Antes del 26-J Andalucía negocia
devolver 1.600 euros a cada funcionario pero rechaza las 35 horas
- Susana Díaz quiere sellar la paz con sus empleados públicos pero necesita 300 millones para devolver la extra de diciembre de 2012.
- La plantilla sanitaria está “carbonizada”
Andalucía / Administración Pública
- La Junta pospone el calendario de pago de la extra a los funcionarios
- La consejera María Jesús Montero asegura que tendrá «fecha más pronto que tarde»
Antes del 26-J Andalucía negocia
devolver 1.600 euros a cada funcionario pero rechaza las 35 horas
- Susana Díaz quiere sellar la paz con sus empleados públicos pero necesita 300 millones para devolver la extra de diciembre de 2012.
- La plantilla sanitaria está “carbonizada”
El Gobierno andaluz quiere
sellar, de una vez, la paz con sus más de 250.000 trabajadores públicos y
negocia a todo tren un acuerdo con los principales sindicatos de la función
pública. La orden
política es cerrar un acuerdo antes de que arranque la campaña electoral del
26-J y calmar los ánimos de una plantilla pública, sobre todo en la sanidad, ‘carbonizada’
por los recortes. Ahora mismo ese acuerdo parece inalcanzable.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz,escenificó el pasado julio un gran acuerdo con CSIF, UGT y CCOO pero los ánimos siguen encendidos. El pasado febrero
la Junta cumplió su compromiso, aunque fue la última comunidad en hacerlo, de
abonar el 25% de la extra de 2012 que fue recortada por el Gobierno central en
plena crisis y que los tribunales habían obligado a restituir. Los sindicatos ganaron la
batalla judicial al aprobarse el recorte con el semestre ya iniciado; los
empleados públicos habían trabajado 44 días. El Gobierno central, que ya había
restituido ese 25% el pasado enero, se ha comprometido a devolver el 50% en la
nómina de mayo. Necesitará unos 500 millones de euros.
Tras este compromiso, que los sindicatos
criticaron por electoralista pero que abrazaron sin dudarlo, ha subido la
presión para la Junta de Andalucía. La consejera de Hacienda, María Jesús
Montero, ha acelerado los contactos en la mesa de negociación con CCOO, UGT y
CSIF. La Junta
defiende que ya ha cumplido con compromisos como la devolución del 25% de la
extra de 2012 y ha devuelto al cien por cien la jornada y el sueldo de su
personal sanitario (sufrieron un recorte del 25%) y de sus 44.000 trabajadores
interinos y temporales (con un recorte del 10% en jornada y salario).
El mapa de la devolución de la paga extra de 2012 ha
abierto una brecha entre los trabajadores públicos del Estado y
las distintas comunidades
El mapa de la devolución de la
extra' genera desigualdades entre los trabajadores públicos, insiste CSIF. Extremadura ya ha
devuelto toda la paga. La Rioja abonó lo que le faltaba el pasado marzo.
Asturias y Baleares abonaron el tercer plazo, llegando al 75%, en enero.
Navarra va por detrás, pagó el segundo. Andalucía solo ha abonado el primer
cuarto al inicio de este año. Y Madrid, que abonó en enero el tercer 25%, se
comprometió a abonar antes de octubre el último 25%.
El capítulo de personal de la
administración pública andaluza (10.066 millones de euros en un total de
31.285) registra en el Presupuesto de 2016 un aumento de 444
millones para una nueva oferta de empleo público de 7.100
plazas tras años sin oposiciones. Hacienda admite que no tiene más margen. La devolución de la extra íntegra de
diciembre de 2012 a todos sus trabajadores supondría 300 millones de euros. Su
oferta es pactar un calendario que permita la devolución de estas cantidades
durante toda la legislatura. Según datos de la Consejería de Hacienda, la paga
media extraordinaria es de 2.000 euros brutos, unos 1.680 euros netos, por
trabajador. “Más allá de ese cronograma con compromisos de pago no podemos
hacer más”, insisten.
Una concentración del sindicato de funcionarios CSIF
en una foto de archivo. (EFE)El sindicato CSIF eleva la cantidad necesaria para
saldar esa extra de 2012 a unos 400 millones de euros. Pero subraya que la cifra
necesaria para saldar “años de duros recortes” a los empleados públicos sería
mucho más abultada, unos 1.000 millones de euros, en el caso de que tuvieran
que devolver los complementos autonómicos y los recortes en las pagas extras en
2013 y 2014. El principal escollo en la mesa de negociación, según este
sindicato mayoritario en la administración andaluza, está ahora mismo en la
reclamación de que los trabajadores públicos vuelvan a sus jornadas de 35 horas
semanales, cobrando al cien por cien. El Gobierno de Rajoy impuso las 37,5
en 2012. La Consejería de Hacienda deja claro que eso ahora mismo es
“innegociable” y da un portazo a esa reclamación. Pero no lo va a tener nada
fácil.
