas de quienes, por
encima de las condiciones laborales de los docentes, defienden los derechos de
los alumnos a recibir una educación de calidad.
Ése es el caso de Mar Romera, presidenta de la
Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, y miembro del grupo de expertos
convocado este curso por la Consejería de Educación para diseñar un plan contra
el fracaso escolar. En declaraciones a este periódico en el mes de noviembre,
Romera ya alertó contra este tipo de medidas que abundan en la movilidad
de las plantillas e impide dar continuidad a los proyectos en los centros.
«Ahora se han inventado unos
'concursillos' para que también los profesores con destino fijo puedan
intercambiar sus plazas entre ellos, lo que abunda aún más en la inestabilidad
de los equipos. El sistema está pensado exclusivamente para el bienestar
de sus trabajadores pero nadie piensa en los niños», dijo entonces Romera
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