- El rechazo del decreto ley de fomento del empleo autónomo deja en un limbo a los 1.500 laborales que trabajan en el Servicio Andaluz de Empleo
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FUNCIÓN PÚBLICA
¿Qué
tarea harán ahora los «enchufados» en Empleo?
- El rechazo del decreto ley de fomento del empleo autónomo deja en un limbo a los 1.500 laborales que trabajan en el Servicio Andaluz de Empleo
La decisión del Pleno del
Parlamento de tumbar el decreto ley
1/2016, de 5 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, deja en un limbo jurídico a los 1.550 laborales
fijos que trabajan en el Servicio Andaluz de Empleo, SAE.
El
Gobierno andaluz pretendía asignar tareas administrativas a estos empleados, la mayor parte de los cuales
provienen de la extinta Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo, Faffe, cuya gestión irregular se está investigando por
los tribunales de justicia en el caso de los cursos de formación.
Pero los grupos políticos y los sindicatos
se han rebelado frente a lo que consideran desde una «aberración
jurídica» hasta una «trampa» por lo que
estos trabajadores no tienen ahora funciones asignadas.
Y así están, en general, desde el año 2011
en el que se incorporaron al SAE como personal fijo. El diputado de Podemos
Jesús Romero asegura que no tienen funciones es por
«decisión y expreso deseo» de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y no se
trata de algo «que se haya decidido en el Parlamento ni en ningún otro sitio».
Porque fue Susana Díaz la que dio
la orden expresa de frenar la formación para el empleo en el año 2013 al
detectarse las irregularidades tras una investigación interna.
«Eso no solo conlleva que estos
trabajadores estén mano sobre mano, sino que tiene dificultades jurídicas
dentro de la propia administración, y eso viene motivado por una decisión
personal de Díaz, tal y como ha dicho ella en el Parlamento», dice Romero, quien ha añadido
que esto además «imposibilita que desempleados reciban cursos de formación para
su reciclaje».
Además,
hay un catálogo de
funciones de personal de la Junta que se está negociando con los agentes
sociales y ha apostado por «respetar esa negociación y no
dictaminar por decreto ley algo que supere ese proceso».
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