Barones socialistas y Carmena, con las
35 horas
En Extremadura la Junta del socialista Guillermo
Fernández Vara estudia en estos momentos vías para devolver a su plantilla
pública (unos 15.000 trabajadores) la jornada de 35 horas semanales que prometió
en la campaña electoral. Castilla-La Mancha se
enfrenta a un recurso ante el Tribunal Constitucional, interpuesto por el
Gobierno central, por haber implantado esa jornada reducida. La admisión a trámite de este
recurso ha supuesto volver a las 37,5 horas el pasado 20 de mayo entre fuertes
protestas de los trabajadores, sobre todo de la plantilla sanitaria. En este
caso, otro de los barones socialistas, Emiliano García-Page, lidera una guerra
sin cuartel contra el Gobierno de Mariano Rajoy por las horas de los
funcionarios. País Vasco también ha implantado las 35 hora semanales. En
Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena, ha devuelto, con los votos a favor de
PSOE y Ahora Madrid, la jornada de 35 horas. El pleno municipal aprobó esa
medida el pasado miércoles. La ampliación a las 37,5 horas, según el
Ayuntamiento madrileño, supuso “no solo una destrucción de puestos de trabajos
sino también un deterioro importante en la calidad de los servicios públicos”.
Los sindicatos andaluces elevarán la presión para
que Susana Díaz se sume a otros 'barones' socialistas e imponga las 35 horas.
Hacienda lo descarta al 100%
Esos son precisamente los argumentos enarbolados por
CCOO, UGT y CSIF en Andalucía para exigir a Susana Díaz que se sume a las
medidas del resto de barones socialistas y anuncie las 35 horas. El
coste para una plantilla de más de 250.000 trabajadores públicos sería
“incalculable”, admiten desde Hacienda. El Sindicato de Enfermería Satse es uno
de los más beligerantes en esta lucha. No se sientan en las negociaciones
porque la Junta ha limitado las negociaciones a la mesa central, evitando
conversaciones ‘sectoriales’. La rama sanitaria de CCOO también está convocando
paros y movilizaciones a las puertas de los hospitales andaluces para reclamar
las 35 horas.
Desde el Gobierno andaluz descartan atender esta
reclamación. Formalmente alegan que el recurso del Ejecutivo central contra
Castilla-La Mancha imposibilita volver a las 35 horas. “¿Para qué vamos a
aprobarlo? ¿Para que el Gobierno recurra al TC y tumbe esa medida?”, se
preguntan fuentes de la Junta. Admiten además que no
sería posible asumir, “en estos momentos”, el coste de una medida de esas
características. “El Presupuesto de 2016 es el que es. No hay posibilidad
ninguna. Estamos sujetos a condiciones muy duras por el Ministerio de Hacienda”,
zanjan desde la Consejería andaluza. Desde los sindicatos exigen un gesto, “al
menos, el compromiso de que se volverá a las 35 horas a partir del 1 de enero
de 2017” o “que se apruebe, aunque llegue al Tribunal Constitucional y se
suspenda”.
Trabajadores de enfermería convocados
por el Sindicato de Enfermería Satse. (EFE)El PP, a favor en Andalucía
La jugada política para el Gobierno de Susana Díaz
sería redonda, aprobaría esa medida para los funcionarios que actuaría como unfuerte reclamo electoral a sabiendas de que no se llevará a cabo. Pero sin
disponibilidad presupuestaria no es posible, insisten en Hacienda. “Ahora mismo hay un Gobierno del PP en
funciones, y no se sabe qué puede pasar”, apuntan desde los sindicatos que se
sientan en las negociaciones. Además, hay caminos alternativos que permiten
burlar la ley estatal; así se hace en el País Vasco, flexibilizando los
horarios de entradas y salidas o solapando turnos para reducir esas dos horas y
media a la semana. En el caso de Andalucía, el PP está a favor de la vuelta a
las 35 horas, en contra del criterio del Gobierno de Rajoy. Ha votado a favor
de esta medida y baraja registrar una iniciativa en el Parlamento en este
sentido. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene
previsto reunirse con responsables de CSIF la próxima semana.
