- La Junta pagaba a través de una fundación investigada en el fraude de la formación a trabajadores de una empresa privada que prestaban servicio en la dirección general de los ERE
«¿Cuántos
enchufados ha tenido la Junta con el dinero de los cursos de formación?,
¿cuántas Umax han sido utilizadas por la Junta?, ¿cuánto dinero ha costado eso
a las arcas públicas?, ¿cuántos trabajadores colocados por el PSOE siguen en la
Administración?», se preguntó ayer la secretaria general del PP-A, Loles López.
¿Enchufados, en la Administración paralela¿ Sra. Loles, una respuesta que todo el mundo lo sabe: como unos 25.000.
Si, si, si, es esa Administración instrumental juntera, digital, a donde se trasladan los fondos públicos de las Consejerías, mediante ¿Procedimientos de ingeniería jurídica, versus legales de diversos nombre; encomiendas de gestión, contratos programas, convenios....?; una vez que el dinero público llega a las Agencias y demás entes instrumentales, donde por cierto, se han reducido "ex profeso los controles", ¿por arte de "birlibirloque" desaparece y vuela?.
Conclusión: Simple y claro, quitaron a los funcionarios de la gestión y entregaron a personal de selección digital, el ejercicio de competencias y potestades públicas; e implantarón un control a posteriori de los fondos públicos, nada de fiscalización previa, ni na, sino por auditoria y muestreo....De aquellos barros estos lodos. ¿Y en Andalucía nadie sabe na de na·, del porque de este diseño jurídico ad hoc.?
FONDOS DE EMPLEO. Bajo el mando de Javier Guerrero.
'Enchufados' con dinero de los cursos
- La Junta pagaba a través de una fundación investigada en el fraude de la formación a trabajadores de una empresa privada que prestaban servicio en la dirección general de los ERE
La Junta de
Andalucía pagó con fondos para formación los salarios de trabajadores
contratados durante años por una empresa privada (Umax Informática y
Consultoría SL) pero que prestaban sus servicios en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
la que concedía las ayudas de los ERE.
Así lo pone de manifiesto la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un oficio remitido el
pasado 5 de noviembre a la juez que investiga la macrocausa de los cursos de
formación en el que le pedía que reclamara las actuaciones que lleva a cabo
otro juzgado sevillano en la investigación a Umax por pagos de la Junta. En ese
procedimiento están imputados los ex directores generales de Trabajo y
Seguridad Social Javier Guerrero, Juan Márquez y
Daniel Rivera y
el administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado Gómez.
Las alarmas se encendieron
en noviembre de 2011, cuando el dueño de Umax reclamó a la Consejería de Empleo
deudas por importe de 1.550.514,67 euros por la prestación de servicios a la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. En octubre de 2012, la Junta
desestimó dicha reclamación por no acreditarse la existencia de contrato.
Secretaria de Guerrero
Ya había trascendido que Umax contrató a trabajadores que ejercían en sedes de la Consejería de Empleo en Almería, Málaga y Sevilla por indicación presuntamente de Guerrero, entre ellos la antigua secretaria de éste. Ésta está imputada en el caso ERE.
Lo que se desconocía hasta
ahora es que los servicios prestados por Umax a la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social se costearon «con fondos procedentes de
Faffe [la extinta
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, integrada en el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) en 2011] para formación».
Los investigadores policiales
han encontrado «varios puntos de conexión» entre Umax y la Faffe, beneficiara
de ayudas por 49,5 millones de euros para cursos y que centra una
de las nueve piezas en que la juez Núñez Bolaños ha dividido la causa de la
formación.
La documentación fiscal
aportada por la Agencia Tributaria y los libros diarios de contabilidad de la
antigua fundación pública constatan que Umax facturó entre 2005 y 2011 a Faffe
la suma de 1.957.320,49 euros, si bien los movimientos bancarios tan sólo dejan
rastro del pago de 502.981,5 euros. La cantidad restante (1,45 millones) se
aproxima a la que reclamaba el dueño de Umax como impagada a finales de 2011.
La UCO también ha detectado
otro indicio del presunto pago por parte de la Faffe de los servicios prestados
por Umax en la Consejería de Empleo: la desvinculación laboral de esos
trabajadores «coincide en el tiempo» con el fin del contrato de Umax, pasando
todos a la nómina de la fundación pública.
En un informe remitido al
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en marzo de 2013, los servicios jurídicos
de la Junta hacían referencia a la existencia de correos electrónicos enviados
desde cuentas corporativas de altos cargos de la Consejería de Empleo en las
que se ordenaba a responsables de Faffe que procedieran a la contratación de
los trabajadores de Umax. Y todo ello al margen de los principios de
publicidad, libre concurrencia, mérito y capacidad.
«¿Cuántos enchufados ha
tenido la Junta con el dinero de los cursos de formación?, ¿cuántas Umax han
sido utilizadas por la Junta?, ¿cuánto dinero ha costado eso a
las arcas públicas?, ¿cuántos
trabajadores colocados por el PSOE siguen en la Administración?», se preguntó
ayer la secretaria general del PP-A, Loles López.
En su opinión, esta línea de
investigación de la Guardia Civil justifica aún más la comparecencia de
Guerrero en la comisión de investigación en el Parlamento, una petición que
-según López- «puso muy nervioso al PSOE» y la vetó.
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