En el caso de la plantilla
sanitaria en Andalucía (93.366 personas), la vuelta a las 37,5 horas abrió un
dura batalla. El reparto que hizo el Servicio Andaluz de Salud hace
tres años, por orden del Gobierno central, tiene varias sentencias en contra y
no ha sido corregido, a juicio de los sindicatos. La aplicación
“arbitraria” de esta ampliación horaria ha generado un fuerte conflicto en
hospitales y centros de salud que han redundado aún más en la situación de “agravio” y
confrontación entre la cúpula directiva y la plantilla sanitaria. Para el
resto de trabajadores públicos se permitió que se recuperara media hora más
cada día hasta llegar a las 37,5 horas, En el caso del SAS,
se impusieron los turnos sin acuerdo de los sindicatos. La campaña electoral del 26-J puede ser
‘movida’ para el PSOE andaluz que sabe de primera mano, lo ‘sufrió’
en 2012 tras la polémica reordenación del sector público con manifestaciones y
protestas masivas de sus empleados, que su plantilla es una bolsa de
votantes clave para el 26-J.
Andalucía / Administración
Pública
La Junta pospone el calendario de pago
de la extra a los funcionarios
La consejera María Jesús Montero
asegura que tendrá «fecha más pronto que tarde»
La Junta, por un lado, censura la
«hoja de ruta oculta de recortes» de Rajoy, quien ha restituido sus derechos a
los funcionarios tras los ajustes. Por otro, falta a la palabra
de la presidenta y altera la prometida agenda de pagos. La consejera de Hacienda y
Administración Pública, María Jesús Montero, avanzó ayer que «presentará
pronto» un calendario de recuperación de los derechos de los empleados públicos
de la Junta y le pondrá «fecha más pronto que tarde», aunque no concretó
plazos. La presidenta firmó el 15 de julio de 2015 el Acuerdo para la defensa y
mejora del empleo público en la Administración de la Junta de Andalucía, con
las Organizaciones Sindicales CSI-F, UGT y CC OO. Precisamente, ayer,
Comisiones Obreras se echó a la calle para reclamar estos derechos y
reivindicar la importancia de la prestación de servicios públicos de calidad
bajo el lema «Exigimos recuperar». El secretario general de CC OO, Francisco
Carbonero, lamentó que C’s «ha forzado» que en los Presupuestos «se hayan
retirado 160 millones que deberían haber servido para mejorar los servicios
públicos».
La consejera respondió a la exigencia de los
sindicatos de poner fechas a la recuperación de la totalidad de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012 y de otros derechos que perdieron los
funcionarios y empleados públicos por los recortes aplicados durante la crisis.
Montero recordó que ya han recuperado el 25% de la paga que fue suprimida en
diciembre de 2012 y se ha restituido la totalidad de la jornada y del sueldo al
personal eventual e interino de la Junta, así como algunos días adicionales que
fueron suprimidos. No obstante, reconoció que quedan pendiente el
abono del 75% de la paga extraordinaria, que ya han recuperado los trabajadores
de la Administración central y sus organismos dependientes y de otras regiones, entre otras cuestiones. La
consejera precisó que la restitución de estos derechos se debe acompasar a la
política de estabilidad presupuestaria. Montero se refirió a la
concentración de la Federación de Servicios de CC OO Andalucía en Sevilla y
Granada, para denunciar las subcontrataciones en los servicios de emergencias
de 112, 061 y GREA. La consejera precisó que no se puede convertir en
empleados públicos a trabajadores que desarrollan su actividad en el marco del
sector privado y que, por tanto, no concurrieron a las procesos de oposición de
acceso a la función pública. Montero añadió que la Junta trabaja con la inclusión de
cláusulas sociales en los concursos de adjudicación de servicios para que las
empresas subcontratistas cumplan unos requisitos laborales. La consejera
reivindicó una cultura de la evaluación de las políticas públicas como una herramienta para
«legitimar y democratizar» la acción de gobierno, un objetivo estratégico para
la Junta y que está recogido en el propio estatuto y que, en el caso de la
restitución de derechos a los funcionarios, no se está cumpliendo.
El sindicato CSI-F criticó que la Junta está
«apática» a la hora de concretar el calendario para la recuperación de las
condiciones laborales de los funcionarios. La Federación de empleados de los
servicios públicos de UGT-A lamentó la «ralentización» y espera que a
principios de junio se celebre la próxima mesa general.
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